Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64704
Causa nº: 2-64704-2019
"MARTINEZ ESTEBAN C/ TELECOM PERSONAL SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta días del mes de abril del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (arts. 1º apart. b 1.1. de la Resolución 10/2020 y 7 de la Resolución 14/2020; art. 4 inc. a Resolución 18/2020; Resolución 165/2020; Acuerdo 3971; Acuerdo 3975/2020; arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 21/2020 y Acuerdo 480/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, con la presencia virtual del Secretario Claudio Marcelo Camino, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Martínez Esteban c/ Telecom Personal S.A. y otro/a s/ Daños y perj. del. /cuas. (exc. uso aut. y Estado)” (causa Nº 64.704), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes- Galdós- Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es procedente el recurso de apelación incoado contra la sentencia definitiva de 190/194 vta.?
2da.- En caso caso negativo, ¿es procedente el recurso de apelación planteado contra la regulación de honorarios de fs. 196/197?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I) 1. A fs. 38/53 Esteban Martínez promovió demanda de daños y perjuicios contra Telecom Personal S.A. y Organización Veraz S.A., por la suma de $540.000 más intereses (y/o lo que en más o en menos resulta de la prueba a rendirse en autos), en concepto de daño moral y daño punitivo (fs. 38/53). Relató que en octubre de 2014 recibió una factura de Personal por la suma total de $5.862,08 (fs. 26), en razón del consumo de once líneas telefónicas que nunca había solicitado, correspondiente al período transcurrido del 21/08/2014 al 20/09/2014 (cf. resumen de cargos por línea de fs. 23). Narró que al apersonarse inmediatamente en la sucursal de Telecom Personal de Tandil, su reclamo fue registrado mediante la Declaración Jurada de Contrataciones no realizadas (fs. 11/13), pero en noviembre de ese mismo año, recibió otra factura por las mismas líneas correspondiente al período comprendido entre el 21/09/2014 y el 20/10/2014, por la suma total de $11.511,04 ($5.648,96 del último consumo, más $5.862,08 del saldo impago anterior).
Que tras concurrir nuevamente a la empresa, le informaron que su reclamo había sido procesado y que no se preocupara pues no iba a tener inconvenientes, pero el 19 de noviembre de 2014 recibió una intimación de Veraz, donde se le reclamaba un saldo de $11.511,04, indicándose que registraba una mora de 34 días, y que en caso de no abonar, la deuda se incorporaría a su historial crediticio. Agregó que Telecom Personal informó a Veraz el falso historial crediticio, por lo que no pudo acceder al crédito hipotecario Procrear. Explicó que ante la gravedad de la situación y en vías de tramitar un crédito hipotecario, envió la CD N° RC10004159 de fecha 17/12/2014 (no obra copia en las actuaciones), solicitando la inmediata baja de la cuenta abierta a su nombre por resultar producto de una maniobra de falsificación de datos, así como la extensión de un libre deuda, y la notificación a Veraz del yerro en la información suministrada.
Relató que ante la falta de respuesta de Telecom Personal S.A., inició actuaciones ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC; ver fs. 161) sin resultado alguno, ya que ninguna de las demandadas se presentaron, y Telecom Personal continuó enviándole facturas (factura de fs. 6 por la suma de $50,13 por “cargos variables: suscripción texto 752887”), e informando a Veraz su situación de moroso hasta abril del año 2015. Reclamó entonces, la suma de $40.000 en concepto de daño moral y la de $500.000 en concepto de daño punitivo o multa civil.
2. Por su parte, la codemandada Telecom Personal S.A. (fs.106/112) argumentó que el actor no mencionó un daño que amerite la suma irracional que pretende; que no hubo violación a la Ley de Defensa del Consumidor toda vez que en todo momento brindó la información requerida; y que la real intención del actor ha sido prefabricar un supuesto daño para obtener un beneficio económico. Esgrimió que no tiene facultades para incluir a alguna persona en la base de datos de deudores o morosos crediticios de Veraz, y que no existe daño ni conducta dolosa o negligente de su parte, pues sólo ha intentado el cobro de una deuda facturada correctamente al usuario titular de las líneas (fs. 108 vta.). Considera que las sumas reclamadas son exorbitantes, y peticiona que, a todo evento, se reduzcan al monto fijado en el art. 40 bis de la Ley 24240. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del daño punitivo (art. 52 bis LDC), y entiende, de todos modos, que no es procedente en razón de que no ha mediado de su parte una “grave inconducta”.
3. A su turno, la codemandada Organización Veraz Sociedad Anónima Comercial de Mandatos e Informes (en adelante Veraz S.A.), refirió que el actor nunca estuvo informado en su base de datos como deudor moroso, pues Telecom nunca le efectuó un requerimiento en tal sentido. Expresó que el actor sí estuvo informado como moroso por el Banco de Galicia y Buenos Aires en el año 2014 (acorde el informe Veraz Risc que acompaña; fs. 119), pero no por Telecom. Señaló que el Banco Hipotecario nunca solicitó informe alguno durante los últimos cinco años, por lo que no resulta cierto que el actor no haya podido acceder al sistema de crédito hipotecario Procrear por encontrarse en su base de datos. Agregó que la carta del 19/11/14 que el actor acompañó con el membrete de Veraz (fs. 5), en la que se lo intima a cancelar una supuesta deuda con Telecom; deriva de un servicio que presta a sus clientes adherentes, que se denomina "Sistema Único de Monitoreo y Alertas (SUMA)", a través del cual se puede analizar con mayor eficiencia el comportamiento crediticio (scoring) y optimizar la clasificación de riesgo para tomar acciones preventivas y así evitar que se incrementen los deudores morosos. Explicó que, a la vez, "Mora Control" que forma parte de SUMA, es una plataforma on-line que permite a los clientes adherentes de Veraz accionar la cartera de morosos vía SMS, por mail o por carta, ya sea por envíos masivos o individuales. Que como parte de dicho servicio, el cliente adherente incorpora unilateralmente datos de manera individual o masiva, y puede realizar diferentes acciones para el recupero de la deuda: primero la invitación al deudor a que la cancele, luego la intimación bajo apercibimiento de figurar en la base de Veraz, y luego la comunicación efectiva de que está en esa base de datos. Enfatiza que todo ese procedimiento se realiza sin intervención de Veraz que únicamente presta su logo para tal acción.
II. La sentencia de primera instancia (fs. 190/194 vta.) rechazó la demanda en todas sus partes, con costas a la actora vencida.
Para así resolver, comenzó por determinar la aplicabilidad al caso del derogado Código Civil vigente al tiempo de los hechos, así como la normativa de defensa del consumidor. Para considerar aplicable esta última normativa, consideró que las demandadas resultan proveedoras en los términos del art. 2 de la Ley 24.240, y que el actor, no obstante no ser parte de la relación de consumo “base” o “fuente” y no haber adquirido bienes o servicios como destinatario final, se encuentra expuesto a una relación de consumo, lo que permite, a su entender, categorizarlo como tercero expuesto a la relación de consumo o "bystander".
Sentado ello, estimó acreditado que la codemandada Telecom Personal facturó indebidamente a nombre del actor las once líneas telefónicas, pretendiendo su pago. Ello a partir de las facturas agregadas a fs. 8/33, y del art. 386 CPCC pues las accionadas no cumplieron la intimación a acompañar la documentación que acreditara que el actor había solicitado las líneas telefónicas, o la certificación de deuda o documentación que hubiera ameritado la intimación de pago que cursaran. Tuvo asimismo por probado que el actor concurrió a la oficina local de la empresa codemandada y suscribió la "Declaración Jurada Respecto de Contrataciones no Realizadas" cuya copia luce a fs. 12, y no fue desconocida por la codemandada.
Tras destacar que tanto el art. 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor como el art. 1067 del C. Civil exigen la existencia de daño como presupuesto de la obligación de reparar, subrayó que el accionante no produjo ninguna prueba tendiente a justificar los daños que invocó. Por el contrario, sostuvo que de su propio relato surge que no abonó las facturas aludidas y que ninguna de las demandadas adoptaron actitud alguna tendiente a obtener su pago. Consideró que fue recepcionada la declaración del actor de no haber contratado nunca el servicio, y que no existe indicio alguno que permita suponer que debió realizar más trámites, o que fue sometido a algún tipo de destrato. Argumentó que tampoco se ha acreditado que la codemandada lo hubiera informado como deudor moroso en la base de datos Veraz, y menos aún que ello hubiera gravitado en la posibilidad de obtener un crédito Procrear en el Banco Hipotecario Nacional. Destacó que en la carta de fs. 5 se señaló que "en el caso de haber cancelado su deuda con anterioridad a la recepción de la presente carta, le agradeceremos acepte nuestras disculpas y se sirva a bien dejar sin efecto lo dispuesto en la misma"; y que si bien se expresa allí que en caso de no cancelarla, Telecom daría de baja el servicio iniciando las acciones legales que pudiere corresponder, esa empresa nunca lo hizo. Destacó que en la aludida misiva, se aclara por nota final que ella no constituye una intimación de pago, sino un aviso que tiene por objeto poner en conocimiento de que en caso de corresponder, la falta de pago implicaría la incorporación de la deuda al historial crediticio, cosa que tampoco sucedió.
Agrega que de la prueba informativa producida por el actor a fs. 149/158 no surge que las codemandadas lo hubieran informado como deudor moroso, ni en la base de datos Veraz ni en ninguna otra; y que tampoco ello se desprende del informe Veraz Risc aportado por la codemandada Veraz a fs. 119 (quien además señaló en su contestación de demanda que la única deuda por la que figuraba el actor como deudor moroso durante el año 2014, fue la informada por el Banco de Galicia y Buenos Aires). Añadió que lo aseverado por el actor en el sentido de que el hecho de figurar en el Veraz frustró su posibilidad de acceder a un crédito Procrear, fue descalificado por la prueba informativa por él mismo ofrecida y producida a fs. 71/72, 75/78, 81/88 y 96, de la que surge que no tiene solicitud de préstamo alguna registrada en el Banco Hipotecario; que no resultó ganador en el sorteo del Programa Procrear que se realizó el 6/2; por lo que no realizó trámite alguno ante la entidad bancaria y por ello no fue evaluado en su situación financiera. Finalmente, entendió que el perjuicio sufrido por la emisión de facturas indebidamente a nombre del actor y el hecho de que hubiera debido acudir a las oficinas de la codemandada a radicar el reclamo correspondiente, no sobrepasa el límite de tolerancia como para movilizar a la jurisdicción.
III. La sentencia fue apelada por el actor, y fundada con el escrito presentado con fecha 22/10/09. Aduce allí el mencionado que no se trata solo de la facturación de conceptos indebidos, sino de que la demandada ha creado un cliente usurpando su identidad, y generado daños al tener que recorrer durante diez meses distintas instancias para que cese una situación antijurídica. Hace hincapié en que al omitir acompañar el contrato, Telecom Personal S.A. lo sustrajo del contralor judicial, lo que demuestra que no fue suscripto por él o que no existió, quedando demostrado el manejo desaprensivo e inescrupuloso que se hizo de su patrimonio. Argumenta que esa conducta reticente, reiterada en este proceso, fue exteriorizada ya ante la OMIC, y se vio agravada por el hecho de que al contestar demanda, las accionadas sostuvieron que el actor era su cliente, y no lo probaron. Ello, insiste, resulta una grosera transgresión al deber de información del art. 4 de la ley consumeril. Expresa que de agregarse dicha documentación, se daría inicio a una acción penal por falsificación de la “Solicitud de Servicio”, y de no existir, se estaría frente a una sustracción de datos para la comisión de conductas antijurídicas. Sin embargo, esgrime, el silencio “ampara” a quien abusó del consumidor.
Destaca que Telecom Personal S.A. no demostró que para dar de baja al servicio telefónico actuó de modo razonable, previsible y regular, conforme el standard del “buen proveedor profesional”. Sostiene que con la prueba directa y la presuncional se acreditó un trato indigno en los términos del art. 1097 CCCN, que remite a los Tratados de Derechos Humanos de los arts. 1 y 2 CCCN. Se agravia de que la sentencia no haya considerado que la creación de once líneas a su nombre, la generación de una deuda, remisión de información a Veraz, no baja del servicio e intimación de su pago, genere un daño. Critica que tampoco se considere un comportamiento intimidatorio el reclamar el cobro por vía de la Organización Veraz con apercibimiento de información del estado de deuda al sistema informático Veraz. Enfatiza que frente a la primera denuncia Telecom debió dar de baja el servicio; y que sin embargo lo mantuvo desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015. Destaca que Telecom siempre sostuvo que el accionante fue cliente, aún en el escrito de contestación de demanda.
En relación con el daño moral, considera maltrato que a una persona que no contrató líneas de telefonía celular y jamás fue cliente se le generen y facturen la 11 líneas de teléfono; que se hayan realizado dos reclamos ante la propia sede de Telecom sin resultado; que se envíe una carta documento a Telecom para que cese la conducta sin obtener respuesta; ser intimado por Veraz por orden de Telecom a abonar una deuda que no se contrajo bajo apercibimiento de ser informado con antecedentes desfavorables ante el sistema financiero; todo ello agravado por el hecho de que en pleno proceso de denuncia ante la OMIC, se continuó facturando el servicio. Subraya que es falso que Veraz no haya intimado al actor al pago de la deuda y entiende que la sola intimación genera el daño. Agrega que $11.000 en el año 2014 o 2015 equivalía a U$S 2000; lo que hoy representaría la suma de $120.000. Y hoy una persona que recibe una factura de $120.000 por consumo de celular, no solo se intranquiliza, sino que se descompensa, pierde la paz y la tranquilidad que detentaba.
