Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64318
Causa nº: 2-64318-2019
"LUCIO JAVIER EMILIO C/ CASTIGLIA GIULIANA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 156 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusado el Dr. Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lucio, Javier Emilio c/ Castiglia Giuliana y otro/a s/ Daños y perj. del./cuas. (exc. uso aut. y Estado)” (causa n° 64.318), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por el art. 168 de la Constitución Provincial, y los arts. 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 265/270 vta.?
2ra- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I) 1. El presente proceso de daños y perjuicios por injurias y difusión sin consentimiento de fotografías, en la vía pública y en redes sociales, fue iniciado por Lucio Javier Emilio contra Giuliana Castiglia y Rosana Mariela Kessler por la suma de $200.000, en concepto del daño moral y a la imagen. El proceder antijurídico atribuido a las accionadas, tendría su causa en el accidente de tránsito ocurrido el 18/07/13, en la intersección de las calles Necochea y España de la localidad de Olavarría, como consecuencia del cual falleció Pablo Raúl Nardin (cuyo vínculo con las accionadas no surge de autos).
Con posterioridad al aludido accidente de tránsito, conforme se relató en la demanda (fs. 29/33), las accionadas habrían pegado carteles en la vía pública con una fotografía del actor seguida de la leyenda “Él es el culpable de la muerte de Pablo Nardín; por favor si lo ves conduciendo notificá al Fiscal Pizzolo, la próxima víctima podés ser vos” (fs. 28). Asimismo, según adujo el actor, la codemandada Giuliana Castiglia habría compartido en facebook el “estado” de Germán Nardín (fs. 24), cuyo contenido estaba dado por una “carta” dirigida al actor (transcripta en la demanda a fs. 30). Asimismo, con fecha 30/07/13, la mencionada habría publicado en Twitter “foto nueva y carteles pegados por la ciudad #Vamos ConTodo”, y habría retwitteado una publicación de su hermana, “Cami Castiglia”, que contenía un collage de fotos del actor junto con todos los acompañantes que circulaban en su auto el día del accidente, con la leyenda “que se hagan conocidas por Twitter las caras de todos....Retwiteá y hace sentir tu apoyo a la familia de @manuNardín.” (fs. 22). Por otra parte, habría posteado con fecha 19/07/13 una foto del accionante con el titular “Si lo ves manejando, notificale al Fiscal Pizzolo, firmó un acta de auto-inhabilitación....y por favor...subite a la vereda!!!!...CUIDÁ TU VIDA....DIFUNDIR”. Además, el mismo día habría twitteado “Javier Lucio basura social! ojalá la sociedad te condene si es que la justicia no lo hace” #JUSTICIA“, y también “Javier ASESINO Lucio te pensás que borrando estado y fotos vas a poder salvarte?” (sic demanda, fs. 30 vta.). Respecto de la codemandada Kessler, el actor invocó como agravante los estudios y actividad a la que se dedica (los que no refiere); y expresó que las conductas de las codemandadas contribuyeron a desacreditar su imagen por haberse reproducido en forma incontrolable, al punto de haberse creado una página en Facebook que se llama “Nunca los olvidaremos” en la que, al lado de las fotos antes mencionadas, se escribieron comentarios difamantes por terceros.
2. En su contestación de demanda (fs. 41/53), las accionadas negaron minuciosamente los hechos y su participación en ellos, así como la autenticidad y consecuente valor probatorio de la documentación acompañada por el actor en copia simple. Argumentaron que, en todo caso, el accionante debió certificar las publicaciones por un escribano público, u ofrecer una pericia técnica al efecto. Ello pues, sostuvieron, es sabido que pueden falsearse correos electrónicos, abrirse cuentas falsas de twitter o de facebook, con lo que, de no exigirse mínimos recaudos, cualquier usuario podría autoinfringirse daños por cuenta de terceros, entrañando ello una inseguridad jurídica inaceptable. Negaron rotundamente su autoría, y manifestaron no poseer ningún vínculo ni con el accionante ni con el Sr. Pablo Nardin (ver contestación de demanda a fs. 51 vta.). Solicitaron así el rechazo de la pretensión deducida.
3. A fs. 265/270 vta. se dictó la sentencia apelada que hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a las accionadas a abonar al actor la suma de $20.000 en concepto de daño moral y a la imagen. Para así resolver, el decisorio comienza por destacar que, acorde la fecha de los hechos, resulta aplicable a la determinación de la responsabilidad el derogado Código Civil. Seguidamente, cita jurisprudencia del Máximo Tribunal provincial vinculada con la conceptualización, prueba y cuantificación del daño moral, y trae a colación doctrina concerniente a la conceptualización del derecho y daño a la propia imagen. Recuerda que el art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723), exige el consentimiento expreso de la persona para difundir su imagen, y que la carga de la prueba del consentimiento recae sobre quien lo alega.
En lo que respecta a publicaciones injuriosas que se habrían realizado en las redes sociales, destaca el decisorio que ante la negativa de las accionadas, no puede tenerse por acreditado que ellas sean de su autoría. Ello considerando que no se ofreció prueba pericial informática para acreditar que existen y provienen de cuentas de su titularidad, y que, a esos efectos, resultan insuficientes los dichos de los testigos de fs. 99/104, pues ninguno fue testigo presencial de las publicaciones informáticas que se le imputan a las accionadas. Así es que la sentencia rechaza los daños reclamados con base en las presuntas publicaciones injuriosas en redes sociales.
Seguidamente, concluye que los carteles que se habrían colocado en la vía pública, obrantes a fs. 27/28, resultan a todas luces injuriosos para el actor, independientemente de que en la causa penal se lo consideró culpable del deceso del Sr. Pablo Nardin. Agrega que con las declaraciones testimoniales de fs. 99/104, puede tenerse por probado que las demandadas han colgado en la vía pública los carteles en cuestión, en tanto los testigos afirman haberlas visto colgándolos. Respecto de la codemandada Kessler, agrega que si bien un solo un testigo la vio poniendo carteles, esa declaración, valorada acorde la sana crítica, resulta a su juicio suficiente. Así es que hace parcialmente lugar a la demanda, condenando a las accionadas a abonar al actor la suma de $20.000 -estimada en los términos el art. 165 CPCC- en concepto de daño moral y a la imagen, con más los intereses devengados a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de mora determinada el 19/11/13 (fecha de notificación de la demanda; cf. fs. 37 vta.) hasta el efectivo pago.
II) 1. Contra la reseñada decisión, plantearon recurso de apelación la parte demandada (escrito electrónico del 07/09/18), y la parte actora a fs. 272. Concedidos libremente ambos recursos, elevadas las actuaciones a la Alzada (fs. 273 y 278/280), y radicadas en esta Sala (fs. 281), expresan agravios ambas partes.
En su presentación electrónica del 11/06/19, las demandadas critican que se haya admitido la demanda respecto de los daños derivados por colocación de carteles en la vía pública. Arguyen que es errónea la conclusión a la que arriba la jueza en punto a que los aludidos carteles son injuriosos, puesto que la inscripción obrante en ellos revela una verdad objetiva, considerando que hay una sentencia firme que considera al accionante culpable de la muerte de Pablo Nardin. Niegan por igual motivo la existencia de daño moral, agregando que no existiría el presupuesto de la antijuridicidad, y que el actor no probó el aludido daño, ni ningún tipo de afectación material, dificultades en su trabajo, vida social o familiar que puedan ser objeto de condena pecuniaria.
2. A su turno, la parte actora se agravia de que la demanda no se haya admitido respecto de los daños y perjuicios derivados de las publicaciones que habrían efectuado las accionadas en las redes sociales Facebook y Twitter. A esos fines, destaca que los testigos Juan Pablo Barragán, Leonela Zelaya Belatínez y María Chojo, declararon que las demandadas eran autoras de las publicaciones injuriosas en las redes sociales. Tras preguntarse si puede probarse la autoría de las publicaciones en redes sociales sin una prueba informática, subraya que la interacción en ellas se realiza a través de una imagen y un perfil de usuario. Se explaya en torno a lo que llama la “vida en las redes sociales”, a la importancia de la reputación digital, al daño que genera el ataque a esa reputación, y a la protección que la ley confiere a honor de las personas. Enfatiza que en el caso de autos los testigos reconocieron a las accionadas pegando carteles, y al ver las publicaciones en las redes sociales, identificaron a las personas que vieron en la vida real, con las fotos de los perfiles. Es por ello que, sostiene el actor apelante, resulta insólito que el decisorio afirme que los testigos no vieron a las demandadas escribiendo esos comentarios en una computadora o teléfono. Agrega que la respuesta de Facebook (fs. 128) al informe requerido por su parte, resulta una tomada de pelo al país, y que otro tanto sucedería con Twitter (oficio librado cf. constancia de fs. 66, cuyo diligenciamiento no surge acreditado en autos). En ese cuadro argumental, sostiene que debe imponerse en autos la prueba indiciaria (resultante del reconocimiento efectuado por los testigos), o el de las cargas probatorias dinámicas, considerando que eran las accionadas las que se encontraban en mejores condiciones de acreditar que fueron falseados sus perfiles. Finalmente, agrega que si así fuera, las accionadas hubieran efectuado una denuncia penal y/o ofrecido una prueba informática, con lo que, en defecto de ese proceder, cabe considerar su conducta como indiciaria de su autoría.
Corrido el traslado de ley (fs. 295), contestan agravios tanto la parte demandada (escrito electrónico del 10/07/19) como la actora (fs. 297/298). A fs. 299 se llaman autos para sentencia, con lo que, firme esa providencia (fs. 299 vta.), y practicado el sorteo de rigor (fs. 300), se encuentran estos obrados en condiciones para su abordaje.
III) 1. Nos encontramos, como resulta de la reseña que antecede, frente a una hipótesis de responsabilidad por la vulneración de los derechos personalísimos al honor y a la propia imagen. Los hechos que dan sustrato al pleito, se sucedieron durante el mes de julio de 2013, luego del accidente de tránsito acaecido el 18/07/13 en el que falleció el Sr Pablo Raúl Nardin. En consecuencia, para la determinación de la responsabilidad atribuida a las accionadas –en caso de adentrarme en la cuantificación, precisaré la normativa aplicable al respecto-, resulta aplicable el derogado Código Civil (cf. art. 7 CCCN).
2. Me abocaré en primer término a las críticas de las accionadas, quienes consideran que la acción incoada debió rechazarse en su totalidad, incluso respecto de los carteles pegados en la vía pública, puesto que la leyenda en ellos contenida revela una verdad objetiva, acorde con la sentencia penal firme que declaró al accionante culpable de la muerte de Pablo Nardin.
En primer término, advierto que ese agravio omite que el decisorio apelado admitió la reparación de los daños derivados de la colocación de carteles en la vía pública, no sólo en cuanto estos contenían una injuria al actor, sino también, y no es ello menos importante, en cuanto fueron atentatorios del derecho a la imagen del mencionado (sobre el carácter autónomo del derecho a la imagen, puede verse Irene Hooft, La protección de la imagen, en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2006-2, Honor, imagen e intimidad, Rubinzal Culzoni, 2006; Matilde Zavala de González, Tratado de Daños a las Personas. Daños a la dignidad, Bs. As. Ed. Astrea, 2011, T. 2, págs. 13 y ss., entre otros tantos). Las demandadas omiten toda referencia o embate argumental contra la constatación de vulneración de este último derecho, pese al desarrollo de la sentencia sobre esta temática (fs. 267/267 vta.) de modo que debo tener por consentida esa parcela del decisorio. Siendo ello así, conviene desde ya advertir que aún de acogerse sus críticas respecto de la responsabilidad a ellas atribuida por los daños derivados de los carteles colocados en la vía pública, una parcela de la indemnización fijada en tal concepto deberá subsistir, en razón de la vulneración consentida al ya aludido derecho a la imagen (art. 260 CPCC).
3. Efectuadas las aclaraciones que anteceden, analizaré ahora si las demandadas deben responder por haber manifestado en los carteles colocados en la vía pública (aspecto consentido del decisorio; art. 260 CPCC), que el actor “es el culpable de la muerte de Pablo Nardin” y que “Por favor, si lo ves conduciendo notificá al Fiscal Pizzolo. La próxima víctima podés ser vos” (ver fs. 27 y 28). Las litigantes no se centran en esta instancia en el carácter lesivo de la injuria que profirieron al actor, sino que pretenden que no puede derivarse responsabilidad alguna de ella, puesto que con el dictado de la sentencia penal condenatoria firme (ver fs. 246 y resoluciones de fs. 247 y ss.), dictada con fecha 27/05/14 (es decir, luego de la contestación de demanda efectuada con fecha 04/12/13; ver fs. 53), resultó que la afirmación contenida en los carteles en cuestión era cierta: el actor efectivamente fue el culpable de la muerte de Pablo Nardin. Y ello es precisamente, destacan, lo que rezan los carteles en cuestión.
En sentido técnico, las demandadas han planteado lo que se conoce jurídicamente como exceptio veritatis o prueba de la verdad, una eximente cuya fuente legal está dada por el art. 1089 C.C., última parte.
Veamos. El artículo 1089 C.C. determina que “Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación.” (el resaltado es propio).
En relación con la exceptio veritatis o prueba de la verdad, se ha dicho mayoritariamente que cuando se trata de un supuesto de injurias (no así de calumnias, en que la prueba de la verdad siempre excluye toda responsabilidad), “la prueba de la verdad sólo está permitida en los casos taxativamente previstos por el art. 111 del Cód. Penal.” (cf. Aída Kemelmajer de Carlucci, en Código civil y leyes complementarias”, Dir. Belluscio, Coord. Zannoni, Ed. Astrea, 3ª reimpresión, Bs. As., 2002, T. 5, pág. 248; en honor a la brevedad, me remito a las razones allí expuestas para justificar por qué debe conciliarse lo prescripto por el art. 1089 C.C. y lo reglado por el art. 111 C.P. Por otra parte, en sentido concordante con la opinión de la referida autora, pueden citarse Cám. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, Sala 1, causa n° 63392, “N, O.C. c/M, E s/Daños y perjuicios...”, del 19/06/2007; Cám. Civ, y Com. 2ª de La Plata, Sala 3, causa n° 106898, “A.R.D. c/P.M.E. s/Daños y Perjuicios...” del 21/11/2006).
Entre los supuestos en que el art. 111 del Código Penal habilita la prueba de la verdad de la injuria, se encuentra la hipótesis de que “el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.” De modo que está claro que en el caso, las demandadas se encuentran habilitadas a invocar como eximente la sentencia penal dictada con fecha 27/05/2014 (confirmada por la Cámara departamental –ver fs. 247/253 vta.-, y firme conforme recursos extraordinarios local y federal denegados por sentencias obrantes en copia a fs. 254/259 vta. y 260/261, respectivamente). Esa sentencia, consideró al accionante autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor (por exceso de velocidad pues circulaba a no menos de 53,9 km/h en zona urbana); de allí que cabe entonces admitir la exceptio veritatis planteada por las accionadas respecto de la injuria proferida contra el accionante (arts. 1089 C.C. y 111 CP).
4. En lo que toca al daño moral, destaco que no es atendible la crítica de las accionadas en punto a su falta de prueba por parte del actor. Ello pues tiene dicho esta Sala que “si estamos en presencia del delito de injurias, el daño moral experimentado es un daño in re ipsa, cuya existencia se presume salvo prueba en contrario, y quien debió arrimar elementos para desvirtuar tal presunción ha sido el demandado, sin que sea factible hacer recaer sobre el actor ofendido la carga de demostrar la real existencia de tal perjuicio presumido” (esta Sala, causa n° 62.236, “Duba Nicolás...”, del 17/10/17 y jurisp. y doct. allí citada). Sin embargo, como consecuencia del acogimiento de la exceptio veritatis abordada en el acápite anterior, resulta que las demandadas quedan eximidas de su obligación de resarcir los daños y perjuicios derivados de la injuria, incluido, naturalmente, el daño moral por ella ocasionado (arts. 1089 C.C. y 111 CP).
5. En suma, acorde todo lo expuesto en el presente Considerando, corresponde eximir sólo parcialmente de responsabilidad a las accionadas por los daños derivados de los carteles que colocaron en la vía pública (art. 1089 CC.), pues subsiste al respecto su obligación resarcitoria por el menoscabo al derecho a la imagen del actor, que, como se dijo, llegó consentido a esta instancia (art. 260 CPCC). De allí que estimo razonable, lo que así propongo, hacer parcialmente lugar a su recurso, y disminuir a la suma de $10.000 la indemnización fijada en concepto del “daño moral y a la imagen” provocado por los carteles, en razón de que, con la sentencia penal condenatoria firme, y en los términos de los arts. 1089 C.C. y 111 CP, cabe tener por procedente la exceptio veritatis por ellas planteada respecto del delito de injurias (arts. 1, 2, 3, 5, y 7 CCCN; arts. 901, 903, 1068, 1072, 1077, 1078, 1083, 1089, 1109 y concs. CC; art. 111 CP; arts. 165, 175, 260, 384 y cc. CPCC). Respecto de las costas del presente recurso, y atento el éxito parcial de los agravios, propongo imponerlas en un 70% a la parte actora y en un 30% a las accionadas (arts. 68 y 71 CPCC).
IV) 1. Abordaré ahora los agravios del actor, quien consintió la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de los carteles colocados en la vía pública, mas criticó, por el contrario, que no se hayan admitido daños y perjuicios derivados de las publicaciones que habrían efectuado las accionadas en las redes sociales Facebook y Twitter. La sentencia apelada rechazó tal petición por razones probatorias, básicamente, por la ausencia de prueba informática que acredite la autoría de las aludidas publicaciones.
En sustento de su recurso, el actor esgrime que la prueba testimonial prueba esos daños, sin que sea menester una prueba informática, y que debe imponerse en autos el criterio de la prueba indiciaria (resultante del reconocimiento efectuado por los testigos), o el de las cargas probatorias dinámicas, considerando que eran las accionadas las que, en todo caso, se encontraban en mejores condiciones de acred
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