Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 120728
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “S. J. c/ N. E. A. S. y o. s/ Daños y Perj. Del. Cuas. (exc. Uso aut. Y Estado)", (causa nº 120728), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 537/458?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el decisorio aludido la juez de la instancia tras rechazar la excepción de prescripción opuesta por las demandadas, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por J S contra Nueva Escuela Argentina SRL y C M, y las condenó a abonar al actor, ello en el plazo de 10 días, la suma de $ 160.000 con más intereses desde el 6 de marzo de 2012 y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a las demandadas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad. Contra esta forma de decidir se alzó el actor (ver fs. 553) y las demandadas (ver fs. 554 sistema augusta), quienes expresaron agravios a fs. 557/578 y fs. 582/588 sistema augusta) respectivamente, los que merecieran las réplicas que corren a fs. 590/vta. y 592/596 (sistema augusta).
Asimismo a fs. 598 (sistema augusta) corre la contestación de la vista conferida oportunamente al Sr. Fiscal de Cámaras departamental.
II. Los Agravios:
II.a. En prieta síntesis, el actor se agravia del tratamiento que en forma acumulativa ha hecho la iudex a quo de los rubros indemnizatorios pretendidos, perjuicios que entiende, se encuentran comprobados en su independencia y magnitud en la causa, por lo que peticiona se los indemnice en forma separada y de manera conveniente.
Por lo demás, tampoco considera se ha dado cabal tratamiento a la tasa de interés solicitada al inicio, ya que se requirió la tasa activa y se dieron las razones de su reclamo en tal sentido y considera que, la iudex a quo, de manera arbitraria y sin desestimar la tasa propuesta, estableció que al monto de condena se le aplicara la tasa pasiva digital.
Ambas situaciones considera, violan su derecho de propiedad a la par que no reflejan una indemnización ejemplar, ello teniendo en cuenta el obrar doloso de la representante legal de un colegio reconocido en la ciudad de La Plata, por lo que requiere, eleve las sumas indemnizatorias fijadas y aplique al monto de condena la tasa activa.
II.b. Por su parte las demandadas, tras formular una breve reseña de la causa, consideran no se encuentra acreditada ninguna relación contractual entre las partes para el ciclo lectivo 2012, pues como el mismo comenzó en marzo de dicho año y el actor y/o su familia no habían reservado vacante en el año 2011, el actor no puede ser considerado alumno del establecimiento al año 2012, con lo cual, la falta de existencia de contrato descarta el plazo de diez años que aduce la sentenciante aplicable, puesto que es unánime la prueba en contrario a dicho criterio, esto es, se ha acreditado con certeza que el actor no tenía vacante en el establecimiento; máxime cuando dicha circunstancia se encuentra comprobada por lo afirmado por la testigo Chicano.
Asimismo sostienen que si la acción debe ser entendida como un ilícito civil se encuentra prescripta, pues el ciclo lectivo inició el 6/3/2012 con lo cual al 9/3/2015 había transcurrido con creces el plazo de dos años previsto en el Código Civil de Vélez para iniciar la acción y, si el contrato fuera encuadrado en la ley de defensa al consumidor, al 6/03/12 no había contrato vigente con la institución y como la acción se inició el 9/03/15, la misma también se encuentra prescripta.
Agrega que su parte trajo profusa prueba para demostrar que aún cuando en febrero de 2012 se canceló la deuda de aranceles adeudados al 2011, no se realizó la reserva de vacante para el ciclo lectivo 2012 y tampoco los trámites administrativos de pase al Colegio Garicoits.
Tras insistir se resuelva la impugnación de los testigos Soler y Perez, se agravia también del daño punitivo fijado, el que considera no puede prosperar y en el hipotético caso en que prospere la demanda, no corresponde liquidar sobre el mismo intereses.
II.c. Dichos agravios merecieron la réplica del actor, quien pidió la deserción del recurso en la medida que los mismos no reunían los requisitos previstos en el art. 260 del CPCC.
II.d. A su vez la demandada al contestar los agravios del actor, no sólo plantea la deserción del recurso por falta de cumplimiento de los requisitos del art. 260 del CPCC sino que además, y de manera subsidiaria contesta los agravios del actor sosteniendo que se equivoca el recurrente cuando afirma que la juez no tuvo en cuenta las pericias formuladas en las actuaciones, ya que claramente surge del decisorio que, la a quo no sólo tuvo en cuenta las conclusiones que emergen del dictamen pericial sino que omitió tratar las impugnaciones que al dictamen formulara su parte oportunamente.
Reitera que el motivo del porqué no se le brindó clases al actor, fue porque su padre se negó a cumplir con la inscripción al ciclo lectivo 2012 y es justamente por la obligatoriedad del nivel, que la única intervención de la DGCYE fue apresurar el ingreso en la escuela Garicoits, que era lo que querían y se estaba retrasando.
Por lo demás entienden que para la procedencia y monto de los rubros, se debió tener en cuenta el certificado de salud psicofísica presentado en dicho establecimiento que no ha sido negado por el actor, y tras analizar el relato del testigo Soler -al que califica de falaz- con los restantes que no han sido valorados por el a quo y con las normas que regulan las reservas de vacante en los establecimientos privados sin subvención estatal, para finalizar sosteniendo que no hay hecho causal entre la patología del actor y la incapacidad reclamada por lo que solicita lo peticionado, más allá de calificar de exhorbitante el monto peticionado.
Respecto de la insistencia con la tasa activa, reitera su ferviente oposición a la misma.
II.e. A fs. 598 corre la contestación que a la vista conferida, formulara el Sr. Fiscal de Cámaras departamental, Dr. Héctor Ernesto Vogliolo, quien tras sostener que el a quo ha interpretado y aplicado en forma adecuada la ley de defensa al consumidor, en cuanto a la valoración de la prueba producida en autos -en particular la testimonial-; así como la responsabilidad de las demandadas, procedencia y cuantificación del daño, aconseja la confirmación de la sentencia.
III. Tratamientos de los Agravios:
III. a) Deserción de los recursos solicitada a fs. 590 y 592/596:
Ambos contendientes ha pedido la deserción del recurso interpuesto por su contraria sosteniendo que las expresiones de agravios no reúnen los requisitos de los arts. 260 y 261 del CPCC.
Ahora bien, esta Sala ha decidido en innumerables oportunidades que la exigencia en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio (arts. 18 C. N.; 260 y 261 -texto y doctrina- del C. Proc.; esta Sala, causa B 82.689, RSD 121/96, B 80.424, RSD 30/95, e. o.). Consectariamente, la sanción prevista por el artículo 261 del Código Procesal debe interpretarse con criterio restrictivo a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (arts. 18 C. N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala, causas B 80.228, RSD 84/95, B 78.321, del 27-5-94, 104.260, RSD 47/10, 111.781, RSD 50/10, 113.411, RSD 82/11, 117687, RSD.176/14, 118.260, RSD.80/16, e. o.).
Siendo ello así, en la medida que de los escritos que corren a fs. 557/578 y fs. 582/588 (sistema Augusta) se desprende un mínimo ataque a la sentencia recurrida, corresponde y así lo propicio, desestimar las deserciones reclamadas.
III. b) Excepción de Prescripción:
Como el primer agravio de la parte demandada se encuentra encaminado a cuestionar la desestimatoria de la defensa de prescripción oportunamente opuesta, corresponde analizar en primer término el mismo.
Al respecto es del caso señalar que la excepción en tratamiento fue resuelta teniendo en cuenta que, “…el contrato de enseñanza entre un establecimiento educativo y los padres de un alumno configura un supuesto de estipulación a favor de éste (art. 504 del Código Civil)...", en donde la escuela asume una obligación principal de suministrar enseñanza y educación a los alumnos y otra de seguridad; como asimismo se agregó que el mismo era un contrato de consumo, de adhesión, con cláusulas predispuestas "...o sujetas a condiciones generales ubicado dentro del ámbito de la ley 24.240…”(ver fs. 539 vta.).
Ahora bien, dentro del marco de un contrato de consumo, es preciso analizar las pruebas colectadas en la causa a los fines de determinar si existía o no una convención entre las partes, o dicho en palabras de la Dra. Tanco “…una relación convencional enmarcada en la ley de defensa del consumidor …” (ver fs. 542 vta.).
En este discurrir, y luego de haber evaluado detenidamente los testimonios rendidos en las audiencias videofilmadas cuyos CDs obran glosados a fs. 415 y 435 respecto a la situación en la que el menor Joaquín Seillant se encontraba respecto del colegio al mes de marzo de 2012, arribo a la conclusión, de manera coincidente con la iudex a quo, en que, si bien es cierto, Joaquín y su papá habían manifestado, a sus compañeros de transporte escolar el primero, y a las autoridades del colegio el segundo (ver declaración testimonial de la Sra. Chicano, Bueno y Bordoy del CD de fs. 435) su intención de cambiar de institución educativa, al 6/3/2012 existía una relación convencional enmarcada en la ley 24240 entre los contradictores, ya que si el papá de Joaquín ese mismo día hubiera abonado la reserva de vacante para el ciclo lectivo 2012, Joaquín hubiera permanecido en la institución como alumno regular de la misma, ello a pesar del pago fuera de término de la reserva de vacante (ver específicamente los testimoniado al respecto por las Sra. Bueno y Brodoy, en CD 435); con lo cual y como el pase fue firmado por las autoridades de le NEA el 15/3/2012 (ver fs. 29, e informe de fs. 314, ninguna duda cabe que, al iniciarse la etapa de mediación previa obligatoria el 12/3/2015 (ver fs. 4/5), la acción intentada no se encontraba prescripta (art. 50 ley 24240).
