Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación de la citada en garantía en lo relativo a la responsabilidad (arts. 260 y 261, C.P.C.C.) y rechazarlo en lo restante.
2Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada del 6/4/2026, elevando el rubro daño no patrimonial a la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), quedando el capital de condena establecido en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.270.000), con más los intereses fijados en el considerando 6° del fallo de origen.
3Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios.
4Imponer las costas de segunda instancia por el recurso de la citada en garantía a ésta, en su condición de vencida; y por el recurso de la parte actora, a la demandada y citada en garantía en cuanto prospera y en el orden causado en cuanto se desestima (arts. 68 y 71, C.P.C.C.).
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de julio de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: “SALIAS, PABLO MARTÍN c/ SMARIO, HERMES AUGUSTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/ LESIONES (EXC. ESTADO)” (causa 142.578), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 6/4/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 de La Plata dictó sentencia definitiva el 6/4/2026, haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Pablo Martín Salias y condenando a Lisandro Héctor Tierno -conductor del camión Iveco, dominio AF920SJ-, a Hermes Augusto Smario -su titular registral- y a la citada en garantía Provincia Seguros S.A., en la medida del seguro (póliza n° 10445219; art. 118, ley 17.418), a abonar al actor la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL ($ 4.770.000), comprensiva de los rubros daño material al vehículo ($ 3.470.000), daño no patrimonial ($ 500.000) y privación de uso ($ 800.000), con más un interés puro del 6% anual desde la fecha del hecho (18/10/2024) hasta la sentencia y, de allí en adelante, la tasa publicada por el B.C.R.A. conforme la reglamentación del art. 768 inc. “c” del C.C.C.N. Rechazó, en cambio, el rubro desvalorización del rodado, con sustento en el dictamen pericial mecánico que descartó pérdida de valor de reventa mediando correcta reparación. Impuso las costas a la parte demandada y citada en garantía vencidas (art. 68, C.P.C.C.) y difirió la regulación de honorarios (art. 51, ley 14.967).
Para así decidir, el magistrado tuvo por acreditado -sobre la base de las declaraciones testimoniales de Rubén Darío Aguilar y Juan Ignacio Rodríguez Migliaro, rendidas en la audiencia de vista de causa del 10/12/2025- que el 18/10/2024, alrededor de las 4:00 horas, el automóvil Volkswagen Fox del actor (dominio MBL015), que se hallaba estacionado en el exterior del predio de la empresa donde aquél trabaja (Ruta 54, km 8, Magdalena), fue embestido por el camión con acoplado conducido por Tierno al realizar una maniobra de retroceso, encuadrando el caso en la responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.) sin que se acreditara eximente alguna.
1.2. Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes. El actor expresó agravios el 24/4/2026, cuestionando: a) el rechazo del rubro desvalorización del rodado; y b) la insuficiencia del monto fijado por daño extrapatrimonial. La citada en garantía hizo lo propio el 26/4/2026, agraviándose de: a) la atribución de responsabilidad; b) la procedencia del daño material; c) la procedencia y cuantía del daño no patrimonial; y d) la procedencia de la privación de uso. Los traslados fueron recíprocamente contestados el 5/5/2026 y el 7/5/2026, solicitando cada parte el rechazo del recurso de la contraria; la citada pidió, además, la deserción del recurso del actor.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia firme y consentida.
II. Los agravios. Su tratamiento.
2.1. Suficiencia técnica de los memoriales. Ambas partes han postulado la insuficiencia del memorial de su contraria (art. 260, C.P.C.C.). A la luz del criterio amplio y flexible que rige la materia en resguardo del derecho de defensa (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), los agravios del actor y los de la citada en garantía relativos a los rubros indemnizatorios superan -aun mínimamente- el test de admisibilidad, pues permiten conocer en qué consiste la disconformidad con lo decidido, sin perjuicio de la suerte que en definitiva corran.
Distinta es la situación del agravio de la citada en garantía relativo a la responsabilidad. Bajo ese título, el memorial se limita a transcribir el art. 1757 del C.C.C.N. y a enunciar en abstracto la distribución de las cargas probatorias en la responsabilidad objetiva, sin dirigir crítica concreta y razonada alguna contra el fundamento central del fallo: la acreditación del hecho y de la intervención del camión asegurado mediante las declaraciones testimoniales de Aguilar y Rodríguez Migliaro, minuciosamente valoradas por el sentenciante (art. 456, C.P.C.C.). No se cuestiona la idoneidad de los testigos, ni la verosimilitud de sus dichos, ni la valoración efectuada; tampoco se invoca -y menos se demuestra- eximente alguna. Tal orfandad argumental determina la insuficiencia del agravio y, en ese aspecto, la deserción parcial del recurso (arts. 260 y 261, C.P.C.C.), lo que deja firme la atribución de responsabilidad a los demandados y su extensión a la aseguradora en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418).
2.2. Normativa aplicable. El accidente ocurrió el 18/10/2024, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que rige entonces la cuestión (art. 7, C.C.C.N.), tal como se decidió en la instancia de origen sin controversia de las partes.
2.3. Orden de tratamiento. Firme la responsabilidad, los agravios de ambas partes conciernen exclusivamente a los rubros indemnizatorios. Serán tratados por rubro, abordando conjuntamente -donde corresponda- las quejas cruzadas (arts. 163, 164, 266 y 384, C.P.C.C.).
2.4. Daño material al vehículo (agravio de la citada en garantía). Sostiene la aseguradora que el rubro se admitió “solamente por el presupuesto infundado expuesto por el perito mecánico” y que los presupuestos de taller no acreditan que los daños provengan del siniestro.
La queja no resiste el análisis, pues parte de una premisa falsa: el rubro no se fundó en un presupuesto de taller -supuesto al que se refiere la jurisprudencia que transcribe el memorial- sino en el dictamen del perito ingeniero Alberto Aníbal Granero (presentación del 26/9/2025), que determinó el costo de reparación en $ 3.470.000, dictamen que el sentenciante aprobó por hallarlo fundado en máximas de la experiencia y rigor técnico (arts. 457 y 474, C.P.C.C.). A ello se suma la declaración del testigo Rodríguez Migliaro, que describió el estado del rodado tras el impacto (puerta trasera izquierda rota, ópticas rotas, rayones, vidrio astillado), coincidente con los deterioros relevados por el experto y con la mecánica del hecho (marcha atrás del camión sobre el vehículo estacionado). La relación causal entre el evento -cuya existencia quedó firme- y los daños se encuentra, pues, suficientemente establecida (arts. 1726, 1736 y 1737, C.C.C.N.; 375, 384, 456 y 474, C.P.C.C.).
Las objeciones al dictamen que ahora se ensayan no fueron canalizadas en la etapa procesal oportuna mediante impugnación o pedido de explicaciones, ni se apoyan en razones técnicas atendibles que justifiquen apartarse de la experticia, por lo que resultan tardías e ineficaces (arts. 473 y 474, C.P.C.C.; conf. esta Sala, causas 139.715, “Lacunza”; 140.169, “Toloza”; 141.167, “Velázquez”). El agravio se desestima y el rubro se confirma en la suma de $ 3.470.000 (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 266, 375, 384,l 473 y 474, C.P.C.C.).
2.5. Desvalorización del rodado (agravio del actor). Cuestiona el accionante el rechazo del rubro, argumentando que la aptitud técnica de la reparación no equivale a la recuperación del valor de mercado, pues todo vehículo siniestrado ve disminuida su cotización frente a potenciales compradores, y que la fijación del valor de reventa excede el plano estrictamente mecánico.
El planteo, conceptualmente atendible en abstracto, carece de sustento en las constancias de la causa. La desvalorización venal no es una consecuencia automática de todo siniestro: constituye un daño cierto únicamente cuando, pese a la correcta reparación, subsiste una minusvalía apreciable, lo que ocurre típicamente cuando los deterioros afectan partes estructurales del rodado (chasis, tren delantero, largueros), y su prueba incumbe a quien lo alega (arts. 1737, 1739 y 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.). En autos, el perito ingeniero dictaminó expresamente que, de ejecutarse correctamente las tareas de arreglo, el vehículo no sufriría pérdida de su valor de reventa, conclusión coherente con la índole de los daños relevados (chapa, pintura, cristales, ópticas, guardabarros y paragolpes), ajenos a la estructura portante.
