Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5234
Causa Nº MO-5234-2012 R.S.: 408/2020
Con fecha 15 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ MOYANO MATIAS EZEQUIEL C/ ALBERGUE TRANSITORIO RIVADAVIA 21423 S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) ” Causa Nº MO-5234-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 14 de Septiembre de 2018 dictó sentencia, en la cual admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora y, asimismo, rechazó el reclamo respecto del demandado; todo ello, con costas al actor y diferimiento de la regulación de honorarios.
2. Dicha resolución fue apelada por la parte actora, el recurso se concedió libremente y fue fundado con la presentación electrónica de fecha 26 de Octubre de 2020, replicada por la aseguradora con fecha 5 de Noviembre de 2020.
3. Con fecha 26 de Noviembre de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Se queja el accionante tanto del rechazo de su demanda, como de la admisión de la defensa de falta de legitimación pasiva, respecto de la aseguradora.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Teniendo en cuenta que se traen dos cuestiones, he de abordarlas separadamente.
a) La defensa de falta de legitimación
Admitida la misma, la actora objeta el fallo; al replicar el traslado de sus agravios, la aseguradora plantea la insuficiencia.
Y entiendo que le asiste razón.
esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
Sobre este piso de marcha, vemos que los agravios sobre el punto se exponen en dos brevísimos párrafos, desprovisto de todo anclaje normativo, doctrinario o jurisprudencial, trasuntando la sola discrepancia subjetiva de criterio con lo decidido, mas no una crítica concreta y razonada de los argumentos fundamentales de la decisión.
Así entonces, y por tales razones, el recurso en este aspecto deviene desierto.
Por lo demás, dado que la aseguradora queda definitivamente desvinculada de la controversia, resulta innecesario abordar las restantes cuestiones que introduce en su réplica.
b) El rechazo de la pretensión contra el estalecimiento hotelero
A diferencia de lo que acontecía anteriormente, aquí sí existe un mínimo de crítica, técnicamente computable, que por aplicación del criterio elástico que esta Sala tiene formado en orden al análisis de estos recuados, posibilita ingresar al fondo del asunto.
Así entonces cabe señalar, antes que nada, que el decisorio de primera instancia rechaza el reclamo argumentando, de comienzo, sobre la ausencia de prueba de los daños.
No es del todo clara la decisión en cuanto a si tiene por acreditado, o no, el hecho dañoso; y recordemos que -en los albores del proceso- la co demandada había negado la existencia del robo (ver fs. 39/42vta.).
Frente a esta situación, y siguiendo las directrices vinculadas con el instituto de la apelación implícita, me refiero brevemente a la responsabilidad de la co demandada.
En este sentido, tenemos una situación similar a la que acontece cuando se trata de sustracción de vehículos en playas de supermercados.
Al respecto, recordaré lo dicho al respecto por el tribunal:
" Interesante y discutido tema el que nos toca abordar; sustancialmente consiste en decidir si un hipermercado que posee instalaciones propias para el estacionamiento gratuito de los vehículos de sus eventuales clientes es responsable por sustracciones o daños ocasionados a los mismos.-
Ni la doctrina ni la jurisprudencia son contestes en el tema y ello está reflejado en los diversos pronunciamientos y citas jurisprudenciales que las propias partes han traído a los autos.-
Quienes sustentan la irresponsabilidad del hipermercado argumentan que no existe vínculo jurídico alguno que lo pueda encartar, ni tampoco accesoriedad con la compraventa que hipermercado y cliente puedan concretar; es la postura a la cual adhiere la sentencia apelada; el "a-quo" va descartando puntualmente cada uno de los supuestos de responsabilidad con base contractual: descarta el contrato de depósito por cuanto el ingreso es libre e incontrolado; el de garage por no existir recepción para la guarda del bien ni precio por la estadía ni obligación de resultado alguna; rechaza toda obligación de guarda o de custodia pues el depósito por ser comercial se presume oneroso y finalmente descarta todo fundamento de responsabilidad extracontractual por no haberse imputado ni probado acción u omisión de la demandada o de sus dependientes.-
En las antípodas de tal construcción doctrinaria se ubican quienes sostienen que la responsabilidad del hipermercado en casos como el que nos ocupa se funda en la accesoriedad del servicio de estacionamiento con relación al objeto principal de la actividad de la Empresa que es atraer clientes para sus eventuales ventas lo cual la encarta en una obligación de custodia y seguridad.-
Participo decididamente de la segunda elaboración doctrinaria por lo cual habré de propiciar la revocación del fallo en crisis; y tal anticipada opinión se basa en los siguientes fundamentos:
a.- Resulta indudable que el hipermercado integra el ofrecimiento de sus ventas con una prestación adicional, gratuita u onerosa, consistente en un ámbito físico de estacionamiento de su exclusiva propiedad donde los eventuales clientes puedan estacionar sus vehículos; y tal prestación adicional no es indiferente para la captación de sus eventuales clientes y concreción de su fin lucrativo, todo lo cual hace a la existencia de una obligación de custodia y seguridad.-
b.- El principio de buena fe en la interpretación de los contratos que dimana de los Arts. 1.198 y acordes del C.C.A. hace que el hipermercado deba responder por el daño o la sustracción de vehículos de su playa de estacionamiento gratuito; y esto es así por cuanto en la interpretación del lego no es lo mismo dejar el vehículo en la vía pública que hacerlo dentro de la playa de estacionamiento propiedad de la Empresa; y al respecto, me hago la misma pregunta que Atilio Alterini (Contratos, Teoría General pág. 2O1): ¿se dejaría un vehículo en la playa de un shoping center si ello no inspirare fundada confianza?; es partiendo de la lógica, del común acontecer, del obrar genérico del hombre común, que se deben resolver temas como el presente, para de tal forma arribar a soluciones que compatibilicen los valores justicia y legalidad que debe constituir uno de los supremos logros, no siempre posible, de quienes tenemos la delicada función de juzgar.-
c.- Siempre en función de la norma del Art. 1.198 del C.C.A. existe una "obligación secundaria implícita" conforme a la cual el hipermercado -que lucra con su actividad y con la captación de clientela- responde por un deber de seguridad hacia el co-contratante o sea, el eventual o potencial cliente.-
d.- Coincido con Federico de Castro y Bravo (El Negocio Jurídico, pág. 45) en cuanto sostiene la teoría de las relaciones contractuales fácticas conforme a la cual el empresario que realiza actos significativos de ofertas, aún cuando sean accesorias al ofrecimiento principal de su actividad, asume responsabilidad contractual por un eventual incumplimiento; en similar sentido se expide Carlos A. Ghersi, ("Teoría General de la Reparación de daños", pág. 2O6/2O7) quien nos habla del "riesgo y el aprovechamiento económico en orden a imponer al organizador de determinada actividad la obligación de indemnidad personal y patrimonial".-
e.- También funda mi opinión en el sentido que vengo exponiendo la contratación de un seguro por el hipermercado que cubra los siniestros que pudieran ocurrir en su playa de estacionamiento gratuita y de libre acceso; no encuentra explicación lógica alguna la contratación de tal aseguramiento si la Empresa no estuviere en la certeza que debe cumplir con aquella obligación de previsión y seguridad; es de resaltar que lo contrario implicaría vulnerar la teoría de los "propios actos" que veda a las partes ignorar actitudes jurídicamente relevantes (Art. 1.197 del C.C.A.).-
f.- Los arts. 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Carta Magna Provincial establecen la garantía del derecho de seguridad a los consumidores de bienes o servicios y a la prevención de los riesgos respectivos; en consonancia con ello la ley 24.240 de Defensa del Consumidor contiene una serie de normas tuitivas de los derechos del usuario de servicios (Arts 1, 3, 5, 7, y ss.) que en caso de duda deben interpretarse en favor de aquel (Art. 3); y este es final argumento que da andamiento a la postura doctrinaria a la cual adhiero.-
g.- Numerosos antecedentes jurisprudenciales adhieren a la postura que sustento siendo de mencionar ejemplificativamente los de la Cám. Civil y Comercial de San Isidro, causa Nº 2633, Sala I del 11 de Abril de 2.000, en La Ley Bs.As. 2.001, pág. 165; Cám. Civil y Comercial, Lomas de Zamora Sala I, Ac. 2652 del 22 de Junio de 2.000, misma publicación, pág. 238; Cam. Nac. Comercial, Sala B, Causa Nº 98433, sentencia del 28 de Septiembre de 1.998, en el diario La Ley del 5 de Marzo de 1.999; mismo Tribunal Sala A, Ac. 979O5 del 16 de Abril de 1.997 en La Ley 1.998, I, pág. 394.-
Por todo ello concluyo que el hipermercado debe responder por los daños o sustracciones de los vehículos estacionados en sus playas destinadas a esos efectos aun cuando dicho estacionamiento fuera libre y gratuito " (esta Sala en causa nro. 46.940, R.S. 530/02, entre otras).
Ello aplica, desde mi punto de vista, también a los hoteles de alojamiento, que prestan un servicio (locación de un ámbito de intimidad) y que, accesoriamente, ofrecen un espacio para la guarda vehicular.
Ahora bien, es claro que para que surja la responsabilidad del establecimiento es necesario que resulte suficientemente acreditado el hecho fundante de la pretensión: la sustracción del vehículo de la playa de estacionamiento .-
Con todo, aquí caben algunas precisiones mas, porque -en tal faena- no pueden desatenderse las específicas características de la situación y el grado de indocilidad probatoria que ella puede conllevar.-
En tal sentido, la jurisprudencia provincial ha entendido que el robo de un automotor de la playa de estacionamiento constituye un hecho de difícil acreditación (C. Civ. y Com. San Martin, sala 1°, 14/2/2006, "Gomez, Orlando Ramon C/ Carrefour Argentina S.A. s/ daños y perjuicios"; C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1°, 6/10/2010, "Benítez, Jorge Eduardo c. Supermercados Ekono S.A. s/ daños y perjuicios”).-
Es que la índole misma de los hechos que deben acreditarse no puede serle ajena al operador jurídico.-
Siendo allí donde entran en juego ciertos principios, encaminados a compatibilizar la labor jurisdiccional con las específicas (y vivificantes) circunstancias de cada caso concreto (es, incluso, lo que nos manda a hacer el art. 171 de la Constitución Provincial).-
Como lo recordaba en la causa nro. 3828 (R.S. 65/17) Muñoz Sabaté se ha ocupado en muchos de sus trabajos de las dificultades probatorias.-
Así nos habla de problemas de impresionabilidad (cuando el hecho histórico no encuentre en su realización ninguna circunstancia apta para recibir su huella), entre los cuales se encuentran los problemas de estampación (por más sensible que sea el instrumento, nunca ella ser perfecta), problemas de traslación (un instrumento puede perder su traslatividad por el transcurso del tiempo, por causa del espacio o por consecuencia de terceros; en todos los casos por más que se habrá dado una estampación ésta no podrá llegar a los autos) a lo que se suman las dificultades de traducción (porque cada instrumento debe ser descifrado y su lenguaje puede ser sumamente enigmático o equívoco).-
Así va llegando el autor al concepto de favor probationes .-
Señala, al efecto, que cualquier hecho de los que estadísticamente resultan fáciles de demostrar puede en cambio, en su caso concreto, presentar graves dificultades heurísticas y, a la inversa, un hecho conceptuado generalmente como difficilioris probationes puede impresionarse y trasladarse a la presencia judicial con una facilidad pasmosa.-
Las conductas que, a decir del autor, pueden adoptarse frente a estas situaciones son variadas: alteración del onus probandi , práctica responsable del principio de inmediación (cuando la prueba de testigos sea decisiva para la litis), adopción de criterios más el elásticos de admisibilidad, análisis más a fondo de presunciones o adopción de diligencias para mejor proveer.-
Complementando ello, tenemos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha compartido todos los conceptos que venimos delineando al señalar que " el principio del favor probationes es sencillamente una necesidad que siente el juzgador, a veces intuitivamente, de salirse de su estática y fría posición de espectador para coadyuvar en pro de la parte que más dificultades objetivas encuentre en la producción y estimación de su prueba. A veces es un enfrentamiento a los postulados que rigen la misma, como en el caso de alteración directa o indirecta del onus probandi, otras ser la práctica responsable del principio de inmediación, en ocasiones será
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.