Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128804
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128804; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº18 - LA PLATA
SUAREZ GONZALO SEBASTIAN C/ VILLAR NATALIA MARIANA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) PLAN ORALIDAD
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128804, caratulada: "SUAREZ GONZALO SEBASTIAN C/ VILLAR NATALIA MARIANA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) PLAN ORALIDAD", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada del 24 de noviembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar la demanda promovida por el señor GONZALO SEBASTIÁN SUÁREZ contra la Señora NATALIA MARIANA VILLAR, condenándola para que, dentro del plazo de diez días contados desde la firmeza del resolutorio, pague al actor la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($265.500), con más los intereses a calcularse desde el 26 de mayo de 2014 y hasta la fecha de la presente sentencia, a la tasa pura del 6% anual y de allí en adelante, a la denominada “tasa BIP” que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, hasta su efectivo pago; hizo extensivos los efectos de la sentencia a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA en la medida del contrato de seguro celebrado con la accionada; impuso las costas a la demandada vencida (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta la oportunidad prevista por las leyes arancelarias vigentes (resolución del 24 de noviembre de 2020).
2. La sentencia fue apelada por el actor (presentación electrónica del 8 de diciembre de 2020) y la demandada y citada en garantía (presentación electrónica del 9 de diciembre de 2020) recursos que, previamente concedidos (proveído del 15 de diciembre de 2020), fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (el 30 de enero de 2021 el accionante y la accionada el 9 de febrero de 2021). Debidamente sustanciados, merecieron réplica de ambas partes (v. escritos electrónicos de fecha 18 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 2021 recíprocamente). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 19 de febrero de 2020).
3– El legitimado activo se agravia de los montos indemnizatorios otorgados en la sentencia por considerarlos reducidos.
Específicamente, sobre la reparación del motovehículo, considera que las sumas fijadas no cumplen con el criterio de actualidad toda vez que el presupuesto reconocido de fs. 118 y vta. da cuenta de un valor de $12.530 por reparaciones, prueba y montos rendidos hace tres años, por lo que los $20.000 reconocidos en el fallo carecen del carácter de actualidad atento el proceso inflacionario imperante.
Respecto de la incapacidad sobreviniente se duele de las falencias del dictamen pericial y del análisis de la sentenciante el que califica de erróneo y parcial.
Alega que se cuantificó como si se tratara de una incapacidad laborativa de carácter transitoria cuando en realidad sufre de dolencias definitivas y que la Juez de grado erra en: el falso aspecto de actualidad de la indemnización, en ubicar al actor como paralizado durante solo un tiempo y situar al accionante con una inexistencia de secuelas, además de no aplicar el art 1746 del Código Civil y Comercial (CCyC) dado que no hizo referencia alguna a su profesión y lo concibió solo como un changarín.
Pone en crisis el rechazo del lucro cesante, considerando que se encuentra acreditado que al momento del accidente prestaba servicios laborales en el restaurante “Dylans” y que no concurrió a trabajar por más de 5 meses.
Agrega que la demandada hizo una negativa genérica al respecto y que no ofreció prueba para desvirtuarlo.
Ante esta falta de negativa expresa, concluye que la Juez de grado fallo ultra petita (más allá de lo peticionado por las partes) y que la legislación laboral citada no es de aplicación al caso porque se trataba de una relación signada por la informalidad.
Refiere que el decisorio resulta autocontradictorio en cuanto a lo dicho en la parcela relativa al lucro cesante y el reconocimiento de la incapacidad a la hora de conceder gastos médicos y farmacéuticos.
Menciona que la sentencia usó como argumento la respuesta del oficio dirigido a la Universidad Nacional de La Plata cuando no tiene relación las circunstancias allí informadas con el lucro cesante.
Se disconforma de la suma otorgada por gastos médicos, farmacéuticos, de movilidad y traslados por reducido.
Pone en crisis la cuantificación del daño moral por considerarla reducida en función a sus condiciones personales. Nota que se soslayó su carácter de profesional universitario.
Por su parte, la demandada y citada en garantía se agravian sobre la asignación de la responsabilidad del hecho en forma exclusiva en cabeza de ellas.
Realza que no hubo causa penal y que por ello no se pudo probar la responsabilidad, la velocidad de los vehículos previo al choque, ni hubo testigos, basándose solo en la prioridad de paso.
En virtud a la orfandad probatoria alegada, solicitan se reduzca el porcentaje de responsabilidad que se le asignó a Villar, ya que considera que el caso trata de una concurrencia de culpas.
Eventualmente se duelen de los montos de sentencia por considerarlos elevados.
Al daño moral lo califican de injustificado y que la sentencia incurre en una superposición de indemnizaciones dado que mezcla cuestiones relativas al menoscabo extrapatrimonial con las atinentes a daño psicológico.
La tarifación del daño emergente lo consideran excesivo en función a las lesiones que han sido acreditadas, lo mismo que los gastos médicos y de transporte en los que denuncia que no se han acompañado tickets y comprobantes.
Finalmente, la indemnización por gastos de reparación del vehículo es tildada de infundada y violatoria del principio de bilateralidad, porque que se fijó un monto 5 veces mayor al pedido sin justificación alguna.
4– Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, para el tratamiento rubros indemnizatorios cuyos montos debaten los recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/2/2019 entre otras).
5– A fin de otorgar un orden metodológico al desarrollo del recurso, he de abordar en primer lugar el agravio de las accionadas dirigidas a la relación de causalidad.
No llega debatido a esta instancia que el 26 de mayo de 2014, en horas del mediodía, se produjo una colisión en la intersección de 12 y 39 de esta Ciudad entre la moto en la que circulaba la actora y el automóvil guiado por la demandada.
Discrepan en cambio en la asignación de la responsabilidad en su acaecimiento.
En este extremo, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del código antes vigente, en virtud a la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causa 102.506, RSD 104/2004, sent. del 4-5-2004, entre otras).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14-6-88 y 35.822 del 27-5-87, entre otros; esta Sala, Causa B-78.485, sent. del 1-9-1994, entre otras).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. Ac. 93.337, sent. del 6-IX-2006; C. 97.757, sent. del 22-X-2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30-8-1994; C 112545, sent. del 12-9-2012; C 105191, sent. del 3-10-2012).
Sentado ello, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla”. (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, encuentro central lo denunciado por las partes en sus presentaciones postulatorias. Ello, más allá de la orfandad probatoria evidenciada en los presentes actuados, la que fue puesta de relieve por las demandadas en su expresión de agravios.
Nótese que no se formó a partir del siniestro causa penal, no se practicó pericia mecánica, ni concurrieron testigos presenciales.
Aun así, evidencio que la misma declaración de la demandada y citada en garantía en su conteste echan por tierra con su propia queja en este punto.
En esta dirección, puede leerse de la contestación de la demanda por parte de Federación Patronal (fs. 27/60) y su adhesión efectuada por Natalia Mariana Villar (fs. 70/71) la referencia expresa que al cruzar la intersección “Es embestida por una moto que circulaba por la calle 12, en la parte lateral derecha del vehículo” (el destacado me pertenece).
De esta afirmación concluyo que era la legitimada activa quien contaba con la prioridad de paso establecida por el art. 41 de la ley de tránsito (Ley 24449) y la accionada no logró acreditar ninguna de las excepciones establecidas en el mismo artículo.
Asimismo, de la misma afirmación de la accionada tengo para mí que ella no cumplió con la diligencia, cuidado y prevención necesarias al momento de circular (art. 39 Ley antes referida), desentendiéndose de los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de tránsito.
Y en virtud a las normas relativas a la carga de la prueba, corría por su cuenta acreditar que los hechos sucedieron por la culpa de Suárez, extremo que no se evidencia acreditado (art. 384 CPCC).
