Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27164
Causa Nº MO-27164-2010 R.S.:335 /2020
Con fecha 20 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ GUIDO SEBASTIAN ARIEL C/ EMPRESA LINEA 216 S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ ” Causa Nº MO-27164-2010 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental el día 22 de junio de 2020 dictó sentencia en estos obrados rechazando la demanda por Daños y Perjuicios promovida por el Sr. SEBASTIAN ARIEL GUIDO, contra EMPRESA LINEA 216 S.A.T. , el Sr. GABRIEL ELIAS VOLPI y la citada en garantía ESCUDO SEGUROS S.A.. Impuso las costas al actor y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó el actor interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente el día 23 de junio de este año y se fundó con la expresión de agravios del 18 de agosto de 2020, replicada el día 26 de aquel mes y año.-
3. El día 10 de septiembre de 2020 desde la Presidencia de esta Sala Segunda, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
El rechazo de la demanda por parte de la jueza de primera instancia es lo que motivó al actor a presentar el recurso de apelación en estudio.
En sus agravios hace referencia a la valoración -o no- de la prueba obrante en autos para decidir como lo hizo desatendiendo las declaraciones del testigo Pinto en sede penal. Asimismo ataca la pericia contable.
Solicita se revoque el fallo apelado y se haga lugar a los reclamos oportunamente efectuados en su demanda.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada como viene la cuestión a resolver y comenzando el tránsito hacia el abordaje de la misma debemos resaltar -liminarmente- que la Sra. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes.-
Sentado ello y abordando lo atinente a la atribución de responsabilidad, cuadra poner de manifiesto que el accionante ha sustentado jurídicamente su pretensión en la teoría del "riesgo" o daños ocasionados "con las cosa", por lo que el caso debe emplazarse en la directiva reglada por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil (última hipótesis), que consagra la teoría del riesgo en los supuestos de daños ocasionados por el vicio o riesgo de la cosa.-
A mi modo de ver, y malgrado la existencia de opiniones encontradas, un automóvil -y en este caso un colectivo- constituye de suyo normalmente una cosa generadora de peligro (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nro. 1049, pág. 317, ed. A. Perrot, Bs. As 1973; Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones",t. II, nro. 1056, pág. 350/352, ed. A. Perrot, Bs. As. 1974: en contra, Alterini, Atilio A., "Curso de Obligaciones, t. I, nro. 476, pág. 230, ed A. Perrot, Bs. As. 1975, que encuadra en la especie, no obstante -en general- en la primera hipótesis del referido segundo párrafo del art. 1113), circunstancia que por virtud del precepto legal mencionado, torna presumible la responsabilidad del dueño o guardián de la misma; la exención de responsabilidad del interesado, sólo puede proceder si demuestra que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder (art. 1113 2do párrafo cit), o que la cosa fue usada en contra de su voluntad (art.1113 in fine), o cuando el hecho se produjo por caso fortuito (art. 513 y 514 del Código Civil).-
Viene al caso referir que esta Sala tiene dicho en las causas nro. 26.963, R.S. 139/91; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras que: "...Cuando el artículo 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743 del 14/10/86; D. J. B. A. T. 132-1.987, ejemplar n ° 10.229 del 24/4/87).-
Asimismo, la circunstancia que el accidente fuera protagonizado por dos vehículos en movimiento -la moto del actor y el colectivo-, de manera alguna puede destruir de vigencia la presunción de responsabilidad que el art. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián que con su vehículo ha provocado los daños cuyo resarcimiento es motivo de reclamo.-
Es decir, los accionantes sólo están obligados a demostrar el accidente, el contacto material de la cosa conducida por su parte con la otra y la existencia de daños (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.744, D. J. J. oct. 1.988). Por el contrario, corre por cuenta del demandado, acreditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por el que no deba responder (arts. 1.113, 2 ° párrafo, segunda parte del Código Civil y 375, 2° párrafo del C. P. C. C.), o, en su defecto, la ocurrencia de un caso fortuito -arg. arts. 513 y 514 del Código Civil"-.-
Ha dicho también esta Sala en las causas nro. 20.745, R. S. 63/88; 28.460, R. S. 97/92; 55.053, R.S. 296/08, entre otras: "...Cualquiera fuere el fundamento de la responsabilidad objetiva en los supuestos de daños causados por cosas riesgosas, resulta innecesario acudir al análisis de la conducta culposa del causante del daño sea para demostrar la existencia de aquélla, sea para justificar su inexistencia. Lo que sí interesa comprobar -frente a la concreta invocación del victimario exteriorizada en su responde (art. 354, inciso segundo del C. P. C. C.)- es si ha mediado responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no deba responder -art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte "in fine" del Código Civil".-
En cuanto a la justificación de las eximentes legales, "Dicha prueba corre por cuenta del indicado dueño o guardián, ya que se trata del presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa..." -art. 375 del C. P. C. C..-
Pero el análisis de la prueba exculpatoria debe ser riguroso. Los impedimentos de la responsabilidad civil legalmente establecidos, deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo porque la norma, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales (S. C. J. B. A. Acuerdo 33.743; D. J. B. A. T. 132-1.987)".-
Restrictividad que, claro está, no impide que -cuando están dados los recaudos del caso- se tenga por configurada la eximente en cuestión.-
En consonancia con lo dicho hasta aquí, queda en evidencia que para atribuir la responsabilidad del daño al demandado es preciso, en primer lugar demostrar mediante pruebas la existencia del hecho y la relación de causalidad entre este y los daños ocasionados.
Al respecto en la causa nro. 45.211 R.S. 399/01 -que tiene mucha similitud con el caso en estudio- decíamos:
" ha resaltado esta Sala, antes que ahora, la esencialidad de la prueba del daño y de la relación causal entre este y el hecho imputado (esta Sala en causa n° 32.617 R.S. 437/94).-
Se ha dicho también allí que es imprescindible que exista una relación de causalidad adecuada. Cuando se trata de daños provenientes del riesgo o vicio de la cosa, la víctima del hecho dañoso solo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa, y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño (conf. S.C.J.B.A. "Dominguez de Teus c/ Ochoa s/ Ds. y Ps." 14/10/86, D.J.B.A. T. 132/1987; esta Sala causa 20.983 R.S 61 del 27/4/88, entre muchas otras).-
También el suscripto reiteraba allí palabras de nuestro anterior colega de integración, Dr. Conde, en el sentido de que es necesaria una conexión causal entre un acto y un resultado, y ello se registra cuando el primero ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando ha sido una de las condiciones "sine que non" de él y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Cod. Civ.), y agregaba que la investigación sobre el nexo entre la conducta y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria de las normas procesales básicas (art. 375 del C.P.C.C.), importando en caso contrario, es decir que no lo logre -aun en supuestos en que pueda contar con una presunción de culpabilidad a su favor- que su reclamo indemnizatorio no podrá prosperar (causa 20.690, R.S. 40 del 22/3/88 de esa Sala).-
Quisiera dedicar también unas palabras al precepto del artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial provincial, el cual impone la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer, disponiendo -además- que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Dice la doctrina que tomada en un sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Tercera edición -póstuma-. Edit. De Palma). Y, además, se afirma que "la carga de la prueba vendría a ser el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes de suministrar la prueba de un hecho controvertido mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso. Es la carga, es el peso, que recae sobre los litigantes de probar sus respectivas aseveraciones" (EISNER, Isidoro. La prueba en el proceso civil. Segunda Edición actualizada Edit. Abeledo Perrot. pág. 67). Y es del caso destacar que las reglas de la carga de la prueba comienzan a tener operancia cuando la convicción judicial no puede formarse con los elementos probatorios allegados por las partes y que se adquieren para el proceso, procurándose así determinar a cual de aquellas correspondía su aportación y, consecuentemente, saldrá perjudicada por la omisión del cumplimiento de un imperativo en el propio interés; siendo que incumbe al actor, normalmente y salvando casos excepcionales, probar los hechos constitutivos, mientras que comprende al demandado el acreditar los hechos impeditivos y extintivos (MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas; BERIZONCE, Carlos Omar. Códigos Procesales ... Librería Editora Platense. Abeledo Perrot. T V A, pags. 26 y sig.).-
El concreto caso de autos, en el cual la demandada ha negado que fuera su automotor el que colisionara con el del actor y ha aseverado además que nunca ha circulado por las calles que se mencionan en la demanda, que el vehículo solo es conducido por su esposo y que el automotor en el día y hora del hecho denunciado se encontraba estacionado en el lugar de trabajo de este, se imponen algunas precisiones mas relativas a los hechos negativos, indefinidos y el problema de las negaciones y afirmaciones indefinidas. Concluía hace algún tiempo atrás el Dr. Devis Echandía, luego de un valioso análisis que: 1) las únicas verdaderas negaciones son las sustanciales o absolutas; 2) las negaciones formales son en el fondo afirmaciones relatadas negativamente; 3) las únicas negaciones que no exigen prueba son las sustanciales y las formales indefinidas de hecho, por la imposibilidad de suministrarla en razón de su carácter indefinido y no de la negación misma; 4) las demás negaciones se prueban demostrando el hecho positivo contrario, bien sea directamente o mediante indicios o inferencias de otros hechos, y por este motivo, tanto el demandante, cuando base en ellas sus pretensiones, como el demandado, cuando las alegue para sus excepciones, están sujetos a la carga de probarlas; 5) pero si el demandado se limita a negar expresamente el hecho alegado por el actor, tal negación no requiere prueba, porque esta es entonces a cargo del segundo; 6) lo mismo ocurre si aquél niega ese hecho indirectamente, alegando que el verdadero es otro (en este caso, el demandado puede abstenerse de probar el hecho distinto que alega mientras el demandante no haya demostrado el primero, y si esto sucede, la carga de la prueba de aquél se refiere al hecho positivo que alega y no a la negación del afirmado por éste) (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de la Prueba Judicial. Anotado y concordado con los códigos procesales de Buenos Aires, Cordoba, de la Nación y Santa Fe por Adolfo Alvarado Velloso, Edit. Rubinzal Culzoni. T I, pags. 122 y sigtes.).-
Hecha esta breve introducción, creo encontrarme ya en condición de ocuparme de los agravios de la apelante.-
...
Así, iniciando mi análisis como lo esquematizara mas arriba, y valorando las pruebas anejadas a la causa, esenciales para decidir la misma, a través de las reglas de la sana crítica (art. 384 del ritual), formo por tal vía mi convicción de que en autos dicha relación de causalidad no se ha acreditado, siendo que a mi parecer el fundamento del Sr. Juez de Grado en el punto (es decir que la demandada no acreditó el no haber participado en el evento) no resulta adecuado ".-
En aquel caso, las testimoniales referían la colisión con un vehículo de determinado color, sin mas datos individualizatorios relativos al mismo, resaltando especialmente allí que " debemos añadir una circunstancia que, a mi modo de ver, no puede pasarse por alto. Y tal circunstancia resulta ser el hecho de que la única individualización que se aportó por medio de prueba testimonial respecto del automotor embistente resulta ser su marca, modelo y color, sin que nada se dijera respecto de la chapa patente del automotor, circunstancia esta que permitiría una adecuada individualización, de singular importancia de acuerdo con los hechos debatidos (arts. 24 y cc. Dec. Ley 6582/58 y sus modificatorias hoy vigentes). Tampoco se aportaron mayores precisiones relativas a otras características del rodado ".-
Señalando que " de todo ello, puede perfectamente deducirse que la parte actora ha logrado demostrar, en estas actuaciones, que con fecha veinticinco del mes de Agosto de 1997, el rodado que conducía, al circular por la arteria Fray Cayetano Rodriguez de la localidad de Haedo, fue embestido por un vehículo marca Ford Falcón de color negro (u oscuro), pero no obstante ello no ha dejado probado, en modo alguno, que tal vehículo fuera el Ford Falcon propiedad de la demandada. Ni los testigos, ni el perito abundan en tal sentido (...).-
Y he de hacer notar una cuestión lógica -pues la lógica subyace a cualquier decisión jurisdiccional, dado que el juzgador reviste el rol del hombre común investido del poder que le confiere el estado "como medio" para "actuar la justicia", tendiente a procurar el dictado de la sentencia en el mérito de lo justo, y por ello más allá de la universalidad jurídica de la técnica cientificista aplicable, ha de prevalecer el orden lógico del hombre común, indisolublemente fijado a la actividad de quien suscribe- que resulta ser el hecho de que, para ameritar una condena indemnizatoria, un automotor no puede ser individualizado solamente mediante la mención de su modelo, marca y color, pues con tales características es posible hallar infinidad de ellos en ciudades densamente pobladas como las que habitamos .-
A tenor de todo lo expuesto mas arriba, tal deficiencia probatoria apuntada y descripta ampliamente, de acuerdo con lo normado por el artículo 375 del ritual, y a contrario de lo sustentado por el a quo, debe redundar en desmedro de la parte actora, todo ello aun cuando la accionada no hubiera demostrado lo que ella había afirmado (ver mi anterior cita al Dr. Devis Echandía).-
Es que si bien el artículo 1.113 del Código Civil, consagrando la teoría del riesgo, coloca en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciosa, para eximirse de responsabilidad la carga de demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder o el uso de la cosa en contra de su voluntad expresa o presunta, o el caso fortuito (arts. 513, 514 y cc. del Código Civil), ello presupone la acreditación de que el daño sufrido provenga de la cosa que sea de propiedad o que esté en guarda del accionado. Tal resulta la extensión de la norma legal, sin que pueda ampliársela a presunciones que el orden jurídico vigente no contempla y fundado el actor su pretensión en la norma del artículo 1113 del ritual, a el le correspondía demostrar que el daño experimentado había sido causado por el automotor propiedad de la parte demandada (hecho constitutivo), y en su desmedro redundar la falta de debida acreditación (art. 375 del ritual) ".-
Pues bien, el presente caso es exactamente igual.-
Aquí el único aporte medianamente relevante es la declaración testimonial de Pintos (fs. 17 y vta. de la causa penal que corre por cuerda) quien solo refiere que " un colectivo de la empresa 216 que sale de la dársena de colectivos por la calle Moreno se habre hacia la izquierda como para tomar la arteria Avellaneda que es contramano y embistió al motociclista " sin siquiera mencionar otro dato para individualizar el rodado.
El propio testigo dice que sale de la dársena de colectivos, pudiendo ser cualquier ómnibus de la empresa.
Su declaración es muy poco precisa (arts. 384 y 456 del CPCC).
Dicho testigo declaró, únicamente, en la causa penal.-
No es dato menor, tampoco, que había sido ofrecido aquí por la parte actora y, a la postre, desistió de su testimonio.
Esto, en el contexto especial de la controversia, es por demás relevante.
Nótese que dicho testigo depuso antes de entablada la demanda.-
Ahora, cuando la acción se promueve contra los aquí demandados, ellos niega la participación de su vehículo en el evento.-
Circunstancia, insisto, cuya acreditación estaba a cargo de la parte actora (ar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.