Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 141868
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "TORANCIO XOANA AURORA C/ DOBBEELSTEEN DIEGO MARIANO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)" (causa: 141868), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 14/11/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata dictó sentencia definitiva el 14/11/2025 haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Xoana Aurora Torancio contra Diego Mariano Dobbelsteen, a quien condenó a abonar a la actora, en el plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento, la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL ($ 1.510.000) en concepto de daños al vehículo, con más los intereses computados a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho (25/10/2023) hasta la fecha de la sentencia y, de allí en adelante, a la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, exclusivamente sobre el capital. Rechazó, en cambio, el rubro “desvalorización del rodado” por falta de prueba del detrimento (art. 375, C.P.C.C.). Hizo extensiva la condena a la citada en garantía Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418), e impuso las costas al demandado en su objetiva condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (ley 14.967).
El magistrado de grado tuvo por acreditado que el día 25 de octubre de 2023, aproximadamente a las 7:30 horas, mientras la actora conducía su automóvil Peugeot 207 Compact, dominio KIN-606, por el carril izquierdo de circulación rápida de la avenida 520, en dirección a la ciudad de La Plata, y a metros de la intersección con la calle 159, fue impactada en su lateral derecho por el motovehículo Honda Wave 110, dominio 408-JOF, conducido por el demandado, quien intentó pasar entre el automóvil de la actora y otro rodado que circulaba por el carril derecho, sin guardar la distancia reglamentaria, provocando daños en la puerta delantera derecha, guardabarros, espejo retrovisor, zócalo y molduras. Encuadró la cuestión en el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758, 1769 y concs., C.C.C.N.), ponderó la rebeldía del accionado (arts. 59 y 60, C.P.C.C.), la prueba pericial mecánica —que constató daños compatibles con el impacto de un vehículo de menor porte a baja velocidad— y su coincidencia con la denuncia del siniestro formulada por la actora ante su aseguradora Sancor Seguros S.A., concluyendo que no medió prueba de eximente alguna.
1.2. Apeló la citada en garantía, quien expresó agravios el 31/3/2026, cuestionando: a) la atribución de responsabilidad y la extensión de la condena, por entender que no se acreditó la existencia del hecho, la participación del asegurado ni el nexo causal; b) la procedencia y cuantía del rubro “daños al vehículo”; c) la imposición de la totalidad de las costas al vencido pese al rechazo parcial de la pretensión; y d) el cómputo de los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho, por configurar —a su entender— una doble actualización. Los agravios fueron contestados por la actora el 14/4/2026, quien solicitó la íntegra confirmación del fallo.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que se encuentra firme y consentida.
II. Los agravios. Su tratamiento.
2.1. Suficiencia técnica del memorial. De manera liminar cabe señalar que el escrito recursivo presenta deficiencias que conspiran contra su prolijidad: el título de su primer agravio alude a la “demandada Acosta Vaney Macarena Andrea” y a la “citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.”, sujetos por completo ajenos a este proceso, lo que evidencia el reciclado de una pieza confeccionada para otro pleito. Sin perjuicio de ello, de la lectura integral del memorial se percibe en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen, por lo que, a la luz de los criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia en resguardo del derecho de defensa (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), corresponde tener por superado el test de admisibilidad, sin perjuicio de la suerte que en definitiva merezcan las quejas (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Normativa aplicable. Como el accidente de tránsito que originó los daños reclamados tuvo lugar el 25 de octubre de 2023, esto es, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, dicha normativa es la que rige el caso (art. 7, C.C.C.N.), tal como con acierto se decidió en la instancia de origen. Es que los presupuestos de la responsabilidad civil —antijuridicidad, relación causal, daño y factor de atribución— son hechos constitutivos que se rigen por la ley vigente al momento de su producción (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015; Galdós, Jorge M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 2015-F, 867).
