Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97817
En la ciudad de Dolores, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.817, caratulada: "VIETTA, OSCAR ALBERTO C/ MARTIN, ADRIAN GUSTAVO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Silvana Regina Canale; Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
I. Contra la sentencia única dictada en los autos acumulados, que hace lugar a las demandas deducidas, interponen recursos de apelación el letrado apoderado de la demandada y citada en garantía, quien expresa sus agravios sólo en la causa n° 98.817 (“Vietta…”), razón por la cual corresponde declarar la deserción de los recursos de apelación interpuestos en las restantes (causa n° 66.202, “Luciano…” y n° 66.523 “Díaz…”) (art. 261, CPCC).
El agravio de los demandados está dirigido de modo concreto a la participación del conductor de la moto y la conducta desplegada en la conducción que a su juicio contribuyó en la producción del hecho. Asimismo lo hace respecto del monto establecido por el rubro “daño moral”, considerándolo excesivo.
De su lado, las accionantes lo hacen respecto de los montos fijados respecto de los rubros indemnizatorios admitidos y en cuanto a la franquicia del 1% establecida y el límite del monto de cobertura a cargo de la aseguradora -$ 4.000.000-.
Firme el llamado de autos para sentenciar de fs. 339 –causa nº 97.817, de acuerdo a lo proveído a fs. 292, 1er. párr.– (art. 263, CPCC), se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos en esta instancia.
II. Esta Alzada.
i. Cuestiones previas.
a. Prejudicialidad.
Respecto a tal cuestión, si bien la sentenciante nada ha expresado al respecto y las partes tampoco han cuestionado tal omisión, cabe señalar que a raíz del accidente de marras se instruyó la I.P.P. n° 03-00-007190/14 –cuyas copias certificadas se tienen a la vista- la cual se encuentra en instancia de debate oral –v, requisitoria de elevación a juicio –fs. 203/206, confirmación de fs. 216/221 y decisión de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de fecha 1-02-2017 (fs. 261/265 y vta.).
Ahora bien, el art. 1101 del Código Civil –ley 340- específicamente establece que si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, salvo las excepciones que específicamente la norma establece. Tal norma resulta de orden público y por ende, imperativa, que conlleva a la aplicabilidad de oficio y veda la alternativa de supresión por vía del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada entre las partes del proceso civil, siendo nulo el pronunciamiento que se expide en violación de las pautas que se establecen sobre tal cuestión.
Sin embargo ante la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación –conf. ley 26.994 t.o.-, y sin perjuicio de lo señalado por la sentenciante respecto de su aplicación en lo atinente al fondo de la cuestión debatida (conf. art. 7, CCyCN), en lo que respecta a la cuestión en análisis –prejudicialidad- su aplicación resulta inexorable, máxime que dicha cuestión debe ser analizada aún de oficio.
Al respecto ha señalado nuestro Máximo Tribunal Pcial., en cuanto a su aplicación, que ha de estarse a lo establecido en el art. 7 del Código Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3 del anterior Cód. Civ., según dec. ley 17.711/68). Esta norma sienta dos directivas básicas: en primer término, la inmediata eficacia de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.
La aplicación inmediata de las normas se distingue entonces de la retroactividad. Aquélla no promueve la retroacción legal para evitar que los vínculos jurídicos o efectos ya consumidos sean alcanzados por la nueva regla de derecho. Pero nada obsta a que la nueva norma sea operativa para las consecuencias o efectos futuros de una situación jurídica ya existente.
En el sub lite, la relación jurídica de responsabilidad en cuanto a su constitución y extensión se rige por las leyes vigentes al momento de su nacimiento -a saber, el Código Civil derogado de acuerdo a la fecha del hecho- oportunidad en la cual quedan determinados los elementos esenciales de la obligación (conf. Moisset de Espanes, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 Código Civil (Derecho transitorio), Ed. Córdoba, 1976, págs. 70/71).
Empero, la suspensión o no del dictado de la sentencia de mérito en el marco del reclamo civil en nada afecta aquella relación jurídica de responsabilidad, sino que se refiere "a consecuencias" de la situación de pendencia del proceso penal. Tales efectos o consecuencias futuros -a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación- se rigen por la nueva ley aunque los haya generado una situación ya existente, sin que ello importe una retroactividad vedada. Esta solución no es más que la aplicación del principio del efecto inmediato que, en rigor, viene a tener vigencia para el futuro (v. Moisset de Espanés, ob. cit., pág. 18). (SCBA LP C 119834 S 21/02/2018).
En su razón, en esta cuestión, debe dilucidarse conforme a las normas del nuevo CCyCN, por lo que corresponde analizar si debía procederse a la suspensión del proceso –nulidad de la sentencia mediante- o si concurre alguna de las excepciones previstas en el nuevo digesto a fin de proseguir con su trámite, aún sin el dictado del decisorio en sede penal.
En tal camino, cabe señalar que si bien la prejudicialidad impide al juez civil dictar sentencia con carácter previo a lo resuelto en sede penal, no impide que la causa civil sea iniciada encontrándose en trámite la causa aquella, por cuanto lo que interesa evitar es que las sentencias dictadas en los distintos fueros, sobre un mismo hecho, puedan resultar contradictorias.
Tanto el art. 1.101 del Código Civil derogado como el art. 1.775 del novel cuerpo normativo establecen un supuesto de prejudicialidad en virtud del cual si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, debe suspenderse el dictado de la sentencia definitiva en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Sin embargo, establece ciertas excepciones: a) si median causas de extinción de la acción penal; b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad y éste último es el caso de autos.
Así, las distintas acciones interpuestas tienen su fundamento en lo establecido por el art. 1113 del Código velezano, en cuanto edicta que cuando el daño se produce por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá su dueño o guardián acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Factor objetivo que ha sido determinado doctrinaria y jurisprudencialmente en los accidentes en los que intervienen vehículos a los cuales se los considera “cosa riesgosa”.
La ley toma en cuenta para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado, y así en principio se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo (SCBA, Ac. 47.075, del 5-4-93; Ac. 51.750, del 23-5-95; Ac. 51.688, del 6-2-96; entre muchas otras), por lo que dicha norma consagra la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de dicha cosa riesgosa.
En su razón, y si bien sobre esta última afirmación seguidamente me explayaré, considero que dándose la señalada excepción, no corresponde aplicar la prejudicialidad señalada, debiendo procederse a la revisión del decisorio cuestionado.
Para finalizar este punto he de señalar que el dictado de una sentencia penal posterior a la sentencia civil, no produce ningún efecto sobre lo resuelto en el fuero civil, excepto en el caso de revisión, la cual procede exclusivamente, y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos: a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación; b) en el caso de acción civil por reparación del daño fundada en un factor objetivo de responsabilidad si quien fue juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su autor; y c) otros casos previstos por la ley (conf. art. 1780 CCyCN, v, elDial.com - DC1E2D Publ. 03/12/2014).
Es decir que para el supuesto establecido en el inc. b –caso de autos-, a fin de evitar la referida contradicción entre decisiones, se encuentra prevista la revisión del decisorio en esta sede civil a fin de readecuarla a la nueva situación planteada, quedando de tal forma resguardados los derechos del imputado.
En razón de lo dicho, no existiendo impedimento para analizar las cuestiones planteadas, corresponde que me aboque a ellas.
b. Responsabilidad.
i. En principio he de reiterar que con motivo del accidente que diera origen a este proceso, se labraron actuaciones penales -IPP. nº 03-00-007190-14-, ofrecidas como prueba por las partes de consuno (v, fs. 12 vta. y 33 pto. 8.1, causa n° 65.733; fs. 35 pto. XII, ap. 2 y fs. 48 pto. 9.1, de la causa n° 66.523 y fs. 22, pto. XII, 2, c) y 66 vta., pto. 10.1, de la causa n° 66.202), por lo que a las mismas debe dársele pleno valor probatorio –arts. 374, 384, CPCC-.
ii. Además debo señalar que la actividad revisora de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído fijándose así la frontera de aquella tarea.
Así, se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios. Más aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v, 302, pág. 1435).
Tampoco analizaré todas las argumentaciones del recurrente, sino aquellas susceptibles de incidir en mi voto (conf. CSJN, 13-XI-96, in re "Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica”).
iii. Dicho ello y ya en el análisis de la cuestión del epígrafe, cabe recordar que el sistema de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de automotores, no difiere en sus principios y presupuestos del sistema de responsabilidad civil general. Consiste fundamentalmente en el deber de reparar el daño jurídicamente atribuible causado por incumplimiento (Alterini), tanto como en dar cuenta a otro del daño que se le ha causado (Bustamante Alsina). Ella se estructura sobre la base de la concurrencia de una conducta antijurídica del autor, a quien se le puede adjudicar el hecho con fundamento en algún factor de atribución, la existencia de un daño y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Deberá conforme a derecho decidir el juez en qué casos, y con qué alcances, se dan los supuestos que permitan tener por configurada o no, esa “estructura de responsabilidad”.
