Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143187
En la ciudad de La Plata, a los 1 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ARGUELLO, GUSTAVO SERGIO c/COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL SEGUROS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)" (causa 143.187), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva de fecha 20/4/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En la instancia de origen se resolvió: 1ro.) hacer lugar parcialmente a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por Gustavo Sergio Arguello contra Sergio Ernesto Tenaglia, "Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G." y "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda."; 2do.) condenar a los demandados a pagar al actor la suma que se establezca con criterio de actualidad —por el perito ingeniero mecánico interviniente, o quien lo reemplace, en la etapa de ejecución de sentencia— correspondiente al valor de un automóvil marca Renault Symbol, modelo 2010, de iguales características que el siniestrado, con más intereses a la tasa pura del 6% anual desde el hecho (4/3/2020) hasta la sentencia y, desde allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; 3ro.) no hacer lugar a la actualización monetaria; 4to.) diferir el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad (arts. 31, ley 13.951, y 31, decreto 43/2019) y de aplicación del art. 730, C.C.C.N., para la oportunidad de las regulaciones de honorarios; y 5to.) imponer las costas a los demandados por resultar sustancial y objetivamente vencidos.
En los considerandos, el juez de grado tuvo por acreditada la existencia del accidente (4/3/2020) y responsabilizó al demandado Tenaglia en su calidad de conductor del vehículo embistente (Chevrolet S10) —con base en la responsabilidad objetiva de los arts. 1722, 1757 y 1769, C.C.C.N., y en la presunción de responsabilidad del embistente no desvirtuada—; extendió la condena a ambas aseguradoras citadas en garantía como obligaciones concurrentes (art. 850, C.C.C.N.); tuvo por configurada la destrucción total del rodado (costo de reparación de $228.820 sobre un valor de mercado de $260.000, esto es, el 88%; cláusula CG-DA 4.2 de la póliza de "Río Uruguay"); y desestimó los rubros daño emergente, desvalorización y privación de uso —absorbidos por el valor de la destrucción total—, el lucro cesante —por no probado— y el daño moral —al no haberse acreditado lesiones—.
1.2. Contra dicho pronunciamiento se alzaron: a) "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", que apeló el 22/4/2026 (recurso concedido el 8/5/2026) y fundó su recurso el 3/7/2026, agraviándose, en sustancia: (i) por violación del principio de congruencia, al entender que la sentencia falló extra petita al condenarla por un incumplimiento contractual que —afirma— jamás integró el objeto litigioso, habiendo sido citada únicamente como aseguradora del actor; (ii) por defecto legal y entrelazamiento de pretensiones de distinta fuente obligacional, con afectación de su derecho de defensa (art. 330, C.P.C.C.); y (iii) subsidiariamente, por considerar no configurada la destrucción total ni acreditado incumplimiento contractual alguno, cuestionando la fundamentación y metodología del peritaje mecánico y postulando la prevalencia de su propia valuación técnica; formuló reserva del caso federal. b) El demandado Sergio Ernesto Tenaglia y la citada en garantía "Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G.", que apelaron el 27/4/2026 (recurso concedido el 8/5/2026) y expresaron agravios el 25/6/2026, cuestionando la atribución de responsabilidad —que califican como condena "en un 50%"— por entender que quien debía asumir el pago de la destrucción total era "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda." en su carácter de aseguradora del actor.
Los agravios de "Río Uruguay" fueron contestados por la parte actora el 15/7/2026, quien solicitó su rechazo. Los agravios de Tenaglia y "Cooperación Mutual Patronal" fueron contestados por la parte actora el 15/7/2026 —solicitando la deserción del recurso y, subsidiariamente, su rechazo— y por "Río Uruguay" el 17/7/2026 —pidiendo igualmente su rechazo—.
1.3. Se llamaron "autos para sentencia" (5/8/2026), providencia que se encuentra firme y consentida.
II. Tratamiento de los recursos.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 4/3/2020, esto es, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, dicha normativa rige el caso (arts. 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.). Sentado ello, analizaré los agravios, comenzando por los atinentes a la atribución de responsabilidad respecto del demandado y su aseguradora, y siguiendo por los relativos a la vinculación de la aseguradora del actor.
2.2. Recurso del demandado Tenaglia y de "Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G.".
2.2.1. Insuficiencia del memorial. El recurso adolece de una insuficiencia técnica que compromete su suerte (art. 260, C.P.C.C.). En efecto, el único agravio ensayado parte de una premisa falsa: se afirma agraviarse de una "condena en un 50%" que la sentencia no contiene. El juez de grado no distribuyó porcentaje alguno de responsabilidad ni dividió la deuda; condenó al demandado y a ambas aseguradoras por el total de la indemnización, calificando expresamente las obligaciones como concurrentes (art. 850, C.C.C.N.). Mal puede constituir crítica concreta y razonada la que se dirige contra una decisión que el sentenciante no adoptó.