2.3. Responsabilidad. Existencia del hecho y nexo causal (primer agravio). En primer lugar corresponde tratar la temática de la responsabilidad, por la incidencia que ello puede tener en las restantes cuestiones (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.3.1. Marco jurídico. Frente al daño causado por la circulación de un vehículo —en el caso, una motocicleta en movimiento—, resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva derivada del riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.). En dicho ámbito, al damnificado le basta con probar el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo del dueño o guardián del objeto riesgoso demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (arts. 1722, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; CSJN, Fallos 317:1336; 329:2667; SCBA, A. 73.173, RSD. 89/2019, 29/5/2019; Ac. 81.747, 17/12/2003; Ac. 79.892, 19/2/2002). La culpa no es relevante para fundar la acción sino para excluirla: no es menester probar la culpa del demandado, sino que es éste quien, para liberarse de la imputación, debe poner de relieve un factor eximente que enerve la presunción legal de causalidad entre el elemento peligroso y el perjuicio (conf. Zavala de González, Matilde, “Doctrina Judicial. Solución de Casos”, Alveroni, Córdoba, t. 1, pág. 166; arts. 1721, 1722, 1729, 1731, 1734 y 1736, C.C.C.N.).
Ello no releva al accionante de la carga de acreditar los presupuestos básicos de su pretensión: la existencia del hecho dañoso, el contacto con la cosa riesgosa y la relación causal en su fase primaria, puramente material (arts. 1736 y 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.). El punto en debate consiste, precisamente, en determinar si tales extremos han sido acreditados en autos, lo que el apelante niega con vehemencia al calificar la sentencia de mera “suposición”.
2.3.2. La rebeldía del demandado y su valor. El demandado Dobbelsteen fue declarado rebelde (art. 59, C.P.C.C.), sin que dicha declaración fuera cuestionada. Conforme al art. 60 del ordenamiento ritual, en caso de duda la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Es que —como lo destaca la sentenciante— conforme inveterada doctrina de la Suprema Corte provincial la falta de contestación de la demanda mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1°, C.P.C.C.). De ello se infiere que el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.). En el mismo sentido, el silencio de la accionada rebelde deberá interpretarse —en todo caso— como un primer indicio que podrá —o no— ser corroborado por la restante prueba (SCBA, C. 123.699, 30-XI-2022; C. 117.091, 30-X-2013).
Empero, de allí no se sigue —como pretende la recurrente— que la rebeldía carezca de toda eficacia. Antes bien, la incontestación de la demanda importa el incumplimiento de la carga de reconocer o negar categóricamente los hechos (art. 354 inc. 1, C.P.C.C.) y priva al proceso de una versión alternativa de lo acontecido, generando una presunción favorable a los dichos del actor que, corroborada por otros elementos de juicio, permite tener por configurada la plataforma fáctica invocada (arts. 59, 60, 163 inc. 5, 354 inc. 1 y 384, C.P.C.C.). Tal es, precisamente, la situación de autos, según se verá.
2.3.3. La prueba corroborante. La presunción emergente de la rebeldía no se encuentra huérfana, sino acompañada por un plexo indiciario grave, preciso y concordante (art. 163 inc. 5, segundo párrafo, C.P.C.C.), a saber:
a) La prueba pericial mecánica (presentación del 10/6/2025 y explicaciones del 1/7/2025) constató la existencia de daños en el lateral derecho del Peugeot 207 de la actora —hundimiento del guardabarros derecho, signos de roce en el zócalo de la puerta delantera derecha, rotura del espejo retrovisor— y dictaminó que los mismos resultan compatibles con el impacto de un vehículo de menor porte a baja velocidad. Tal localización y morfología de los daños se corresponde objetivamente con la mecánica relatada en la demanda: una motocicleta que intenta filtrarse entre dos vehículos que circulan en el mismo sentido por carriles paralelos de una avenida e impacta el flanco derecho del que circula por el carril izquierdo.
b) La denuncia del siniestro efectuada por la actora ante su propia compañía aseguradora —Sancor Seguros S.A.—, cuya versión, según constató el perito y destacó el sentenciante sin réplica idónea, coincide con la mecánica inferible de los daños. No se trata de una denuncia tardía ni discordante, sino contemporánea y congruente con el resto del material probatorio.
c) El reconocimiento expreso por parte de la propia citada en garantía de la existencia de la póliza N° 9815263 que, a la fecha del siniestro (25/10/2023), amparaba precisamente al motovehículo Honda Wave dominio 408-JOF conducido por el demandado, esto es, el rodado sindicado en la demanda como partícipe del evento.
d) La conducta procesal de la aseguradora, quien se limitó a una negativa general y ritual de los hechos, sin ofrecer versión alternativa alguna del suceso y —lo que es dirimente— sin acompañar la denuncia administrativa del siniestro ni el legajo interno correspondiente, documentación que necesariamente debe obrar en su poder (arts. 46 y 56, ley 17.418) y que estaba en inmejorables condiciones de aportar. El demandado no sólo tiene la carga procesal de reconocer o negar categóricamente los hechos a tenor del art. 354 inc. 1 del código de rito, sino también la de suministrar a la justicia los antecedentes necesarios para que ésta adquiera conocimiento exacto de aquéllos, tal como surge del art. 354 inc. 2, del código citado (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales...”, t. IV-B, Ed. Platense, 1990, pág. 518 y jurisp. allí citada), carga que la citada pudo satisfacer a través de la denuncia que su asegurado debió efectuarle o, en su caso, informando su omisión. Su silencio sobre el punto, sumado a la falta de exhibición de documentación cuya existencia resulta manifiestamente verosímil, genera una presunción en su contra (arts. 386 y 388, C.P.C.C.) y desmerece la colaboración que las partes deben prestar al esclarecimiento de la verdad (art. 34 inc. 5 “d”, C.P.C.C.) y si bien no está sujeta a la misma consecuencia jurídica que determina el inc. 1, su inobservancia genera una merma en el ejercicio del derecho de defensa de la propia accionada, que habrá de ser evaluada en ocasión de emitirse sentencia de mérito, en atención a las singularidades que ofrezca el proceso y la justa solución del mismo (art. 163, inc. 6, C.P.C.C.; esta Sala, causa B. 55.352, RSD. 80/84).
2.3.4. Respuesta a la crítica del apelante. La recurrente construye su embate sobre la afirmación de que la sentencia condena en base a “puras suposiciones”, destacando que el perito admitió no poder establecer la mecánica del hecho y que la categoría “vehículo de menor porte” abarcaría “cientos de posibilidades”. La queja no resiste el análisis.
En primer término, tratándose de un supuesto de responsabilidad objetiva, no es exigible la reconstrucción acabada de la mecánica del accidente: basta la comprobación del daño y de una relación física de causalidad entre la cosa riesgosa y aquél (arts. 1722, 1734, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.). La imposibilidad del experto de determinar velocidades o trayectorias exactas —natural cuando no medió intervención policial ni causa penal— no priva de eficacia a sus restantes conclusiones: la constatación de los daños, su localización, su compatibilidad con un impacto de vehículo de menor porte a baja velocidad y su congruencia con la versión de la actora. Tales apreciaciones, provistas del debido rigor técnico, no fueron impugnadas en la etapa procesal oportuna mediante el pedido de explicaciones o la observación fundada del dictamen, por lo que las críticas que ahora se ensayan en la alzada resultan tardías y no aportan razones científicas atendibles para apartarse de la pericia (arts. 473 y 474, C.P.C.C.).
En segundo lugar, la prueba de presunciones es prueba en sentido propio, expresamente admitida por el ordenamiento cuando los indicios son varios, graves, precisos y concordantes (art. 163 inc. 5, C.P.C.C.). No estamos ante una conjetura aislada sino ante la convergencia de la rebeldía del demandado, el dictamen pericial, la denuncia contemporánea ante la aseguradora de la víctima, el reconocimiento de la cobertura del rodado sindicado y la orfandad de toda hipótesis alternativa. La recurrente, que insiste en que el hecho “pudo suceder de otra manera”, no ha articulado —ni mucho menos probado— cuál sería esa otra manera, ni ha ofrecido elemento alguno que siquiera insinúe que los daños del Peugeot reconocen una causa distinta del evento denunciado. La invocación de eximentes —hecho de la víctima o de un tercero— requiere prueba que esta a cargo de quien la alega (arts. 1729, 1731 y 1734, C.C.C.N.), y en autos no se produjo prueba alguna al respecto, por lo que no existe eximente aplicable (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
En tercer término, no resulta trasladable al caso la doctrina que esta Sala aplicara en supuestos donde se desestimó la demanda por orfandad probatoria del hecho dañoso (causas 140.376, “Ferreira Coronel” y 137.188, “Soto”). En aquellos precedentes mediaba una negativa específica y circunstanciada del hecho por parte del asegurado —que había desconocido su intervención—, denuncias de siniestro tardías o inconsistentes, contradicciones relevantes entre la demanda y los relatos vertidos ante los peritos, y caducidad de la prueba testimonial ofrecida. Nada de ello concurre aquí: el demandado guardó absoluto silencio (rebeldía), la denuncia ante Sancor Seguros fue coincidente con la mecánica pericialmente inferida, y no se ha señalado contradicción alguna en la versión actoral. La diferencia de plataformas fácticas justifica la diversa solución (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Finalmente, la queja relativa a la ausencia de causa penal tampoco conmueve lo decidido: la instrucción penal no es presupuesto de la acción civil resarcitoria (arts. 1774 y concs., C.C.C.N.), y su inexistencia —explicable en un siniestro con daños exclusivamente materiales de escasa magnitud— no impide la formación de convicción sobre la base de la prueba producida en esta sede.
