Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132037
Sentencia Definitiva
Causas N°s 132037 y 132038; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº16 - LA PLATA
CORTEZ JOSE C/ TRANSPORTES AUTOMOTORES LA PLATA S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO); CORTEZ RUBÉN ERNESTO C/ FICHERA, RUBÉN DARÍO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en las causas 132037 y 132038, caratuladas: "CORTEZ JOSE C/ TRANSPORTES AUTOMOTORES LA PLATA S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES” y "CORTEZ RUBÉN ERNESTO C/ FICHERA, RUBÉN DARÍO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES”, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 248/264 (de fecha 5 de abril de 2022)?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Rubén Ernesto Cortez contra Rubén Darío Fichera y la empresa Transportes Automotores La Plata SA (Línea 338); condenó a estos últimos a pagar dentro de los diez días de adquirir firmeza el decisorio la suma de pesos ocho millones doscientos cincuenta mil ($8.250.000) aplicando intereses al 6% anual desde el día del hecho (24 de octubre de 2010) hasta la fecha del pronunciamiento y desde allí y hasta su efectivo pago intereses a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días vigentes durante cada período de aplicación; hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por José Cortez contra la empresa Transporte Automotores La Plata SA y Rubén Darío Fichera condenando a estos últimos a pagar al actor dentro de los diez días de adquirir firmeza la sentencia la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) -privación de uso-, con los intereses calculados al 6% anual desde el día del hecho (24 de octubre de 2010) y hasta la fecha del pronunciamiento y desde allí y hasta su efectivo pago intereses a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días vigentes durante cada período de aplicación y la suma de pesos setenta y un mil treinta y ocho ($71.038) en concepto de daño emergente, ordenando que esta última suma se ajustará según las pautas liquidatorias sentadas precedentemente; en ambos casos se hizo extensiva la condena a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos; finalmente, impuso las costas de ambos procesos a la parte demandada vencida postergando la regulación de honorarios profesionales hasta la oportunidad dispuesta por el art 51 de la ley 8904 -hoy 14967- (v. fs. 248/264).
2. Esta forma de decidir viene apelada por ambos actores (v. presentación electrónica del 27 de abril de 2022 correspondiente a José Cortez y del 12 de abril de 2022 -Rubén Cortez-), los demandados y citada en garantía (presentación electrónica del 25 de abril de 2022) recursos que fueron concedidos libremente (v. proveídos del 12 de mayo y del 2 de mayo de 2022) y posteriormente fundados en esta instancia (presentaciones electrónicas del 1 de junio, 10 de junio y 21 de junio de 2022 respectivamente); corrido el pertinente traslado (proveído del 22 de junio de 2022), recibió la réplica de los accionantes (presentaciones electrónicas del 28 y 29 de junio de 2022) no habiendo hecho lo propio los accionados. El 4 de julio de 2022 se llamó autos para sentencia.
3. José Cortez se agravia del monto otorgado en compensación por la privación de uso de su vehículo tildándolo de bajo considerando que debe concedérsele el doble.
Entiende que el Juez apelado solo reparó en un factor objetivo, desatendiendo el subjetivo. En ese orden denuncia que los dos meses posteriores al accidente -que no tuvo el vehículo a disposición- fueron un infierno, dado a las necesidades generadas por los graves daños sufridos por su hijo.
Se duele asimismo de la tasa de interés dispuesta, alegando que la tasa pasiva resulta un estímulo para que el deudor continúe en mora.
Además, califica de errónea la aplicación de la doctrina legal “Vera” y “Nidera” toda vez que allí la demandada era la Provincia de Buenos Aires y son procesos de larga data abarcados por la Ley de Consolidación de Deuda.
Por su parte, Rubén Ernesto Cortez limita sus disconformidades a la cuantía de los montos indemnizatorios, la que califica de mínima.
Destaca que a la fecha del evento dañoso tenía 25 años, gozaba de buena salud y vivía en pareja desde hacía años, detallando los emprendimientos familiares de los que participaba y su actividad laboral en el cultivo y venta de vegetales.
Describe los infortunios generados a partir del accidente, reafirmando a partir de ello que la indemnización fijada resulta insuficiente, inadmisible, carente de relación con los hechos, absurda, arbitraria y desajustada del principio de la reparación integral.
Efectúa, para fundar su queja, la conversión del monto de condena a Dólares Estadounidenses conforme la operatoria de Dólar MEP o Dólar solidario, destacando asimismo la situación del país y el proceso inflacionario actual.
