Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en lo que hace a la atribución de responsabilidad, dejando establecido que el demandado -y su aseguradora- responderán por el 50% de los montos de condena, CONFIRMANDOLA en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada , en el orden causado, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-27443-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CUEVAS EDUARDO DAVID C/ GOMEZ CLAUDIO DAMIAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOMOTOR C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" Causa N º MO-27443-2017 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental, con fecha 12 de Junio de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apeló la citada en garantía.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con el escrito de fecha 8 de Agosto de 2023, que no fue replicado.
La apelante se agravia de la atribución de responsabilidad, de la suma fijada por gastos de farmacia, daño moral y de los intereses.
A los términos de su fundamentación cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 14 de Septiembre de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Por otra parte, es necesario destacar que, dada la fecha de acaecimiento del accidente (Julio de 2015), el caso se rige por la normativa vigente en ese momento (Código Civil).
Comienzo por las quejas vinculadas a la atribución de responsabilidad.
A mi modo de ver, el automotor constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs.As., 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974; en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed. A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113) y mas aún si se trata de uno de gran porte, circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la excepción de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113, 2do. párrafo cit.), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art. 1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (arts. 513 y 514 del Código Civil).
Asimismo, cabe recordar que desde esta Sala en causa 28.376 R.S. 203/92, entre muchas otras ha destacado que "...Cualquiera fuera el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño, sea para demostrar la existencia de aquella, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar es si ha mediado culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder...".
No obstante a los fines de la responsabilidad civil por el riesgo creado, la irrelevancia de la culpa del causante de los daños no enerva el análisis de la conducta por el juzgador.
En tal sentido ha dicho esta Sala en causa 28.460 R.S. 97/1992 entre otras: "...Al juzgar el comportamiento de la víctima o de un tercero, necesariamente deberá incluirse bajo la óptica del juzgador, el obrar dinámico del victimario para poder apreciar con corrección si la conducta que se reprocha al damnificado o al tercero por el que no debe responder resulta o no indiferente o es injustificada y si ha contribuido total o parcialmente a la producción de los daños. Esa investigación fáctica no persigue establecer la culpa del autor material del perjuicio, pues la responsabilidad que la autoría en este caso supone, viene impuesta por la ley con total independencia de un reproche culposo".-
También sostuvo esta Sala, en esa línea de pensamiento, en la causa 20.947 R.S. 73/88, entre otras, en cuanto a la justificación de las eximentes legales: "...Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa -art. 375 2º p. del CPCC-. Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de responsabilidad civil legalmente establecidos deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo, porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar en casos excepcionales, sin que se le confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S.C.B.A. Acuerdos 33.743 DJBA T 132, 1987, Ejemplar número 10.229 del 24/4/87)".
Obviamente, que tratándose de una cuestión vinculada con el tránsito vehicular, la cuestión (y la conducta de las partes) debe analizarse de acuerdo con la normativa que lo rige (ley 24.449).
Con todo ello dicho, puedo ocuparme -ya- del plexo probatorio de autos y el elemento de convicción fundamental, del que no encuentro mérito para apartarme, es la pericia mecánica (escrito de fecha 12 de Agosto de 2020).
El perito es elocuente al indicar que, en base a todos los elementos que considera, el Sr. Cuevas inicia una maniobra de sobrepaso en proximidad de una encrucijada y no tiene la visibilidad despejada para poder tener el control de toda la situación, por lo que su conducta seria contraria a lo establecido en la legislación de tránsito .
Agregando que el demandado también tuvo una conducta contraria a la legislación vigente dado que en dicha situación está por ingresar a una arteria de mayor jerarquía por estar posicionado sobre una arteria desarrollada en tierra (menor jerarquía), detiene su marcha por lo que pierde la prioridad de paso por estar a la derecha del actor y por ser la maniobra de incorporarse con giro a la arteria RP40 . Indicando que en dicha maniobra no tiene la completa visual de la situación para realizar la maniobra manteniendo el control de toda la circunstancia .
De lo considerado y expuesto por el perito no encuentro razones para apartarme, dado que el dictamen emana de profesional competente, es claro, fundado y explicativo y no existe prueba que lo contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC).
Con lo cual, está a la vista que ambas partes han cometido infracciones a la ley de tránsito y, en ambos casos, con relevancia causal (en paridad) para el acaecimiento del hecho.
Considero, entonces, que deberá modificarse la sentencia apelada, distribuyendo la responsabilidad por mitades y dejando establecido que el demandado, y su aseguradora, responderá entonces por el 50% de los montos de condena.
Prosigo con las quejas atinentes a las sumas fijadas en concepto de gastos.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras).
Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Pues bien, a esta altura, la pericial médica (escrito de fecha 13 de Agosto de 2020) nos habló de una lesión vinculada causalmente con el accidente, pero señalando que la misma evolucionó de manera favorable.
Por lo tanto, están acreditados los menoscabos físicos que ha sufrido el actor, motivo por el cual -computando incluso la antedicha presunción- entiendo que debe confirmarse la procedencia del rubro.
Sigo con las quejas relativas al daño moral.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Pues bien, desde esta perspectiva, hay varios elementos a tener en cuenta: las características del hecho, las lesiones que sufrió el actor (aunque no haya dejado secuelas) y la destrucción de bienes de su propiedad.
Luego, y por tales razones, ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el actor pudiera encontrar con el dinero, entiendo que el monto fijado no es para nada excesivo.
Finalmente he de referirme a los intereses.
Los mismos han sido fijados con apoyo en la doctrina de la SCBA en las causas "Vera", "Nidera", "Paredes" y análogas.
La quejosa pretende que la tasa pura se aplique hasta la fecha de la sentencia de Cámara.
Pero ocurre que, al momento de dictar la presente, no estamos fijando el valor de dichos rubros, sino solamente abordándolo a la luz de los agravios de la aseguradora, y considerando que los mismos no son elevados.
Es decir, nuestra jurisdicción no se abre con plenitud (para fijar el monto) porque no existen agravios de la actora, sino solo podemos decir que la suma fijada no es excesiva (art. 260, 266, 272 y ccdtes. CPCC).
Con lo cual, no cabe hacer aplicación de la doctrina que señala la quejosa, con los alcances que pretende.
3. En suma y por lo que llevo dicho, deberá modificarse la sentencia apelada en lo que hace a la atribución de responsabilidad, dejando establecido que el demandado -y su aseguradora- responderán por el 50% de los montos de condena, confirmándola en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO:
Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, dando el mio
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada en lo que hace a la atribución de responsabilidad, dejando establecido que el demandado -y su aseguradora- responderán por el 50% de los montos de condena, CONFIRMANDOLA en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada , en el orden causado, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2023 11:58:05 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2023 12:11:40 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2023 12:15:54 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/11/2023 12:15:55 hs. bajo el número RS-499-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia