Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27036
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de alzada , al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-27036-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "NOBLE PABLO DAVID C/ BENITEZ SANDRA S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) Causa N º MO-27036-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. Contra la resolución dictada el 10 de mayo del 2023, se alzó la parte actora el 15 de mayo, interponiendo recurso de reposición con apelación en subsidio, rechazado que fue el primero se concedió el segundo en relación, teniéndoselo por fundado con la misma presentación recursiva, confiriéndose el respectivo traslado, mereciendo la réplica presentada el 30 de mayo del 2023.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
2. El 10 de junio del 2023, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Para abordar la cuestión planteada, es oportuno recordar que esta Sala en la causa 39.829, R.S. 60/13 ha sostenido en relación al instituto de la caducidad de instancia que: "es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica. Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure". Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).
Pero también esta sala viene sosteniendo que la caducidad de instancia debe apreciarse con criterio restrictivo (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros).
Bajo tales premisas, analizaremos el caso traído a decidir.
De la compulsa de las presentes actuaciones se observa que el 29 de junio del 2021 se efectuó en autos la intimación, en los términos del art. 315 del C.P.C.C., la cual fue contestada el 5 de julio del 2021.
Pasado el tiempo, mediante el dictado de la resolución del 10 de mayo del 2023 , se decretó la caducidad de instancia, destacando el magistrado en dicha oportunidad que la última actuación llevada a cabo por la parte actora fue el mencionado escrito presentado el 5 de Julio de 2021 .
No lleva razón el apelante cuando sostiene que no se ha cumplido con la intimación previa; es que luego de la reforma operada en el rito local por ley 13.986, la intimación previa se efectúa una única vez en cada instancia (art. 315) -esta Sala en causa nro. 68.142 R.S. 101/12- y aquí como ya lo destacamos ya existió una intimación previa bajo tal régimen por lo que era improcedente la realización de una nueva.
No podemos dejar de valorar el prolongado tiempo trascurrido desde el proveído del 8 de julio del 2021 al decreto de caducidad, fechado, como vimos del 10 de mayo del 2023, SIN QUE MEDIE PRESENTACIÓN ALGUNA.
Objetar el decreto de caducidad de instancia, manifestando interés en el proceso, luego de no impulsarlo por mas de dos años, en modo alguno se compadece con el sistema ya descripto.
Y hay mas: no es, como pretende la parte actora, que el juez deba estar interrogando a las partes acerca de si mantienen o no su interés en impulsar el proceso; dado el sistema predominantemente dispositivo que impera, son las partes las que deben impulsar los procesos, dentro de los plazos legales, siendo que la caducidad de instancia se produce automáticamente y solo por el paso del tiempo.
A lo que se suma el hecho de que este proceso lleva ya casi diez años de iniciado y su avance fue prácticamente inexistente; con lo cual el decreto de caducidad se contextualiza con el desinterés, en general, que surge de toda la tramitación.
Queda por decir, finalmente, que en relación al carácter restrictivo en materia de caducidad de instancia desde el Tribunal se ha señalado que si bien es cierto que la caducidad de instancia deba apreciarse con criterio restrictivo, y de eso no hay dudas (esta Sala en causa nro. 42515 R.S. 329/02, entre otros); tampoco hay dudas de que, cuando evidentemente están dadas las circunstancias para hacerlo, la caducidad debe decretarse, más aun cuando por más restrictividad que le pongamos al prisma interpretativo, el desinterés por el impulso del proceso es evidente (esta Sala en causa nro. 58744 R.S. 23/12).
En virtud de lo expuesto, considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, ello con costas al apelante atento a su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de alzada , al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2023 10:59:16 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 11:13:24 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 11:14:19 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 22/08/2023 11:14:20 hs. bajo el número RS-316-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia