Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 86682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fecha 22/09/2025.
2No imponer las costas de Alzada, atento a la ausencia de contradicción.
3Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Causa Nº 86.682/10 Reg. Elec. RS N° /25.
Expte. Nº SM 35250/2023 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Sala Segunda, integrada con la Dra. Verónica Paula Valdi y el Dr. Daniel Eduardo Conti (Conf. Ac. Ext. N° 905 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 86.682 caratulada “MOREYRA, FLORENCIA ANAHI C/ MARTINEZ, FLORENCIA MAGALI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTONOM. LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Conti, Valdi.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Conti dijo:
I. En la resolución de fecha 22/09/2025 la señora juez “a quo” resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado por el Dr. Angeleri Carlos Sebastián, en representación de la parte demandada, Sra. Florencia Magali MARTÍNEZ, Y el Sr. Marcos Horacio MARTÍNEZ, con costas al gestor procesal. (Art.34 inc. 5to. ap. b, 47, 48 y ccdtes. del C.P.C.C.).
II. Contra tal pronunciamiento, con fecha 26/09/2025, el letrado de la parte demandada, Dr. Angeleri Carlos Sebastián, interpuso recurso de apelación. No recibió replica de la contraria.
III. El apelante sostiene, en lo sustancial, que la nulidad fue decretada con excesivo rigor ritual, sin atender a la finalidad del acto procesal cuestionado ni a la conducta procesal asumida por la parte. Afirma que la Sra. el juez de grado debió intimar previamente a presentar la documentación faltante, en lugar de disponer directamente la nulidad de oficio.
Indica que, conforme su interpretación, la decisión vulnera los arts. 34 inc. 5, 46, 47, 345 inc. 2 y 352 inc. 4 del CPCC, normas que —sostiene— imponen al juez la obligación de evitar nulidades mediante intimaciones subsanatorias antes de adoptar medidas extremas. Cita jurisprudencia, en el cual se destaca la necesidad de adoptar medidas tendientes a la subsanación previa.
El recurrente considera que existe una desproporción manifiesta entre la omisión advertida (no acompañar el poder en término) y la nulidad total dispuesta por el juez, lo que —según afirma— afecta su defensa en juicio y genera una situación de desprotección.
El apelante también se agravia porque, a su entender, la resolución apelada desconoció su voluntad inequívoca de continuar el trámite, la cual —afirma— se encuentra demostrada en diversas actuaciones.
Sostiene que la magistrada no valoró la conducta procesal desplegada, especialmente la suscripción de la ratificación en el expediente conexo y la presentación posterior (29/09/2025) en estas actuaciones, que —según indica— constituye una manifestación expresa de los representados.
Argumenta que la existencia del expediente acumulado (“Lauría Braian Maximiliano c/ Martínez Florencia Magalí y otros” N° 75200) resulta determinante, pues allí la representación se encontraba correctamente acreditada y ratificada, de modo que —según afirma— debió haberse evitado la declaración de nulidad en las presentes actuaciones.
Señala que el juez omitió ponderar que el trámite conjunto de ambos expedientes hacía innecesaria la medida dispuesta, dado que la voluntad de las partes ya había sido exteriorizada en el proceso acumulado.
Sostiene que la Sra. “A quo” realizó una incorrecta apreciación de las constancias del expediente, omitiendo reconocer que había manifestado “sin equivocación alguna” su intención de ratificar la gestión procesal; existían presentaciones que demostraban su voluntad de continuar con el proceso; no se había solicitado nulidad alguna por la parte.
Con base en ello, solicita que se tenga por debidamente ratificado lo actuado, en virtud de la documentación acompañada y de las presentaciones efectuadas.
Finalmente, la recurrente argumenta que, aun en el hipotético caso de considerarse existente el defecto advertido por el juez de grado, se trataría de una nulidad relativa, pasible de subsanación y ratificación, por lo que la decisión apelada resultaría improcedente.
Sostiene que la ratificación posterior debe considerarse válida y eficaz, y que la declaración de nulidad desconoce el principio de conservación de los actos procesales y la doctrina que impone evitar medidas restrictivas que afecten el derecho de defensa.
