Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 118284
Nro de Orden:
Libro: S-205
Juzgado de origen: JUzg Civ y Com N° 4 Dptal
Expte: SI-118284
Juicio: OLIVA MARIA ESTHER C/ LECEA ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Febrero de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, quien interviene por haberse realizado el sorteo del presente expediente cuando integraba la Sala en su carácter de Presidente de esta Excma. Cámara (Ac. Extraordinario del 12/06/2020, arts. 35 y 36 de la ley 5827; art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/09/2008, publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-118284 , en los autos: “OLIVA MARIA ESTHER C/ LECEA ROBERTO JOSE Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1°.- ¿Es justa la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía?
2°.- ¿Es justa la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la demanda?
3°.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Tomás M. Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia del 17/07/20 es apelada por la demandada y por la actora, quienes expresan agravios en forma electrónica, siendo los primeros contestados por la citada en garantía y los segundos por la actora.
II.- 1.- La sra. María Ester Oliva promovió demanda contra Roberto José Lecea por indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 17/03/12 en la ciudad de Mercedes.
Dijo que transitaba en bicicleta por la calle 1 desde la calle 4, y al cruzar la calle 2 fue embestida brusca y violentamente por el ciclomotor Yamaha, modelo XT 225, conducido por el demandado con el frente de este contra el lateral trasero izquierdo de la bicicleta. Como consecuencia de ello sufrió lesiones y fue trasladada en ambulancia al Hospital municipal.
Describió las lesiones que sufriera, que calificó de gravísimas, y reclamó reparación por incapacidad sobreviniente, daño psicológico, daño moral, gastos médicos y de farmacia y tratamientos futuros.
2. Contestó la demanda el sr. Roberto José Lece, pidiendo su rechazo por la eximente de culpa de la víctima. Dijo que la colisión se produjo cuando ya había atravesado la calle 1 y que el golpe fue en el lateral delantero izquierdo de la bicicleta y no el trasero. Sostuvo que él tenía prioridad por ser la avenida 2 de mayor jerarquía que la calle 1, y que en esta, antes de llegar a aquella avenida había un cartel que decía “Ceda el paso”. Expresó que la actora se interpuso imprevistamente y que le fue imposible evitarla pese a que hizo una maniobra de frenado y esquive.
Respecto de los daños invocados por la actora dijo que salió del hospital el mismo día y que en la IPP se daba cuenta de “lesiones leves”.
3. Antártida Cía. Argentina de Seguros S.A. contestó la citación en garantía oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva (defensa de no seguro), sobre la base de que el asegurado carecía de carnet habilitante para conducir motocicletas de la cantidad de cilindrada que tenía la que conducía (225 cc) y que la póliza respectiva exigía tenerla “para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente”. Dijo que así había sido comunicado al asegurado dentro de los treinta días de recibir la denuncia del siniestro. Opuso también el límite de cobertura de $ 180.000 previsto en la póliza.
Subsidiariamente negó los hechos expuestos en la demanda, la responsabilidad atribuida y los resarcimientos pedidos.
4. Corrido el traslado de la excepción, la actora pidió su rechazo diciendo que la cobertura había sido rechazada fuera del plazo del art. 56 de la LS si se tenía en cuenta la fecha de ocurrencia del siniestro. En otro orden dijo que los contratos no podían perjudicar a terceros y que las cláusulas limitativas de responsabilidad debían interpretarse restrictivamente.
5. El demandado también pidió el rechazo. Sostuvo que al ocurrir el siniestro estaba habilitado para conducir vehículos de mayor riesgo: autos, utilitarios, camionetas, casas rodante de 3.500 kgs. Y hasta máquinas agrícolas, por lo que era irrazonable la aplicación de la cláusula toda vez que “quien puede lo más puede lo menos”. Dijo que dos meses después del siniestro obtuvo una ampliación de la licencia para conducir motocicletas de hasta 300 cc, lo que permitía ratificar la presunción de capacidad para ese tipo de categoría que tenía antes. Dice también que al renovar la licencia se lo habilitó para esa categoría de motocicletas (acompañó las respectivas licencias).
Adujo que se trataba de un contrato de adhesión y que no debía interpretarse en contra del adherente, conforme al art. 37 de la LDC. Dijo que la cláusula 22 de la póliza no podía interpretarse aisladamente sino en consonancia con el art. 42 y la LDC.
