Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63079
Causa nº: 2-63079-2018
"CRUZ MARIA ELIZABETHC/ MARILU HIPOLITO SALUSTIANO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
Causa nº: 2-63080-2018
"ALFANO LUCIA CECILIA C/ MARILU HIPOLITO S. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Causa nº: 2-63081-2018
"PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ MARILU HIPOLITO S. Y OTROS S/ COBRO SUMARIO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 23 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi , Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: “Cruz, María Elizabeth c/ Marilú Hipólito S. y Otros s/ Daños y Perj . ” (Causa Nº 63 . 079) , “Alfano, Lucía Cecilia c/ Marilú Hipólito S. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 63.080) y “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. c/ Marilú Hipólito S. y Otros s/ Cobro Sumario” (Causa Nº 63.081) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Son justas las sentencias interlocutorias dictadas a fs. 221/223 de la causa nº 63.079 “Cruz”, a fs. 188/189 de la causa nº 63.080 “Alfano”, a fs. 195/196 y aclaratoria de fs. 199 de la causa nº 63.081 “Provincia”?
2ª.- ¿Es justa la sentencia única dictada a fs. 598/619 de la causa nº 63.079, fs. 550/569 de la causa nº 63.080 y fs. 337/357 de la causa nº 63.081?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós , dijo:
I. Causa “Cruz” (expediente n° 61.048, numeración de Primera Instancia).
1. En la resolución dictada a fs. 221/223 el Sr. Juez de Grado resolvió: “1) desestimar el acuse de negligencia impetrado por la actora respecto de la prueba pericial médica ofrecida por la demandada y citada en garantía (arts. 382 C.P.C.C.); 2) Sin perjuicio de ello, y atento a que es una prueba común, se hace saber a las partes (actora, demandada y citada) que en el término de diez días de notificadas de la presente deberán producir actividad útil respecto de la pericia médica, bajo apercibimiento de tener a la actora, demandada y citada en garantía por desistidas de dicha prueba; notifíquese; 3) Declarar la negligencia de la prueba confesional ofrecida por la demandada y citada en garantía, dándoles por decaído el derecho que han dejado de usar (art. 382 C.P.C.C.); 4) Imponer las costas de la siguiente forma: A) por su orden, respecto del acuse de negligencia de la prueba pericial médica impetrada por la actora contra la demandada y citada en garantía, atento al principio del vencimiento parcial y mutuo (arts. 68, 69, 71 C.P.C.C.); B) a las demandada y citada en garantía, por el acuse de negligencia de la prueba confesional, atento el principio de la derrota (arts. 68 y 69 C.P.C.C.); 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.).
Contra dicho pronunciamiento, a fs. 228 el letrado apoderado de la citada en garantía interpone recurso de apelación, el que es concedido a fs. 232 en relación y con efecto diferido, habiendo sido fundado en la expresión de agravios glosada a fs. 660/664 vta. (cf. específicamente fs. 663 vta. “in fine” punto IV/664).
Las quejas del recurrente se centran, en esencia, en la imposición de costas que efectuó el “iudex a-quo” en cuanto las impuso por su orden respecto del acuse de negligencia de la prueba pericial médica impetrada por la actora contra la demandada y la citada en garantía. Considera que el yerro del sentenciante de la instancia de origen, radica en que impuso las costas por su orden, a pesar de que su mandante resultó vencedora en el planteo, por lo que el magistrado no debió apartarse de lo preceptuado por la regla de los arts. 68 y 69 del Código de rito, debiendo resultar condenada en costas la parte actora. Expresa que media error en considerar que respecto al acuse de negligencia hay un vencimiento parcial y mutuo cuando, en realidad, por las razones que esgrimió en su resolución al pronunciarse sobre la cuestión, la única vencida resulta ser la accionante. Por lo expuesto, solicita se revoque esa parcela de la interlocutoria apelada.
2. Corresponde abocarse al tratamiento del recurso.
En primer término ha de señalarse que la resolución –rechazo de acuse de negligencia- objeto de la imposición de costas apelada, resulta irrecurrible (doct. art. 383 C.P.C.C.), por tal razón nace el interrogante respecto de la suerte que ha de correr la apelación de las costas impuestas en una resolución cuya cuestión de fondo resulta inapelable. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria han expresado respecto de la posibilidad de cuestionar la imposición de costas efectuada mediante un auto que, en cuanto al fondo de lo que decide, resulta irrecurrible o inapelable. Así, han señalado que existen dos posturas: una que sostiene que las costas siguen la suerte del principal y, por lo tanto, serían irrevisables por el tribunal de alzada, y la otra en la que se encolumnan quienes sostienen que “la inapelabilidad del art. 379 no comprende las costas y honorarios, por lo que debe concederse su apelación con efecto diferido (art. 69, CPCCN)”(Quadri, Gabriel H., “La prueba en el proceso civil y comercial. Teoría General”, Tomo I, pág. 273; cf. Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario …”, cit., t. I, p. 385)
Ahora bien, reseñadas las dos posturas, cabe señalar que este Tribunal, como se adelantara, adhiere a la primera de ellas.
