Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98016
En la ciudad de Dolores, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.016, caratulada: "TROTTA, EMILIANO C/ AUTOVIA DEL MAR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 438/453?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fs. 438/453, el que concedido libremente a fs. 454, se sustenta con la presentación de fecha 2.9.2019, que merece réplica de la contraria mediante presentación de fecha 13.9.2019.
A través del pronunciamiento recurrido, la jueza a quo hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por Emiliano Trotta contra Autovía del Mar S.A., en razón del accidente de tránsito ocurrido el 5.5.2012, en el cual el primero impactó con su vehículo un bache existente sobre la calzada de la ruta 63 por la que circulaba.
Consecuentemente, condena a la empresa concesionaria demandada a abonar al actor las sumas de $ 30.800 por daño directo y $ 250.000 por daño punitivo; con más sus intereses y costas.
A su vez, admite la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Nación Seguros S.A., desestimando su citación en garantía, con costas en el orden causado.
II. a) Tal como fuera anticipado, contra dicho decisorio se alza la parte demandada, agraviándose tanto por la procedencia del rubro daño punitivo como por su cuantificación en la suma de $ 250.000.
Entiende que el fallo es infundado, arbitrario y absurdo, al otorgar una suma desproporcionada con el accidente sufrido por la parte actora, al punto de considerar dicho monto como un enriquecimiento sin causa.
Considera que lo decidido viola la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, que postula que los jueces deben actuar con suma prudencia al condenar a pagar daños punitivos en los términos del art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor.
Afirma que los mismos argumentos utilizados para desestimar la pretendida indemnización por daño moral debieron ser empleados para hacer lo propio respecto al rubro en cuestión.
Transcribe citas jurisprudenciales y doctrinarias, en las cuales se enumeran los requisitos para el reconocimiento del daño punitivo, los que –según su entender- no se verifican en su totalidad en el caso.
Expresa que la decisión impugnada contraría además el art. 1714 CCyCN, en tanto incumple la obligación de los jueces de morigerar las penas pecuniarias.
En síntesis, peticiona la revocación y consecuente rechazo del daño punitivo contemplado en la sentencia de grado; o –en su defecto, la reducción de su cuantía de acuerdo a las pautas postuladas por el Superior Tribunal Provincial.
II. b) De su parte, el accionante responde a tales agravios en forma pormenorizada, destacando que la empresa concesionaria menosprecia el reclamo del consumidor y minimiza su responsabilidad en el hecho dañoso.
Coincide con las citas incluidas en la expresión de agravios, aunque entiende que las mismas justifican la procedencia de la sanción y el monto otorgado.
En suma, postula el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.
III. A fin de abordar las quejas expuestas resulta pertinente reseñar que -según capítulos de la sentencia de grado que arriban firmes a esta Alzada- el actor sufrió un accidente de tránsito el día 5.5.2012 a las 2:30 horas, al impactar con la rueda delantera derecha de su automóvil marca VW Golf dominio DLX 642, un importante bache (1 metro de largo, medio de ancho y 20 centímetros de profundidad, aproximadamente), existente sin señalización sobre la cinta asfáltica de la ruta 63, a la altura del kilómetro 7,400.
La sentenciante, luego de considerar aplicable al caso el sistema protectorio de los consumidores y usuarios (ley 24.240), endilga en su totalidad la responsabilidad civil por el hecho a la demandada, en tanto considera que no ha cumplido con las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de quienes transitan por la ruta, en particular del accionante.
A consecuencia de tal infortunio, el rodado de la parte actora presentó daños materiales cuya reparación es tasada al 25.4.17, en la suma de $ 30.800.
En lo que atañe puntualmente al recurso, la jueza de primera instancia admite el reclamo del actor en concepto de daño punitivo con pie en el art. 52 bis de la ley 24.240, fijándolo en la suma de $ 250.000.
Para así decidir considera que la empresa demandada actuó con culpa grave al incumplir su obligación de garantía y seguridad frente al usuario, negando posteriormente dicha situación.
IV. a) Adentrándome en el análisis del recurso de apelación interpuesto, principio por definir los daños punitivos como sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y prevenir hechos similares en el fututo (Pizarro, Ramón D., “Daños punitivos” en “Derecho de Daños”, segunda parte, La Rocca, 1993, p. 291).