5. Se difirió el tratamiento de la excepción para el momento de la sentencia y se abrieron los autos a prueba.
6. Producida la prueba, se dictó sentencia. En primer lugar el juez hizo lugar a la excepción de no seguro sobre la base de lo estipulado en la cláusula 22 de la póliza y jurisprudencia de la S.C.B.A., con costas.
En segundo término, hizo lugar a la demanda por encontrar responsable al accionado por imperio del art. 1113 2do. párr. del C.C. Es decir, por considerar que el demandado no había probado la ruptura del nexo causal entre la cosa riesgosa y el daño, y sobre la base de la valoración de la declaración de un testigo, de la que dedujo que circulaba con exceso de velocidad.
Fijó los siguientes montos indemnizatorios: $ 130.000 por incapacidad física; $ 20.000 por daño moral, $ 2.000 por gastos médicos y de farmacia, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del hecho hasta el pago.
III.- 1.- La demandada se agravia en primer lugar de la aceptación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía. Dice que el “a quo” ha aplicado literal y automáticamente la cláusula 22 de las condiciones generales de la póliza, sin atender a la particularidad del caso y sin ninguna otra consideración con respaldo teleológico y sistemático de las fuentes conglobantes.
Insiste en que al momento del hecho estaba habilitado para conducir vehículos de mayor riesgo y que dos meses después del siniestro se lo habilitó para motocicletas de hasta 300 cc. y que, por ende, no se aumentó el riesgo que el seguro tiende a cubrir. Argumenta que las cláusulas del contrato de seguro deben interpretarse a favor del consumidor.
Dice que el art. 114 de la LS no libera a la aseguradora sino que establece que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado pero no le quita ese derecho a la víctima del accidente.
Cita jurisprudencia en cuanto a que la falta de habilitación para conducir es una infracción administrativa y expresa que no tuvo influencia causal en el hecho, y un precedente de la SCBA referido a que la cláusula de “no seguro” sólo puede aplicarse al asegurado y no a la persona del conductor.
En segundo lugar se agravia de la atribución de responsabilidad endilgada a su parte. Dice que la sentencia lo responsabiliza como propietario de la motocicleta siendo que no lo es, como tampoco es tomador del seguro, de acuerdo a la pericial contable.
En cuanto a la forma de ocurrencia del siniestro dice que no surge de la pericial de ingeniero que la motocicleta circulara con exceso de velocidad y sostiene que no surge de la testimonial tal circunstancia. Expresa que la colisión se produjo cuando ya había terminado prácticamente de cruzar la calle 1, porque esta arteria atraviesa la avenida 2 casi en diagonal. Insiste en que en la calle 1 existe un indicador vial que señala que debe cederse el paso. Sostiene que carece de importancia la calidad de “embistente mecánico” que se le endilga. Sostiene que la avenida 2 es de mayor jerarquía por ser de acceso a la ciudad.
Finalmente se agravia de los montos fijados por considerarlos elevados. Dice que los $ 130.000 fijados por incapacidad física son excesivos dado que se trata de una mujer de 55 años, que no acreditó actividad productiva alguna, que no presenta secuelas motrices relacionadas con la fractura de clavícula, no hay constancias de rehabilitación fisiokinésico, y que no puede considerarse las lesiones en la rodilla dado que al ser atendida en el hospital no se le diagnosticó, además de manifestar en la entrevista psicológica que continuaba movilizándose en bicicleta.
Respecto del daño moral dice que la perito psicóloga ha dado cuenta de que no sufrió ningún tipo de alteración psíquica, su actividad laboral continuó pese al accidente, su relación familiar no se vio afectada, no se detecta padecimiento de trauma alguno y no requiere tratamiento.
2. La actora se agravia de los montos fijados por estimarlos bajos.
En relación a la incapacidad física dice que el perito ha dictaminado un 15 por ciento irreversible y permanente y que, dado su edad, la excluye del mercado laboral. Dice que no se ha valorado la prueba testimonial.
Se agravia también de los montos fijados por daño moral y gastos médicos y de farmacia.