2.3.5. En función de todo lo expuesto, la atribución de responsabilidad al demandado y la extensión de la condena a la citada en garantía en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418) deben ser confirmadas, desestimándose el primer agravio (arts. 1722, 1726, 1727, 1729, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 59, 60, 163 inc. 5, 164, 330, 354, 375, 384, 386, 473 y 474, C.P.C.C.).
2.4. Daños al vehículo. Quantum (segundo agravio). La apelante cuestiona la procedencia y el monto del rubro ($ 1.510.000) con sustento en que el perito no inspeccionó el rodado, dictaminó sobre fotografías y no acompañó documentación respaldatoria de los valores, que reputa elevados por comparación con “páginas de público conocimiento”.
2.4.1. En un juicio de daños y perjuicios la prueba del daño constituye presupuesto indispensable de la condena indemnizatoria, y su demostración incumbe a quien lo reclama (arts. 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.). En el caso, la existencia y entidad de los deterioros del Peugeot 207 resulta de la conjunción de las fotografías acompañadas, el dictamen pericial mecánico —que los describió pormenorizadamente— y el presupuesto de reparación del Taller Discenza del 22/3/2024 que, aunque no autenticado, refleja los daños relevados por el experto, lo que sumado a la falta de contestación de la demanda le confiere valor indiciario corroborante (arts. 163 inc. 5, 354 inc. 1, 384, 385 y 474, C.P.C.C.).
2.4.2. Las objeciones que la recurrente dirige a la metodología pericial —examen sobre fotografías, ausencia de compulsa documentada de precios— remiten a supuestas imprecisiones del dictamen que, por haber podido ser subsanadas en la etapa probatoria mediante impugnación, pedido de explicaciones o solicitud de nuevas diligencias, no pueden traerse eficazmente a esta instancia, máxime cuando no se han esgrimido razones técnicas atendibles para apartarse de la experticia y los daños descriptos se compadecen con la mecánica del accidente (arts. 473 y 474, C.P.C.C.; conf. doctrina de esta Sala, causas 139.715, “Lacunza”; 140.169, “Toloza”; 141.167, “Velázquez”). La genérica remisión a precios de plataformas de comercio electrónico, huérfana de todo respaldo probatorio concreto incorporado a la causa, no pasa de ser la anteposición del criterio personal del recurrente al del experto, insuficiente para conmover el dictamen (art. 384, C.P.C.C.).
2.4.3. A todo evento, aun cuando pudiera predicarse alguna insuficiencia en la acreditación puntual del quantum, comprobada la existencia del perjuicio el juez se encuentra facultado para fijar su importe (art. 165 in fine, C.P.C.C.), facultad cuyo ejercicio en el caso no luce irrazonable a la luz de la entidad de los daños relevados (hundimiento de guardabarros, rotura de espejo retrovisor, daños en puerta, zócalo y molduras) y de la realidad económica imperante en materia de repuestos y mano de obra del rubro. El agravio, por tanto, se desestima, confirmándose el rubro en la suma de $ 1.510.000 (arts. 1737, 1738, 1740 y 1746, C.C.C.N.; 163, 164,165, 354, 375, 384, 473 y 474, C.P.C.C.).
2.5. Costas de primera instancia (tercer agravio). Se queja la apelante de la imposición de la totalidad de las costas al vencido, argumentando que el rechazo del rubro “desvalorización del rodado” configura un vencimiento parcial y mutuo que impone su distribución (art. 71, C.P.C.C.).
La queja no es de recibo. En materia de daños y perjuicios, la determinación de la calidad de vencido a los fines de las costas debe efectuarse con criterio jurídico y no meramente aritmético: lo relevante es el éxito de la pretensión resarcitoria en lo susta
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