En definitiva, la legitimada pasiva no ha demostrado de modo alguno la culpa de la contraparte, por lo que el rechazo de los agravios articulados en este punto se impone, pues no se ha advertido una conducta de la actora que justifique ni siquiera una concurrencia de culpas conforme lo requerido elípticamente en el embate recursivo (arts. 39 y 41 Ley 24449, 375, 384, 474, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 1109, 1113, Código Civil).
6– Superadas las quejas relativas a la asignación de responsabilidad, cabe abordar la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios que concitan la disconformidad de las partes.
6.1– Por gastos de reparación de motovehículo, ambas partes se disgustan de su cuantificación.
Como primera aproximación, resalto la improcedencia del agravio de la demandada en cuanto refiere que la fijación del monto de $20.000 resulta violatoria del principio de bilateralidad y no respeta la garantía de defensa en juicio, toda vez que el rubro fue pedido en la demanda (fs. 21/29 vta., esp. Punto IV), acompañándose el presupuesto correspondiente (fs. 7) y dejando debidamente expuesto que la solicitud se supedita a lo que en más o en menos pueda surgir de la prueba a rendirse (v. fs. 21/29). De ello se colige claramente que no existieron las violaciones a las pautas procesales expresadas por las quejosas.
Ahora bien, de la compulsa del monto fijado por la sentencia y su justificación, se evidencia palmariamente la falta de elementos probatorios analizados o bien manifestación expresa por parte de la Juez de la técnica utilizada para fijar la suma actualizada.
Es decir, solo cita someramente el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, sin hacer referencia a pauta o parámetro utilizado para ello.
Nótese que hace referencia al presupuesto agregado por la actora como documental (fs. 7) y su autenticación (fs. 118 y vta.), pero luego se aparta de los montos por éste informados para fijar una suma muy superior.
En este sentido, es doctrina de la Suprema Corte de Justicia que “Es garantía de los derechos de las partes la obligación de fundar la sentencia, de modo que se perciba claramente el curso lógico y jurídico del que deriva y cuando las deficiencias del fallo obstan la interposición de los recursos pertinentes y el control de legalidad…” (SCBA LP Ac 61027 sent. del 30/06/1998).
Con el mismo alcance se ha dicho que “Es garantía de los derechos de las partes la obligación de fundar la sentencia de modo que se perciba claramente el curso lógico y jurídico del que deriva. El requisito impuesto por el art. 171 de la Constitución Provincial, lejos de establecer un a solemnidad secundaria y dispensable, constituye una de las más trascendentes garantías de la justicia” (SCBA LP C 119134 sent. del 19/02/2015 Juez de Lázzari SD).
Ahora bien, la única prueba conducente en estas actuaciones es el presupuesto emitido por “Dany Motos” (fs. 7) el que arroja un monto de reparación –incluyendo mano de obra– de $3.920 al 03/06/2014, por lo que ese es el monto por el cual ha de proceder el rubro, el que deberá ser valuado –acorde las circunstancias del caso- a valores históricos (arts. 383 CPCC, art. 1740 Código Civil y Comercial).
En consecuencia, propongo la revocación de la sentencia de grado en este apartado debiéndose fijar en concepto de daños al motovehículo la suma de $3.920 fijados a la fecha de la confección del presupuesto.
En este sentido, al proponer que la suma por arreglo de la moto sea valuada a valores de la fecha del presupuesto (muy próxima a la producción del accidente) resulta procedente la fijación de la tasa de interés los términos establecidos por la doctrina legal de la nuestro máximo Tribunal Provincial para este tipo de casos, la que ha sido desarrollada en la causa "Zócaro" (SCBA, Ac L-118.615 Sent. del 11/3/2015) y “Cabrera” (SCBA, causa 119.176, sent. del 15/06/2016).
En función a ello, exclusivamente para el rubro daños al motovehículo la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde el día 3 de junio de 2014 hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cod. C
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.