Si bien en nuestro ordenamiento se los llama “daños punitivos”, no se trata a ciencia cierta de un supuesto de reparación de daños sino más bien de la imposición al proveedor de una sanción, una multa civil.
La figura en estudio está regulada en el art. 52 bis de la ley 24.240 (texto según art. 24 ley 26.361), que la recepta legalmente en el ámbito de las acciones que el consumidor o usuario pueden entablar cuando sus intereses resulten menoscabados, estableciendo que: cuando el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
La norma –en su literalidad- es clara en cuanto a que requiere para su aplicación un solo recaudo: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.
Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales.
Tampoco hace referencia alguna ni requiere de otras valoraciones subjetivas, tales como la gravedad de la conducta del proveedor o empresa, ni su intención de dañar, las que parecieran quedar reservadas -en su caso- para el momento de la cuantificación o graduación de la pena.
Aplicando tal hermenéutica (receptada por la SCBA en la causa citada por el apelante: C 119.562 caratulada "Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico", sentencia del 17.10.2018, del voto del Dr. de Lázzari), puede apreciarse fácilmente que en el caso sub examine se encuentra reunido el recaudo legal objetivo que torna procedente la aplicación del daño punitivo reclamado por el accionante.
En efecto, la empresa Autovía del Mar S.A. ha incumplido su deber de seguridad -de naturaleza legal y contractual- para con el usuario, al no adoptar medidas urgentes y eficaces, tanto para advertir la existencia del bache de importantes dimensiones sobre la calzada, cuanto para neutralizar el peligro engendrado por éste, ya sea señalizándolo o bien, reparándolo.
Tal incumplimiento por parte de la concesionaria revestiría –desde dicha mirada netamente objetiva y en función de la interpretación que el Superior ha efectuado en el precedente citado- entidad suficiente por sí sola para actuar la multa civil contemplada en el art. 52 bis LDC.
No obstante ello, la norma bajo estudio deja librado al prudente arbitrio judicial la decisión de aplicar o no la sanción frente a un caso determinado, pues claramente expresa que el órgano jurisdiccional podrá (y no deberá) hacerlo ante el pedido del consumidor y el incumplimiento comprobado por parte del prestador.
Lógicamente, de ello no puede seguirse que el juzgador deba decidir en forma arbitraria o antojadiza cuándo admitir la pretensión punitiva y cuándo no hacerlo.
Es en este punto donde entiendo que corresponde inexorablemente valorar la conducta subjetiva desplegada por el prestador del servicio, con el objeto de concluir si amerita o no una sanción civil, más allá de la pertinente indemnización de los daños causados al usuario (arts. 1724 y 1725 CCyCN).
La doctrina y la jurisprudencia en forma mayoritaria vienen señalando desde aún antes de la entrada en vigencia del art. 52 bis LDC (año 2008), que la conducta del agente dañador es fundamentalmente la que hace procedente la aplicación de los daños punitivos y no sólo el incumplimiento legal u obligacional; no todo incumplimiento merece ser sancionado con una multa; sólo el que evidencia, por sus características particulares, grave negligencia o dolo, o que puede ser repetido (Brun, Carlos A.; “Cuándo proceden los “daños punitivos”. Reproche subjetivo y ganancias ilícitas”, publicado en La Ley 26/12/2019,1).
Cabe exigir entonces para tornar procedente la multa civil, que junto al elemento objetivo (incumplimiento contractual u obligacional) concurra un reproche subjetivo en la conducta del dañador, un desinterés o menosprecio por los derechos ajenos, un abuso de su posición dominante.
Dicho de otro modo, sólo una conducta que responda a una gravedad relevante o evidencie un gran menosprecio por los derechos ajenos, será merecedora de una sanción ejemplar y –fundamentalmente- disuasiva para el proveedor (y también para terceros).
Sobre ese piso se ha señalado que en atención al carácter punitivo de la figura, y pese al tenor literal de la norma –ya analizado-, no puede bastar con el mero incumplimiento. Es necesario, por el contrario, que se trate de una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia (Lorenzetti, Ricardo L.; “Consumidores”, 2da. Ed. actualizada, Rubinzal Culzoni, 2009, pág. 563).