III. c) Agravios dirigidos a cuestionar la procedencia de la acción:
La parte demandada también se queja porque entiende, el decisorio hace lugar a una acción en base a testigos falsos –Perez y Soledad- cuando existe profusa prueba anexada por el sector pasivo que acredita que no existió el incidente que motiva la litis.
Ahora bien, el detenido y exhaustivo análisis de los testimonios brindados en la causa, en conjunción con la prueba documental glosada a fs. 7/12 –debidamente reconocida a través de la audiencia videofilmada de fs. 435- y aquella glosada a fs. 30/31, denuncia formulada por el padre del actor el 8/3/2012, me persuaden en afirmar que, el 6/3/2012 se vivió en el edificio donde funciona la escuela secundaria de la Nueva Escuela Argentina, sito en calle 16 y 520 de La Plata, y con uno de los educandos que concurría al establecimiento desde jardín de infantes, una situación, que al menos bien puede ser calificada de incómoda y por demás desagradable para el menor, que entiendo, bien hubiera podido evitarse si la conducta de los adultos responsables involucrados en el evento, hubiera sido otra diametralmente opuesta a la adoptada.
En primer lugar coincido con la Dra. Tanco en que los testimonios de Perez y Soledad son coincidentes en describir una situación por demás irregular entre quien era la representante legal del colegio y un alumno de la institución, a lo que corresponde agregar que las contradicciones que señalan en los agravios de fs. 582/588 o la enemistad manifiesta, no resultan probadas en las actuaciones y, lo que es peor aún, de haber considerado que dichos testigos han incurrido en falso testimonio, debieron denunciar la comisión de un delito penal; máxime cuando –coincido con la iudex a quo al respecto, “…las contradicciones que la parte accionada indica no hacen al hecho principal sobre el que se los ha interrogado y sobre el cual han brindado precisiones y detalles de relevancia…” (ver fs. 543).
Por lo demás, en lo que hace al testimonio de Bueno y Bordoy, si bien son esclarecedores en torno al funcionamiento de la institución, son contradictorios en cuanto a la oficina que, el día del hecho, utilizó la representante legal de la NEA, ya que Andrea Bordoy dice que la reunión con el representante de UNITEX se desarrolló en la oficina de la dirección del establecimiento, ubicada en la planta baja del edificio y la Sra. Bueno –directora del secundario en aquella época- afirmó que para dicha reunión se utilizó la oficina del primer piso, la que queda cerca de las escaleras y las aulas; con lo cual ninguna duda me cabe en que la situación que describen los testigos Pérez y Soledad se desarrolló en el primer piso, ya que la lógica indica que si la reunión se hubiera realizado en la oficina destinada a la dirección, la Sra. Bueno lo recordaría perfectamente ya que en aquella época era su oficina y por ende un espacio que utilizaba habitualmente (arts. 384, 356 y cc. del CPCC).
No obstante lo hasta aquí expuesto, soy de opinión que la situación que describen los testigos Pérez y Soledad se hubiera podido evitar, sin conflicto para las partes involucradas, si el responsable del menor hubiera oblado en término la reserva de vacante para el ciclo educativo 2012, o en su caso, hubiera gestionado el pase antes del inicio del ciclo lectivo y, si a pesar de ello, las clases iniciaban sin tener regularizada la situación de su hijo, debió impedirle que concurriera a un establecimiento donde ya no era alumno regular del mismo, pues una semana antes del inicio de las clases había regularizado la deuda que mantenía respecto de las cuotas del año 2011, reiterando su intención de cambiar a su hijo de colegio (ver documentos de fs. 20, 188, testimonios de Bueno y Bordon en CD de fs. 435). Su silencio y la omisión en regularizar a tiempo la situación educacional de su hijo, coadyuvó a generar en parte la situación por demás incómoda y desagradable por la que debió atravesar su hijo el 6/3/2012.
A su vez, la morosidad del padre y/o del representante legal de cualquier educando, en el pago de las cuotas o en la reserva de vacantes, no puede ser utilizado por los directivos de una institución educativa como causa que habilite el retiro anticipado del alumno ya que, si el colegio hubiera advertido que Joaquín no estaba en la lista del quinto año y sus directivos se hubieran limitado a llamar a su padre pidiéndole que regularizara la situación antes de finalizar la jornada educativa, advirtiéndole que si ello no ocurría, Joaquín no podría ingresar al establecimiento al día siguiente, la situación se hubiera resuelto en el ámbito eminentemente administrativo, sin trascender como finalmente acaeció.
Es precisamente esa falta de delicadeza y decoro en el accionar de la institución educativa y de su representante legal, la que merece reproche y, en definitiva, es lo que viabiliza la demanda incoada, pues en tal proceder se evidencia vulnerado el trato digno del que habla el art. 8 bis de la ley 24.240, por lo que los agravios a este respecto no han de merecer favorable acogida, lo que así propicio (arts. 260, 261, 266, 272, 384, 385, 395, 456, 474 y cc. del CPCC).
III. d) Agravios destinados a cuestionar la indemnización acordada:
El actor se agravia del tratamiento que en forma conjunta y englobado en Daño Moral se ha hecho de los ítems que él reclama por separado –esto es el daño al proyecto de vida y a la vida de relación- porque considera los mismos obedecen y afectan intereses diferentes.
Adelanto que la queja a este respecto no ha de merecer tutela jurisdiccional, ello por cuanto la misma resulta insuficiente a los fines pretendidos ya que no se hace cargo de los fundamentos o premisas conclusivas de lo decidido sobre el tópico, y lo que es peor reitera lo expuesto en escritos anteriores sin aportar nada nuevo (ver fs.565 y sgts.; SCBA, LL. 70 p.406; esta Sala, causas B-70.627 reg. sent. 13/91; B-71.610 reg. sent. 168/92 y B-80.694 reg. int. 362/95; 105.539 reg. sent. 225/05, 116640, reg. sent. 66/14).
En definitiva y surgiendo de la sentencia recurrida que la iudex a quo ha justificado plenamente la decisión de analizar y justipreciar el daño moral en su conjunto ya que no limitó el mismo sólo al pretium doloris “…sino que se extiende a todas las afecciones que el hecho dañoso produjo en el sujeto reclamante, tal el caso de la lesión al proyecto de vida y a la vida de relación ….(ver fs. 544), propicio confirmar el rubro tal como ha sido analizado, lo que así dejo propuesto al acuerdo.
Idéntica suerte debe correr el agravio dirigido a cuestionar la cuantificación del mismo, desde que el monto acordado por el ítem emerge como equitativo y ajustado a la edad del menor al momento en que los sucesos acaecieron como así a las circunstancias comprobadas en la causa (ver fs. 544 vta/545.
III. e) Agravios dirigidos a cuestionar la procedencia y el quantum otorgado por daño punitivo:
Las demandadas consideran que al ser el daño punitivo una condenación pecuniaria autónoma de la conferida en concepto de resarcimiento y de interpretación restrictiva, su determinación debe resultar de probanza irrefutable de la intencionalidad dañosa, que no se ha dado en el caso de autos, donde la sentencia en crisis, se ha fundado exclusivamente es dos testimonios falsos, de personas que ostentan un odio notorio hacia la demandada y co-demandada.
Agregan que tampoco resulta una indemnización integrativa, sino que tiene carácter de penalidad, en atención a ello, es así que no resulta factible de liquidarse intereses sobre dicho rubro, tal lo ha dicho la SCJBA que “…No corresponde liquidar intereses sobre el daño punitivo desde la fecha en que se produjo el corte del servicio básico telefónico sino a partir del incumplimiento de su pago, para el supuesto en que éste tuviera lugar luego de la firmeza de esta sentencia, pues la imposición del art. 52 bis de la norma consumeril no es indemnización ni tiene por objeto mantener la indemnidad de la víctima, estando asociada a la idea de prevención de daños futuros…”.
Solicitan que en el hipotético caso que prospere la demanda no se liquiden intereses sobre el rubro.
El actor se queja porque la a quo no ha valorado que los días posteriores al suceso, la representante legal de la demandada les dijo a sus compañeros que no “…concurría más al Establecimiento porque NO LOS QUERIA…”, agregando que “…Se prodigó para que NO HICIERA CON ELLOS mi viaje de EGRESADOS …” y “… Tardó 10 días en otorgarme el PASE A OTRO COLEGIO…” (ver fs. 574 y vta.).
Sobre el tópico es preciso destacar que el daño punitivo, legislado en el art. 52 bis de la ley 24.240, consiste en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder. De esta forma se aprecia su propósito meramente sancionatorio (Jorge Mosset Iturraspe –Javier H. Wajntraub; “Ley Defensa Consumidor” 24.240 mod. por leyes 24568, 24787, 24999, 26361; Ed. Rubinzal-Culzoni; año 2008; pag. 279; esta Sala causa 115.862, RSD 53/2013, esta Sala causa 123788, del 14/08/2018).
Sentado ello, me permito ade
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