Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98133
En la ciudad de Dolores, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.133, caratulada: "FERNANDEZ LEANDRO C/ MOURIGAN RODRIGUEZ GONZALO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 817/832 y sus aclaratorias de fs. 833 y fs. 879?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación que en fecha 27.02.2019 interpusieron el codemandado Gonzalo Martín Mourigan Rodríguez y su citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, contra la sentencia de mérito dictada a fs. 817/832 -y sus autos aclaratorios de fs. 833 y fs. 879-. Ambos concedidos libremente a fs. 865, se sustentaron ya en esta instancia con las presentaciones de fechas 12.11.2019 y 20.11.2019 respectivamente, que recibieron réplica de la parte contraria el 03.12.2019.
II. Leandro Fernández, María Lidia y Ramona Catalina Torales, promovieron demanda por los daños y perjuicios que habrían sufrido a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 24.01.2000, aproximadamente a las 14:00 horas, en la localidad de Mar de Ajó, al ser transportados en un taxi destinado al transporte de pasajeros y conducido por Gonzalo Martín Mourigan Rodríguez.
Señalaron que en la ocasión, éste circulaba por la calle Quinteros de norte a sur, y que al cruzar su intersección con la calle Sacconi, habría sido embestido desde su lateral izquierdo por el automotor conducido de este a oeste por Gabriel Guillermo Salinas. Dirigieron su acción contra ambos conductores y sus citadas en garantía; también contra Graciela Esmeralda Cirigliano de Salinas -como propietaria del rodado guiado por Salinas- (fs. 5/6 y fs. 176/191).
En lo que resulta de interés, el Juez de grado hizo lugar a la pretensión y condenó a los conductores y a sus aseguradoras. Para así resolver consideró la incidencia absoluta en el hecho, de la conducta negligente de quien se dirigía por la arteria Sacconi -Gabriel Salinas-, en los términos del art. 1113 del CC, sin que éste lograra demostrar alguna de las eximentes previstas en la norma.
En relación al codemandado Mourigan Rodríguez, conductor del taxi que transportaba a los actores, el a quo analizó su situación a la luz de la ley de Defensa del Consumidor. Puntualmente de la obligación de seguridad que emerge de su art. 5 orientada a la protección del consumidor de manera integral; y en el art. 40 del mismo cuerpo legal, que contempla la responsabilidad por daños al consumidor cuando resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio.
Por otro lado, concluyó en que no se había configurado la eximente invocada a fs. 218/219 por Mourigan Rodríguez para interrumpir la relación adecuada de causalidad, en tanto debió tratarse de un caso fortuito imprevisible, ajeno a la actividad empresarial dedicada al transporte de personas.
III. a) Se agravia San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, respecto de la responsabilidad civil que el fallo le atribuye a Gonzalo Mourigan Rodríguez; ello en virtud de la vigencia al momento del hecho, del contrato de seguro celebrado respecto del vehículo Fiat Duna SD dominio SAK319 (arts. 1197, 1198 del CC; 110, 118 de la LS).
Afirma que si el sentenciante de grado tuvo por demostrado que el actuar de Guillermo Salinas ha incidido en forma total en el acaecimiento del evento dañoso, se encuentra así corroborada la culpa de un tercero por quien no debe responder su asegurado, como conductor del rodado que trasportaba a los actores.
Recuerda en ese camino, que de las constancias de la causa emana con claridad que el vehículo embistente se dirigía por la calle Sacconi en sentido contrario a la mano correcta de circulación, pero que pese a ello se condena injustamente a Mourigan Rodríguez, quien -refiere- ha logrado evidenciar el quiebre del nexo causal.
Destaca que la propia ley de Defensa del Consumidor es terminante al señalar que se libera total o parcialmente quien demuestra que la causa del daño le es ajena, y que la colisión que pueda experimentar el vehículo de transporte con quien se aproxima en contramano por una calle lateral, debe ser considerada un caso fortuito imprevisible, máxime ante la prioridad de paso de su asegurado.
Ello porque si bien puede ser previsible que el conductor del transporte pueda sufrir un accidente de tránsito, de ninguna manera puede serlo suponer que se le va a presentar un automóvil por su izquierda y en contramano. Que la aparición de un vehículo en estas condiciones, coloca la cuestión fuera del ámbito del riesgo o vicio de la cosa en los términos de la ley 24.240. Cita profusa jurisprudencia en apoyo de su postura.
b) A su turno, Mourigan Rodríguez se queja del monto otorgado a Leandro Fernández en concepto de incapacidad sobreviniente, por no haber sufrido secuela a consecuencia del siniestro; destaca que sólo se diagnosticó una incapacidad mínima del 5 %, sin que exista vinculación probatoria entre ésta y las condiciones establecidas por la jurisprudencia.
