Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 8851 2013
Obligación de seguridad – Responsabilidad personal del socio gerente
Expte. n°: JU-8851-2013 PETRONI ROSALES ANDRES JESUS C/ BAUZA CLAUDIO WALTER Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA y GASTON MARIO VOLTA, encontrándose excusado el Dr. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN (10/11/2015) en causa nº JU-8851-2013 caratulada: "PETRONI ROSALES ANDRES JESUS C/ BAUZA CLAUDIO WALTER Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) ", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada el 16/9/2022 por la Sra. Jueza de Primera Instancia Dra Daniela K. Ragazzini se hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Andrés Jesús Petroni Rosales contra Claudio Walter Bauza y la Brujula SRL, condenándolos en forma concurrente al pago de la indemnización que fija en el importe de $ 9.520.000 con más intereses y costas. Hace extensiva la condena a la citada en garantía San Cristobal SMSG con el límite de cobertura y franquicia de la póliza que actualiza a valores actuales conforme al incremento experimentado en el período del seguro de responsabilidad civil automotor voluntario. Rechaza en cambio, con costas al actor, la acción ejercida contra el socio gerente de la sociedad codemandada, Horacio Atilio Frezzotti
El pronunciamiento se refiere al hecho ocurrido el día 7/4/2012 en el lugar de esparcimiento nocturno "Rose" de la sociedad demandada, que se encontraba ubicado en la calle H. Yrigoyen entre Rivadavia y Saenz Peña, de esta ciudad, al resultar herido el actor por un corte con un vidrio en su brazo izquierdo que le infirió el codemandado Bauza, a la salida del local luego de una reyerta que protagonizaron en su interior.
Emplazado normativamente en el régimen del derogado código civil de responsabilidad subjetiva en relación a la conducta del agresor, valorando los elementos probatorios aportados y especialmente las constancias de la causa penal 608/2012 que concluyó con el sobreseimiento del actor y la suspensión del juicio a prueba de Bauza, la sentenciante determinó que no puede tener favorable acogida la causal de justificación opuesta de legítima defensa, aspecto que arriba firme a esta Alzada.
Respecto a la responsabilidad que le asignó a La Brújula SRL señaló que la misma es de tipo objetiva y deriva de la obligación tácita de seguridad (art. 1198 CC y fallos que cita de la SCBA, en correlato con los arts. 5 y 6 de la LDC), pesando sobre la misma acreditar el cumplimiento de los deberes a ello inherentes, no siendo suficiente que exista la culpa de un tercero.
Consideró en cambio que no estaban acreditados los presupuestos de la responsabilidad individual del socio gerente (art. 59 LS)
II. Apelaron el Dr. Petraglia por el actor, La Brújula SRL y la citada en garantía (presentaciones del 28/9/2022 y 27/9/2022)
Llegadas las actuaciones a este tribunal y puestas en estado, expresaron sus agravios los dos primeros y desistió del recurso la aseguradora (presentaciones del 23/2/2023, 1/3/2023 y 28/2/2023 respectivamente)
La crítica del actor hace centro en 1) el rechazo de la acción contra el el Sr. Frezzoti; 2) la imposición de costas por esa decisión; 3) la no inclusión de intereses en la readecuación del monto de cobertura de la póliza y 4) la base de ingresos tomada para el cálculo de la indemnización por incapacidad sobreviniente, requiriendo se aplique el salario Auxiliar B del CCT 130/75.
Por su parte la sociedad condenada sostiene que la demanda a su respecto debe ser rechazada por considerar que se trata de un resto bar y no un local de esparcimiento nocturno, que ninguna obligación de seguridad le cabe, que el reclamo debe enmarcarse en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, que se trata de un supuesto de culpa de un tercero (y de la víctima) por quien no se debe responder. Subsidiariamente objeta los rubros indemnizatorios afirmando que en la incapacidad sobreviniente no deben computarse períodos posteriores a la edad jubilatoria, que el importe por daño moral es antojadizo y que los gastos no han sido acreditados, por lo que solicita los importes respectivos sean reducidos.
Ejercieron únicamente su derecho a réplica el Dr. Petraglia por el actor (15/3/2023) y el Dr. Repetti por la aseguradora (16/3/2023) resistiendo las impugnaciones.
Recabada y remitida la causa penal (providencias del 22/3/2023 y 27/3/2023), firme que quedó el llamado de autos para sentencia, se está en condiciones de resolver (art. 263 CPCC)
III. En esa tarea y comenzando por la atribución de responsabilidad a la sociedad demandada, me permito referenciar parte de mi voto en Expte. Nº 42833 "Aristi " LS 49 n° 232 sent. del 16/9/2008) que pese a su antigüedad conservan vigencia -máxime cuando en ambos casos la cuestión se encuentra regida por el ordenamiento anterior, aunque con la normativa actual se arriba de un modo todavía más claro a la misma solución--: " Expresé en minoría en sentencia recaída el 11/7/2002 (LS 43 nº 215) en expte. Nº 36351 (me refería al fallo que dio lugar al pronunciamiento de la SCBA Ac. 86.024, " Mandirola, Juan y otra contra Club Deportivo Alsina. Daños y perjuicios" 10/8/2005), que la organización de un baile (o cualquier otro espectáculo -en el sublite tocaba una banda musical- o actividad de esparcimiento o recreación, agrego) suma a la prestación una obligación tácita de seguridad que enriquece la carga obligacional prescripta por el art. 1198, 1ª parte del Cód.Civil.
Ello en tanto el asistente supone que el organizador ha hecho lo adecuado para preservarlo de daños a su persona o a sus bienes. La misma conforme se ha reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente es de índole objetiva, asentada en la garantía de indemnidad, secundaria y autónoma respecto de la principal (ver Mayo Jorge A "Sobre las denominadas Obligaciones de seguridad" La Ley 1984-B-949; JUBA B1351329 CC0101 MP 95746 RSD-33-96 S 29-2-1996; JUBA B854539 CC0100 SN 940573 RSD-148-96 S 4-6-1996). Comparto el criterio que considera a dicha obligación en la ejecución de determinados contratos y en particular en las relaciones englobadas en el concepto de espectáculos públicos -a la que pertenece la que vinculara a las partes de autos-, como de resultado (ver Vazquez Ferreira Roberto A.
" La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual" en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, nro. 17 p.79 y ss; Lambois Susana " La obligación de seguridad" en Derecho Privado libro en homenaje a Alberto J. Bueres, Ed. Hammurabi, p. 1119 y ss; Burgos Debora-Vessoni Hugo "La obligación de seguridad JA 1995-I-p. 944 y ss) con su consecuente proyección sobre el régimen probatorio: le basta al damnificado acreditar que sufrió un daño que reconoce su causa en el desarrollo del baile o del espectáculo en sí o en las cosas colocadas por el dueño del local al servicio de aquél. La prueba del incumplimiento por parte del acreedor deja fuera de cuestión la culpa del solvens.
Por tanto, la responsabilidad será objetiva y este último sólo podrá eximirse de responsabilidad probando el caso fortuito en "sentido amplio" (JUBA B201817 CC0103 LP 233151 RSD-168-99 S 19-8-1999 "Pereyra, Lautaro Manuel c/ Block S.R.L. (Confitería bailable) y otro s/ Daños y perjuicios"). Dentro del género causa ajena o caso fortuito en sentido amplio, el hecho del tercero debe revestir las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad, pues si se estuviere ante una conducta sorteable, no alcanzaría para exonerar al deudor de las consecuencias derivadas de un incumplimiento que pudo evitar (doctr. arts. 514, 1113 C. Civil; Alterini-Ameal-Lopez Cabana "Derecho de Obligaciones" p. 369 y ss; Cam Nac.
Civ. Sala F LL 138-903)...."
Reseñaba también tramos del voto del Dr. Roncoroni en esa causa, en el que afirmaba no tener "... la más mínima duda que la relación que vinculara al actor con la discoteca es de naturaleza contractual...Tampoco la tengo en cuanto a que la misma engendra, al lado de un conjunto de deberes primarios que tipifican la prestación principal del titular de la discoteca(servicio de música, escenario para el baile y esparcimiento, suministro de bebidas, entremeses, bocadillos y otros tipos de comestibles), un deber de seguridad que, como obligación accesoria integra y ensancha, implícita o tácitamente, aquella prestación principal, imponiendo a aquél la toma de todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos (enfrentamientos entre grupos; grescas bilaterales; acciones de sujetos alcoholizados o con el entendimiento obnubilado, etc.) que de forma bastante común se producen dentro del ámbito del local o en los sectores de ingreso o egreso del mismo. Ni la adjetivación de tácita o implícita que se brinda a tal obligación de seguridad, ni su caracterización como accesoria al deber principal, han de oscurecer u ocultar la importancia cardinal que su debida satisfacción posee para facilitar y permitir cumplimentar este último, a punto tal, que en supuestos como el que nos ocupa puede decirse que ella se conjuga como una parte esencial de la prestación principal." Allí también decía "Es prudente advertir que cuando hablamos del hecho de un tercero como caso fortuito y con aptitud para exonerar de responsabilidad al titular de la discoteca por el incumplimiento objetivo de su obligación de seguridad, nos estamos refiriendo al hecho de un tercero que es extraño, exterior o queda fuera de la actividad o marco de control del empresario. Difícilmente o casi nunca salvo excepciones y si queremos ser coherentes con nuestro pensamiento esbozado en el considerando anterior pueda predicarse esto del hecho de un cliente que participa de la reunión, baile o movida que hace al núcleo de la explotación comercial de la empresa y al proyecto prestacional que ella brinda, dentro de cuyo elenco precisamente se encuentra el deber de seguridad tendiente a prevenir y evitar los daños y perjuicios que, entre otras fuentes, puedan surgir (de modo previsible y naturaleza evitable) de los clientes que participan de ello."
Recordaba luego que en esa misma línea se había expedido ya "el Dr. Hitters en Ac. 75.111 del 14/4/2004: "...Considero necesario destacar que estamos en presencia de una problemática contractual, dado que el dueño del establecimiento donde ocurrieron los hechos -la discoteca "Soul Train"- asumió una obligación de seguridad enderezada a preservar la integridad física de los concurrentes a la misma. Dicho deber de seguridad reviste naturaleza objetiva, razón por la cual es absolutamente irrelevante todo intento de probar su "no culpa" en el cuidado y en la vigilancia del establecimiento (doct. causa "Lanzilotta, Humberto J y otro c/Escuela del Sol y otro", sent. de la C.N.C., Sala D, Cap. Federal del 18-III-1998, pub. en "Jurisprudencia Argentina", 27-I-1999, pág. 40)...También -en orden a demostrar la falta de responsabilidad de la demandada- es intrascendente lo vinculado con la forma en que se cumplían las tareas de vigilancia en el local (ver. fs. 322/323) porque -reitero- su titular debe responder no por su culpa sino porque objetivamente nuestro sistema legal lo hace directamente responsable por el incumplimiento del deber de seguridad a su cargo (conforme doct. art. 1198, 1er. párrafo, Cód. Civil) ... Con relación al caso fortuito, es principio recibido que la prueba del mismo pesa sobre quien lo alega, y que el suceso que se constituya como tal debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado- extraordinario, anormal y ajeno al presupuesto responsable, extremos que no se cumplen por el carácter de inesperado del ataque (fs. 323 in fine, conf. Ac. 45.606, sent. del 11-VIII-1992 en "Acuerdos y Sentencias", 1992-III-21, Ac. 49.567, sent. del 30-III-1993)"
Y mencionaba fallos de otras Cámaras de Apelaciones vgr. la de Dolores (del 27/11/2007 in re Méndez, Christian c. Complejo Ku-El Alma y otros publicado en LLBA 2008 (febrero), 69), de Pergamino (sent. del 28/7/1994), Nacional en lo Civil Sala G (sent. del 26/08/2004), Sala K (sent. del 14/11/2003; en La Ley, 2004-B, 731 y JA, 2004-II, 467) y Sala E (13/12/2002 " Di Pietromica, Juan I. v. Portezuelo SRL y otro"; Lexis Nº 70006870)
A tales consideraciones hoy me permito sumar que "la Corte Suprema en el conocido caso " Ferreyra c. V.I.C.O.V. S.A." estableció que el deber de seguridad debe ser entendido como "... un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas. La incorporación de este vocablo, en el art. 42 de la CN, es una decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos ...". Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de consumo ( como la que tiene un asistente a un lugar de esparcimiento o recreación nocturno), surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, CN) y legal (art. 5', ley 24.449; ley 24.240) ." ("Relación de Consumo" Carlos E. Tambussi Director Hammurabi To. I p. 229)
Numerosos y uniformes son lo precedentes sobre el asunto y uniformes las opiniones doctrinarias, por lo que para no agotar al lector termino aquí el tratamiento de la responsabilidad que le cabe.
Solo me permito apuntar que cualquiera haya sido la índole específica del establecimiento, que al no estar habilitada (ver informe de fs. 518) impide determinar su concreto encuadre en las categorías del art. 232 de la Ordenanza municipal 2930 ("lugar de expansión nocturna" se dice en el acta de procedimiento y "boliche" en la inspección ocular de la IPP y su encargado Picarell que presenció el inicio del altercado desde "detrás de la barra atendiendo al público" lo llamá "de eventos y expansión nocturna"), lo cierto es que habiendo tenido su inicio la reyerta en el interior del local y perpetrado el hecho a su salida, sin que se hubieran adoptado medidas de seguridad y vigilancia ( con personal propio o policial convocado al efecto) para que las mismas allí continuaran, y con un elemento (vaso o botella es indiferente) allí provisto y que fuera retirado, existían razones suficientes según las circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 512 CC), que hacían previsible y evitable el acaecimiento del hecho, del cual resultó lesionado uno de sus clientes.