Frente a ese dictamen -no impugnado en la etapa probatoria- el actor no produjo prueba alguna orientada a demostrar la minusvalía que invoca (tasación, informe de mercado, pericia complementaria), de modo que su afirmación de que la depreciación es “evidente y notoria” no pasa de ser una apreciación subjetiva insuficiente para conmover la conclusión del experto (arts. 375, 384, 473 y 474, C.P.C.C.). No se trata de restringir la reparación plena (art. 1740, C.C.C.N.), sino de que sólo el daño acreditado es resarcible (art. 1744, C.C.C.N.). El agravio se rechaza y el punto se confirma (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 266, 375, 384,l 473 y 474, C.P.C.C.).
2.6. Daño extrapatrimonial (agravios de ambas partes). La citada en garantía cuestiona la procedencia misma del rubro y, subsidiariamente, su cuantía, sosteniendo que en reclamos limitados a daños en las cosas el perjuicio moral no se presume y no fue probado. El actor, por su parte, denuncia la insuficiencia del monto de $ 500.000, que juzga desproporcionado frente al cuadro psíquico pericialmente acreditado. Razones de método imponen tratar primero la procedencia y luego la cuantía.
2.6.1. Procedencia. Es exacto -como postula la aseguradora- que cuando el menoscabo recae exclusivamente sobre cosas, el daño moral no se presume y debe ser objeto de prueba por quien lo invoca, pues las molestias e incomodidades que ordinariamente derivan de un choque sin lesiones no alcanzan, por sí solas, la entidad de una lesión espiritual resarcible (art. 1744, C.C.C.N.). Pero esa doctrina es inaplicable al caso, sencillamente porque aquí el daño extrapatrimonial fue probado de manera directa: la perito psicóloga Natalia Beatriz Rosso, tras aplicar la correspondiente batería de tests, concluyó que el actor padece un trastorno por estrés postraumático crónico derivado del siniestro (informe del 24/10/2025), dictamen que el sentenciante calificó de técnicamente sólido y aprobó sin impugnación eficaz de la contraria (arts. 260, 261 y 474, C.P.C.C.).
Acreditada una repercusión psíquica de esa entidad, el presupuesto de la queja -ausencia de toda consecuencia en la persona del reclamante- se desvanece: no estamos ante la mera aflicción por el deterioro de un bien material, sino ante una modificación disvaliosa del espíritu clínicamente verificada (art. 1741, C.C.C.N.). La jurisprudencia que el memorial transcribe, referida a supuestos de daños exclusivamente materiales sin secuela personal alguna, no guarda analogía con el presente. El agravio de la citada se rechaza (arts. 260, 261, 375 y 474, C.P.C.C.).
2.6.2. Cuantía. Asiste razón, en cambio, al actor. La sentencia incurre en una inconsecuencia que este Tribunal debe corregir: tras aprobar el dictamen que diagnostica un trastorno por estrés postraumático de carácter crónico, cuantifica el rubro en $ 500.000 con referencia a las “incomodidades y molestias que pudieron haber causado el evento dañoso”, parámetro propio de los supuestos en que no existe repercusión psíquica acreditada. La indemnización del daño moral debe fijarse ponderando la entidad de la lesión espiritual efectivamente sufrida y su función satisfactiva y compensatoria, esto es, la aptitud del monto para procurar a la víctima bienes o actividades sustitutivas del bienestar perdido (art. 1741 in fine, C.C.C.N.; CSJN, “Baeza”, 2/9/2021, Fallos 334:376).1
En esa tarea pondero: la índole del hecho (embestida del vehículo del actor, herramienta de su traslado diario al trabajo, mientras se hallaba estacionado); la persistencia del conflicto por la falta de respuesta extrajudicial; la edad del damnificado a la fecha del siniestro (47 años); los patrones habitualmente admitidos por el sentimiento medio pues, como lo señala Cardozo (“The nature of the judicial process”, Yale University Press, 1937, pág. 106) “los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recta” (Fallos: 308:1160, “Santa Coloma”, considerando octavo) y, centralmente, el diagnóstico pericial de un trastorno por estrés postraumático crónico, cuya nota de cronicidad denota una perturbación instalada y no un padecimiento transitorio. Cabe aclarar que la mención contenida en el considerando 5.b) de la sentencia, según la cual el actor habría reclamado por este concepto $ 1.000.000, constituye un error material: del escrito de demanda surge que el rubro daño extrapatrimonial fue estimado en $ 3.500.000, con más la fórmula “o lo que en más o en menos resulte de la prueba”, por lo que la elevación que propondré no vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, C.P.C.C.).
En función de lo expuesto, propongo elevar el rubro a la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), estimada a la fecha de la sentencia, importe que guarda razonable proporción con la entidad del menoscabo espiritual acreditado y permite la adquisición de bienes y satisfacciones compensatorias conforme un estándar medio (arts. 1737, 1738, 1740 y 1741, C.C.C.N.; 165, C.P.C.C.).
2.7. Privación de uso (agravio de la citada en garantía). Cuestiona la aseguradora la procedencia del rubro por ausencia de prueba documental de los gastos sustitutivos, invoca la compensatio lucri cum damno y postula que el lapso indemnizable debe ceñirse al razonablemente necesario para la reparación.
La queja no prospera. Es criterio consolidado que la sola indisponibilidad de un automotor constituye por sí misma un daño resarcible, pues todo vehículo importa un capital destinado a satisfacer necesidades de transporte, y su privación produce un menoscabo que no exige la prueba puntual de cada erogación sustitutiva, pudiendo el juez fijar prudencialmente el importe (art. 165, C.P.C.C.). En el caso, la inferencia se refuerza con un dato objetivo no controvertido: el actor reside en Berisso y su lugar de trabajo se encuentra en zona rural de Magdalena, a unos 40 kilómetros, distancia que debió cubrir por medios alternativos durante el lapso de indisponibilidad del rodado.
La invocación de la compensatio lucri cum damno tampoco mejora la posición de la recurrente: la detracción de los gastos ahorrados por el no uso (combustible, peajes, desgaste) se tiene en cuenta a fin de analizar su entidad, sin perjuicio de que la presencia de una incidencia mayor es carga que la accionada y/o citada no satisfizo, limitándose a un planteo dogmático; sin perjuicio de que la ponderación prudencial efectuada en la instancia de origen -que fijó el rubro en una suma moderada frente a la distancia diaria involucrada- ya contempla razonablemente ese balance (arts. 375 y 384, C.P.C.C.). El agravio se desestima y el rubro se confirma en $ 800.000 (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
III. Conclusión.
Propongo al acuerdo: 1) declarar parcialmente desierto el recurso de la citada en garantía en cuanto a la responsabilidad (arts. 260 y 261, C.P.C.C.) y rechazarlo en todo lo demás; 2) hacer lugar parcialmente al recurso del actor, elevando el rubro daño no patrimonial a la suma de $ 3.000.000, con lo que el capital de condena queda establecido en PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.270.000), confirmando la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios, incluido el régimen de intereses -no cuestionado-, que se aplicará sobre el nuevo capital; 3) imponer las costas de segunda instancia por el recurso de la citada en garantía a ésta, en su condición de vencida, y por el recurso del actor a la demandada y citada en garantía en cuanto prospera (daño no patrimonial) y en el orden causado en cuanto se desestima (desvalorización), atento el vencimiento parcial y mutuo (arts. 68 y 71, C.P.C.C.).
Voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde y así lo propongo: 1) declarar parcialmente desierto el recurso de apelación de la citada en garantía en lo relativo a la responsabilidad y rechazarlo en lo restante; 2) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada del 6/4/2026 elevando el rubro daño no patrimonial a la suma de $ 3.000.000, quedando el capital de condena fijado en la suma total de $ 7.270.000, con más los intereses establecidos en el considerando 6° de dicho pronunciamiento; 3) confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios; 4) imponer las costas de alzada del modo indicado al tratar la primera cuestión (arts. 68 y 71, C.P.C.C.); y 5) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se RESUELVE: 1) Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación de la citada en garantía en lo relativo a la responsabilidad (arts. 260 y 261, C.P.C.C.) y rechazarlo en lo restante. 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada del 6/4/2026, elevando el rubro daño no patrimonial a la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000), quedando el capital de condena establecido en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.270.000), con más los intereses fijados en el considerando 6° del fallo de origen. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios. 4) Imponer las costas de segunda instancia por el recurso de la citada en garantía a ésta, en su condición de vencida; y por el recurso de la parte actora, a la demandada y citada en garantía en cuanto prospera y en el orden causado en cuanto se desestima (arts. 68 y 71, C.P.C.C.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51, ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia