Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128399
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128399; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
GOMEZ ALVAREZ DOMINGO C/ GARCIA ANCHAREK PATRICIA S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de Febrero de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128399, caratulada: "GOMEZ ALVAREZ DOMINGO C/ GARCIA ANCHAREK PATRICIA S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 228?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1– La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la excepción de prescripción interpuesta por la demandada en lo que hace a las construcciones que datan de 1992 y rechazándola en lo que atinente a las obras realizadas en el año 2013; acogió la acción de daños y perjuicios instaurada por Domingo Gómez Álvarez contra Patricia Beatriz García Ancharek, condenando a ésta última a demoler, a su costa, la Planta Alta del PH de calle 132 e/ 59 y 60 N° 1334 de La Plata que como propietaria de la UF 2, ha construido desde el mes de abril del año 2013 sin autorización de los copropietarios y en contravención con el reglamento de copropiedad cuya copia obra fs. 6/12, en el término de sesenta días corridos desde que la sentencia quede firme; impuso para el caso de incumplimiento, las sanciones conminatorias (astreintes) establecidas en el art. 37 y 51 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) en favor del actor, fijándose el monto de acuerdo al caudal económico del demandado; condenó a Patricia Beatriz García Ancharek a abonar al actor Domingo Gómez Álvarez la suma de pesos doce mil, en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia en concepto de daño moral, con más los intereses calculados desde la fecha del hecho dañoso (7/2/2008) y hasta el decisorio, a una tasa pura del 6% anual y de allí y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva digital, en cuanto tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; impuso a costa y costo de la demandada la "Adecuación Reglamentaria" (Plano de Propiedad Horizontal Nuevo con sus correspondientes Estado Parcelarios, Planillas de Revalúo de las Unidades Ampliadas, adecuar el Reglamento de Copropiedad y Administración a la realidad, y todo otro que pudiera ser necesario) a cargo de la accionada con la obligación de entregar en el término de diez días copia de las llaves de la puerta de acceso al pasillo común; impuso las costas del proceso a la parte demandada y por la excepción en el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad que la sentencia adquiera firmeza y se encuentre establecida la cuantía económica del proceso (fs. 228).
2. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación el actor (presentación electrónica del 15 de septiembre de 2020) y la demandada (presentación electrónica del 18 de septiembre de 2020 ratificada el 22 de octubre de 2020), los que fueron concedidos libremente (proveídos del 18 y 22 de septiembre respectivamente) y fundados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas de fecha 23 y 22 de octubre de 2020). Corrido el pertinente traslado (proveído del 28 de octubre de 2020) merecieron su réplica (actor presentación electrónica del 5 de noviembre de 2020 y demandada del 3 de noviembre de 2020). A continuación, se llamó Autos para Sentencia (proveído del 5 de noviembre de 2020).
3. Se disgusta el accionante de la excepción de prescripción parcialmente receptada por el Juez de grado, bajo el argumento que durante el proceso su parte ha dejado claro que la presente acción nada tiene que ver con las obras efectuadas con anterioridad al año 2013 y que no se reclama por ello.
Reconoce que en los hechos se mencionan las obras pluviales del pasillo, pero alega que lo hizo a manera de referencia y al solo efecto de demostrar el accionar de la contraparte a lo largo de la convivencia.
Concluye que no tiene que soportar las costas por la procedencia de la excepción planteada, por los motivos antes mencionados.
Se agravia asimismo del tratamiento del daño emergente en lo tocante con la adecuación reglamentaria criticando que el Juez de grado no sentenció en concreto en cuanto al monto reclamado como indemnizatorio ni al plazo de cumplimiento de la actualización de la documentación. Alega que a partir del año 2013 no puede disponer libremente de su vivienda para venderla y en caso de alquilarla su valor se vería disminuido por los daños ya probados. Reclama que esa demora en la readecuación reglamentaria debe ser valuada económicamente.
Pide al respecto se fije una indemnización de $150.000, plazo perentorio para la actualización reglamentaria y astreintes para el caso de incumplimiento.
Por último, se disconforma del monto fijado en concepto de daño moral por considerarlo reducido en virtud a que se fijó actualizado al momento de dictado de la sentencia, solicitando que se justiprecie en la suma de $100.000.
Por su parte el demandado se agravia de la imposición de costas en su cabeza, a pesar de haberse desestimado la mayoría de los rubros. Además, que la admisión de la prescripción debe generar costas por su orden.
Se duele de la fecha fijada como cómputo de inicio de los intereses del daño moral, ya que no explica cuál ha sido la razón ni la causa de su decisión, destacando que el hecho tuvo inicio en 2013.
Se agravia asimismo de la orden de demolición del piso superior, entendiendo que no se ha merituado que éste no afecta ni compromete espacios o cosas comunes, ya que fue hecho sobre su propiedad y no ventila al inmueble del actor ni obstaculizan el sol.
4 – Iniciando la tarea revisora, he de abordar primeramente el agravio del actor respecto de la excepción de prescripción parcialmente receptada.
Adelanto que asiste razón al apelante en este extremo toda vez que tanto del escrito de inicio (fs. 27/33) como de la contestación del traslado (fs. 88/89) éste dejó claramente circunscripto el reclamo en lo relativo a las obras realizadas a partir del año 2013 y no las anteriores (desagües pluviales y pasillo común).
Luego, a la hora de desarrollar las consecuencias indemnizables, reclama pérdida del valor de la propiedad por las construcciones clandestinas que invaden su propiedad, la elevación de la construcción y eventualmente, para el caso que no se ordenare la demolición de las obras no autorizadas, la adecuación reglamentaria (punto V fs. referidas).
Esta posición es sostenida, como se dijo, el momento de evacuar el traslado de la contestación de la demanda. En esa presentación el legitimado activo no deja dudas del alcance del reclamo al afirmar que “…el planteo de la demandada nada tiene que ver con el objeto de esta demanda, que es una obra clandestina iniciada en el año 2013 y cuyo reclamo formal se efectuó en febrero de 2015 por lo cual ningún plazo prescriptivo puede aplicarse al objeto de esta demanda. Pretende comparar una puerta de acceso común a un PH con una casa que ella construyó conforme de demostrará, afectando seriamente mi vivienda y todo el PH, violando todo tipo de normativa y legislación vigente” (v. fs. 88/89).
Más aún, la propia sentencia de grado en el racconto del reclamo efectuado y su defensa da cuenta que el accionante “…que a principios del año 2013 la demandada comienza a efectuar ampliaciones en su unidad funcional 2 y 3 de manera unilateral, sin la correspondiente autorización previa del Municipio de La Plata violando la legislación vigente, invadiendo su propiedad y haciendo uso y abuso de los espacios comunes, apropiándose de espacio que no le pertenecía” (fs. 228).
De todo lo expuesto, se desprende indubitablemente que el reclamo de Gómez Alvarez no incluye las cuestiones relativas al cerramiento y techo del pasillo, sino con las obras realizadas luego de las inundaciones ocurridas en esta ciudad en el año 2013.
De allí colijo entonces que la excepción de prescripción parcial ha sido incorrectamente dictada, correspondiendo su revocación y la consecuencia ausencia de costas por la incidencia, ello en el entendimiento que el reclamo no incluye las obras del pasillo y pluviales y se circunscribe el emplazamiento del primer piso (art. 384 CPCC).
5 – A fin de dotar de un orden lógico al presente recurso, he de abordar seguidamente la queja de la demandada relativa a la orden de demolición del piso superior construido sin autorización ordenada por la sentencia de grado.
En este sentido, luce de estas actuaciones que tanto el actor como la accionada acompañan copias del reglamento de copropiedad (fs. 6/13 y 50/58) por lo que no existen divergencias en cuanto a su existencia y alcance.
En aquél se somete al inmueble en régimen de propiedad horizontal que según su propio texto “se regirá como supletorio de la expresada ley” (en alusión a la Ley 13512 de Propiedad Horizontal). Asimismo, da cuenta de la división de la propiedad de dos unidades funcionales y una unidad suplementaria “situadas todas en planta baja” (art. 2) y establece las partes comunes (art. 3).
Además, dispone que “dada la circunstancia de tratarse de un inmueble de dos unidades funcionales y una unidad complementaria, para resolver cualquier otro asunto relacionado con la administración, modificación del reglamento de copropiedad y administración y remoción y de la designación del administrador, será necesario la conformidad de la totalidad de los copropietarios” (art. 14 fs. referidas).
Con ello quedan claro que el inmueble queda sometido a las disposiciones del la Ley de Propiedad Horizontal y supletoriamente al reglamento de Copropiedad.
Deviene central para la resolución de este agravio lo dispuesto en la mencionada normativa –tal como lo resalta la sentencia de grado– que dispone en su art. 7 “El propietario del último piso no puede elevar nuevos pisos o realizar construcciones sin el consentimiento de los propietarios de los otros departamentos o pisos al de la planta baja o subsuelo le está prohibido hacer obras que perjudiquen la solidez de la casa, como excavaciones, sótanos, etc” y agrega que ”Toda obra nueva que afecte el inmueble común no puede realizarse sin la autorización de todos los propietarios”. Con el mismo alcance el citado art. 14 del Reglamento de Copropiedad requiere la conformidad de la totalidad de los dueños para realizar modificaciones.
Ante esta determinación legal y convencional, cabía a la parte demandada acreditar el consentimiento del restante propietario para construir el primer piso, extremo que no ha sido evidenciado en autos. Contrariamente a ello, el legitimado activo ha logrado justificar su disconformidad con las obras aludidas. Nótese al respecto que la Municipalidad de La Plata da cuenta de las denuncias efectuadas por aquél poco tiempo después de iniciados los trabajos (prueba documental de fs. 14/17 e informativa de fs. 99/104).
Ante esta realidad, las edificaciones en el primer piso de la finca y su consecuente modificación estructural atentan en contra de lo normado por el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal (13512) y artículo 14 del Reglamento de Copropiedad, por lo que -desde esteángulo- la confirmación de la sentencia de grado se impone.
Ahora bien, en lo tocante con la gravedad de la sanción y el argumento de la accionada quejosa en dirección a que la construcción del piso superior no afecta ni compromete espacios o cosas comunes, cabe abordar lo dictaminado por los expertos actuantes.
El perito Ingeniero Roberto Alejandro Markowski (fs. 131/142) constata que “Se trata de una construcción que se ha realizado sin permiso municipal y además transgrediendo la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, la cual resulta anti-reglamentaria. Sobre la UF 2 polígono 00-02 se ha generado una ampliación sobre Planta baja de 17,75 m2 (5,00 m x 3,55 m) y sobre planta alta de aproximadamente 39,40 m2 (8,66 x 4,55m), en total se construyó anti-reglamentariamente aproximadamente una superficie de 57,15 m2”.
Luego agrega que “La propiedad ampliada y de mantenerse esta situación, genera una minusvalía sobre la Unidad Funcional 1, y lógicamente una plusvalía sobre la Unidad Funcional 2. La situación encontrada genera que la demandada realice la adecuación de los Planos Municipales, afrontando los gastos de derecho de construcción, oficina, profesionales y multas correspondientes, como así también la y aceptarse por ambas partes que se deba hacer un Plano de Propiedad Horizontal nuevo con su correspondientes Estado Parcelarios, planillas de Revalúo de las unidades ampliadas, adecuar el Reglamento de Copropiedad y Administración a la realidad, pues cambian las superficies de la unidad funcional N°2 y las superficies de los espacios comunes” (puntos de pericia parte actora y punto “a” parte demandada).
Informa que “la construcción consta de dos plantas, sobre la planta baja se mantienen los locales de dormitorio, cocina–comedor, y baño, construyéndose un living–distribuidor en planta baja con escalera y en planta alta se generaron dos dormitorios, 1 baño y pasillo. La ventana del baño ventila al espacio del polígono 00-02 de la demandada” (fs. Referidas, punto “d” cuestionario de la demandada).
Luego, el experto martillero público Ricardo Fabián Draghi dictamina: “Variación del valor. … En el polígono interno se encuentra edificado un inmueble evidentemente con características que contradicen a las normas municipales y provinciales vigentes ya que exceden las medidas y parámetros reglamentarios aumentando su superficie considerablemente, observándose asimismo una construcción antirreglamentaria de dos niveles. Tal apreciación nos lleva a las siguientes conclusiones: A) la construcción del polígono interno es antirreglamentaria, por lo tanto el PH se encuentra afectado irregularmente; B) Una posible venta del inmueble en cuestión sería imposible ya que antes se debe regularizar su situación reglamentaria; C) disminuye considerablemente su valor económico, ya que la edificación de atrás al poseer un primer piso quita totalmente la luz natural y ventilación del inmueble de adelante…” (fs.154/157).
Llegado a este punto, resulta prudente precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3/031998).
En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/7/2008; 115.940, sent. del 30/6/2015, RSD 83/2015; 126.361, sent. del 17/12/2019, RSD 332-19, entre muchas otras).
Ello toda vez que los jueces de grado –en ejercicio de una atribución privativa – tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables (conf. SCBA LP C 119045 Sent. del 15/VII/2015, C 116663 sent. del 04/IX/2013, C 100800 sent. del 15/IX/2009 Juez Pettigiani SD).
Tal como lo establece el art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en los que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.
En este sentido, analizadas detenidamente ambas experticias y las observaciones realizadas por las partes, encuentro que aquellas cuentan con un sustento técnico el que se explicita en la letra de sus informes, sumado ello a lo conteste que resultan el Ingeniero y el martillero respecto de las implicancias de la construcción del primer piso. Es por lo expuesto que no encuentro razón alguna para apartarme de sus conclusiones (arts. 384, 474 CPCC).
Consecuentemente, encuentro que la queja de la demandada no halla sustento probatorio, acreditándose en cambio los perjuicios que la obra genera en detrimento de la propiedad del actor.
Es por ello que la confirmación de la condena a destruir las construcciones antirreglamentarias se impone (arts. 384, 474 CPCC).
No resulta aplicable al caso en estudio el antecedente de nuestro Máximo Tribunal Provincial en causas Ac. 53.569, “Hernández”, sent. de 05/XII/1995; Ac. 64.630, “Descalzo”, sent. de 08/IX/1998 e.o., siempre que en autos –a diferencia de lo sucedido en el mencionado antecedente- ha quedado acreditada la oposición temporal del actor a las construcciones y que éstas generan un menoscabo evidente en detrimento de quien reclama.
En consonancia con lo aquí resuelto, distintos Tribunales de Alzada de esta provincia tienen dicho que ante innovaciones prohibidas procede ordenar su demolición. Se ha dicho que “La sanción en caso de innovaciones prohibidas, consiste en la demolición de las realizadas por un copropietario en violación de lo dispuesto por el art. 7°, sin que sea aplicable a tal situación la excepción basada en la consumación de la obra o su estado avanzado, por ser de la esencia de la esencia del sistema de propiedad horizontal la restricción a los derechos de cada propietario en beneficio o interés de los restantes, que debe observarse estrictamente, porque el dueño de cada unidad sólo tiene un derecho limitado, relativo, impuesto por las exigencias de la vida común, y que no puede alterar de modo unilateral” (CC0002 SI 95639 sent. del 27/04/2005. En términos similares CC0001 SM causa 50499 Sent. del 16/09/2003, CC0000 TL causa 10239 sent. del 12/12/1991).
Por su parte, la Justicia Nacional Civil también entiende que las violaciones a la ley de propiedad horizontal deben ser sancionadas con severidad.
Así se ha dicho que “La propiedad horizontal no es sólo un sistema jurídico, sino un régimen de convivencia más estricto. Incluso que el del dominio del derecho común, que justifica las sanciones de todo aquél que viola la vida en comunidad cualquiera sea el título por el que ocupa el inmueble y dada la celeridad con que se debe actuar en estos casos, permitiéndose la demolición de una construcción realizada ilegalmente (conf. Cámara Naciona
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.