Se agravia además del monto por daño moral concedido a favor de Fernández, que estima elevado dado el daño físico casi inexistente; que no existe elemento probatorio alguno de los supuestos padecimientos a que el a quo alude. Igual criterio esgrime respecto de la suma estimada a favor de la actora Ramona Catalina Torales, quien no porta ningún grado de incapacidad laboral.
IV. Entrando al tratamiento de la cuestión planteada, considero lógico abordar en primer lugar lo atinente a la responsabilidad atribuida que es materia de agravio, para luego hacerlo en relación a los rubros indemnizatorios.
En esa tarea, cabe partir de la circunstancia que adviene firme a esta Alzada todo lo referente a la atribución de la responsabilidad civil al codemandado Salinas, en virtud de la plataforma fáctica acreditada y los términos del art. 1113 del CC, sin que se hubiera logrado configurar ninguno de los eximentes fijados en la norma (arts. 242, 260 del CPCC).
En ese sendero, se tuvo por demostrado con la prueba informativa, pericial, testimonial y confesional producida (art. 375, 384 del CPCC) que el sentido de dirección de la calle Sacconi era oeste-este, contrario al del automóvil que conducía imprudentemente Salinas al momento del impacto, en franca violación de lo dispuesto en el art. 59 de la ley 11.430 en cuanto prohíbe la circulación a contramano; extremoséstos -reitero-, firmes y consentidos por las partes, que arriban incólumes a la consideración del Tribunal (arts. cit.).
Dicho ello, y cuestionada la responsabilidad de quien transportaba a los actores, es que en razón de los agravios expuestos deberá dirimirse si la conducta imprudente y negligente de Salinas -sobre la que recayó certeza- luce suficientemente idónea como para eximir a aquél de satisfacer también la condena indemnizatoria.
Cabe antes que nada dejar sentado que la relación jurídica que unía a los accionantes con Mourigan Rodríguez, en orden a la libre autonomía de la voluntad, era un contrato de transporte público de pasajeros, en virtud del cual aquellos eran trasportados en el taxi dedicado a dicha actividad comercial, conducido por el codemandado (arts. 1197, 1198 del CC; 184 del C. Com.; 375, 384 del CPCC).
Tales circunstancias no son al presente motivo de debate, no obstante mencionar que así lo expresaron las partes en sus escritos postulatorios (fs. 5/6, 176/191 y fs. 215/222), y que fueron reconocidas a través de las posiciones absueltas en rebeldía por el codemandado Mourigan Rodríguez (fs. 456/457 y vta.; arts. 330, 354 inc. 1, 415 del CPCC).
De acuerdo a la naturaleza del ligamen jurídico dado, sin duda es aplicable la ley de Defensa del Consumidor, y por ende los principios protectorios y el sistema de responsabilidad por daños ocasionados al consumidor cuando resultan del vicio o riesgo de la cosa, o de la prestación del servicio (arts. 5 y 40 de la LDC), como lo ha afirmado el sentenciante.
Es evidente que los accionantes son consumidores como destinatarios finales del servicio contratado, frente al proveedor que despliega sus labores habituales en el mercado a través de sus actividades de comercialización de un servicio de trasporte de personas (arts. 1 y 2 de la LDC).
De acuerdo a esa normativa, el legislador parte de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios, que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (arts. 42 de la Const. Nac.; 38 de la Const. Prov.; 3, 5, 37, 65 de la LDC).
Ahora bien, aunque la relación jurídica quede amparada por este marco legal, no cabe dejar de valorar los hechos de acuerdo a los principios rectores en materia de responsabilidad civil -y sustancialmente comercial- que importan la demostración del incumplimiento, la existencia del daño y de la relación causal entre éste y aquél.
Es decir, la responsabilidad que de esa relación pudiera emanar no sólo tiene sustento en la ley de Defensa del Consumidor, sino que antes lo encuentra directamente en el Código de Comercio y en el Código Civil de Vélez, no derogados sino integrados por la normativa del consumidor. Aún la obligación de seguridad que atañe al transportista, hoy tan arraigada al ámbito de la ley de Defensa del Consumidor, recoge su naturaleza directamente en las normas generales referidas y en la doctrina emanada del art. 184 del Código de Comercio.