IV. Excepción de falta de legitimación pasiva (no seguro).
Esta Sala tiene dicho reiteradamente que la cláusula de las pólizas de seguro que eximen de cobertura cuando el vehículo asegurado es conducido por personas que no cuentan con la licencia de conducir habilitante están muy lejos de ser abusivas, dado que la habilitación para conducir es el requisito previo para circular en la vía pública (causas n° 111.513, “Rodríguez c. Gandolfo”, 11/12/07; 109.599, “Barigozzi c. Olivera”, 11/09/08; 114.877, “Corigliano c. Lorca” del 04/09/14, , 115.624 (“Mintegui c. Macías” del 5/05/16, 117.857 “Córdoba c. Bracco” del 06/05/20; 118.269, “Vargas c. Ibardia”, del 30/11/20, y también mis votos en causas n°30.509, Bonello c. Gomez, de Sala II, de fecha 27/08/2019 y n° 4717, “Suarez c. Gomez”, de Sala III, de fecha 13/11/2019).
Pero en el caso de autos se da la siguiente particularidad:
Regía al momento del hecho (17/03/12) la Ley Nacional de Tránsito 24.449 por adhesión de la ley 13.927 (pub. el 30/12/08). Dicha ley en el art. 16 contempla las clases de licencia. Comienza por la Clase A para: “ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se trata de motocicletas de más de 150 cc. de cilindrada se debe haber obtenido previamente por dos años licencia para motos de menor potencia, excepto los mayores de 21 años”.
El decr. 532/09 (reglamentario de la ley 13.927) en el Anexo II, Título I, establece las siguientes clases de licencia: A.1: para ciclomotores para menores entre 16 y 18 años; A.2.1: motocicletas de entre 50 y 150 cc.: se debe acreditar habilitación previa de dos años para ciclomotor; A.2.2: motocicletas de entre 150 y 300 cc.: “previamente se debe haber tenido habilitación por dos años para una motocicleta de menor potencia, que no sea ciclomotor”.
De acuerdo a lo que surge de la copia de la licencia obrante a fs. 102 (no desconocida) fue expedida el 7/12/17. Seguramente por ser la primera y contar con menos de 21 años de edad (conf. la misma licencia) le fue expedida para las categorías A.2 (motos de 50 a 150 cc.), B.1 y B.2. Ahora bien, al momento del accidente ya habían pasado dos años y el demandado tenía 22 años. Es decir, estaba en condiciones (tanto por el tiempo que hacía que contaba con licencia para motos de menor cilindrada como por la edad) de obtener la licencia para la categoría siguiente (A.2.2).
La pregunta es: ¿implicaba ello una ampliación automática de la licencia o debía rendir un examen teórico práctico?
Los textos de la ley 24.449 y del decreto provincial reglamentario cotejados con la documentación acompañada por la demandada al contestar la excepción (copias de fs. 129 y 30) me persuaden de que una cosa es la “ampliación” y otra la obtención de la licencia original o su renovación.
En efecto, el art. 13 de la ley 24.449 prevé que deben otorgarse licencias por hasta 5 años, debiendo en cada renovación aprobarse el examen psicofísico (inc. c). aunque el l art. 16 del Anexo II del decr. 532/09 establece que si la renovación es pedida dentro de los 90 días de su vencimiento puede gestionarse sin rendir dicho examen. A su vez, el art. 11 del Anexo II del decr. 532/09 contempla cuatro tipos de licencia: 1) licencia original; 2) licencia duplicada; 3) licencia reemplazada, y 4) licencia renovada.
La licencia cuya copia obra a fs. 130 (para las categorías A.3, B.1, B.2, G.1 y G.2) dice “AMPLIACION” con la misma fecha de vencimiento de la licencia original (7/12/12). En cambio, la nueva licencia obtenida el 27/03/14 no lo dice y tiene vigencia hasta el 27/03/19 (fs. 129).
Ello me lleva a concluir que la ampliación de la licencia por haber transcurrido dos años desde la obtención de habilitante para una categoría menor de motocicletas se logra en forma automática sin necesidad de rendir examen, plazo que, además no se exige cuando se tienen más de 21 años.
No está claro si el demandado al obtener la ampliación que luce a fs. 130 rindió examen o no, pero induzco que no le fue exigido por las razones dadas (téngase en cuenta que no se requiere cuando se renueva la licencia dentro de los 90 días del vencimiento, como he señalado).
Estas circunstancias me llevan a concluir que el demandado, al momento del accidente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que había obtenido la licencia original y la edad que tenía, estaba habilitado para conducir motocicletas de 225 cc., por lo que no es de aplicación la cláusula de exclusión de cobertura del art. 22 de las Condiciones Generales de la póliza de autos. Esta interpretación es la que se condice con la más favorable al consumidor de acuerdo a la ley 24.240 (arts. 37 y 38) (esta Sala, causa n° 118.251, “Adami c. Gómez”, sent. del 28/12/20, con cita de causas n° 111.844, del 26/08/08; 114.457 del 29/08/13; 117.024 del 18/12/2018; 117.437 del 07/05/19; 114.457 del 29/08/13, entre otras; SCBA. C.119.088 del 21/02/18; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481)
En consecuencia, propongo que se revoque la aceptación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía y se rechace la misma, con costas a la vencida en ambas instancias (art. 69 CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. Responsabilidad.
Para resolver la responsabilidad de un accidente ocurrido en la encrucijada de arterias lo primero que debe discernirse es qué vehículo tenía prioridad de paso. Claramente prescribe el art. 41 de la ley 24.449 que la prioridad del que arriba por la derecha se pierde cuando existe “señalización específica en contrario” (inc. a) (ver esta Sala, causa n° 118.119, “Vallejos c. Ferreyra”, sent. del 27/10/20).
En el caso de autos, alegó el demandado al contestar la demanda que en la calle 1, antes de llegar a la av. 2 había un cartel que decía “CEDA EL PASO”. Ello ha quedado probado con el informe de la Municipalidad de fs. 463/64 (que agrega, además, fotografía respectiva), y por el informe del perito ingeniero mecánico (presentado el 28/07/18, Anexo 3). De manera, pues, que es al revés de lo sostenido por la actora al deducir la demanda.
Tal circunstancia es medular para la definición de la controversia y es de destacar que, si bien, a diferencia de lo sostenido por el demandado, se trata de dos avenidas, es evidente que tal cartel indicador obedece a que la avenida 2 es la entrada a la ciudad de Mercedes (ex ruta 5) y por ende circulan por la misma mayor cantidad de vehículos (incluidos camiones y ómnibus, como es público y notorio).
El juez principalmente ha considerado responsable al demandado sobre la base de un presunto exceso de velocidad de la motocicleta, de acuerdo al testimonio de fs. 196, pero entiendo que asiste razón a la apelante en cuanto a que si la testigo dice que iba por la av. 2, casi llegando a la 1, escuchó una explosión, “por lo que me doy vuelta” (sic) y vio cómo la moto que había seguido golpeaba a la mujer, mal puede haber visto la colisión. Luego vuelve a decir: “miro para atrás que veo cómo la moto choca a la bicicleta” (sic). No da mayores detalles como para entender por qué considera que la moto iba “a tanta velocidad” si recién vio lo ocurrido luego de oír un ruido explosivo (art. 456 CPCC). A su vez, el perito ingeniero mecánico informa que es imposible determinar a qué velocidad circulaba la motocicleta, y en relación al embestimiento dice que el contacto fue “frontolateral” para la moto (cierta oblicuidad) y en el lateral izquierdo para la bicicleta. Este vehículo fue embestido en la rueda delantera y no en la trasera como dijera la actora en la demanda (conf. pericial mecánica, fotografía de fs. 6/8 de autos y fs. 6 de la IPP). Es de recordar que la condición de embistente físico o mecánico, como tantas veces se ha dicho, no determina de por sí responsabilidad alguna (esta Sala, causa n° 117.049 del 01/11/18, entre varias).
La actora dijo en la demanda que fue embestida al traspasar la avenida 2 pero es de señalar que, como surge del informe pericial de ingeniero, la avenida 1 no cruza en forma perpendicular a la 2. En el momento del hecho a esa altura de esta avenida se continuaba en boulevard, de modo que quien intentaba cruzar debía doblar hacia la derecha para hacer una “S” y cruzar para el otro lado de la avenida 2 (se ve claro en el Anexo 2 y en las fotografías de la pericial mecánica). Se trata de otra excepción a la prioridad de paso del que arriba por la derecha; o sea que se pierde cuando se gira para ingresar a la vía que corta la calle por la que se llega (art. 41 inc. G), 3) ley 24.449).
Por las razones dadas entiendo que la actora no tenía prioridad de paso y se introdujo en forma imprudente en la avenida 2 girando hacia su derecha porque debía hacerlo para traspasarla (arts. 384, 474, 456 y cctes. C.C.), con lo que considero que su conducta interrumpió el nexo causal entre la cosa riesgosa conducida por el accionado y el daño sufrido (art. 1113 2do. párr. C.C.).
II. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas en ambas instancias deben ser a cargo de la actora vencida (art. 68 CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía y rechazar la misma, con costas en ambas instancias a la vencida.
2°.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.