Cabe concluir entonces que la mención al incumplimiento de una obligación legal o contractual sólo debe ser entendida como una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva (López Herrera, Edgardo; “Los daños punitivos”, Abeledo Perrot, 2008, p. 365).
Sentadas tales pautas, encuentro que en la especie la inadvertencia oportuna por parte de la empresa concesionaria del foco de peligro –bache- para los automovilistas o su pasividad frente al conocimiento de su existencia, importan un grave incumplimiento de sus deberes para con los usuarios del corredor vial, colocándolos en una potencial situación de riesgo para sus vidas, integridad física y/o bienes (art. 1725 CCyCN).
Tal grave incumplimiento se ve además potenciado en el caso por la actitud negacionista puesta en evidencia por la demandada con posterioridad al siniestro, quien lejos de reconocer lo que luego fue comprobado en este proceso, desestimó genéricamente el reclamo del usuario mediante nota de fs. 9, negando obcecadamente que la ruta tuviese alguna imperfección que pudiera provocar daños en los vehículos.
De este modo obligó al usuario a transitar un largo derrotero judicial que lleva ya más de cinco años, lo que configura -a mi modo de ver- un abuso de la posición dominante que la prestadora ostenta en el marco de la relación jurídica de consumo y, al mismo tiempo, un notorio menosprecio por los derechos del usuario.
Aquel grave incumplimiento de sus deberes legales y convencionales primordiales (seguridad vial de los usuarios), sumado a esta posterior conducta reprochable (obstinada negación de su responsabilidad aprovechando su posición dominante), justifican la aplicación de la multa prevista en concepto de daño punitivo por el art. 52 bis LDC, con el objeto no sólo de sancionar tal proceder sino –principalmente- de desalentar otras conductas similares en casos análogos, con la consiguiente especulación en torno a la dificultad de los usuarios para efectuar reclamos (generalmente por bajos montos) obligándose a éstos a recurrir a la vía judicial para encontrar respuesta a sus pretensiones.
IV. b) Con relación al enriquecimiento sin causa que según el apelante produciría la condena por daño punitivo a favor del consumidor, corresponde señalar que es la propia norma (art. 52 bis LDC), cuya validez constitucional no ha sido cuestionada, la que establece que la multa civil –en caso de corresponder- lo será en beneficio del damnificado.
Si bien no escapa al conocimiento del suscripto que existen reconocidas posiciones doctrinarias que postulan que el monto por daño punitivo, cuando su estimación comprenda el perjuicio social causado, debe ser –al menos en parte- reasignado a medidas de fomento de los derechos de los consumidores en el ámbito de la provincia (u otros destinos análogos); es lo cierto que tal cuestión no ha sido siquiera planteada en autos por lo que nada más corresponde agregar sobre el punto.
IV. c) Respecto al agravio referido a que el daño punitivo reclamado debió ser desestimado con los mismos argumentos utilizados para rechazar la indemnización por daño moral, cabe adelantar que la razón no le asiste al apelante.
En efecto, tal como ya se señaló, ambas pretensiones son esencialmente distintas e independientes.
El daño moral es de naturaleza resarcitoria y encuentra su basamento legal –en este caso, de acuerdo a la fecha del siniestro; arts. 3 CC y 7 CCyCN- en lo normado por el art. 522 CC; mientras que el daño punitivo es de carácter sancionatorio y disuasivo, con base en la norma contenida en el art. 52 bis LDC.
El primero guarda relación con el daño extrapatrimonial sufrido por el damnificado, mientras que el segundo se vincula con el reproche subjetivo que quepa efectuar a la conducta desplegada por el prestador que incumplió sus obligaciones.
Ello así, mal puede pretenderse la revocación de uno con fundamento en la denegación del otro.
IV.d. Como corolario de lo hasta aquí expuesto, cabe concluir en que los argumentos desplegados por el apelante no logran conmover la decisión de la jueza de grado en torno a la procedencia de la condena en concepto de daño punitivo (arts. 3 CC; 2, 7, 1724, 1725 CCyCN; 52 bis ley 24.240, texto según art. 24 ley 26.361; 42 CN; 242, 260, 266, 384 CPCC).
V. Sentado ello, resta abordar la queja subsidiaria relativa a la cuantificación de la multa, que según el recurrente resulta excesiva y desproporcionada.
El art. 52 bis LDC determina que es el juez quien debe graduar la condena por daño punitivo teniendo en cuenta la gravedad del hecho y demás circunstancias.
Es de destacar que -contrariamente a lo sostenido por el recurrente- la propia norma citada se encarga de aclarar que la multa en cuestión es independiente de otras indemnizaciones que correspondan al consumidor, por lo que no necesariamente debe guardar una proporción determinada con el daño material sufrido por el accionante –sin perjuicio de que pueda constituirse como un elemento más a valorar-.
Es lógica la independencia entre la multa y la indemnización que corresponda, ya que –como se dijo- la punición civil y el resarcimiento, claramente persiguen finalidades distintas: mientras que el segundo busca reparar integralmente los daños ocasionados al usuario, el primero presenta una función estrictamente sancionatoria, encaminada a restablecer un trato digno al consumidor afectado, al tiempo que cumple funciones preventiva, ejemplificadora y disuasoria, dirigidas a preservar los niveles de precaución deseables socialmente. Estas últimas (las multas) importan la consideración de circunstancias por las cuales también se justifica sancionar al demandado por su conducta desplegada no solamente en perjuicio del actor, sino de la sociedad en general, procurando la completa reposición de la situación (tanto del damnificado como del responsable) a su estado anterior al hecho ilegítimo (conf. art. 1083 y concs., Cód. Civ.), desbaratando los beneficios obtenidos por el último y disuadiéndolo de conductas similares en lo sucesivo (asimismo, Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, T. 4, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 578; SCBA, causa C 119.562 ya citada, del voto del Dr. Pettigiani).
Por otra parte, cierto es que los jueces deben ser en extremo prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo, en tanto la norma del art. 52 bis de la ley 24.240, que refiere a la gravedad del hecho y demás elementos de la causa, resulta vaga, laxa e imprecisa, ocasionando que su cuantificación quede librada al ámbito de apreciación judicial (bien que se impone reconocer que someter dicho cálculo a pautas o reglas fijas devendría asimismo impracticable).
Es menester entonces que la labor jurisdiccional de cuantificar la sanción civil prevista en la norma responda a pautas orientadoras y mecanismos que en todos los supuestos dejen translucir la valoración de las concretas circunstancias del caso, así como contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos y fines del instituto.
En tal entendimiento, por un lado, la valuación de la condenación punitiva puede considerar la índole y gravedad de la falta cometida por el agente dañador en su relación con los derechos conculcados y el perjuicio resultante de la infracción; así como la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización; la repercusión social de su inconducta o del daño ocasionado (carácter antisocial); la naturaleza y grado de desequilibrio de la relación entre el dañador y la víctima; la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación (pluralidad de víctimas); la cuantía del beneficio o ahorro procurado u obtenido por el agente dañoso con el ilícito (rédito); su situación o solvencia económica (carácter irrisorio); su posición en el mercado (hegemonía, estandarización); el número y nivel de empleados involucrados en la inconducta (atribución y fidelidad); la posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el peligro y evitar el daño (indiferencia, ligereza, imprevisión); el grado de su intencionalidad (negligencia o dolo); la existencia de antecedentes de sanciones similares impuestas al responsable del daño (reincidencia) o a similares proveedores de bienes o servicios; la posibilidad de reiteración de la conducta reprochada (o similares) si no mediara condena pecuniaria; la actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la pena (mitigación y no agravamiento del daño); la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas (en cuanto la sumatoria pueda conducir a una sanción excesiva o irrazonable); la existencia de precedentes judiciales (homogeneidad en los montos de condena); y las diversas funciones que el instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva de futuros daños, etc.; conf. XVII y XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 1999 y 2007 respectivamente; Proyecto de Código Civil y Comercial, 1998; análogamente, art. 49, ley 24.240).
Claro está que las enumeradas son pautas a valorar con el fin de determinar el monto de la multa civil a aplicar, mas bajo ningún concepto puede
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.