Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa 118352
Nro de Orden:
Libro: S-205
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 10 Dptal
Expte: SI-118352
Juicio: PANE NATALIA INES C/ ADT SECURITY SERVICES S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Marzo de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, quien interviene por haberse realizado el sorteo del presente expediente cuando integraba la Sala en su carácter de Presidente de esta Excma. Cámara (Ac. Extraordinario del 12/06/2020, arts. 35 y 36 de la ley 5827; art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/09/2008, publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-118352 , en los autos: “PANE NATALIA INES C/ ADT SECURITY SERVICES S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Tomás M. Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. ibarlucía dijo:
I. La sentencia de primera instancia del 24/7/2020 es apelada por la parte demandada, la que expresa sus agravios que son contestados por la actora. Habiendo dictaminado el representante del Ministerio Público, los autos se hallan en condiciones de ser fallados.
II. Antecedentes:
1. La actora, el 30/4/2013, promueve demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual contra ADT SECURITY S.A. por la suma de $ 80.000 o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse. Aclara que, por el momento, efectúa una simple estimación del daño. A su vez, solicita que se ajuste el capital por desvalorización monetaria y solicita intereses a la tasa activa.
Expone que suscribió un contrato de adhesión con la demandada el 21/2/2008 por servicio de seguridad y monitoreo y que, el 13/5/2011, se produjo un robo en su domicilio de cosas muebles e inclusive dinero. Dice que formuló la pertinente denuncia pero que, previo a ello, se comunicó con la empresa de seguridad para requerir explicaciones, que la empresa dijo desconocer el hecho, que envió un técnico, pero, finalmente, no brindó explicaciones. Continúa diciendo que remitió a la demandada una carta documento que no fue contestada. Menciona la indignación que le causó la situación. Destaca que abonó la instalación del servicio y cumplió siempre con el pago de la cuota mensual. Dice que recurrió a la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Marcos Paz para intentar la última instancia extrajudicial, pero la empresa no compareció a las audiencias. Solicita que se decrete la nulidad de dos cláusulas del contrato, las que limitan la responsabilidad de ADT S.A. por resultar abusivas.
Estima el daño material en $ 50.000 y el daño moral en $ 30.000 “sin perjuicio de lo que resulte de la prueba a rendirse en autos o lo que V.S. determine en aquellos rubros sujetos a prudente estimación judicial”. Efectúa un listado de los bienes que, según dice, fueron sustraídos. Con relación al daño moral expresa que su existencia y procedencia resultan obvias. Destaca el sentimiento de defraudación que sufrió debido a la publicidad de la empresa y a su actitud posterior; refiere, asimismo, que sufrió sinsabores y frustraciones.
Funda en derecho, ofrece pruebas y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas.
2. La empresa demandada, en su contestación, reconoce la celebración del contrato, dice que se trata del servicio de monitoreo "Pack Gold Residencial". Explica que el servicio que brinda consiste en vigilar y "leer" en forma constante la información cursada por las alarmas instaladas en las propiedades de los clientes, y según los acontecimientos, obrar en consecuencia.
Expone que, ante la denuncia de la actora, personal técnico de la empresa se hizo presente en el domicilio monitoreado, con fecha 17/5/2011, para llevar a cabo una visita técnica, de la que surgió que se encontraban rotos el teclado, la sirena y el back up celular. Dice que también se descargó el buffer de eventos (En informática, un buffer de datos es un espacio en un disco o en un instrumento digital reservado para el almacenamiento temporal de información digital, según https://es.wikipedia.org/wiki/Buffer), de lo cual resultó que se encontraba desfasado -lo cual podía deberse a un corte de energía y/o ausencia de batería- y que había sido manipulado por personas que no pertenecían a la empresa. Agrega que, dado que la actora contrató el servicio básico de monitoreo por telefonía celular sin otros servicios adicionales como el de “aviso de corte de energía eléctrica”; que las fallas en el suministro de energía eléctrica, los cortes en la línea telefónica y la baja batería, no constituyen una señal de “alarma” propiamente dicha y que su parte no se encuentra obligada a dar aviso de dichas situaciones salvo contratación de servicios adicionales. Impugna la liquidación practicada por la actora, diciendo, esencialmente, que tanto el daño moral como el patrimonial deben ser demostrados por la actora. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que oportunamente se rechace la demanda, con costas.
3. Producida la prueba, se dicta la sentencia que viene apelada y que condena a la demandada al pago de la suma allí indicada, intereses y costas.
Para decidir de esa manera, la magistrada, en primer lugar, expresa que no se halla controvertida la existencia del contrato como tampoco el robo. Agrega que no se encuentra cuestionado el cumplimiento por parte de la actora de las prestaciones contractuales a su cargo. Luego, considera que la presente causa debe ser juzgada bajo el C.C. (art. 7 C.C.C.). Analizando los hechos invocados, expone que, de la contestación de demanda, surge que la actora no recibió aviso por parte de la empresa de seguridad sino que fue la misma actora la que avisó del robo. Entiende, de acuerdo a las constancias de la causa, que la demanda debe ser acogida por no haber cumplido la accionada con la prestación del servicio a su cargo; ello pues, ante irregularidades en el sistema, se impone que la empresa realice las diligencias propias de la especialidad técnica para corroborar el origen de la falla y garantizar que ella no afecte el funcionamiento del servicio. Luego, analiza las cláusulas contractuales impugnadas a la luz de lo previsto por el art. 37 L.D.C. y las considera abusivas por imponer una limitación de responsabilidad.
Fija el daño material en la suma de $20.000. Expresa que si bien es cierto que la empresa de alarmas no es una compañía aseguradora y no debe hacerse cargo de todo el perjuicio económico derivado de un robo, no menos cierto es que dicha afirmación pierde consistencia cuando el siniestro se produce, la alarma no se accionó en los tiempos contemplados en las previsiones contractuales, y esa circunstancia posibilitó que el delito pudiera ser consumado. Agrega que en este caso la falta de activación de la alerta que la demandada estaba obligada a difundir, constituyó un antecedente causal que contribuyó a la perpetración del ilícito, haciendo por ende responsable al autor de esa conducta por las consecuencias de su omisión.
Teniendo en cuenta los informes de fs. 291, 302 y 317 y el tiempo transcurrido, entiende justo fijar el rubro en la suma de $ 20.000 a la fecha de la sentencia (24/7/2020).
Con respecto al daño moral, con abundante cita de jurisprudencia de distintas cámaras, de la S.C.B.A. y de esta Sala, expresa que la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional.
Asimismo, expone que son las circunstancias del caso las que resultan esenciales para evaluar la procedencia y cuantificación del rubro. Tiene especialmente en cuenta la actitud renuente de la demandada a concurrir al organismo de defensa del consumidor. Fija la suma de $ 120.000 a la fecha de la sentencia.
Ordena que los intereses deben calcularse, según la doctrina de la S.C.B.A, a la tasa del 6% desde la fecha del hecho (13/05/11) hasta la fecha “de determinación por sentencia a valores actuales), y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
III. Agravios:
1. La recurrente se agravia sobre la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios. Postula el rechazo del daño material como del daño moral.
Con relación al daño material, dice que la actora pretendió por este rubro la suma de $ 50.000 que fue impugnada por su parte. Sostiene que el “onus probandi” exige a la actora acreditar no sólo la titularidad de los bienes presuntamente robados en el siniestro, sino también el valor de dichos productos. Concluye que la liquidación pretendida no resultó debidamente acreditada por la contraria en la etapa probatoria pertinente. Solicita el rechazo del rubro.
Luego se agravia con respecto al daño moral. Con cita de jurisprudencia, sostiene que si no se ha probado el daño moral en el ámbito contractual, el mismo debe ser apreciado con rigor y ser probado concretamente sin que resulte suficiente el incumplimiento de las obligaciones. Insiste en el carácter restrictivo del daño moral en materia contractual y afirma que no ha sido probado. A su vez, expone que la juzgadora se apartó de lo pedido por la actora, violando así el principio de congruencia. Afirma que el daño moral derivado del incumplimiento de una relación contractual no constituye un perjuicio “in re ipsa”. Entiende que corresponde rechazar el rubro.