IV. Prosigo con el rechazo de la acción contra el Sr. Frezzoti y la imposición de costas al actor.
En primer lugar es dable señalar que no está en debate aquí la "inoponibilidad de la persona jurídica", el levantamiento del velo societario, previsto para cuando su "actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona" (arts 54 segundo párrafo LGS y actual 144 CCCN). La acción intentada tiene su fundamento en cambio en la previsión del art. 59 LGS ( también hoy receptada de un modo general por el art. 160 CCN), referido al daño que injustamente causan en el desempeño de su función o con ocasión de la misma los administradores a la persona jurídica, sus miembros y a los terceros.
Como dijo el Dr. Lorenzetti en su voto en disidencia parcial de la CSJN en autos "Daverede Ana M. c/ Mediconex SA y otros" 29/5/2007 Fallos 330-2445, consid. 11), esa responsabilidad " es la del derecho común, que obliga a "indemnizar el daño", la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales. En consecuencia, resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, ....Ello, por cuanto la solidaridad no se presume (art. 701 del Código Civil) y debe ser juzgada en forma restrictiva. Por lo tanto, es necesario demostrar el daño, que ha mediado mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave. Por lo demás, la responsabilidad es por la actuación personal y no por alcanzar a otras que no correspondan a la gestión. Aquélla ha de juzgarse en concreto, atendiendo a las específicas funciones asignadas personalmente por el estatuto, reglamento o decisión de la asamblea en el área de la empresa propia de su incumbencia".
Ese daño al acreedor de la persona jurídica es directo, no un mero reflejo por el perjuicio que el administrador generó a la sociedad que administra, aunque lo haya sido en el ejercicio de sus funciones propias (Richard, Efraín H. "Responsabilidad de administradores societarios" RCyS 2003 , 60). "...[L]a imputación al agente dañoso puede ser por acción o por omisión. Nótese que pueden ser múltipIes los supuestos en los que se impute deberes resarcitorios a los administradores de las personas jurídicas, lo cual es la obvia consecuencia de la inobservancia de algunas de las profusas obligaciones que atañen a estos conductores... " (Daniel Crovi en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado" Dir. Ricardo L. Lorenzetti Ed. Rubinzal-Culzoni To. I p. 625)
Para que esa responsabilidad a título personal, aunque solidaria e ilimitada con la del ente al que administra y representa quede comprometida " se deben verificar todos y cada uno de los presupuestos del deber de reparar, según la teoría general del derecho de daños: a. autoría:... es necesario que su acción u omisión hayan provocado el daño, en tanto este no se habría producido si aquel no hubiera actuado como lo hizo, o por el contrario, hubiese actuado en vez de haber omitido la conducta debida... b. antijuridicidad: proviene de la actuación del administrador contraria a la ley, al estatuto, al reglamento o a las decisiones del órgano de gobierno que causan un daño a otro, si no está justificada; c. factor de atribución subjetivo: la culpa (se configurará) como consecuencia de la inobservancia de las diligencias prescriptas por la ley o el estatuto para la actividad reglada desplegada ...d. relación de causalidad: es necesario que "según el curso natural y ordinario de las cosas" exista cierta vinculación entre la conducta del administrador y el daño. En otras palabras, hay que acreditar que la acción u omisión del administrador aparece como causa adecuada del daño según las reglas de la experiencia y razonables criterios de probabilidad y habitualidad " (Mauricio Boretto en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado" Directores Herrera-Caramelo-Picasso, Infojus To I p. 307)
Explica Ricardo A. Nissen ("Ley de Sociedades Comentada" La Ley FEDYE To. I p. 482/484) " El art. 59 de la ley 19.550 señala una pauta de conducta para la actuación de los administradores y representantes de la sociedad, quienes deben actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. .Al exigir diligencia, el legislador ha pretendido de los administradores idoneidad, eficiencia en el desempeño de sus funciones y especificidad en la competencia para los negocios objeto de la sociedad. La necesidad de que todo administrador societario debe actuar con diligencia en el ejercicio de sus funciones, supone que, al momento de asumir el cargo, deben tener conocimiento de la actividad a la cual se dedica l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.