Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133422
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de julio de dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: “SANCHEZ, TELMO c/LUCO, RODOLFO MARIO Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJ.”, causa 133.422, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva dictada con fecha 13/10/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
I. Antecedentes.
1.1. En estos actuados, el Sr. Sanchez TELMO reclamó al Sr. Rodolfo Mario LUCO -a quien luego desistió (ver fs. 149)- y la LIGA DE FUTBOL DE SALADILLO los daños y perjuicios padecidos a raíz de un golpe de puño que le propinara el Sr. LUCO -jugador del club “Unión”-, con fecha 17/10/2010, en oportunidad de desarrollarse un partido de fútbol entre los clubes “Unión” y “Atucha”, organizado por la Liga de Fútbol demandada, que se disputó en la cancha del Club Huracán de la ciudad de Saladillo, y donde el actor desempeñó la función de árbitro.
A raíz de ello se suspendió el encuentro y el actor fue derivado a través de una ambulancia a un nosocomio local.
1.2. La LIGA DE FUTBOL DE SALADILLO, en oportunidad de contestar la demanda, negó su responsabilidad con base en que no ha sido la organizadora de los partidos del campeonato amateur de Saladillo, sino que dicho rol lo cumple el club que oficie de local en cada partido, por cuenta de quien se encuentra a cargo los gastos de alquiler del estadio (si no fuere propio), la terna arbitral, personal de seguridad o adicionales de la policía y agregó que -en el caso denunciado- el local fue el club "La Unión".
Señaló que el hecho dañoso invocado en la demanda le resultó imprevisible e inevitable, tratándose de una "extralimitación reglamentaria" y una conducta antijurídica por parte del jugador Luco; que la responsabilidad prevista en el art. 51 de la ley 24.192 no alcanza a su parte en tanto no revistió la calidad de "entidad o asociación participante" del espectáculo deportivo ya referido; y que el jugador/agresor es un tercero por el que no debe responder en los términos del artículo 1113 del Código Civil.
Luego, expuso que en el caso se configuró la culpa de la víctima, como eximente de responsabilidad, por cuanto el actor afirmó que el estadio no estaba habilitado ni se encontraban dadas las condiciones de seguridad para el evento, a pesar de lo cual, participó voluntariamente.
1.3. La jueza de primera instancia RESOLVIÓ: 1) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Liga de Fútbol de Saladillo, con costas a su cargo, 2) Rechazar la demanda deducida por Telmo Sánchez contra la Liga de Fútbol de Saladillo. 3) Hacer extensivo el pronunciamiento al tercero citado Rodolfo Mario Luco. 4) Imponer las costas del proceso principal al actor.
II. Fundamentos del pronunciamiento apelado.
2.1. Defensa de falta de legitimación. La jueza de origen, al tratar la excepción de falta de legitimación planteada por la Liga de Fútbol de Saladillo -cuya resolución ha sido postergada para el momento de la sentencia- consideró que la Liga de Fútbol de Saladillo tiene la calidad de organizadora del encuentro deportivo en cuestión, con base en la documental aportada por la propia demandada -planilla de jugadores y cuerpo técnico de fs. 70/73, 75/76 y 78/79, que alude a "partidos organizados por la Liga de Fútbol de Saladillo" e informes arbitrales de fs. 74, 77 y 80 en planillas de la “Liga de Fútbol de Saladillo”-, razón por la cual desestimó la excepción en tratamiento e impuso las costas a la excepcionante en su condición de vencida.
2.2. Responsabilidad. Con base en que se desistió de la acción respecto del agresor (Sr. Luco) y que el sustento de la acción se enmarca en la calidad de organizadora del evento deportivo por parte de la Liga de Fútbol de Saladillo, la jueza de origen dijo que no corresponde la aplicación al caso de la ley 11.929 ya que, rige para las cuestiones contravencionales allí previstas, ajenas al presente ámbito reparatorio de la responsabilidad civil.
Agregó que la responsabilidad atribuida a la Liga de Fútbol de Saladillo debe juzgarse por lo normado en los arts. 51 de la ley 24.192 (y modif.) y 1113 Código Civil. Ello por cuanto si bien "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios", en el caso se ha invocado el hecho de un tercero por el que no se debe responder como eximente del juicio de reproche; y la mencionada ley 24.192 aborda un régimen de responsabilidad civil -complementario o específico- aplicable al caso de daños ocurridos "con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo" (arg. art. 1) pero que -en modo alguno- puede escapar a los lineamientos genéricos que al respecto establece el Código Civil, vigente al momento del hecho.
III. Plataforma fáctica.
3.1. No se discute que el 17/10/2010, siendo aproximadamente las 15:15 horas, cuando se estaba desarrollando un encuentro futbolístico entre los equipos de Unión y Atucha, en el estadio del Club Huracán, luego del choque entre dos jugadores de ambos equipos, se generó una situación de recriminación al árbitro -el actor- por parte del Sr. Luco -uno de los jugadores del club Unión-, que culminó con un golpe de puño de este último en el rostro del árbitro, quien cayó al piso con una fuerte hemorragia nasal (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
De la pericia médica de fs. 313/314 (y placas radiográficas reservadas bajo el n° 23.394) surge que el actor presentó traumatismos compatibles con los hechos enunciados (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384, 474, C. Procesal).
3.2. La jueza consideró que fue la conducta exclusiva del Sr. Rodolfo Mario Luco la que generó el hecho dañoso que motiva este juicio, que no se aplica la ley 11.929 y que no se verifica alguna razón vinculada con la organización del evento deportivo que pudiera comprender la responsabilidad de la parte demandada dado que la inesperada acción del jugador expulsado excede las normales o habituales circunstancias que permitan ser asimiladas a un motivo o ocasión del espectáculo deportivo.
Consecuentemente consideró acreditado el hecho de un tercero por el cual la accionada no debe responder por lo que resolvió desestimar la demanda contra la Liga de Fútbol de Saladillo (arts. 1113 Código Civil, 354, 384 C. Procesal).
3.3. La plataforma descripta no ha sido objeto de crítica puntual y concreta por lo apelantes -salvo en orden a la responsabilidad emergente-, por lo que con la salvedad enunciada, será el piso de marcha de este pronunciamiento (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).
3.4. Sin perjuicio de ello, cabe analizar el alcance del pronunciamiento ocurrido en sede penal, lo que se tratará en el capítulo siguiente.
IV. Alcance del pronunciamiento obtenido en sede penal .
4.1. Se formuló la denuncia penal del caso, IPP 06-01-001737/10 que tramitó ante la UFI n° de Saladillo y el Tribunal Criminal N° 1 de La Plata (causa 1199/4207), que concluyó con la suspensión del juicio a prueba por el término de un año y seis meses en relación al delito de LESIONES GRAVES EN ESPECTACULO DEPORTIVO (ver resolución del 21/09/2011 a fs. 70/73 de la causa penal precitada) y posterior declaración de extinción de la acción penal y consecuente sobreseimiento por medio de la resolución del 12/12/2013 (ver fs. 95/96 de la causa penal).
4.2. El art. 1101 del Código Civil establece que “…no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal…” .
Por su parte el art. 1102 del código citado dispone que “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado.”
A su vez, el art. 1103 del mismo código dice que “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.
Asimismo, El Código Penal establece que el imputado por un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba, sin que el pedido ni ofrecimiento de reparación que ello implique signifiquen confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente (art. 76 bis, incorporado por ley 24.316); que el tiempo de suspensión del juicio será fiado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito, lapso durante el cual se suspenderá la prescripción de la acción penal y si durante el mismo el imputado no comete un delito y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal (art. 76 ter, Código Penal, incorporado por ley 24.316), en cuyo caso no se informará como antecedente a los jueces que soliciten antecedentes de una persona (art. 9, ley 24.316); y que la suspensión del juicio a prueba hace inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil (art. 76 quater, incorporado por ley 24.316). En consecuencia, ante la existencia de una resolución que declara extinguida la acción penal y, a raíz de ello, dispone el sobreseimiento del codemandado Luco por el delito de lesiones graves en espectáculo deportivo, ello no importa limitación alguna para el judicante civil, sin perjuicio de que el mismo no podrá dejar de valorar -tal como se destaca en la sentencia apelada- las circunstancias probatorias contenidas en ese proceso en la medida que fueren trasladables a este juicio (arts. 1101, 1102 y 1103, Código Civil; 1775, C.C.C.N., 76 bis, 76 ter y 76 quater, Código Penal; 9, ley 24.316; 404, C.P.P.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
V. Análisis de los agravios vertidos por ambas partes.
5.1. Suficiencia del recurso.
Dando respuesta al planteo de insuficiencia efectuado, señalo El art. 260 del C.P.C.C. dispone que el escrito de expresión de agravios debe contener “…una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas…” , lo cual se completa con lo normado en el artículo siguiente en el sentido que “Si el apelante no expresare agravios … en la forma prescripta …, se declarará desierto el recurso …” . En consecuencia, el escrito a través del cual debe fundarse el recurso de apelación (memorial o expresión de agravios según el caso), importa una carga procesal en la cual el justiciable, por imperativo del propio interés, debe demostrar mediante un análisis crítico y razonado, los pretendidos errores, omisiones o deficiencias que el apelante atribuye al pronunciamiento que ataca y su íntima vinculación con la cuestión debatida (arts. 246, 260 y 261, C.P.C.C.; esta Sala, causa B. 80.169, 7/2/95, RSI.1/95). Por ello, deben atacarse aquellos elementos del fallo que resulten fundamentales para la conclusión a la que se ha arribado, no resultando suficiente a ese efecto la mera explicitación de disconformidad con cuestiones que no sean centrales en la decisión atacada.
Ahora bien, atento la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso (deserción) y por estar en juego en derecho de defensa en juicio (arts. 18, C.N.; 15 Const. Prov.), la insuficiencia debe ser interpretada con criterio restrictivo, en sentido favorable al recurrente.
Sentado ello, las expresiones de agravios traídas, analizadas en su totalidad y con un criterio amplio, superan el test de admisibilidad (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
5.2. Rechazo de la excepción de falta de legitimación. Costas. Frente al rechazo de la demanda, no existe agravio concreto que pueda esgrimir el demandado sobre la fundamentación del pronunciamiento apelado, y en particular en orden al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva, sin perjuicio de que lo argumentado al respeto tenga tratamiento implícito al tratar el recurso de la demandada (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Diferente es lo acontecido con la imposición de costas.
Cuando se oponen excepciones previas como lo sería la excepción de falta de legitimación pasiva (arts. 344 y 345, C.P.C.C.), y se difiere su tratamiento -por no ser manifiesta- para el momento de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual si bien se la rechaza por improcedente, se rechaza la demanda por prosperar otra de las defensas opuestas, no corresponde imponer las costas por el rechazo de dicha excepción, ya que su tratamiento integra el análisis de las diferentes defensas efectuadas por la demandada, debiendo regir el principio objetivo de la derrota y la calidad sustancial de vencido (art. 68, C.P.C.C.). Por ello, es improcedente la imposición de costas en forma autónoma por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, la cual se deja sin efecto (arts. 68, 345, 349 y 351, C.P.C.C.; esta Sala, causa 115.789, 3/12/2015, 3/12/2015, “Navarro, Karina Beatriz y otro/a c/Martina, Francisco Victorio s/Daños”).
En dicho caso, la excepción de falta de legitimación pasiva no implicó la formulación de un incidente en los términos del art. 175 del C.P.C.C., sino una defensa más dentro del mismo proceso, tal como se regula en el Cap. III, del Titulo II del Libro Segundo, parte especial, del C.P.C.C. Por ende resulta inaplicable el art. 69 del Código ritual (Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala III, La Plata, causa 229.173, 17/2/98, “Izcurdia, Carlos Luis y otro c/Carbone, Oscar Andrés y otro s/Daños”), sino la introducción de una cuestión que por no ser manifiesta debe ser resuelta -al igual que las demás defensas- en oportunidad de dictarse la decisión definitiva, al que la imposición de costas (esta Sala, causa B. 80.115, 6/12/94, “Vouk, Carlos c/Calcon S.A. y ot. s/Cobro de pesos”).
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la condena impuesta por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva (arts. 68, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
5.3. Responsabilidad.
5.3.1. Dado que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra en vigencia desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, y a la fecha del hecho ilícito base de la demanda regía el derogado Código Civil, en materia de responsabilidad será aplicable lo normado por esta última norma (arts. 3, Cód. Civ.; 7, C.C.C.N.), sin perjuicio de que en aquellas situaciones donde no se ha operado el consumo jurídico, se aplique la nueva normativa, como lo es con los intereses devengados a partir de la vigencia de la nueva normativa -tal como se ha resuelto en la instancia de origen-.
En el Código Civil, a la par de un régimen construido con base subjetiva, donde el título de la imputación es el dolo o la culpa del agente (arts. 1074, 1076, 1077 y 1109, Código Civil), se estatuye otro donde el factor de imputación es objetivo (art. 1113, Código Civil), normalmente sustentado en el riesgo creado, en el cual la culpa del agente es irrelevante (hoy arts. 1721, 1722 y 1724, C.C.C.N.). Asimismo, como regulación especial en el ámbito deportivo (microsistema), tenemos la ley 24.192, que establece un sistema de responsabilidad objetivo, que limita las eximentes admisibles en función del riesgo creado para el espectador o concurrente, al que pretende dar cobertura (arts. 33, ley 24.184; 51, ley 24.192), sin perjuicio de que en ciertos casos pueda ser aplicable la responsabilidad solidaria que establece el art. 40 de la ley de defensa del consumidor, que incluye al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.
5.3.1. La mera existencia de lesiones en el actor -hecho que arriba indiscutido- es insuficiente para responsabilizar a la liga de fútbol demandada, ya que es necesario establecer un nexo causal suficiente a fin de atribuir responsabilidad por las lesiones que se esgriman, prueba que pesa sobre la actora, sin perjuicio de que las eximentes legales están a cargo de quien las invoca (arts. 3, 43, 499, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1074, 1109, 1113, 1197 y 1198, Código Civil; art. 51 de la ley 23.184 -texto según ley 24.192-; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
5.3.2. El planteo central de la parte actora se erige en que el supuesto organizador demandado -Liga de Fútbol de Saladillo- es responsable por la agresión que sufrió el árbitro a raíz del golpe de puño que le propinó uno de los jugadores durante un partido de fútbol e invoca la aplicación del art. 51 de la ley 24.192 y 1113 del Código Civil, normativa que según su entender establece una responsabilidad objetiva, aunque luego dice que hubo una omisión del deber de seguridad que hace aplicable el art. 1109 del Código Civil (responsabilidad subjetiva).
Agrega que la cancha no estaba habilitada -a fs. 387 la municipalidad informó que la cancha de Huracán no estaba habilitada, a fs. 420/427 obra un informe de inspección de dicha cancha realizado por APREVIDE del 7/11/2008 que no se refiere a la habilitación y a fs. 521 un informe de APREVIDE que el estadio del Club Huracán de Saladillo se encontraba habilitado para realizar espectáculos deportivos el 17/10/2010-, aunque no indica cómo es que los daños que sufrió el actor tienen relación con dicha habilitación, ni se entiende como es que la habilitación hubiera podido impedir la ilícita agresión que sufrió el árbitro del encuentro, lo cual descarta la operatividad de dicha argumentación, más allá de que la falta de aptitud del campo de juego no ha sido probada (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Luego, dice que no se ha contratado personal policial de custodia, aunque no indica con argumentos de peso cómo es que custodia hubiera podido impedir la agresión que sufrió, por lo que no es una crítica atendible, más aún cuando del acta de fs. 1 de la causa penal que obra por cuerda surge la presencia de personal policial cubriendo el servicio de cancha, lo cual hace que dicha crítica pierda consistencia (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Por último, la considera responsable por no contratar un seguro obligatorio conforme la ley 19.628 -del informe de fs. 261/265 no surge la contratación de un seguro-, aunque omite considerar que dicha norma establece un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran los espectadores de justas deportivas, siempre que exista control de entrada (art. 1) y que dicha normativa no incluye a los árbitros, por lo que no existe incumplimiento legal en tal sentido que tenga peso para modificar lo resuelto (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
5.3.3. Dando respuesta al primer párrafo del punto anterior -ya que los interrogantes siguientes ya fueron despejados-, debo advertir que Todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en los arts. 42, Constitución Nacional; 902, 1074, 1109, 1113 y 1198 del Cód. Civil y el art. 51 de la ley 24.192. El tema es que el actor en su condición de árbitro no es un espectador, asistente o “concurrente” al evento deportivo, sino un “protagonista” del mismo -conf. art. 43, ley 24.192-, lo cual limita la aplicación del régimen objetivo de la ley 23.184 -texto según ley 24.192-, tal como se desarrollará más adelante.
5.3.3.1. No es ocioso recordar que La obligación de seguridad (cuyo antecedente se remonta a los estudios efectuados por el italiano Luigi Mengoni en el año 1954, “Obligazioni di resultato e obligación di mezzi”, en Revista di Diritto Comerciale e del Diritto Generale delle Obli
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