Así, ha decidido que “en el caso que la resolución no sea susceptible de apelación en virtud de alguna disposición legal, tal inapelabilidad alcanza tanto a lo decidido en forma principal como a la condena secundaria de costas. No se puede determinar la justicia de la decisión sobre costas sin revisar lo resuelto sobre la materia que es inimpugnable para establecer el carácter de vencido” (cf. Morello, Augusto Mario – Sosa, Gualberto - Berizonce, Roberto, “Códigos ...”, Tº III, pág. 168; esta Sala, causas nº 40.884 del 16/11/1999, “Andicochea ...”; nº 50.279 del 05/10/06, “Vidal ...” y nº 50.766, 27/03/07, “Labra …”, entre otras).
De todo lo expuesto se desprende entonces que resultando inapelable la resolución sobre la declaración de negligencia de prueba (art. 383 del C.P.C.), la condena en costas allí establecida, corre idéntica suerte dado su carácter accesorio.
Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido a fs. 228, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
II. Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia).
1. En la sentencia interlocutoria dictada a fs. 188/189 el Sr. Juez de Primera Instancia resolvió: “1) Desestimar el acuse de negligencia impetrado por la parte demandada contra la citada en garantía (art. 383 C.P.C.C.), respecto de las pruebas pericial médica, informativa a ART y Colegio de Psicólogos, e instrumental e informativa; quedando pendiente de resolución la negligencia impetrada por la demandada contra la actora, por los motivos expuestos en el punto 1; 2) Imponer las costas de esta incidencia a la citada en garantía (arts. 69, 70 y cctes. C.P.C.C.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.).
Contra el decisorio transcripto precedentemente, a fs. 190 el apoderado de la citada en garantía (“La Perseverancia Seguros S.A.”) deduce recurso de apelación, el que es concedido a fs. 191 en relación y con efecto diferido, obrando la fundamentación del mismo en la expresión de agravios agregada a fs. 628/632 vta. (cf. puntualmente fs. 631 vta. “in fine” punto IV/632).
Las quejas del apelante radican, esencialmente, en la imposición de costas que le atribuyó el sentenciante a la citada en garantía al resolver el acuse de negligencia formulado por la accionada contra dicha parte respecto de las pruebas pericial médica, informativa a ART y Colegio de Psicólogos, como así también instrumental e informativa. Manifiesta que el yerro del magistrado de la instancia inferior consiste en que le impuso las costas, a pesar de que resultó vencedora en el planteo formulado por la demandada, por lo que el Sr. Juez no debió apartarse de lo preceptuado por la clara regla del art. 68 y concs. del Código ritual, debiendo resultar condenados en costas los accionados. Añade que conforme surge de autos la conducta desplegada por la compañía de seguros fue de colaboración adecuada en la resolución de la litis y produjo la prueba ofrecida en el momento procesal pertinente.
Por lo expuesto, solicita se revoque la imposición de costas efectuada en la sentencia interlocutoria atacada.
2. Adentrándonos ahora en el meollo de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, tratándose de una cuestión análoga a la planteada en los autos “Cruz”, por razones de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5º ap. e del C.P.C.C.), corresponde, por los mismos fundamentos, remitirse a lo expuesto al respecto en la citada causa.
Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 190, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
III. Causa “Provincia” (expediente n° 62.302, numeración de Primera Instancia).
1. En la interlocutoria dictada a fs. 195/196 el Sr. Juez de Primera Instancia resolvió: “1) Rechazar el acuse de negligencia de la prueba Informativa y Documental en poder de una de las partes ofrecida por la citada en garantía; 2) Imponer las costas a la citada en garantía en cuanto a la manifiesta inactividad de la parte en el proceso es la que generó el planteo de negligencia, y atento el principio de la derrota (arts. 68 y 69 C.P.C.C.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad …” (sic., fs. cit.).
A fs. 199, el Juez de Grado dictó sentencia aclaratoria respecto de lo decidido a fs. 195/196, resolviendo: “ … de conformidad con lo prescripto por los arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, aclárese que en el punto dos de la parte dispositiva de fs. 196 donde dice "... y atento el principio de la derrota ...", no debe leerse, dejándolo sin efecto lo que así se declara. En razón de ello, el punto 2) de la parte dispositiva de la sentencia interlocutoria de fs. 196 debe leerse "2) Imponer las costas a la citada en garantía en cuanto a la manifiesta inactividad de la parte en el proceso es la que generó el planteo de negligencia (arts. 68 y 69 C.P.C.C.) …” (sic., fs. cit.).
Contra las resoluciones transcriptas precedentemente, a fs. 200 el apoderado de “La Perseverancia Seguros S.A.” articula recurso de apelación, el que es concedido a fs. 201 en relación y con efecto diferido, obrando la fundamentación que da sustento al mismo en la expresión de agravios agregada a fs. 387/391vta. (cf. fs. 390 vta. “in fine” punto IV/391). Las quejas del apoderado de la citada en garantía, se centran –únicamente- en la imposición de costas efectuada a dicha parte por el sentenciante de grado al resolver el acuse de negligencia impetrado por la actora contra “La Perseverancia Seguros S.A.” respecto de las pruebas informativa y documental en poder de una de las partes. Manifiesta que el yerro del magistrado de la instancia inferior, consiste en que le impuso las costas, a pesar de que resultó vencedora en el planteo formulado por la actora, por lo que el Sr. Juez no debió apartarse de lo preceptuado por la clara regla del art. 68 del C.P.C.C., debiendo resultar condenada en costas la accionante. Explica que conforme surge de autos la conducta desplegada por la compañía de seguros fue de colaboración adecuada en la resolución de la Litis y produjo la prueba ofrecida en el momento procesal oportuno. Por lo expuesto, solicita se revoque la imposición de costas efectuada en la sentencias interlocutorias en crisis (fs. 195/195 y aclaratoria de fs. 199).
2. Adentrándonos ahora en el análisis de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, tratándose de una cuestión análoga a la planteada en los autos “Cruz” y “Alfano”, por razones de economía y celeridad procesal (art. 34 inc. 5º ap. e del C.P.C.C.), corresponde, por idénticos fundamentos, remitirse a lo expuesto al respecto en la citadas causas.
Consecuentemente, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 200, sin costas atento la forma en que se generó y se resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 C.P.C.C.).
Así lo voto .
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi , por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós , dijo:
I. El siniestro vial.
El 20 de Septiembre de 2011 se produjo un grave siniestro vial, en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 401,5 protagonizado por Hipólito Salustriano Marilú –quien circulaba a bordo del vehículo Ford Falcon, dominio QWB-739- y Jonathan Esteban Omar Acosta, quien manejaba su motocicleta Guerrero 110, desplazándose por la mencionada Ruta Nacional. El hecho ocurrió en ocasión en que el vehículo automotor Ford Falcon, que transitaba por la perpendicular del camino de tierra de la planta suburbana de Bolívar, e intentó ingresar y cruzar la Ruta 226 y embistió la mencionada motocicleta que conducía Acosta. Reitero que Acosta iba por la ruta, en sentido cardinal-nominal Sureste-Noroeste, de Olavarría hacia la Ruta 65. Como consecuencia de las graves lesiones que sufrió el Sr. Acosta falleció el día 27 de Septiembre de 2011.
A raíz de ello se sustanciaron tres expedientes. Lucía Cecilia Alfano, conviviente de Acosta, por sí y en representación de la hija menor del fallecido Acosta, Yessica Jazmín Alfano, demandó a Hipólito Salustiano Marilú, en su carácter de conductor del automóvil Ford Falcon, dominio WQB-739 y a Ariel Hipólito Marilú como propietario del referido vehículo, citando en garantía a “La Perseverancia Seguros S.A.”, reclamando daños patrimoniales y morales.
Por su lado la Señora María Elizabeth Cruz –madre de Jonathan E. O. Acosta-, demandó a los mencionados Señores Marilú y también citó en garantía a la misma compañía aseguradora. Reclamó el resarcimiento de los daños patrimoniales y morales derivados del fallecimiento de su hijo.
Finalmente “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”, dedujo demanda por cobro de $1.001.943,75, contra los Señores Hipólito S. y Ariel H. Marilú, trayendo a juicio a la “La Perseverancia Seguros S.A.”. Adujo que el monto reclamado es la suma que abonó a “Agronomía El Amanecer S.R.L.”, empleadora del Sr. Acosta, en cumplimiento del pago de las prestaciones médicas e indemnizaciones que impone la Ley de Riesgo del Trabajo 24.557. Añade que al haber sufrido el Señor Acosta un accidente in itinere, esa parte debió afrontar el pago de la suma referida precedentemente, tal como se desprende del acuerdo homologado en el expediente que tramitó por ante el Tribunal del Trabajo Nº 1 de Olavarría caratulada “Alfano, Lucía Cecilia por sí y en representación de su hija Yessica Jazmín Alfano c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in intinere” (causa 2595/2012).
Como se anticipó se sustanciaron tres expedientes en los que se dictó sentencia única. Dichas actuaciones son las siguientes:
II. Causa n° 61.828 (numeración de Primera Instancia) caratulada "Alfano, Lucía Cecilia c/ Marilú, Hipólito S. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (numeración de Alzada nº 2-63080-2018), en adelante causa nº 61.828 o, “Alfano …”, indistintamente.
Como ya se dijo Lucía Cecilia Alfano y Yessica Jazmín Alfano, en su carácter de conviviente e hija del occiso solicitaron los siguientes rubros resarcitorios: valor vida, incapacidad psicológica, tratamiento psicológico y daño moral.
III. Causa n° 61.048 (numeración de Primera Instancia) caratulada "Cruz, María Elizabeth c/ Marilú, Hipólito S. s/ Daños y Perj.” (numeración de Alzada nº 2-63079-2018) en adelante causa nº 63.079 o, “Cruz …”, indistintamente.
La madre del joven Acosta solicitó se indemnicen sus daños patrimoniales y morales derivados de: valor vida-pérdida de chance; incapacidad psicológica, tratamiento psicológico y daño moral.
IV. Causa n° 62.302 (numeración de Primera Instancia) caratulada “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ Marilú, Hipólito S. y Otros s/ Cobro Sumario” (numeración de Alzada nº 2-63081-2018) en adelante causa nº 63.081 o, “Provincia …”, indistintamente.
La actora “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo” solicitó la restitución de las suma abonada de $1.001.943,75 en concepto del cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo ya que la víctima Acosta era empleado de “Agronomía El Amanecer S.R.L.” al momento de producirse el siniestro vial.
V. La sentencia única dictada en autos.
Sustanciados los tres procesos, la sentencia de grado hizo lugar, en lo sustancial, a las tres pretensiones condenando a los accionados los Sres. Marilú, la que hizo extensiva a la aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.” en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros 17.418. Para así decidir, y en lo que resulta de interés conforme los límites y alcances de los respectivos agravios, la sentencia de grado tuvo por acreditada la responsabilidad civil del conductor del automotor Ford Falcon, dominio QWB-739-, Hipólito Salustiano Marilú, conforme se desprende de la sentencia penal condenatoria dictada en la causa nº 380/2013 caratulada “Marilú, Hipólito Salustiano – Homicidio Culposo Agravado”. En tal sentido tuvo en cuenta la autoridad de cosa juzgada que emana del art. 1102 del Código Civil y que la causa del accidente le es atribuible exclusivamente al Sr. Marilú. Tras ello descarta que hayan concurrido los dos hechos alegados como defensa por los accionados consistente en que Acosta se desplazara a excesiva velocidad sin llevar casco protector. El Sr. Juez de Grado descartó ambas circunstancias para lo que ponderó las pruebas periciales practicadas en autos y el acta de constatación de fs. 6/8 de la causa penal y la pericia accidentológica de fs. 153/157. También tuvo en cuenta que en la causa “Cruz” el dictamen pericial de fs. 584/587 sostuvo que no se podía determinar si el conductor de la moto portaba o no el casco protector. Con relación a la excesiva velocidad valoró que la motocicleta se desplazaba a una velocidad mínima de 40 km/h como se desprende de la pericia de fs. 186 del expediente “Cruz”, quien por su parte se remite también a la pericia accidentológica practicada en la causa penal la que coincide con aquélla velocidad. En consecuencia condenó a los codemandados Hipólito Salustiano Marilú y a Ariel Hipólito Marilú en su condición de conductor y dueño del vehículo Ford Falcon. Paso seguido procedió a analizar la procedencia y cuantificación de los daños reclamados.
VI. Causa “Alfano” (expte. n° 61.828 numeración de Primera Instancia).
En dicho expediente, como se anticipó, las actoras son Lucía Cecilia Alfano y su hija Yessica Jazmín Alfano, conviviente e hijas del Señor Jonathan E. O. Acosta. Con relación al denominado valor vida por su fallecimiento otorgó para Lucía la suma de $170.000 y para Yessica $340.000. Argumentó que para cuantificar ese daño material no corresponde acudir a fórmulas matemáticas y que la vida humana no tiene valor en sí misma sino sobre la base de lo que produce para terceros. Consideró aplicable los arts. 1079, 1084 y 1085 del Código Civil y tuvo particularmente en cuenta que a la fecha del accidente (20/09/11) Acosta tenía 21 año
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