Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa S1 117483
Nro de Orden:
Libro: S-202
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 2 - Dpto Judicial Moreno - Gral Rodriguez
Expte: SI-117483
Juicio: CORDOBA STELLA MARIS C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117483 , en los autos: “CORDOBA STELLA MARIS C/ TRANSPORTES LA PERLITA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fs. 372/86 es apelada por el representante de la demandada y de la citada en garantía, quien expresa agravios en forma electrónica en sendos escritos, los que son contestados por la actora a fs. 395/98.
II.- 1.- La sra. Stella Maris Córdoba promovió demanda contra Transportes La Perlita S.A. por indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo del accidente que denunció ocurrido el día 14/11/15 a eso de las 15.30 en la localidad de Moreno. Pidió la citación en garantía de Metropol Sociedad Anónima de Seguros Mutuos.
Dijo que viajaba en un colectivo de la empresa demandada cuando, al llegar a la esquina de las calles Pirovano y Miguel Angel, un pasajero avisó al conductor para bajar por la puerta trasera; una vez que lo hizo, el chofer cerró la puerta y arrancó, momento en que la actora dio “avisó casi a los gritos”, el colectivo detuvo su marcha antes de llegar a la parada siguiente, abrió la puerta, “y al intentar bajar – relató – me encentro a mi paso con una montaña de tierra, dado que se estaban realizando obras para el ferrocarril Sarmiento en la zona”. Continuó diciendo: “Ante la intención del chofer de retomar la marcha debí dar un salto para bajar, apoyando mi pie izquierdo, cayendo al suelo y quedando parte de mi cuerpo bajo las ruedas del colectivo”.
Expresó que los pasajeros dieron aviso al conductor a los gritos, y que luego llegó un patrullero y fue trasladada en ambulancia al hospital de Moreno, donde se le comprobó una fractura en su tobillo izquierdo. Fue derivada a la Clínica Mariano Moreno y posteriormente al Hospital Interzonal Prof. Luis Güemes donde le colocaron un yeso, que mantuvo durante dos meses. Luego de su extracción, se sometió a sesiones de kinesiología.
Fundó la responsabilidad en el contrato de transporte y pidió reparación por daño psicofísico, tratamiento psicológico, lucro cesante y daño moral.
2. Contestó la demanda Transportes La Perlita S.A. pidiendo su rechazo. Negó pormenorizadamente todos los hechos relatados e impugnó los rubros indemnizatorios reclamados. Dijo que a la fecha del hecho denunciado, la póliza tenía una limitación de responsabilidad civil con descubierto obligatorio a cargo del asegurado de $ 40.000, lo que solicitó que se tuviera en cuenta.
3. Metropol Sociedad de Seguros Mutuos contestó adhiriendo a los términos de la accionada.
4. Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. Para así decidir el juez, luego de señalar que era aplicable al caso el Código Civil y Comercial (ley 26.994), dijo que en la audiencia de vista de causa (videograbada) quedó establecido que el 14/11/15 en ocasión de ser transportada la actora en una unidad de la empresa accionada, al intentar descender en la esquina donde tiene mayor proximidad la parada en la intersección de las calles Pirovano y Miguel Angel, el conductor se detuvo a mitad de caudra sobre la calle López Buchardo en un lugar donde no existía parada para ascenso y descenso de pasajeros. Expresó que, en ocasión del descenso de la actora medió una cierta simultaneidad entre esa maniobra y la reanudación de la marcha del colectivo, lo que, sumado a las condiciones en que se vio forzada a descender la accionante, derivaron en que perdiera el equilibrio cayendo a la calzada hacia atrás del microómnibus, sufriendo lesiones.
Sostuvo que por imperio del art. 1286 del C.C.C. era aplicable el art. 1757 y ss. que contempla la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, y que los transportistas contraían con los pasajeros una obligación de seguridad, que es de resultado. Sobre esa base entendió que existía una presunción de responsabilidad del transportista y la consiguiente carga de la prueba de las excusas absolutorias por parte de la misma (fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero), prueba que la accionada no produjo.
Añadió que el art. 54 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (aplicable en la provincia por ley 13.927) prescribía que el ascenso y descenso de pasajeros debía hacerse en las paradas establecidas, y que, cuando no las hubiera, tenía que hacerse sobre el costado derecho de la calzada, antes de la encrucijada.
Por tales razones encontró responsable a la accionada por el accidente motivo de autos.
Fijó indemnización por incapacidad (art. 1746 C.C.C.) en la suma de $ 87.680,40; por afectaciones espirituales (art. 1741 C.C.C.) $ 105.311,92; por daño psíquico y tratamiento $ 33.800, y por gastos de curación, asistencia médica y farmacéutica $ 15.000, todos ellos a valores a la fecha de la sentencia, con más intereses a distintas tasas según los períodos hasta el efectivo pago.