A ello se suma que el memorial no rebate ninguno de los fundamentos medulares de la condena: no cuestiona la mecánica del accidente ni el carácter de embistente del rodado conducido por Tenaglia —acreditado por el peritaje mecánico—, no invoca eximente alguna, ni articula defensa fundada en el contrato de seguro que vincula a "Cooperación Mutual Patronal" con su asegurado (exclusión, suspensión de cobertura, franquicia, etc.). Todo su desarrollo se reduce a sostener que quien debía pagar era la aseguradora del actor, lo que constituye una alegación sobre la situación de un tercer coobligado, y no una crítica de los fundamentos de la condena que alcanza a los recurrentes. En tales condiciones, los pilares esenciales del fallo llegan incólumes a la Alzada y bastan por sí solos para sostener la condena, por lo que el recurso debe declararse desierto en este aspecto (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).
2.2.2. A mayor abundamiento. Aun superándose el valladar del art. 260, C.P.C.C., el agravio no habría de prosperar. La responsabilidad objetiva del dueño y/o guardián -en este caso del conductor- del vehículo embistente por los daños causados al rodado embestido (arts. 1722, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.) —presumida y no desvirtuada por prueba en contrario— llega firme a esta instancia, en tanto no ha sido idóneamente controvertida. Y la circunstancia de que el actor contara con un seguro propio de destrucción total contratado con "Río Uruguay" en modo alguno exime —ni total ni parcialmente— al responsable del hecho ni a su aseguradora: la víctima de un hecho ilícito no está obligada a ejecutar su propio seguro como presupuesto para reclamar del responsable la reparación plena del perjuicio (art. 1740, C.C.C.N.).
Tratándose de obligaciones concurrentes —aquellas en que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes (art. 850, C.C.C.N.)—, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a cualquiera de los coobligados, y las relaciones internas entre ellos —quién debe soportar en definitiva el peso de la deuda— se dirimen por las acciones de contribución o de regreso que pudieren corresponder, resultando inoponibles al damnificado (art. 851, C.C.C.N.). De modo que, si "Cooperación Mutual Patronal" entiende que "Río Uruguay" debió afrontar el siniestro en virtud de la cobertura del actor, cuenta con las vías pertinentes para repetir lo que eventualmente pague; lo que no puede pretender es trasladar al damnificado —quien no generó la controversia entre aseguradoras y debió transitar más de cinco años de proceso— las consecuencias de aquélla. A ello cabe agregar que la única línea argumental de los recurrentes —derivar el pago hacia la aseguradora del actor— importa el reconocimiento implícito de la responsabilidad de su asegurado y de la operatividad de su propia cobertura.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia en cuanto atribuye responsabilidad al demandado Tenaglia y extiende la condena a "Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G." en la medida de su seguro (arts. 850, 851, 1722, 1740, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 118, ley 17.418; 163, 164, 260, 261, 375, 384, 456, 473 y 474, C.P.C.C.).
2.3. Recurso de "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada".
2.3.1. Primer agravio. Congruencia. Sostiene la recurrente que la sentencia falló extra petita1 al condenarla por un incumplimiento contractual que jamás habría integrado el objeto litigioso, dado que habría sido citada únicamente como aseguradora del actor y sin atribución de conducta alguna. El agravio no puede prosperar.
La pretensión dirigida contra "Río Uruguay" integró la litis desde la promoción misma de la demanda. En efecto, el actor la convocó expresamente en su carácter de aseguradora de su vehículo (póliza N° 4-8530310), para que respondiera por la destrucción total del rodado; relató circunstanciadamente el reclamo extrajudicial formulado a dicha compañía, su rechazo mediante la carta documento del 27/7/2020 —con fundamento en que los daños no configuraban daño total— y la frustración de las tratativas; acompañó la documentación fundante (frente de póliza, certificado de cobertura, denuncia de siniestro N° 4-1017491, cartas documento) y ofreció y produjo prueba dirigida, precisamente, a la configuración de la destrucción total.
A ello se suma un dato dirimente: la propia recurrente delimitó la litis en esos términos al contestar la demanda. Entendió el reclamo como uno de incumplimiento contractual derivado de la alegada destrucción total, dedicó un capítulo al contrato de seguro, transcribió la cláusula CG-DA 4.2 de las Condiciones Generales, detalló las cartas documento de rechazo y los valores por ella asignados, y ofreció prueba específica sobre el punto —incluida una pericial contable referida a esa misma cláusula—. Comprendió, pues, cabalmente la pretensión; la contestó, se excepcionó invocando riesgo no cubierto, ofreció y controló prueba sobre ella e impugnó las conclusiones del peritaje mecánico. Sostener ahora que esa cuestión jamás integró el objeto litigioso y calificar de sorpresiva la condena importa una inadmisible contradicción con sus propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (doctrina de los actos propios; art. 1067, C.C.C.N.).
La congruencia se juzga por la correspondencia entre los hechos afirmados, la pretensión deducida y lo decidido, y no por el nomen iuris2 empleado por las partes. Que el actor haya canalizado la convocatoria de su propia aseguradora bajo el rótulo de la citación en garantía no altera la sustancia de la pretensión —el pago del valor del vehículo por destrucción total conforme la póliza—, correspondiendo al juzgador la calificación jurídica de los hechos (iura novit curia), sin que ello importe alterar la causa petendi.3 No hubo, en suma, sorpresa ni menoscabo del derecho de defensa, sino un debate pleno, con amplitud probatoria, sobre la única cuestión que la sentencia decidió a su respecto. El agravio se rechaza (arts. 163 incs. 3, 4 y 6, 260, 261, 330, 375 y 384, C.P.C.C.; 1, 2, 961, 9, 10, 12 y 1067, C.C.C.N.).
2.3.2. Segundo agravio. Defecto legal. Se queja la recurrente de un "entrelazamiento de pretensiones" y de la violación del art. 330, C.P.C.C., por imprecisión de la demanda. El planteo es inadmisible por partida doble.
En primer lugar, la vía idónea para denunciar la oscuridad o imprecisión del escrito inicial es la excepción previa de defecto legal (art. 345 inc. 5, C.P.C.C.), que la recurrente no opuso en la oportunidad procesal pertinente; por el contrario, contestó la demanda en cuanto al fondo, se excepcionó por riesgo no cubierto, ofreció prueba y consintió la traba de la litis y todo el desarrollo ulterior del proceso, incluida la apertura a prueba y su producción. La cuestión se encuentra, pues, irremediablemente precluida.
En segundo lugar, la Alzada no puede pronunciarse sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (art. 272, C.P.C.C.), de modo que la introducción del pretendido defecto legal recién en el memorial resulta improponible. A todo evento, la queja es también infundada en su sustancia, pues —según quedó demostrado— la pretensión dirigida contra la recurrente fue comprendida y resistida por ella con toda amplitud, lo que excluye de plano cualquier estado de indefensión, presupuesto ineludible de la nulidad o del agravio que se pretende. El agravio se rechaza (arts. 34 inc. 5, 260, 261, 272, 330, 345 y 384, C.P.C.C.).
2.3.3. Agravio subsidiario. Configuración de la destrucción total. Subsidiariamente, la recurrente cuestiona la valoración de la prueba, sosteniendo que el dictamen pericial carecería de fundamentación, que debió prevalecer su propia valuación técnica y que la pericia mecánica sería inidónea para acreditar un incumplimiento contractual, siendo menester una pericia contable. Ninguna de tales quejas resiste el análisis.
El dictamen del perito ingeniero mecánico determinó que el costo de reparación del Renault Symbol al 4/3/2020 ascendía a $228.820 y que el valor de mercado de un vehículo de igual marca, modelo y características a esa fecha era de $260.000 —este último conforme publicación especializada (InfoAuto), fuente que la propia cláusula CG-DA 4.2 admite—. Requeridas explicaciones por la propia recurrente, el experto las respondió circunstanciadamente, precisando que deflactó los valores de repuestos según los índices IPIM (base 2015=100) y los de mano de obra conforme las bases de datos de la Asociación de Ingenieros en Investigaciones de Accidentes (AIIA), confeccionando el presupuesto con repuestos originales y mano de obra especializada. Valorados el dictamen y sus explicaciones como una unidad, con arreglo a las reglas de la sana crítica, no existe mérito para apartarse de sus conclusiones, en tanto se hallan debidamente fundadas y no fueron desvirtuadas por otras pruebas (arts. 375, 384, 457, 462, 473 y 474, C.P.C.C.). Sobre esa base, la reparación representaba el 88% del valor de venta del rodado, superándose holgadamente el umbral del 80% previsto en la cláusula CG-DA 4.2 para tener por configurada la destrucción total.
La pretendida prevalencia de la valuación efectuada por los técnicos de "Río Uruguay" es jurídicamente inadmisible: se trata de un presupuesto confeccionado unilateralmente a instancias de la propia aseguradora interesada, sin intervención ni contralor de la contraria —prueba preconstituida por la parte a quien beneficia—, cuya fuerza convictiva es notoriamente inferior a la de un dictamen pericial judicial producido con contralor bilateral por un experto imparcial designado de oficio. Aun cuando su autenticidad formal se tuviese por firme, la autenticidad de un documento no importa la verdad ni la corrección técnica de su contenido.
Finalmente, el argumento según el cual la pericia mecánica sería inidónea, siendo necesaria una pericia contable, no es de recibo. La única cuestión de hecho controvertida a su respecto era de naturaleza estrictamente técnico-mecánica: si el costo de reparación alcanzaba o superaba el 80% del valor de venta del vehículo. Acreditado ese extremo, la consecuencia jurídica es automática: configurado el riesgo cubierto y rechazado indebidamente el siniestro, nace la obligación contractual de la aseguradora de indemnizar (arts. 1, 11, 61 y concs., ley 17.418). A mayor abundamiento, si la recurrente estimaba esencial la pericia contable, fue ella misma quien la ofreció —con puntos referidos a la cláusula CG-DA 4.2— y no instó su producción, de modo que mal puede agraviarse de la orfandad de una prueba cuya carga le incumbía y que abandonó. El agravio se rechaza (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 375, 384, 457, 462, 473 y 474, C.P.C.C.; 1, 11, 61 y concs., ley 17.418).
2.3.4. Medida del seguro. Adecuación de la cobertura. La obligación de "Río Uruguay" reconoce fuente contractual y, por ende, la condena a su respecto es ejecutable en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418). Ahora bien, habiéndose fijado la reparación a valores actuales —diferida su determinación a la etapa de ejecución— y mediando una injustificada oposición de la aseguradora que, tras rechazar el siniestro y administrar el premio en su oportunidad, contribuyó a dilatar por más de cinco años el cumplimiento de su obligación de garantía, no cabe ceñir aquella medida a la suma asegurada nominal pactada en el año 2020, pues ello, frente a la depreciación de la moneda, reduciría sensiblemente el interés oportunamente asegurado, desnaturalizaría la finalidad económico-social del contrato y premiaría la mora del propio deudor ("pacta sunt servanda rebus sic stantibus").
Tal como lo ha sostenido la SCBA en el precedente C. 119.088, 21/2/2018, por mayoría, "Martínez, Emir c/Boito, Alfredo Alberto s/Daños", cuando la entidad de los daños fue apreciada a valores actuales y hubo una oposición que ha contribuido a dilatar el cumplimiento de la obligación de garantía asumida por la aseguradora —quien ha recibido y administrado el premio en su oportunidad—, no es posible soslayar que las primas que se cobran luego del hecho dañoso (sujetas a valores actuales) son las que afrontan las coberturas judicializadas de ayer (conf. Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros, 5ª ed. act. y ampl., La Ley, 2008, T. I, pág. 64), lo cual provoca que el interés oportunamente asegurado luzca sensiblemente reducido. Por ello, y a fin de mantener la equivalencia de las prestaciones (premio/riesgo) sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, corresponde adecuar la cobertura, extendiéndola a la suma vigente para una cobertura similar a la fecha del efectivo pago por parte de la aseguradora (arts. 9, 10, 961, 1061 y 1067, C.C.C.N.; 1, 11, 61, 62, 65, 118 y concs., ley 17.418; SCBA, C. 119.088, cit.; C. 125.450, 29/9/2023). Con dicho alcance —que se corresponde con el valor actual de reposición diferido a la etapa de ejecución— habrá de confirmarse la condena a su respecto.
2.3.5. Reserva del caso federal. La reserva formulada por la recurrente, por su carácter genérico, se tendrá presente para la oportunidad que pudiere corresponder, sin que su tratamiento sea propio de esta instancia (art. 14, ley 48).
2.4. En virtud de todo lo expuesto, y no habiendo prosperado los agravios, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso, con la aclaración efectuada en el punto 2.3.4. Las restantes parcelas del fallo —en particular el modo de determinación del quantum, el régimen de intereses y el rechazo de los rubros lucro cesante y daño moral— llegan firmes a esta instancia por ausencia de agravio (arts. 166 y 272, C.P.C.C.).
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor Juez doctor López Muro dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede (art. 266, C. Procesal) y, en consecuencia, voto también por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
En mérito al acuerdo que antecede, corresponde conf
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