Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24890
"ROMANO FACUNDO JAVIERC/ BANOL S.R.L. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)"
CAUSA MO-24890-2011 R.S.82/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 07 días del mes de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "ROMANO FACUNDO JAVIERC/ BANOL S.R.L. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) ” MO-24890-2011, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDÁ-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos tanto la parte actora como la citada en garantía (en ambos casos mediante escrito electrónico), los recursos se conceden libremente a fs. 499 y 494 respectivamente. La primera de las mencionadas expresa sus agravios mediante la presentación electrónica número 254100416014861798, mientras que la segunda lo hace a través del escrito referenciado con el número 255300416014998475; solo esta última mereció réplica, con el escrito código de referencia 223200416015049000.-
II. La sentencia en trance de revisión (fs. 483/493vta.) hace lugar a la demanda de daños y perjuicios en las condiciones que de allí surgen.-
III. El demandante cuestiona el pronunciamiento de grado por la desestimación del daño psicológico. Mientras tanto, la citada en garantía comienza atacando la forma en que se hizo extensiva la condena, para luego objetar el fallo en cuanto rechazó su defensa de no seguro, pasando posteriormente a atacar la cuantificación de los rubros resarcitorios (daño físico, moral y gastos) y la tasa de interés fijada en el fallo.-
A los términos de cada una de esas fundamentaciones recursivas cabe remitirse.-
IV. Por una cuestión asociada al buen orden metodológico, iré parcelando mi argumentación, refiriéndome a cada una de las cuestiones que han sido materia de agravio.-
Ello sin dejar de advertir -por un lado- que corresponde el juzgamiento del caso aplicando la normativa vigente al momento de acaecer los hechos, tal como lo efectivizara la Sra. Juez de Grado y que, desde mi punto de vista, ambas expresiones de agravios sortean la valla del art. 260 del CPCC; aunque, lo aclaro también, la de la citada en garantía lo hace de forma harto ajustada, bordeando la deserción y solo el criterio elástico que la Sala utiliza para juzgar el cumplimiento de este recaudo (en resguardo del derecho de defensa de las partes, art. 18 Const. Nac.) es el que me lleva a no proponer la sanción de deserción que la actora pregona.-
i) Comenzaré entonces por las dos cuestiones que plantea la citada en garantía en cuanto a la cobertura; fundamentalmente porque, de una de ellas, podría depender la necesidad -o no- de proseguir con el tratamiento de sus agravios.-
Se queja la aseguradora de que se haya rechazado su defensa vinculada con la falta de denuncia del siniestro.-
Desde esta Sala se ha dicho que " la sanción prevista en el Art. 47 de la ley 17.418 para el supuesto que el asegurado no haya efectuado la denuncia que establece el Art.46 de dicho cuerpo legal sólo alcanza al Asegurado incumplidor en su relación con la aseguradora; tal sanción no alcanza a la víctima del hecho que es un tercero en aquella relación contractual; dicho tercero es titular de un privilegio que le permite resarcirse del daño sufrido con exclusión del asegurado o de los eventuales acreedores de este; ello, de conformidad con lo normado por el Art. 118, primer párrafo, de la ley 17.418; tal "derecho" de la víctima se incorpora a su patrimonio en el momento de ocurrir el siniestro y siendo que a la victima sólo le son oponibles las causas de caducidad del seguro nacidas con anterioridad y no con posterioridad al ocurrimiento del riesgo, es de concluir que la admisión de la defensa de no seguro por omisión de denuncia del asegurado a la aseguradora, no sólo se opone a lo "supra" expuesto, sino que afecta un "derecho adquirido" y por ende, la garantía constitucional de la propiedad (Art.17 CN); a lo cual, agrego que fácil sería vulnerar los derechos de la víctima de un siniestro con una eventual connivencia entre asegurado -que no realiza la denuncia- y aseguradora -que por la no realización de la misma declina su responsabilidad; destaco tal posibilidad -no por que ello se avizore en estas actuaciones- sino para patentizar a que extremo de inequidad se podría llegar por tal camino " (esta Sala en causa nro. 44.630 R.S. 399/02).-
Por lo demás, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia se ha sostenido que " las consecuencias derivadas de la falta de denuncia del siniestro en los términos de los arts. 46, 47 y 115 de la ley 17.418, no comprenden la serie de defensas que el art. 118 de la Ley de Seguros permite oponer al asegurador- en el caso la "defensa de no seguro"-, en la medida que configura una situación necesariamente posterior al infortunio " (Sup. Corte Bs. AS., C 101813 fallo del 06/06/2011, "Cabrera, Juan Carlos y otros c/Cárdenas, Raúl Augusto y otros s/Daños y perjuicios", voto de la mayoría).-
Así entonces, y por tales razones, que comparto totalmente, entiendo que la defensa ha sido correctamente repelida.-
Por otro lado, en cuanto a los alcances concretos de su obligación de responder (tema que también se trae en los agravios por la citada en garantía), considero que ello se determinará en la etapa de liquidación, siendo correcta la forma en que el fallo decidió hacer extensiva la condena.-
Al respecto ha dicho esta Sala en casos anteriores que " l a sentencia con prístina claridad expreso que se hacia extensiva a la garante “en los términos de la póliza vinculante” y lo hizo con cita del Art 118 de la ley 17.418; será al momento de aprobarse la liquidación el estadio procesal para determinar el guarismo; ocurre que será en tal oportunidad cuando surgirá el monto de la condena y con ello la suma que deberá afrontar la aseguradora (esta Sala causa 52.837/06, R.S. 410/06)" (esta Sala en causa nro. 66.948, R.S. 208/14, entre otras).-
Consecuentemente, esta queja tampoco ha de prosperar.-
ii) Debo tratar, ahora, los agravios de la aseguradora vinculados con la incapacidad física.-
Esta especie indemnizatoria encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168). Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
Pasando al a prueba producida, el experto médico en su labor de fs. 383/6vta. y 410/1 refiere que el actor padeció una menisectomía post quirúrgica de rodilla izquierda y cicatrices en esa misma pierna; determinando una incapacidad parcial y permanente del 9,76% vinculada causalmente con el evento de autos.-
La Sra. Juez de Grado consideró que no existía mérito para apartarse de la pericia y, por mi parte, entiendo lo mismo.-
La fuerza probatoria del dictamen pericial es de meritación exclusiva del magistrado, y no lo obligan, “En dicho quehacer son soberanos los jueces de grado, pudiendo admitir o desechar de tales dictámenes lo que a su sano juicio correspondiere “ (Sup. Corte Bs.As. DJBA 119-433,457 y 513) “… pero cuando este es fundado y razonable en sus conclusiones debe acordársele valor probatorio…” (Corte Sup.LL. 12-18) “ La sana crítica aconseja seguirlo cuando no se oponen a ello argumentos científicos o artísticos legalmente bien fundados“ (Corte Sup.,JA 44-398. Sup.Corte Bs.As. DJBA 122-73 y 85).-
Enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. cit. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134). Empero, y como lo viene enarbolando pacíficamente el Superior provincial, más allá de que el juzgador no resulta compelido a aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, su apartamiento requiere que medien razones suficientes para ello. Sin que puedan considerarse tales las afirmaciones dogmáticas carentes de un adecuado sustento científico (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por SCBA Acuerdos 55.892, 88635, 96.908, 45.797, 98.060, entre muchos otros; mi voto en la Sala II, causa 30.316 entre varios otros).-
Tal lo dicho, y mediante la aplicación del criterio antes expuesto no encuentro razones objetivas y sólidas, que justifiquen el rechazo de las apuntadas conclusiones periciales.-
Ahora bien en las lides de la cuantificación dineraria, no debe perderse de vista que cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Por otro lado -como lo viene sosteniendo consolidadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para descartar la aplicación de fórmulas matemáticas para el cálculo de las indemnizaciones civiles en el ámbito laboral- el método de "tarifar" "...sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral y salarial..." (Fallos 310: 1591; 327: 3753, entre muchos otros).
Esta circunstancia, a mi juicio, también denota la inconveniencia de sujetarse a fórmulas para la cuantificación de la incapacidad. En tanto y en cuanto, deben mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo; sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende, a mi parecer, deben descartarse la aplicación mecánica de fórmulas matemáticas o actuariales, tales como el denominado “calculo por punto de incapacidad”. Es decir, como lo sostiene ilustre doctrina y jurisprudencia, esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables tales como la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía confrontada en el contexto de las peculiaridades del sujeto damnificado (ver mis votos en esta Cám. civ. y com. Sala I, causa 56759; Sala II, causa 55.595, entre muchas otras; conf. López Meza, Marcelo-Trigo Represas, Félix “Tratado de la responsabilidad civil”, tomo 5, editorial La Ley, Bs. As. 2006, pg. 245, y la abundante jurisprudencia allí citada).-
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más; a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Por las razones expuestas, y conforme el art. 474 del CPCC, teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor (24 años de edad al momento del hecho, sexo masculino, profesor de educación física) como así también las condiciones socio económicas que surgen de los autos sobre beneficio de litigar sin gastos que corren por cuerda (ver fs. 60/65), no asistiéndole razón a la apelante en cuanto a que el apelante no habría acompañado documentación relativa a sus ingresos, pues aportó su recibo de sueldo (ver fs. 28) y teniendo en cuenta la índole de la incapacidad informada (con la repercusión que el menoscabo informado puede generar para quien se desempeña en labores para las cuales es trascendente el uso del cuerpo), considero que la suma fijada en la instancia previa no se perfila en modo alguno excesiva, y por ello promoveré su confirmación.-
iii) Debo seguir analizando, ahora, la faceta psicológica del menoscabo.-
Aquí, y dando por reiteradas todas las consideraciones efectuadas anteriormente en cuanto al dictamen pericial, tenemos que la experticia específica (ver fs. 270/3 y explicaciones de fs. 303) descartó la presencia de un menoscabo de naturaleza psicológica.-
La Sra. Juez de Grado entendió que no había mérito para apartarse de esa opinión (ver fs. 490vta./491) y, por mi parte, considero lo mismo.-
Es que, mas allá de la discrepancia subjetiva exteriorizada en la presentación de fs. 294/8 y 307/9vta., tenemos que el dictamen en cuestión emana de profesional competente, se encuentra suficientemente fundamentado, apoyada en estudios propios de la especialidad y no existen elementos (objetivos) en el proceso que ameriten apartarse de sus conclusiones (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Solo agrego, a lo que vengo diciendo hasta aquí, que -mas allá de las discrepancias de criterio con el perito- en su momento la actora había planteado la cuestión de la anexión de los protocolos; el perito fue intimado a traerlos (ver fs. 310) y los trajo (ver fs. 326), de la documentación se confirió traslado (fs. 337) y una vez que contó con dichos protocolos, la actora no formuló ningún planteamiento mas sobre la cuestión pericial.-
Luego, y en tal contexto, entiendo que no hay razón ni fundamento que avale un apartamiento del dictamen, ni elemento probatorio alguno que nos lleve a tener por probada la existencia de un menoscabo psíquico a resultas del hecho dañoso (art. 375 del CPCC).-
Reafirmo, en tal sentido, que aun cuando nos apartáramos y desatendiéramos el dictamen, no encuentro en la causa (y tampoco nos indica el apelante) qué otro elemento de prueba debiera llevarnos a tener por demostrado el menoscabo referenciado.-
Por lo dicho, promoveré la confirmación del decisorio en este sentido.-
iv) En cuanto a la suma fijada en concepto de gastos ($5.000) cabe apuntar que el rubro encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma, expresamente, alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto por cuanto, y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que es un auténtico hecho notorio, que las obras sociales no cubren habitualmente la totalidad de tales gastos. (conf. mis votos en esta Excma. Cám. civ. y com. Sala I, causas 5847, 50.392 entre muchas otras).
Asimismo constituye, a mi juicio, un criterio determinante para su consideración el examen de la relación de necesariedad, que exhiban tales erogaciones con la índole y las particularidades de los padecimientos sufridos (arg. artículos 901, 1086 y concordantes del Código Civil, su doc.).-
Ahora bien, a la luz de lo expuesto, teniendo en cuenta la índole de las lesiones que ha padecido el accionante (conforme lo ya analizado) y los tratamiento a los que debió someterse (de acuerdo con lo indicado por el perito y la documentación médica concomitante al hecho) entiendo que la suma fijada no aparece en modo alguno desproporcionada, por lo que promoveré su confirmación.-
v) La aseguradora cuestiona la suma fijada en concepto de daño moral ($60.000).-
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros).-
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que “...no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).-
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente. Sin que existan reglas fijas para su cuantificación dineraria aunque atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, SCBA, Acuerdos 42.303, 51.179,78.282, entre muchos otros (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
Abordando el punto debo recordar que se ha sostenido reiteradamente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la ocasión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones físicas (aunque las mismas no hubieran dejado secuela –esta Sala en causa nro. 48.140 R.S. 410/04, entre otras-), el daño moral se tiene probado "re ipsa" al decir de Orgaz.-
Aquí, y tal todo lo que vengo argumentando, se ha tenido por acreditada la existencia del hecho dañoso, como así también las lesiones producidas y la incapacidad (de carácter permanente) que se le ha generado al accionante.-
Consecuentemente, teniéndose presente el carácter reparatorio -y no represivo- que tiene este componente del derecho de daños, y de acuerdo con la totalidad de los elementos que hemos analizado, las características del hecho y las lesiones padecidas por la víctima, condiciones personales del actor y las demás circunstancias que surgen de los autos, encuentro que la suma establecida aparece prudente, razonable y acorde a la entidad del perjuicio.-
Promoveré, entonces, su confirmación.-
vi) Ahora abordamos el agravio de la citada en garantía tocante a la tasa de interés.-
El fallo aplicó la tasa pasiva mas alta, y la recurrente peticiona se aplique la tasa fijada por la Suprema Corte en "Nidera" y "Vera".-
Se hace menester precisar que la aplicación de dicha especie de tasa (la tasa pasiva más alta) en modo alguno puede reputarse como un modo de actualizar el capital del resarcimiento dispuesto. Ello, en tanto y en cuanto, la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito. Y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.).
A lo expuesto debo añadir que la Suprema Corte de Justicia ha dictado dos pronunciamientos-causas 120.536 y 121.536-con un criterio que podría ser considerado divergente al referenciada (precisamente tal es la inteligencia de las quejosas).
Empero, en mi criterio, no se advierte que tal doctrina sea aplicable a la especie. Esto porque además de que el Superior bonaerense no dice, de ningún modo que abdica de su postura anterior, se trata de dos fallos aislados, que abordan cu
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