Y así, para determinar la responsabilidad civil con fundamento en la norma del art. 1113 2º ap. segunda parte del Código Civil, a la parte actora le bastará probar: a) la existencia del daño; b) el carácter riesgoso o vicioso de la cosa; c) que el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa; y d) que el accionado es dueño o guardián de la misma. (cfr. Ac. 61.569, SCJBA, 24-3-98, parámetros que en el caso han quedado acreditados –tal como se sostiene en la decisión apelada-.
Por su parte, al accionado si pretende eximirse de la responsabilidad objetiva que la ley le endilga como guardián, debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder a fin de interrumpir el nexo causal existente entre la intervención de la cosa y el daño producido (SCBA, Ac. 51.750, del 23-5-95; Ac. 51.688, del 6-2-96; entre otras).
Asimismo, ha sostenido la Corte Provincial que las reglamentaciones de tránsito no pueden ser soslayadas y deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero, para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en que extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del Código Civil (conf. Ac. 46.852, sent. del 4-VIII-1992; Ac. 51.862, sent. del 11-IV-1995; Ac. 58.668, sent. del 11-III-1997; Ac. 59.835, sent. del 14-VII-1998; Ac. 72.993, sent. del 2-VIII-2000; Ac. 78.531, sent. del 28-IX-2001; Ac. 84.867, sent. del 3-III-2004; Ac. 99805 Sent. del 11-V-2011, entre otras).
Para despejar los extremos supra señalados el sentenciante ha de meritar la prueba que se estime idónea para dilucidar esta cuestión litigiosa a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC; conf. SCBA, Acs. 48.420, 48.970, 49.311), que no son otras que las de la experiencia y las de la lógica, pues ambas permiten que el sujeto neutro a los intereses de los justiciables valore el grado de verosimilitud de los datos aportados, la mayor o menor convicción de que las circunstancias fácticas sostenidas hayan realmente acontecido en la forma que ilustran los elementos de prueba que se meritan (SCBA, Ac. 45.723).
En tal sendero tenemos que las pruebas a valorar se reducen a las constancias de la IPP. agregada por cuerda y las pericias mecánicas realizadas en sede civil –v, fs. 281/293 de la causa n° 66.202 (“Luciano…) y presentación de fecha 31-05-2018, causa n° 65.733 (Vietta…)-.
De ellas surge que el perito ingeniero Nardelli, en cuanto a la mecánica del hecho, señala que el siniestro de autos se produjo el sábado 25 de octubre de 2.014, a las 22,46 horas aproximadamente, la motocicleta GILERA VC 150, color roja, sin dominio colocado se hallaba transitando por la mano con sentido cardinal de circulación Norte – Sur de la Ruta Provincial N° 2, jurisdicción del partido de Chascomús.
Que el citado biciclo era conducido por el Sr. Jonatan Alejandro Díaz, quien era acompañado por la menor Brenda Vietta Luciano de 14 (catorce) años de edad.
Que simultáneamente, el automóvil CHEVROLET CRUZE LTZ 2.0 D AT, 5 puertas, dominio OCW-709 se desplazaba por el carril derecho de la mano con sentido cardinal de circulación Norte–Sur de la Ruta Provincial N° 2 y por detrás de la motocicleta GILERA VC 150, color roja, sin dominio colocado.
El referido rodado era conducido por el Sr. Adrián Gustavo Martín, quien era acompañado por la Sra. Daniela Paola Salmerón (butaca delantera derecha) y por sus hijos: los menores Paloma Martín de 5 (cinco) años de edad y Julián Martín de 3 (tres) años de edad (asiento trasero).
En tales circunstancias, sobre el carril derecho de la mano con sentido cardinal de circulación Norte – Sur de la Autovía 2 se produjo la colisión por alcance entre la parte frontal del automóvil CHEVROLET CRUZE LTZ 2.0 D AT, 5 puertas, dominio OCW-709 y la parte trasera de la motocicleta GILERA VC 150.