III.- 1.- La demandada se agravia en primer lugar de la adjudicación de responsabilidad a su parte, alegando principalmente que, desconocida la ocurrencia del hecho en la contestación de la demanda, le correspondía al actor probarlo.
Sostiene que la responsabilidad objetiva que implica el contrato de transporte no exime a la parte actora de probar la existencia de ese contrato y el incumplimiento del deber de seguridad. Dice que de la causa penal surge que la actora declaró espontáneamente que había caído en la calle por los escombros, y que la prueba confesional de la actora no es más que una manifestación unilateral luego de contar con asistencia letrada. Expresa que ninguno de los testigos declarantes en la audiencia fue presencial del hecho. Argumenta que la responsabilidad objetiva no exime a la presunta víctima de acreditar la existencia del hecho y la relación causal con el daño. Afirma que la actora no acompañó el boleto ni la SUBE para demostrar que viajaba en el colectivo.
En segundo término se agravia de los montos indemnizatorios por estimarlos excesivos.
2. La citada en garantía reitera los mismos agravios y se queja también de que la sentencia haya omitido hacer referencia a la franquicia de la responsabilidad civil pactada en la póliza como alegara en la contestación de la demanda. Asimismo, se agravia de que la sentencia no establezca que la condena en costas no puede superar el 25 por ciento del capital, conforme a la póliza y al art. 730 del C.C.C.
3. La actora contesta los agravios defendiendo la sentencia en todos sus términos.
IV.- 1.- Responsabilidad.
Como dice la sentencia es de aplicación en autos el Código Civil y Comercial (ley 26.994). En consecuencia, rige el art. 1286 que regula responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas y remite al art. 1757 y siguientes. Es decir, a la responsabilidad derivada por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o por actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, caso en el cual la responsabilidad es objetiva. En consecuencia, el responsable se libera sólo demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722). A su vez, el art. 1289 contempla, entre las obligaciones del transportista, “garantizar su seguridad” (inc. c) (Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial Comentado, T. VII, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., p. 30, con cita de los siguientes precedentes de la C.S.J.N.: Fallos: 331:819; 333:203).
Con las disposiciones indicadas, el nuevo código ha plasmado lo que era jurisprudencia pacífica en torno al antiguo art. 184 del Cód. de Comercio: la obligación de seguridad propia del contrato de transporte, que implica una obligación de resultado: llevar al pasajero sano y salvo al lugar de destino (esta Sala, causa n° 116.070 del 14/02/17, entre otras). La norma indicada tenía previstas eximentes de responsabilidad similares a los del art. 1113 2do. párr. del C.Civil (fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por el cual la empresa no debía responder); de ahí entonces la responsabilidad objetiva. Al unificarse la responsabilidad contractual con la extracontractual en el nuevo código, el resultado no podía ser otro que la remisión de las normas sobre el contrato de transporte a las referidas a la responsabilidad por la intervención de cosas o de actividades riesgosas.
Ahora bien, asiste razón a los apelantes en cuanto a que la responsabilidad objetiva en estos casos no exime a quien la invoca de acreditar el contrato de transporte y la relación de causalidad con el daño alegado. Así lo prevé expresamente el art. 1736 del C.C., y fue siempre, además, jurisprudencia pacífica de los tribunales (S.C.B.A. C. 105.708 del 17/08/11; Ac. 88.384 del 9/11/05; Ac. 37.535, Ac. 41.868, entre varias; esta Sala, causas n° 108.654 del 14/09/04, 108.830 del 04/11/04, 108.654 del 14/09/04, 111.002 del 10/07/07, 115.572 del 03/10/07, 116.961 del 20/03/18, entre otras). Rige al respecto sin cortapisas el art. 375 del C.P.C.
Por consiguiente, la actora debía probar: a) que era pasajera del colectivo de la empresa Transportes La Perlita en el lugar, día y momento denunciado en la demanda; b) que el incumplimiento de la obligación de seguridad fue la causa de que se accidentara y sufriera un daño.
La demandada negó, al contestar la demanda, la ocurrencia del hecho, tesitura que mantiene en la expresión de agravios, argumentando, como ha sido referenciado, que la actora no acompañó el boleto ni la tarjeta SUBE y que ninguno de los testigos declarantes dijo haber visto que la misma se cayera del colectivo, como que la absolución de posiciones de la actora no puede tomarse como prueba del acontecimiento.
Comienzo por esto último. Asiste razón a las apelantes. En primer lugar no hubo absolución de posiciones. De ningún lado surge que la accionada hubiera presentado el pliego respectivo como exige el art. 408 del C.P.C. En efecto, no se acompañó el pliego en ninguna de las dos contestaciones de demanda ni media hora antes de la audiencia, ya que no hay constancia de ello ni surge del CD de videograbación. El magistrado requirió directamente a la actora que relatara cómo había sido el hecho, aparentemente haciendo uso de la facultad acordada por el art. 413 última parte del C.P.C., sin oposición de las partes que estaban presentes (en el caso de la demandada por intermedio de su apoderada).
Cabe recordar que la prueba de absolución de posiciones procura hacer confesar a la contraria hechos que no dijo o negó en los escritos de traba de la litis (de ahí que se también se la denomina “prueba de confesión”). Por ello las contestaciones a las posiciones deben ser afirmativas o negativas (art. 411 C.P.C.), y sólo luego de haber contestado por sí o por no (“sí, es cierto”, o “no es cierto”), puede el absolvente agregar o aclarar algo. Los hechos que se confiesan deben ser desfavorables al confesante y favorables a la otra parte (S.C.B.A., Ac. 86.304, sent. del 27/10/04; Arazi, Roland, “La prueba en el proceso civil”, Coop. de Der. y Ciencias Sociales, Bs. As., 1976, p. 54; Morello y otros, Códigos Procesales Comentados, T. V-B, p. 8; Rodríguez Saiach, Luis, “Derecho Procesal Teórico Práctico de la Provincia de Buenos Aires”, T. I, Lexis Nexis, 2006, p. 529; Kielmanovich, Jorge, “Teoría de la prueba y de medios probatorios”, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2001, p. 490; Quadri, Gabriel, “La prueba en el proceso civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Lexis Nexis, 2007). Por ende la prueba confesional no puede ser citada como prueba a favor del absolvente (conf. esta Sala, causa n° 117.364, “Alendres c. Garay s. Daños”, del 24/06/19).
Cierto es que el art. 413 del C.P.C. permite que las partes se hagan las preguntas recíprocas y observaciones que juzgaren convenientes con autorización o por intermedio del juez. A su vez, la misma norma permite al juez interrogarlas de oficio “sobre las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad”. Sobre la razón de ser de este artículo se ha dicho que las posiciones no satisfacen plenamente el propósito de esclarecimiento de los hechos puesto que dentro de su rigidez no cabe el conocimiento de matices (Fassi, Santiago C., “Código Procesal Civil y Comercial Comentado”, T. II, Astrea, Bs. As., 1978, p. 264). Arazi en la obra citada expresa que cuando el ponente no conoce con exactitud el hecho, pero sí el absolvente, no podrá formularle la posición en forma afirmativa, pero podrá interrogarlo libremente. Agrega – quizás, en contradicción con lo citado en el párrafo anterior – que el valor probatorio de estas preguntas y sus respuestas, tanto en lo que resulte favorable al interrogado como desfavorable, queda reservado a la libre apreciación judicial (ob. cit. ps. 63/64).
El reciente proyecto de Código Procesal Civil y Comercial elevado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura elimina los términos “prueba de confesión” o “absolución de posiciones” y lo sustituye por la “declaración de parte” (art. 403 y ss.), pero es de advertir – huelga decirlo – que sigue siendo “de lege ferenda”. El código vigente aún mantiene la prueba confesional o de absolución de posiciones, y me atrevo a conjeturar que si el proyecto se aprueba de esa manera va a acarrear más de una confusión que los tribunales se verán obligados a enfrentar y dilucidar.
En efecto, la razón de ser de que las partes sólo puedan “absolver posiciones” y no “declarar” es que no pueden en la audiencia respectiva mejorar los términos en que quedó trabada la litis. Es decir, si el actor dio una versión de los hechos no puede cambiarla para mejorar su postura en el proceso. Lo mismo corre para el demandado; no puede pretender mejorar sus argumentos defensivos al contestar la demanda. Los términos de los escritos constitutivos del proceso (incluidos, las excepciones, contestación acerca de la documentación acompañada, reconvención o hechos nuevos y sus respectivas respuestas si existieren) configuran la “traba de la litis” o “litis contestatio”. Etapa procesal que se cierra cuando los autos están en condiciones de abrirse a prueba o declararse la cuestión de puro derecho (arts. 358, 360 y 487 C.P.C.). La prueba debe versar acerca de lo que se afirmó o negó en esos escritos constitutivos del proceso. Y es así porque introducir nuevas versiones de los hechos para mejorar la posición procesal en esa oportunidad afecta el derecho de defensa de la contraparte y la igualdad de las partes en el proceso (art. 18 C.N., art. 34 inc. 5.c del C.P.C.). Lógicamente también afecta al principio de congruencia que el juez está obligado a respetar (art. 163 inc. 6 del C.P.C.). Recordemos que el código sólo permite introducir hechos nuevos cuando ocurrieren o llegaren a conocimiento de las partes con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, caso en el cual del escrito debe darse traslado a la contraparte - quien puede alegar otros hechos en contraposición -, el plazo de prueba se suspende y si los hechos nuevos se admiten la prueba a producir puede recaer sobre los mismos.