En relación con el daño punitivo, considera que es procedente en razón de “las sucesivas y reiteradas conductas de la demandada en orden al aprovisionamiento de servicios no adquiridos ni contratados, usurpación de identidad, ocultamiento de la documentación que fue base para la generación de los servicios, hostigamiento para obtener un cobro sin causa e indebido, ello aunado a la inclusión de informes inexactos a VERAZ quien (…) a su vez intimó al actor al pago.” Entiende que Veraz es partícipe y solidariamente responsable, por intimar una deuda inexistente por cuenta y orden de una empresa que usurpó datos de identidad; y que su conducta es una clara amenaza de que en caso de no cumplir con el objeto de la comunicación, el usuario será informado. Por todo ello solicita se haga lugar al daño punitivo no sólo a fines reparatorios, sino para disuadir a las empresas demandadas de incurrir en lo sucesivo en conductas similares. En orden a la cuantificación de este rubro, argumenta que las 3680 denuncias que sólo en el año 2018 se efectuaron contra la compañía telefónica en sede administrativa (conforme el sitio web que refiere), resultaron ineficaces a los fines de disuadirla de su conducta. Ello impone concluir, estima, que el pago de las sanciones y de los costos judiciales, sigue siendo inferior al costo de brindar información adecuada y abstenerse de realizar prácticas abusivas, intimidatorias y antijurídicas. Es por ello que aplicando un criterio de disuasión óptima, peticiona que el daño punitivo sea fijado en la suma reclamada. Recuerda que el texto del art. 8 bis de la Ley de Defensa al Consumidor, y destaca que ese mismo artículo establece en su párrafo final que las conductas abusivas podrán ser sancionadas con multas civiles a favor del consumidor. Critica que se haya corrido vista al agente fiscal sólo con antelación a la traba de la litis y no en forma previa al dictado de la sentencia. Solicita que se condene a ambas empresas en forma solidaria, por ser coautoras y corresponsables del daño provocado.
Enfatiza que Organización Veraz operó como una agencia de cobranza, y que, como tal, hostigó y amenazó, asumiendo responsabilidad por intimar al actor por una deuda inexistente. Esgrime que la expresión contenida en su CD de que “en caso de corresponder, la falta de regularización de la situación en el plazo indicado, implicará la incorporación de la misma al historial crediticio”, constituyó una amenaza que excede los términos de un aviso de deuda, “amedrentando” al destinatario. Entiende que esa conducta resulta hostil, vejatoria e intimidatoria, y debe ser castigada.
Insiste en que debió tolerar que la compañía telefónica no atendiera su petición de dar de baja las líneas, y soportar los reiterados reclamos por montos indebidos por un lapso de más de nueve meses, y recibir intimaciones en dicho sentido. Más adelante se agravia de que el juez no haya considerado la disparidad jurídica en que se encuentra el consumidor frente a las accionadas, imponiéndole la carga de tener que acreditar documentadamente los daños, minimizando, a su vez lo que sería un accionar negligente, descuidado e imperito de las demandadas. En esa línea trae a colación en su favor el principio in dubio pro consumidor o usuario. Finalmente, sostiene que las costas deben en todo caso ser impuestas a las demandadas, pues el actor ha sido, como consumidor, el eslabón más débil de la cadena, debiendo entenderse que tuvo derecho a reclamar acorde las facultades otorgadas por la Ley 24240.
IV. Por escritos electrónicos de fechas 30/10/19 y 04/11/19, contestan agravios las codemandadas Veraz S.A. y Telecom Personal S.A., respectivamente. Corrida vista, el Fiscal General Departamental considera a fs. 236/237 vta. que se ha configurado un supuesto de daño moral por violación al derecho a la libertad de acción. Ello pues las acciones llevadas a cabo por las empresas impusieron al actor la realización de determinados actos que no hubiese llevado delante de no ser por los injustos reclamos llevados en su contra. En lo que concierne al daño punitivo, estima que su aplicación prudente puede generar en el caso un efecto positivo en la actividad que despliega Telecom Personal S.A. Ello pues al tenerse por cierto que las misivas con mención de una deuda carecían de justificación, debe considerarse probado el incumplimiento del deber de trato digno y buena fe con que deben desplegar su accionar comercial las empresas. Entiende que la falta cometida por la empresa fue muy grave en razón de que los hechos pusieron de relieve una “notable falla en la administración de la información sobre los clientes”, en el “manejo de la documentación” y “en los nexos informativos que vinculan diferentes sectores de la empresa”. Argumenta que uno de los mayores compromisos que debe tener una empresa de servicio, es el de contar con la capacidad operativa y los recursos necesarios para administrar toda
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