Como consecuencia de la colisión descripta, la motocicleta GILERA VC 150, fue desplazada hacia la banquina natural correspondiente a la mano con sentido cardinal de circulación Norte – Sur de la Ruta Provincial N° 2, en donde alcanzó su posición final apoyada sobre su lateral izquierdo y con su frente de avance orientado hacia el punto cardinal Oeste.
A su vez, el cuerpo de la menor Brenda Vietta Luciano de 14 (catorce) años de edad (acompañante de la motocicleta GILERA VC 150, color roja, sin dominio colocado) quedó tendido sobre la calzada asfáltica del carril izquierdo de la mano con sentido cardinal de circulación Norte-Sur de la Autovía 2 situado a 1,20 metros hacia el punto cardinal Sudeste de la parte frontal del automóvil CHEVROLET CRUZE LTZ 2.0 D AT, 5 puertas, dominio OCW-709.
Asimismo, el cuerpo del Sr. Jonatan Alejandro Díaz (conductor de la motocicleta GILERA VC 150, color roja, sin dominio colocado) quedó tendido entre la banquina natural y la banquina asfáltica derecha de la mano con sentido cardinal Norte–Sur de la Ruta Provincial N° 2 y a 12 metros hacia el punto cardinal Noroeste de la parte trasera del automóvil CHEVROLET CRUZE LTZ 2.0 D AT, 5 puertas, dominio OCW-709.
Que las posiciones finales alcanzadas por los rodados involucrados en la colisión de autos, como así también, en donde quedaron tendidos los cuerpos de los ocupantes de la motocicleta GILERA VC 150, se encuentran registrados en la Pericia Planimétrica N° 85/14 obrante a fs. 95 de la I.P.P. N° 03-00-007190-14/00.
De la mecánica descripta se desprende que el vehículo embistente físico mecánico fue el automóvil CHEVROLET CRUZE, en tanto que, el vehículo embestido físico mecánico fue la motocicleta GILERA VC 150.
Que es importante destacar que el conductor del automóvil Adrián Gustavo Martín realizó una acción frenante que dejó impresas sendas huellas sobre el carril derecho de la mano con sentido cardinal de circulación Norte–Sur de la Ruta Provincial N° 2, también indicadas en la Pericia Planimétrica N° 85/14 obrante a fs. 95 de la I.P.P. N° 03-00-007190-14/00 (48 mts.).
Que la velocidad de circulación mínima que poseía el automóvil al momento en que comenzó a dejar tales huellas sobre la calzada asfáltica era superior a los 110,48 Km./h., produciéndose la colisión por alcance.
El ingeniero mecánico Ganzero, en su experticia –fs. 281/293 cit.-, coincide en lo sustancial en cuanto a lo señalado por su colega respecto de la mecánica del accidente, determinando que la velocidad del automóvil era de 111,53 km./h. al momento del impacto –fs. 288 vta.-. Y que la colisión se produjo por “alcance”.
A fin de realizar tales afirmaciones, los expertos tuvieron en consideración las constancias obrantes en la IIP. señalada, de las que resultan valorables: el acta de inspección de ocular de fs. 5/6; croquis de fs. 7, fotografías de fs. 12/13; informe mecánico de fs. 46; planimetría de fs. 95; informe de fs. 115/119.
Asimismo han de tenerse en consideración los dichos de la Agente Fiscal al momento de solicitar la elevación de la causa a juicio en cuanto describe minuciosamente el hecho acaecido, de conformidad a las señaladas pruebas, como así también la sentencia de la Cámara al momento de desestimar la apelación interpuesta contra dicha elevación a juicio (v, fs. 203/206 y fs. 261/265 y vta.).
En razón de tales elementos de convicción, considero que ha quedado debidamente acreditada la mecánica del accidente en los términos que han sido reseñados en las experticias mecánicas, los que coinciden con los descriptos en las decisiones señaladas.
Al respecto cabe señalar que si bien es cierto que el dictamen pericial no es vinculante, y por ende no obliga al Juzgador a decidir en consecuencia, también lo es que no puede ignorar el dictamen del experto y debe valorarlo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Puede el magistrado apartarse de la pericia, dando y exponiendo para ello, razones suficientes que se encuentren avaladas por otras constancias de la causa (arts. 384, 474 CPCC).
Del asesoramiento de quien, por sus conocimientos técnicos, puede suministrar datos y apreciaciones que permitan una adecuada valoración de la mecáni
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