Debe tenerse en cuenta, además, que si bien cada parte puede exigir que la contraria absuelve posiciones bajo juramento o promesa de decir verdad (art. 402), mentir no hace incurrir al absolvente en el delito de falso testimonio. Ello surge de que lo contrario prevé el código respecto de los testigos (art. 438) y del art. 275 del C.Penal (que sólo contempla el falso testimonio para testigos, peritos o intérpretes). Es lógico, por ende, que cualquier declaración que haga en una audiencia va a ser sólo procurando su beneficio.
¿Cómo se compatibiliza, entonces, la razón de ser del instituto de la absolución de posiciones con lo dispuesto por el art. 413 últ. parte del C.P.C.? Entiendo, por los principios y reglas procesales apuntadas, que las declaraciones que efectúen las partes en la audiencia respectiva solamente pueden servir para aclarar algún aspecto oscuro de los hechos, pero no pueden alterar los términos de la litis, lo que implica que no pueden beneficiarlas. El juzgador, por consiguiente, debe ser muy prudente a la hora de apreciar y valorar esas declaraciones.
Sobre la base de lo expuesto, la declaración de la actora en la audiencia de posiciones nada acredita acerca de que era pasajera del colectivo de Transportes La Perlita. Ello debió acreditarse con la tarjeta SUBE y un peritaje técnico de la misma que no se ofreció, o, en su caso, mediante testigos que la hubieran vista viajar o bajar del mismo, cosa que ninguno de los que declaró en autos dijo (arts. 375, 384 y 456 C.P.C.).
No obstante, entiendo que existen varios indicios para dar por probado que la actora viajaba en el interno de la demandada. En primer lugar de la I.P.P. n° 09-02-018115-15/00 de la U.F.I. n° 3 de Moreno, que corre por cuerda, surge que personal policial se constituyó en la intersección de Pirovano y López Buchardo ante el aviso de que “habría una femenina tirada en vía pública”, y encontraron a Stella Maris Córdoba con lesiones en la pierna izquierda, quien les manifestó “al bajar del colectivo me resbalé y me caí al suelo, lastimándome la pierna izquierda”, y que dieron vista a un colectivo de la empresa “La Perlita” interno 234, recorrido 27, identificando a su conductor, quien se negó a trasladarse a la seccional policial (fs. 1, 4, 5 y fotografías de fs. 6 y 7). En las de fs. 6 se visualiza un colectivo con la inscripción “Transportes La Perlita S.A.” y el nro. 234 al lado de una persona en el piso asistida por otras dos. También se ven a fs. 7 dos fotografías de frente y de costado del colectivo al costado una acera con desniveles de tierra similares a las que se ven en las indicadas de fs. 6. La frase que el acta policial atribuye a la persona en el piso parece espontánea. No puede razonablemente pensarse que en ese momento estuviera preconstituyendo una prueba para hacer un juicio posterior. Lo mismo puede decirse del certificado médico de fecha 14/11/15 con sello de la guardia del hospital de Moreno que obra a fs. 2, de donde surge que Stella Maris Córdoba presentaba traumatismo de “MII en Pirovano y Bouchardo al descenso del colectivo”.
No se me escapa que la causa penal no fue ofrecida como prueba por la demandada, pero es de recordar lo que esta Sala comparte lo sostenido por el Jorge M. Galdos en diversos trabajos (“El valor probatorio del expediente penal en sede civil (Primera parte)”, LA LEY 1992-D , 1037; “El valor probatorio del expediente penal en sede civil (Segunda parte)”, LA LEY 1992-E , 918; El valor probatorio del expediente penal en sede civil (Tercera parte)”, LA LEY 1993-B , 1019): “… participamos de un criterio amplio que compatibilice los valores y principios jurídicos de seguridad y contradicción al asignar eficacia probatoria al expediente judicial penal --variable y contingente según las circunstancias--, permitiendo el aprovechamiento útil y valioso de prueba ya producida, pero brindando simultáneamente la adecuada y razonable posibilidad d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.