2. La actora contesta los agravios. Por las consideraciones que expone, a las que cabe remitirse por razones de brevedad, solicita el rechazo de los mismos y la confirmación de la sentencia.
Esta Sala, en función de lo previsto por el art. 52 L.D.C. y art. 27 de la ley provincial 13.133 remite las actuaciones a la Fiscalía de Cámara. La vista es contestada el 22/2/2021 diciendo que, no estando discutida la relación de consumo ni la responsabilidad de la demandada, no se halla involucrado el orden público.
IV.- 1.- Daño material.
Es cierto que el daño debe ser probado por la parte accionante conforme surge de lo previsto por el art. 375 C.P.C.C. Ello actualmente se ha normado también en el C.C.C. que contiene una fórmula conforme pacífica jurisprudencia sobre la materia. Así, el art. 1744 C.C.C. establece que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. Comentando la norma incluida ahora en el código de fondo, se dice que, en principio, será la víctima quien deberá acreditar el daño, salvo que exista una presunción legal en contrario, o los indicios existentes en la causa permitan presumirlo. “…Si bien la prueba del daño implica también —en principio— la de su monto, no debe perderse de vista que los códigos procesales suelen acordar al juez la posibilidad de determinar el monto del resarcimiento, aunque no esté directamente probado. En tal caso corresponde fijarlo con parquedad, procurando que la falta de prueba no redunde en un enriquecimiento injustificado de la víctima” (Picasso, Sebastián y Saenz, Luis, en http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf; comentario a art. 1744).
En el caso, la existencia del daño material surge tanto de los informes agregados a fs. 291 (sobre compra de un D.V.D. por parte de la actora), 302 y 317 (compra de televisor) como de las declaraciones testimoniales (testigos Esquivel, Huculak, Da Silva, Araujo, fs. 261, 262, 266, 286/285)
En cuanto al monto del daño, lo ha fijado prudencialmente la magistrada conforme las facultades previstas en el art. 165 C.P.C.C., siendo a todas luces razonable.
En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia en este aspecto.
2. Daño moral.
Como se menciona en la sentencia recurrida, esta Sala comparte el criterio actual que se aparta de la interpretación rigurosa del daño moral contractual (art. 522 C.C.) cuando estamos frente a una relación de consumo y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional (esta Sala causa nro. 117.024 del 18/12/2018; 117.437 del 07/05/19; 114.457 del 29/08/13; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”).
Contrariamente a lo argumentado por el apelante sobre que el daño moral no se ha acreditado, las circunstancias de este caso permiten inferirlo de los mismos hechos.
Como es sabido, la especial protección de los derechos del consumidor desde la C.N. y las leyes especiales, tiene su justificación en la asimetría de poder, de conocimientos, de recursos, entre empresas y consumidores que coloca a los últimos en un lugar de extrema vulnerabilidad. También, como es sabido, el consumo se sustenta y se organiza a través de la publicidad y la marca de la empresa, todo lo cual genera legítimas expectativas de cumplimiento en el consumidor sobre lo publicitado, como también que, ante cualquier situación que pudiera ocurrir, la empresa responderá apropiadamente.
Nada de ello ocurrió en el caso cuando la empresa, en su publicidad, garantiza tranquilidad y seguridad (ver posiciones, nro. 11, fs. 207 y 208). Es necesario remarcar que en el folleto de la empresa se consigna: “ADT protege su casa o comercio…tenemos un plan adecuado a sus necesidades…prueba cada 24 horas…Su estilo de vida, su estilo en seguridad…ADT líderes mundiales en seguridad...Usted puede vivir tranquilo”. También es dable advertir que, conforme lo dice la demandada en su contestación, el servicio contratado no era el “Classic”, ni siquiera “Premium”, sino el “Gold”, o sea de oro (ver fs. 13, 14 agregadas antes de la sentencia).
En autos no está controvertido que la actora cumplió con el pago puntual de las cuotas mensuales. Mientras que, por parte de la empresa, no solo medió incumplimiento (materia que no viene cuestionada, art. 266 C.P.C.C.) sino que su actitud posterior tampoco fue acorde a lo que legítimamente puede esperarse de una empresa que brinda protección, seguridad, tranquilidad. Ni siquiera, como lo destaca la sentenciante y surge de las constancias de autos, concurrió a la Oficina de Defensa del Consumidor para lograr una previa instancia conciliatoria, habiendo sido citada en dos oportunidades (ver expediente administrativo agregado a partir de fs. 243 y ss), por lo cual la actora tuvo que atravesar este juicio desde el año 2013. Por consiguiente, como se expuso antes, surge notorio el daño moral en el caso de autos.
Respecto de su cuantificación, cabe señalar en relación al agravio relativo a la violación del principio de congruencia (art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 C.P.C.C.), que, como se expuso al reseñar los antecedentes, la actora al formular su demanda expresamente dijo que estimaba los daños a ese momento (abril de 2013) y que lo era sin perjuicio de lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse.
La doctrina explica que la pretensión indemnizatoria incluida en las demandas por daños y perjuicios contiene habitualmente una discriminación por rubros (ej., incapacidad sobreviniente, daño moral, etc.), con una estimación económica por cada uno de ellos, y suele agregarse además una fórmula por la cual se expresa que se reclaman los montos consignados "o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse". En la mayoría de los casos tales estimaciones constituyen una mera referencia para el juzgador, pues no se está frente a un reclamo de cobro de pesos, sino ante la pretensión indemnizatoria del valor de los daños sufridos. Aquello que resulta vedado al tribunal es la condena a la indemnización de un rubro no demandado (Wierzba, Sandra M., “Manual de Obligaciones Civiles y Comerciales”, Ed. AbeledoPerrot S.A., Buenos Aires, 2015, pag. 278). Siguiendo tal línea de razonamiento, esta Sala ha considerado que no se viola el principio de congruencia si se reconoce un monto mayor al pedido, en circunstancias como las expuestas (causa nro. 115.998 del 8/11/2016, entre otras).
Antes de avanzar debe aclararse que llega firme a esta instancia que los intereses deben computarse a la tasa del 6 por ciento anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia. Ello así porque se han fijado valores actualizados y se ha aplicado la doctrina de la casación provincial en cuanto a que, en tal caso, los intereses deben ser a tasa “pura” (SCBA, C. 121.134, “Nidera S.A. c. Prov. de Buenos Aires” del 3/05/18, y C. 120.536, “Vera c. Prov. de Buenos Aires del 18/04/18, y otras), doctrina seguida por esta Sala (causas n° 116.912 del 3/07/18, 117.247 del 12/03/10; 117.397 del 11/6/19, 117.856 del 22/04/2020, 117.920 del 23/07/20, 118.011 del 04/08/20, entre otras). Por lo tanto, debemos fijar un valor actualizado a la fecha de la sentencia.
En esta tarea – volviendo a lo arriba analizado - debemos tener claro cuál es el “tope” del monto a fijar, el que estará dado por el valor actualizado de lo que el actor estimó en la demanda. Ahora bien, ¿cómo debe hacerse esa actualización?
Un primer paso, es calcular qué suma arroja lo pedido en la demanda agregándole intereses hasta el día de hoy. No porque ello implique actualización sino sólo a título comparativo.
Vemos que los $ 30.000 estimados en la demanda del 13/04/13 más intereses a la tasa pasiva digital del Banco Provincia, hasta el día de hoy arroja aproximadamente $ 94.000 (conf. https://colproba.org.ar/liquidaciones/ ). Si el cálculo se hace con la tasa activa-restantes operaciones, que supuestamente cubre la inflación más un “plus” de rentabilidad), vemos que da aproximadamente $ 160.000. A cualquiera de estas sumas deberíamos detraerles un interés puro (6 % anual) y así arribaríamos a la suma “limpia de intereses” pedida.
Pero dichos términos de comparación no son correctos dado que se trata de una deuda de valor (art. 772 C.C.C.) y la actora al peticionar debe haber hecho una comparación con el valor de otros bienes en ese momento (el precio de los tomates, la leche, etc.).
De ninguna manera, aunque no está prohibid
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.