En el transporte oneroso de personas, el transportista no sólo tiene el deber primero de no ocasionar un daño que pesa indeterminada y genéricamente sobre todos (arts. 1109, 1113 del CC), sino que sobre aquél recae una obligación que se extiende a la carga de realizar todas las acciones que exija la naturaleza del contrato, tendientes a evitar el daño. Precisamente, el art. 184 del Código de Comercio atribuye al transportador la obligación de seguridad, que encuentra su origen en el marco regulatorio del negocio bilateral que liga a las partes (arts. 499, 1197, 1198 y concs. del CC), por lo que su incumplimiento abre las puertas a la responsabilidad contractual. Dicha norma se aplica con amplio criterio, sin distinguir, de acuerdo al criterio prevalente de la doctrina, el medio de transporte; entre quienes propician la aplicación analógica a los demás medios de transporte más allá del ferrocarril se encuentran Spota ("La responsabilidad por daños acaecidos a pasajeros", J.A., 1994-II, p. 701), Rivarola, Salvat, entre otros (Anaya-Alegría, Derecho Comercial doctrinas esenciales. Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo III, 2009, pág. 8 a 9, comentario de Carlos Alconada Aramburu).
Así, el transportista asume una típica obligación de resultado, consistente no sólo en llevar al pasajero a su destino, sino a conducirlo sano y salvo, de manera que es responsable por el incumplimiento contractual representado por cualquier daño a la vida o a la salud que sufra el viajero. El art. 184 del Código de Comercio atiende al más débil y la justificación de ese tratamiento tuitivo se encuentra en la operatividad del orden público económico de protección, tendiente a resguardar a una de las partes y particularmente el equilibrio interno del contrato (Roberto López Cabana, "El contrato de trasporte terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual", Revista Jurídica Argentina, Derecho Comercial doctrinas esenciales, Anaya-Alegría, La Ley, Tomo III, 2009, págs. 84/85).
Se trata de una responsabilidad de naturaleza objetiva, cuyo fin es inducir a las empresas o al transportador a extremar las precauciones -funcionamiento del vehículo, buen desempeño de quienes lo guían y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos- y en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos si tuvieran que probar la culpa del transportador, quien está en mejores condiciones para acreditar ciertos extremos (arts. 902, 909 del CC; 40, 53 de la LDC).
En efecto, dado que de esa actividad se obtiene un beneficio, el transportador debe correr los riesgos inherentes a ella e indemnizar a los usuarios del servicio que hayan sufrido un daño; quien explota un servicio de transporte de pasajeros está asumiendo una actividad riesgosa susceptible de causar daños a sus transportados, que además debe ser llevada a cabo de buena fe (arts. 184 del Cod. de Com.; 1198, 1197 del CC; 40 LDC).
En ese entendimiento, el pasajero debe acreditar la existencia del daño y que éste se produjo mientras era transportado, tal como ha ocurrido en el caso y que no es motivo de debate. Dados estos dos supuestos, la ley presume que dicho daño se produjo como consecuencia del transporte, siendo a cargo del transportador demostrar que el perjuicio provino de un hecho de fuerza mayor o del accionar de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
La hipótesis contemplada en la parte final del art. 184 del Cód. de Comercio, en concordancia con lo dispuesto por el art. 1113 del CC -culpa de un tercero por quien no se debe responder- y con la última parte del art. 40 de la LDC -que la causa del daño ha sido ajena-, configura un supuesto particular de caso fortuito, y para poder admitírsela como eximente, debe revestir los caracteres de imprevisibilidad e irresistibilidad, y las demás propias del caso, recayendo sobre quien la esgrime la carga de la prueba de la ocurrencia de tales requisitos (art. 514 CC y 375 CPCC).
En base a estos parámetros, considero que en el caso, no se encuentra conformado aquel suceso extraño o ajeno al contrato de transporte ocurrido en ocasión o durante su ejecución, pues los hechos que motivaron la pretensión, en modo alguno pueden encasillarse en términos de extrañeza al vínculo convencional que se analiza, porque sencillamente no exceden las eventuales vicisitudes que pueden interferir en el incumplimiento del contrato de transporte.
Sin duda la temeraria circulación en contramano de Salinas, quien se aproximaba por la arteria transversal a la calle Quinteros, se traduce en cierta medida en una conducta muchas veces dificultosa de imaginar para el otro automovilista -actividad mental a la que además se debería recurrir en cada una de las esquinas-, dada la indudable gran alteración del tránsito vehicular normal que aquella involucra.
Pero ello, no conlleva considerar a ese hecho como algo externo a la actividad de riesgo asumida por el transportador.
