Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126493
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.493 "CASSINELLI CARLOS JAVIER C/ VIDELA LEANDRO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/ LESIONES (EXC. ESTADO)"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó el fallo que, a su turno, rechazara la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el señor Carlos Javier Cassinelli contra el señor Leandro Abel Videla y la citada en garantía Orbis Compañía Argentina de Seguros, ello con fundamento en la falta de acreditación de la existencia del hecho y la relación causal (v. sentencia de 23-III-2023, adjunta al escrito de queja).
Frente a tal pronunciamiento, el apoderado del legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 5-IV-2023, acompañado al citado escrito), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resolución de 12-IV-2023). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; presentación electrónica de 18-IV-2023).
II. Al respecto, es oportuno señalar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que el valor del agravio a los fines previstos por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en casos como el presente, está representado para el impugnante por el monto reclamado en la pretensión que fuera desestimada (conf. doctr. causas C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021 y C. 125.966, "Palma", resol. de 5-IV-2023).
Así, se advierte que la suma requerida en el escrito de inicio ($ 110.700, v. archivo adjunto a la presentación del 18-IV-2023) no alcanza el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -según ley 14.141 y Acordada 4.100/2023, de $ 4.264.500, vigente a la fecha de interposición de la misma-, sin que corresponda actualizar la suma peticionada en la demanda, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas Ac. 91.200, "Biasutti", resol. de 3-XI-2004; Ac. 91.629, "Sánchez Escudero", resol. de 1-XII-2004; Ac. 92.986, "Del Canto Zamora", resol. de 23-II-2005; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020 y C. 125.966, cit.), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causas C. 122.757, cit.; C. 124.601, "Altamirano", resol. de 19-IV-2021 y C. 125.966, cit.).
Por lo demás, en cuanto a la invocada existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" (Fallos: 308:490), y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) con miras a superar el valladar representado por el recaudo que se considera, que fuera alegada por el recurrente en la vía directa en tratamiento (v. rec. hecho cit., cap. "V"), en el caso la misma carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
En autos, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales, lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 121.990, "Lovotti", resol. de 11-IV-2018; C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019 y C. 126.115, "Goiburu", resol. de 5-IV-2023).
A lo expuesto se agrega, en relación a la invocación de lo normado en el art. 31 bis de la ley 5.827, que no se advierte que en el presente -en el que se recurre denunciando absurdo en la apreciación de la prueba- se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por el mentado precepto que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal de trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. causas C. 121.026, "Ciancaglini", resol. de 26-X-2016; C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019; C. 123.851, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020 y C. 123.881, "B., E. I.", resol. de 5-VI-2020).
Finalmente, con respecto a la gravedad institucional denunciada, vale recordar que se ha sostenido en forma reiterada que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (doctr. causas C. 117.183, "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 122.757, cit. y C. 123.376, "Fernández", resol. de 31-III-2021; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados por el impugnante.
En tales condiciones, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida es inadmisible y, en consecuencia, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.); con costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/08/2023 09:19:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2023 10:02:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2023 14:44:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:26:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:07:04 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:14:27 hs. bajo el número RR-617-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia