Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 96272
En la ciudad de Dolores, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 96.272, caratulada: "WISKI, ANA ROSA C/ WISKI, JUAN BERNARDO S/ DAÑOS Y PERJ. DEL/CUAS.", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Silvana Regina Canale, María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
I. A través del decisorio apelado la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 departamental rechazó la demanda que por daño moral promoviera la Sra. Ana Rosa Wisky contra su progenitor Juan Bernardo Wisky y le impuso las costas del proceso.
Contra esa forma de decidir apela la accionante a fs. 282, recurso que se concede a fs. 283 y se sustenta con la expresión de agravios de fs. 298/302, mereciendo réplica a fs. 304/305. Firme el llamado de fs. 307, quedaron los autos en condiciones de ser resueltos en esta Instancia.
Se agravia la recurrente –accionante- por cuanto considera que ha quedado acreditado que el demandado, sin perjuicio de haber tenido efectivo conocimiento acerca del embarazo de Norma Susana Palotta, eligió negarle su derecho a la identidad.
Asimismo se duele por la forma en que han sido valorados los testimonios por ella ofrecidos, siendo que a su entender resultan hábiles, directos y uniformes respecto de los acontecimientos ventilados en autos. Afirma que el daño que ha sufrido debe ser resarcido.
En subsidio, solicita que las costas sean impuestas por su orden.
II. De forma preliminar cabe señalar que el daño moral en materia filiatoria tiene carácter eminentemente resarcitorio, derivado de la existencia de una ilicitud civil, que aquí se daría ante el no reconocimiento espontáneo del hijo biológico extramatrimonial por parte del accionado, generando la omisión incausada de reconocimiento, lesiones a sus más íntimas afecciones, entre ellas su identidad. Así lo ha puesto de relieve la jurisprudencia y la doctrina (Sup. Corte de Mendoza, Sala 1ª 24/7/2001, “D.R.C. c/ A.M.B.” voto Dra. Kemelmajer de Carlucci con sus remisiones; ver Medina Graciela “Cuantificación del daño en materia de familia”, en Rev. Derecho de Daños 2001-1, “Cuantificación del daño”, aut. cit. “Prueba del daño por la falta de reconocimiento del hijo. Visión jurisprudencial”, Rev. Derecho de Daños Nº4 “La prueba del daño”, 1999, pág.11 y con antelación aut. cit. “Responsabilidad civil por la falta o nulidad de reconocimiento del hijo...” 1998-III).
En tal sentido, se trata de una responsabilidad subjetiva, con fundamento en la culpa o dolo de quien sabiendo, o debiendo saber, que es padre, se sustrajo a su deber jurídico (Zannoni “Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo”, en anotación a fallo C.N.Civ. Sala F 19/10/89 “R., E.N. c M., H.E.” L.L.1990-A-3).
Sentado ello y frente al agravio traído por la actora que radica exclusivamente en el rechazo de la reparación del daño moral sufrido, se advierte que debe considerarse la conducta de ambas partes tanto en la etapa judicial como prejudicial a los fines de establecer la procedencia y, en su caso, el monto concreto de la condena.
Para dar inicio a la tarea cabe considerar en primer lugar que las presentes actuaciones tienen inicio con posterioridad al reconocimiento filial del demandado, así pues eso es lo que surge del relato de la actora (v, fs. 20/34), haciendo lo propio el demandado en su contestación (v, fs. 49/62).
Luego de una comunicación extrajudicial cursada a quien ha sido aquí demandado, Ana Rosa y este último procedieron a realizarse en forma privada el respectivo análisis de histocompatibilidad genética, del cual surgió el vínculo genético que los une: “el cálculo estadístico muestra que Juan Bernardo Wisky tiene una probabilidad del 99,9% de ser el padre biológico de Ana Rosa Palotta” (v, fs. 4/6, 16); siendo que el mismo posteriormente concurrió al Registro Civil a fin de formalizar el reconocimiento pertinente (v, fs. 7).
Ello así, sin dejar de advertir la existencia de un error numérico en la fecha consignada en el informe adjuntado, del cual surge que la muestra para dicho examen fue remitida el día 28/5/2006 (v, fs. 4 y 45), cuando en realidad lo fue el 28/5/2009, tal como surge de la factura de pago (v, fs. 93), del informe médico legal acompañado por la accionante junto con la demanda (v, fs. 8) y de las propias manifestaciones contenidas en la expresión de agravios (v, fs. 293), cuando afirma que el demandado procedió a practicarse el análisis de ADN luego del reclamo formalizado por la accionante a través de una carta documento, que data del día 28/4/2009 (v, fs. 16).
Así pues se advierte que prima facie el demandado demostró su disponibilidad habiéndose sometido al análisis de rigor y efectuado el reconocimiento pertinente sin necesidad de acción judicial y en forma voluntaria; en otras palabras realizó actos concretos y suficientes para reconocer a su hija.
En consecuencia y encontrándose firme lo anterior el meollo de la cuestión radica en determinar si, tal como lo afirma la accionante, el Sr. Wisky tenía conocimiento previo de su paternidad o si bien lo ignoraba, como lo asevera el accionado.
En ese camino debemos tener presente que no es el “no reconocimiento” el hecho material que per se genera responsabilidad civil, sino que es necesario que concurran los restantes presupuestos: atribución subjetiva, daño y relación causal. Entre las eximentes tenemos -señala Graciela Medina- la falta de culpa cuando se ignore la paternidad, el caso fortuito, o la imposibilidad de reconocerlo (Medina, G. “Responsabilidad Civil por la falta o nulidad del reconocimiento del hijo. Reseña jurisprudencial a los diez años del dictado del primer precedente”).
Es que “desde hace tiempo la jurisprudencia reconoce el derecho del hijo a la reparación de los daños causados por falta de reconocimiento voluntario… sin embargo, el sólo hecho de la ausencia de reconocimiento no basta para que proceda la reparación. Ella exige reunir los recaudos de la responsabilidad civil; así, debe haber una acción antijurídica o acto voluntario expresamente prohibido por ley, imputación de dolo o culpa para su autor, y es acción antijurídica debe causar, en relación de causalidad adecuada, un daño” (Conf. Lorenzetti “Código Civil y Comercial Comentado” Ed. Rubinzal –Culzoni t. III p. 642).
A fin de acreditar en el caso la concurrencia de la primera exigencia mencionada la actora produjo sólo prueba testimonial, y si bien es necesario considerar que los testimonios en cuestiones que poseen vinculación con las asuntos de familia tienen una relevancia que no existe en pleitos de otra naturaleza, no es posible desconocer el principio general previsto por el art. 375 del CPCC se mantiene incólume, lo que me lleva a sostener que Ana Rosa debió acreditar que su progenitor aun teniendo conocimiento de su existencia omitió reconocerla espontáneamente.
Así pues se advierte mayor énfasis probatorio en la acción desplegada por la actora respecto de la acreditación del daño sufrido, en mengua de la debida prueba que debía erigir en autos respecto de la atribución de ese daño al accionar de su progenitor.
En ese camino tenemos el testimonio de María Adela Torilla quien manifestó conocer a la accionante desde hace dieciocho años siendo que convivió con la misma (v, fs. 159/160). Expresa que sabía que Ana Rosa era hija del demandado porque “ella –la accionante- me lo contó” (tercera pregunta). Ampliado el interrogatorio por la letrada patrocinante de la actora, afirmó en relación al demandado que prácticamente lo conoce desde chico aunque “no he tenido trato con él”; y que si bien tenía conocimiento de que Wisky sabía que Ana Rosa era su hija antes del reconocimiento, era por “comentarios de Ana, por comentarios de algunas amigas de Ana, directamente de él no lo sé”.
A continuación prestó testimonio Paola Julieta Galván (v, fs. 161/162), expresa conocer a la actora desde hace diecisiete años aproximadamente, preguntada acerca de cuál ha sido la actitud de Wisky para con Ana Rosa sostuvo “me acuerdo que –la accionante- le mando una carta documento para que se presente para hacerse el ADN… Él no se negó para nada y fue directamente a hacerse el ADN. Después sin avisarle le cambió la identidad, le puso el apellido, algo seco y nada más”.
Asimismo respecto a si Wisky conocía la situación con anterioridad a practicarse el examen de ADN manifestó que “si… lo sé porque una vez me lo conto Ana… nunca hablé con Bernardo Wisky”.
Finalmente Norma Beatriz Palotta, tía de Ana Rosa, refirió que tanto sus hermanas como ella conocieron al demandado en oportunidad en que la progenitora de Ana Rosa trabajaba realizando la limpieza de la vivienda de Rosana Montaldo y Miguel Melón en el año 1973 aproximadamente. Relató que salían en parejas, y que cuando Susana le comentó al demandado que estaba embarazada, el mismo le habría dicho que se arreglara como pudiera, que a él no lo molestara y que por ello tuvo que dejar de trabajar en la vivienda de Montaldo.
Más allá de verificar pasajes del testimonio que entiendo no cabe reiterar aquí dado que podrían resultar agraviantes para la propia accionante, debo destacar que frente a la pregunta referida a si la testigo sabía que el demandado tenía conocimiento acerca del embarazo de su hermana, la misma expresó que sí, dado que en esa momento convivía con Norma Susana y la misma le habría comentado llorando que había hablado con el demandado sobre el embarazo y que aquél le habría dicho que no lo molestara (v, fs. 163/164).
Las referidas declaraciones si bien resultan concordantes en los hechos que narran provienen de personas que, en el caso de los dos primeros, no han tenido contacto directo con las situaciones que describen en lo absoluto, habiendo recibiendo la información de boca de la actora, y respecto de la tercera podría decirse que si bien habría estado presente y compartido momentos con los progenitores de Ana Rosa a la época de la concepción -a través de salidas y encuentros amistosos- tampoco percibió por su sentidos el acto propio del anoticiamento al presunto padre.
Sabido es que el objeto del testimonio en un proceso judicial debería estar dado por aquello que los testigos han percibido por sus sentidos, ya que los declarantes de “oídas” no resultan eficaces a fin de acreditar lo que han conocido sólo por que otros se los han contado, cuanto menos cuando resulta la propia interesada la que les ha transmitido esa información. Ello no implica presumir la mala fe de las personas que se acercan a dar su versión de los hechos al juez, sino poner como dice la expresión “blanco sobre negro” respecto a que hechos han sido acreditados en el marco del proceso, o que al menos, ha sido puesto en duda respecto de cómo o si han ocurrido.
En su virtud tengo para mí que los testimonios brindados no han resultado eficaces para tener por acreditados los hechos postulados por la actora en el libelo inicial.
Por lo demás no resulta menor a los efectos del presente el contenido de la carta documento remitida en el mes de abril del año 2009 al demandado, agregada por la propia accionante, a través de la cual se lo convocó a una reunión en un estudio jurídico “con el propósito de intentar lograr un avenimiento respecto de la situación de extrema reserva a tratar oportunamente” (v, fs. 16). Ello así pues si la situación fuera conocida desde el inicio del embarazo por el demandado –tal como se afirma en la demanda-, no es fácil comprender el por qué de la terminología ambigua e imprecisa empleada en esa comunicación extrajudicial, cuando podría hacerse expuesto que la cuestión a tratar versaba sobre la paternidad del aquí demandado respecto de la accionante.
Finalmente resta señalar que resulta extemporánea la aserción contenida en la expresión de agravios más precisamente en el apartado “III i” donde se afirma que “la madre de la actora inicia y transita la relación con el demandado, a la par que trabajaba en el domicilio del señor Wisky” lo que fuera reiterado más adelante al sostener que “Wisky conoció y trasuntó el embarazo de su hija, en tanto la progenitora prestaba tareas domésticas en su propiedad”, pues ello no es lo que surge del escrito de inicio y de la testimonial brindada por Norma Beatriz Palotta, donde se plasmó que Norma Susana prestaba tareas en la casa de la familia Montaldo y no en el domicilio del demandado.
En ese camino entiendo, junto con la sentenciante de grado, que de las constancias de la causa no surge en forma inequívoca -ni cabe presumir- que Wisky conociera su paternidad respeto de Ana Rosa con anterioridad a la realización del examen de ADN, lo que además se condice con el comportamiento por él desplegado, pues –como ya se dijo- actuó en forma voluntaria tanto frente a la realización del examen de ADN como así también al situar a Ana Rosa en el emplazamiento familiar que le correspondía.
Pues reitero la actora no debió acudir al órgano jurisdiccional a fin de lograr el emplazamiento filiar, lo que sucedió sin que ello fuera necesario; en su virtud aquí debió acreditar que la inacción anterior de su progenitor era culpable y deliberada lo que en el caso no ocurrió (art. 375 del CPCC) y ello inhibe la posibilidad de verificar el acaecimiento o no del daño alegado, pues aun en el caso de que efectivamente existiese no cabe hacer responsabilizar al demandado por el mismo.
En efecto no habiéndose acreditado de modo alguno que el progenitor de Ana Rosa haya tenido noticia fehaciente de su existencia, está ausente el elemento subjetivo del conocimiento de ese hecho que constituye el factor de imputación del cual deriva la eventual responsabilidad del padre no reconociente, circunstancia que lleva a desestimar el agravio traído a esta instancia.
Por todo lo argumentado, tengo plena convicción que debe confirmarse la sentencia traída en apelación respecto de lo principal que decide como así también respecto de las costas, pues no se verifica ningún elemento que permita aparatarse de la regla general respecto de la carga en costas que debe soportar el vencido.
III. Costas. Las cosas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN LA SEÑORA JUEZA DRA. DABADIE DIJO:
I. No comparto la opinión vertida por la distinguida y respetada colega preopinante, mi disentir radicada en el proceso de valoración probatoria con la finalidad de acreditar el nexo de causalidad entre la conducta del accionado y el daño alegado por la actora-recurrente, en otras palabras no comparto la inexistencia de ilicitud en el comportamiento de J. B. W. por lo que no se habría configurado eximente alguna a su responsabilidad.
II. He de señalar que en virtud de arribar perdidosa a esta instancia la accionante corresponde transitar la cuestión por dos andariveles; el primero por la verificación de si se ha probado o no la ilicitud en la conducta del demandado a fin de establecer si la acción ha de prosperar o no, en caso afirmativo será el turno de decidir la procedencia del daño reclamado, teniendo en vista que el accionado bien pudo acreditar alguna eximente a su responsabilidad, y en su caso su cuantía; en tanto, el segundo por el de la anticipación del ejercicio de las pautas de la apelación adhesiva, en referencia a la recomposición positiva de la litis; todo ello a fin de no violentar normas de raigambre constitucional como lo es el art. 18 de la Const. Nacional y la tutela judicial efectiva que alberga el art. 15 de la Const. Provincial (SCBA, causa 88.683, sent. del 12-XII-2007, voto JUEZ HITTERS).
III. Los agravios. Su tratamiento.
a. Situación jurídica. Valoración probatoria.
En forma previa a tratar los agravios de la quejosa que giran sobre la valoración probatoria esencialmente, he de tener presente que si bien el Código Velezano nada decía sobre la reparación, ya sea bajo la forma de daño moral y/o material, causada al hijo extramatrimonial por la falta de reconocimiento paterno, es lo cierto que ha sido la jurisprudencia quien con la normativa disponible abrió poco a poco aquella compuerta indemnizatoria; mientras que no es poco decir, en el CCyCN ha tenido acogida con incorporación de la figura en el art. 587.
En ese rumbo el Superior Tribunal local predica que la falta de reconocimiento del progenitor constituye un hecho ilícito que genera su responsabilidad civil, por conculcación del derecho subjetivo del hijo a su identidad biológica, lo que tiene sustento constitucional –arts. 75 inc. 22 CN; 32 Pacto San José de Costa Rica, entre otros- e infra constitucional (doct. arts. 248, 254, 1066, 3296 bis y concs. Cód. Civ.).
La voluntariedad del reconocimiento paterno no lo desliga del cumplimiento de ese deber lo que constituye en antijurídica la conducta de quien teniendo conocimiento de su paternidad no reconoce a su hijo/a en tiempo propio (S.C.B.A., Ac.64506, D.M., R. c/R.A., R. Reclamación de estado de Filiación”, voto de la mayoría de los Dres. de Lázzari y Negri, A. y S. 1998-V-705).
Como lo ha dicho la Dra. Canale con cita de reconocida doctrina, sabido es que para configurar la responsabilidad civil del progenitor es necesario contar con los elementos propios de aquella, que no son otros que; atribución subjetiva, daño y relación causal. Para eximirse de responsabilidad el accionado tiene sobre su espalda acreditar la falta de culpa cuando se ignore la paternidad, el caso fortuito, o la imposibilidad de reconocerlo, resultando por ello como dije esencial la valoración de la prueba producida.
En este caso, y por aplicación de esos principios, la conducta reconociente del demandado sólo tiene apariencia de voluntariedad razón la que no resulta suficiente para destruir la relación causal consolidándose como eximente, toda vez que como ha de quedar demostrado con la atribución de la carga probatoria y el mérito de la prueba producida, J.B.W. no realizó en forma voluntaria actos suficientes para reconocer a A.R.W., sino que lo hizo como consecuencia de una convocatoria.
Tal como señalé en párrafos precedentes para destruir la relación causal es lo cierto que el demandado debe probar la existencia de alguna eximente a fin de acreditar que el reconocimiento de su hija fue temporáneo y voluntario, hecho que no se da en este proceso dado que como anticipé debió ser convocado por carta documento (fs. 16) a una entrevista con una profesional del derecho luego de la que se realizó la prueba genética.
Téngase en cuenta que la misiva tiene data del 28/04/2009 y sin mediar respuesta alguna J. B. W. concurrió a la convocatoria, conducta que me hace inferir sus sospechas sobre alguna cuestión relativa a la esfera más íntima de su vida relacionada con quien era su hija biológica, ya que la carta documento dice de modo literal “Le curso la presente en representación de la Srta. Ana Palotta, a los efectos de convocarlo a una reunión…., con el propósito de intentar lograr avenimiento respecto de la situación de extrema reserva a tratar oportunamente….”. En cuanto al argumento que del texto no surge la cuestión a debatir, de acuerdo con los usos y costumbres abogadiles y en este caso particular lo delicado del asunto, no encuentro nada que llame mi atención a su respecto; por el contrario la conducta de la letrada interviniente ha sido de sumo respeto hacia la intimidad de su cliente y del padre presunto, hasta ese momento.
Con relación a la carga probatoria en uso de los poderes deberes de los jueces
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.