Agrega un cálculo en función a su expectativa de vida, concluyendo que el fallo apelado resulta violatorio del debido proceso y de su derecho de propiedad.
Sobre el debido proceso reclama que la sentencia no describe cuáles han sido las causas, motivos o fundamentos por los cuales se fijó el monto indemnizatorio.
Invoca la doctrina del absurdo que es el modo de atacar los vicios de juzgamiento del fallo, para cuestionar por ínfima la indemnización otorgada, y solicita se reestablezcan las pautas que permitan respetar en el caso las garantías constitucionales conculcadas por el gravoso fallo que aquí se recurre.
Se disconforma asimismo de la cuantificación del rubro daño moral por similares fundamentos.
Finalmente, en lo tocante con los gastos de tratamientos médicos, farmacológicos y otros varios también por reducidos y porque se revela como auto contradictorio toda vez que el sentenciante dijo la necesidad de utilización de insumos, medicamentos, tratamientos médicos y psicológicos, traslados y demás gastos que resultan justificados a tenor de las particularidades que el caso presenta y que necesitará de manera permanente pañales, sondas urinarias, la realización de tratamientos de rehabilitación, necesidades de atención médica, asistencia farmacológica de por vida y el costo de la asistencia psicológica.
Agrega que la necesidad de tratamiento psicológico ha sido reconocida por la sentencia apelada.
A su turno, los demandados y citada en garantía ponen en crisis el fallo apelado por la incorrecta valoración que -en su opinión- efectúa el Juez sobre la prueba, las normas de tránsito y la culpa de la propia víctima al ser transportado en un lugar prohibido.
Agregan que de los testimonios producidos se desprende la responsabilidad de la conductora de la camioneta.
Adunan que las camionetas como la que transitaba el actor no pueden circular con pasajeros en la caja de cargas dado que se trata de una prohibición que rige a escala nacional, tanto para las rutas como para el ámbito urbano, haciendo mención al art. 40 de la Ley de Tránsito.
En lo tocante con la indemnización por incapacidad sobreviniente se agravian tanto por el porcentual de incapacidad dado por los dictámenes de los Médicos actuantes, como así por el monto otorgado por considerar que ha sido sobrevalorado.
Refieren que se dan por probadas condiciones personales de Rubén Cortez que no han sido efectivamente acreditadas.
Respecto de los diferentes porcentuales de incapacidad dan cuenta que ellos han impugnado las pericias realizadas reclamando que no se ha utilizado el método de la capacidad restante.
Ponen en crisis la tarifación del daño moral, alegando que no ha sido valorado con prudencia y razonabilidad.
Calculan que este rubro configura el 67% del monto otorgado por incapacidad física, no guardando relación con las lesiones y resultando exorbitante.
Se disconforman de la reparación fijada por gastos de traslado, médicos y farmacéuticos por excesiva, dado que no surge acreditado el pago de suma alguna en ese concepto.
Se duelen del reconocimiento de la privación de uso del automotor, sin que se estableciera con sustento cierto la cantidad de días que ocupó esa falta.
Finalmente, Metropol Sociedad de Seguros Mutuos se agravia del silencio guardado por la sentencia apelada sobre la oponibilidad de la franquicia que surge del contrato de seguros, reclamando que se lo condene -en su caso- a responder conforme las condiciones de la póliza y no más allá.
4. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento -24 de octubre de 2010- (arts. 3, CC; 7, CCCN).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, en caso de tratar los rubros cuyos montos debaten los recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
5. A fin de mantener un orden metodológico en el desarrollo del recurso, he de abordar inicialmente los agravios de los demandados y citada en garantía relativos a la asignación de responsabilidad en la producción del siniestro.
En este sentido, dable es destacar que ambas partes concuerdan en la existencia del hecho y sus características de tiempo y lugar, mas no logran acordar respecto de la culpa en su desencadenamiento.
En efecto, son contestes en señalar que el evento dañoso se produjo el día 24 de octubre de 2010 en horas de la madrugada sobre Ruta 36 en sentido de Buenos Aires a la Costa Atlántica. Que en esas circunstancias, la camioneta Ford F 100 de titularidad del actor José Cortez en la que circulaba su hijo Rubén Cortez (ubicado en la caja acostado) y era conducida por Rosmery Bejarano Beites -al llegar a la intersección con la calle 448- es colisionada desde atrás por un micro de la línea 338 correspondiente a la empresa TALP S.A. y conducido en esa oportunidad por el demandado Rubén Darío Fichera.
En cambio, no resultan contestes en la asignación de la responsabilidad: mientras los accionantes la cargan al accionado quien embistió a la camioneta de atrás (v. fs. 15/20 de la causa “Cortez, José c/ Trasportes Automotores La Plata S.A. y otros s/ daños y perjuicios” y fs. 15/23 de “Cortes, Rubén Ernesto c/ Fichera, Rubén Darío y otros s/ daños y perjuicios”), la empresa de transporte, Fichera y la tercera citada en garantía aseguran que la conductora de la pick up intentó pasar un camión y al ver que venía otro vehículo de frente intentó volver a su mano constituyéndose con esa imprudente maniobra en un obstáculo insalvable para el micro quien no pudo evitar la colisión (v. fs. 66/72 y 92/97 de las actuaciones iniciadas por José Cortez y 41/51, 53/58 y 95/96 de las incoadas por Rubén Cortez).
A fin de abordar este extremo, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del Código antes vigente, en virtud a -como se dijo en el apartado anterior- la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causas 102506, RSD 104/2004, sent. del 4/05/2004, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413, esta Sala causas citadas).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, Causa B-78.485, sent. del 1/09/1994, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. SCBA Ac. 93.337, sent. del 6/09/2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30/08/1994; C 112545, sent. del 12/09/2012; C 105191, sent. del 3/10/2012).
En estos términos, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular (arts. 375, 384, CPCC).
En este menester, constato de la causa penal acollarada al presente como prueba -IPP 06-00-037446-10- que la empresa demandada reparó los daños del micro luego del accidente y previo a la inspección judicial, motivo por el cual no se pudieron constatar, debiendo trabajarse la evidencia a partir de las fotografías que la misma parte aportó (v. fs. 19/26 causa penal referida).
De aquéllas se desprende que los daños en el ómnibus se produjeron en su parte delantera.
A su turno, el informe mecánico constata sobre la parte trasera de la camioneta: “Rotura de paragolpes y éste con resto de pintura color azul; el soporte metálico del mismo con deformación; panel de puerta baúl con deformación y con hundimiento en sentido de afuera hacia adentro; rotura de la luneta trasera; marco de la luneta con deformación; rotura de acrílico de la óptica izquierda; desplazamiento de la cabina con sentido de abajo hacia arriba” y sobre el lateral izquierdo “deformación de guardabarros trasero con sentido de atrás hacia adelante” (v. fs. 41/53 causa penal citada).
Las fotografías que ilustran el informe dan cuenta de las roturas descriptas (v. fs. 48 a 53 causa penal referida).
También en las actuaciones tramitadas en sede represiva, las testigos Mansilla y Cabrera que circulaban como pasajeras del micro abonan la teoría de los legitimados pasivos: señalan que la camioneta circulaba con 10 personas en su interior, que instantes antes del choque “intenta sobrepasar al colectivo por lo que al estar en la trompa y notar que un camión se aproximaba por la mano contraria la camioneta intenta retomar el carril cerrando el paso al colectivo por lo que al realizar esta maniobra el micro inevitablemente colisiona a la Ford F 100 en la parte izquierda trasera” (v. fs. 77 y 79 causa penal referenciada).
En cambio, el deponente Avellaneda que también era pasajero del ómnibus abona los hechos relatados por los actores al deponer que “de improviso desde una calle trasversal que sale un camión para cruzar la Ruta 36, lo que hace que la camioneta realice una maniobra con una fuerte frenada por lo que el colectivo colisiona en la parte trasera de la camioneta” (v. fs. 122 causa penal).
Miriam Noemí Bejarano Beites, hermana de la conductora de la Ford F-100, narra los hechos de modo coincidente con lo depuesto por el testigo Avellaneda y en la demanda.
A fs. 152/153 de las actuaciones “Cortez, José c/ Trasportes Automotores La Plata y Otros y Daños y Perjuicios” obra la pericia mecánica efectuada por el Ingeniero Ricardo Arturo Sosa.
Allí el experto reconoce que “No puede realizarse la reconstrucción del accidente objeto de litis con rigor científico” porque “los únicos elementos objetivos disponibles para su evaluación técnica son 10 fotografías del vehículo de la actora”, agregando que “Las versiones del hecho … tienen un aspecto concordante principal, que es que la dinámica del evento se condice con un embestimiento por alcance del transporte con su frente delantero, sobre el frente trasero de la Pick Up F-100, más allá de las maniobras previas… que no pueden acreditarse técnicamente”.
Sobre la ubicación de los daños en los rodados informa q
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