Pues, más allá de la gravedad de la infracción de tránsito del tercero, como dice el recurrente -lo cual no se discute- y por la que considera no debe responder, lo cierto es que la misma forma parte de las posibles contingencias asumidas por la actividad, y de todos los potenciales avatares que puedan llegar a desarrollarse durante el tiempo que dura el viaje.
Máxime si sobre la vereda oeste de la calle Quinteros había una señal vertical de reglamentación que decía "cruce peligroso", ubicada a doce metros antes de llegar a la intersección -según la pericia mecánica de fs. 577/582 y las fotografías de fs. 123/124-. Señal que advertía más aún al conductor sobre los peligros del tránsito en esa esquina, sin perjuicio del ínsito deber de cuidado y previsión que hubo naturalmente de asumir (arts. 375, 384, 473, 474 del CPCC; 59 de la ley 11.430).
La Corte Provincial señaló en un caso análogo, que a fin de analizar la responsabilidad de la demandada en el hecho, el accionar del tercero (que arrojó desde la calle las piedras que lesionaron a la víctima) no era imprevisto ni inevitable, ni era extraño a la actividad riesgosa que desarrollaba la empresa de transporte de pasajeros a la época del suceso dañoso (SCJBA, Ac. 63613 del 25-8-98, "Melgarejo, F. c/ La Vecinal de Matanza S.A.").
Si el Superior Tribunal así decidió en un supuesto en donde habían sido arrojados objetos desde el exterior hacia el vehículo de transporte, cuánto más cabe hacer extensivos los mismos fundamentos al presente caso, donde se valora un suceso que tiene que ver directamente con el propio tránsito vehicular, sin perjuicio de la gravedad de la falta cometida por el tercero, quedando así esta conducta más alejada aún del ámbito de ajenidad e imprevisibilidad.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un antiguo precedente "Santamarina, María del Carmen c/ Ferrocarriles Argentinos" -fallo del 13.11.1990- sostuvo que el hecho del tercero como eximente de responsabilidad, debe revestir los caracteres propios del caso fortuito, esto es la imprevisibilidad y la inevitabilidad. El caso se inscribe en el carácter objetivo de la responsabilidad que puede generar esa relación y en el deber de seguridad que el transportador está obligado a asumir, frente a la cual no cualquier eximente es viable, máxime como cuando en el caso el mismo está íntimamente relacionado con las contingencias del tránsito, y no escapa a la esfera de la probabilidad.
Se ha expresado en ese sentido que esta responsabilidad legal objetiva, encuentra su fundamento jurídico en la teoría del riesgo profesional, que en materia de empresas posee una sólida base de solidaridad social, de justicia y de equidad, pues desde el momento que el empresario obtiene con su actividad un beneficio, debe correr con los riesgos que la misma crea para quienes usan sus servicios o para los terceros, a indemnizarlos si sufren daños (Ramírez, Jorge Orlando, Indemnización de daños y perjuicios, T. 1, "Actos ilícitos: atribución de la responsabilidad", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1983, pág. 187).
En conclusión, no dándose ninguna de las eximentes contempladas por los arts. 184 del Código de Comercio, 1113 y concs. del CC y 40 de la LDC, considero y así dejaré propuesto al Acuerdo del Tribunal, que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, y confirmarse lo resuelto en la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravio, con costas de esta instancia al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 42 de la Const. Nac.; 38 de la Const. Prov.; 184 del Código de Comercio; 499, 902, 909, 1068, 1069, 1086, 1109, 1113, 1197, 1198 del CC; 1, 2, 5, 37, 40, 53, 65 de la LDC; 68, 242, 260, 266, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 415 y ccdtes. del CPCC; 59 de la ley 11.430).
V. Rubros indemnizatorios.
a) Daños a la salud e incapacidad sobreviniente a favor de Leandro Fernández. Se otorgó por este rubro la suma de $ 70.000, luego de considerarse el contenido de la pericia médica producida a fs. 800/802. De esto se agravia el demandado, quien pretende su adecuación al puntualizar que no se corresponde con el porcentaje mínimo de incapacidad establecido, sin que haya vinculación entre el mismo y lo establecido por la jurisprudencia.
En el caso no caben dudas de las lesiones inferidas al actor a raíz del accidente, habiendo sido demostrado el grado de incapacidad que le generaron, sin perjuicio del alcance que el recurrente pretende darle para la estimación de la indemnización, lo que se analizará a continuación.
Se ha producido la prueba pericial médica de fs. 800/802 que no ha sido motivo de ampliación o explicación; recoge en sus conclusiones las constancias de autos, y por su dimensionamiento cobra fuerza específica por ser la prueba por excelencia que aporta conoci
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