IV. Ingresando al análisis del recurso, adelanto que, en mi criterio, el recurso debe prosperar.
De las constancias de autos surge que, con fecha 09/05/2025, el Dr. Carlos Sebastián Angeleri se presentó en carácter de gestor procesal y, en tal condición, contestó demanda en representación de Florencia Magalí Martínez y Marcos Horacio Martínez, conforme lo permite el art. 48 del CPCC.
Con fecha 12/05/2025, el Juzgado dispuso la acumulación de este expediente a la causa n.º 75200 (“Lauría Braian Maximiliano c/ Martínez Florencia Magalí y otros” N° 75200), donde el mismo profesional había contestado demanda el 26/03/2025 y los representados ratificaron su actuación el 28/03/2025.
El 22/09/2025, el Juzgado declaró la nulidad de lo actuado por el gestor, de conformidad con el art. 48 CPCC, con costas a este último (sentencia materia de crisis; recurso interpuesto y fundamentado el día 26/09/2025).
Posteriormente, con fecha 29/09/2025, los accionados presentaron una ratificación, ya extemporánea y posterior a la declaración de nulidad.
V. En primer lugar, corresponde señalar que el art. 48 del CPCC no establece un plazo de carácter perentorio ni de efectos automáticos, sino una exigencia destinada a acreditar la representación, cuya inobservancia no genera nulidad sin la verificación de un perjuicio concreto. Su interpretación debe ser siempre restrictiva (arts. 34 inc. 5, 170 y 172 del CPCC), en resguardo del principio de conservación de los actos procesales y del derecho de defensa.
En segundo término, si bien la ratificación obrante en el expediente conexo (causa n.º 75.200) es anterior tanto a la contestación de demanda de estos autos como a la disposición de acumulación, ello no resulta decisivo para proyectar automáticamente dicha voluntad a este trámite. Sin embargo, sí constituye un dato procesal relevante para valorar la conducta general de los representados —quienes habían conferido mandato y reconocido la intervención del mismo profesional en un proceso paralelo—, lo cual descarta que se tratara de un gestor ocasional o carente de vínculo real con las partes.
En tercer lugar, la posterior presentación del 29/09/2025 —aunque extemporánea respecto del plazo originalmente fijado— constituye una manifestación expresa de convalidación, que debió ser valorada en el marco de una nulidad de naturaleza relativa. En este tipo de supuestos, la subsanación es procedente en tanto no exista perjuicio, lo que aquí no se verifica.
En efecto, la declaración de nulidad solo procede cuando el defecto procesal ocasiona un perjuicio real y efectivo al derecho de defensa (arts. 170 y 172 CPCC). En el caso, no se advierte afectación alguna: la actuación cuestionada cumplió su finalidad y la parte contraria no acreditó menoscabo alguno. La conducta procesal de los representados —quienes ya habían ratificado la actuación en el expediente acumulado y luego reiteraron dicha voluntad— evidencia que la eventual irregularidad era plenamente subsanable, lo que torna improcedente la decisión extrema adoptada.
Finalmente, la sanción aplicada resulta desproporcionada frente al defecto advertido. La nulidad total de lo actuado, sin considerar la existencia de un proceso conexo con representación acreditada y sin otorgar oportunidad cierta de subsanar, configura un exceso de rigor formal incompatible con la tutela judicial efectiva y con la orientación actual de la jurisprudencia provincial, que impone evitar nulidades cuando el acto puede alcanzar su finalidad sin afectar garantías esenciales.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la decisión apelada y tener por válidamente ratificada la actuación procesal cuestionada.
En función de todo lo antedicho, voto por la NEGATIVA.
La señora juez Dra. Valdi, por las mismas razones, adhiere.
A la segunda cuestión propuesta, el señor juez Dr. Conti dijo:
En atención a lo decidido en el punto anterior corresponde: 1°) revocar la resolución de fecha 22/09/2025; 2°) No imponer las costas de Alzada, atento a la ausencia de contradicción (art. 68, segundo párrafo, del CPCC); 3°) Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31, Ley Arancelaria).
Así lo voto.
La señora juez Dra. Valdi, adhiere.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el presente acuerdo, SE RESUELVE: 1°) REVOCAR la resolución de fecha 22/09/2025. 2°) NO IMPONER las costas de Alzada, atento a la ausencia de contradicción. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia