Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129265
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129265; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - LA PLATA
MUÑOZ JORGE FABIAN C/ GOLIK GUSTAVO ROGER S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129265, caratulada: "MUÑOZ JORGE FABIAN C/ GOLIK GUSTAVO ROGER S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 523/538?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda que por indemnización por daños y perjuicios incoara Jorge Fabian Muñoz en contra de Gustavo Roger Golik y Consorcio Albatros al Costo; condenó a los demandados a pagar al actor en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio, la suma de pesos ciento dieciocho mil doscientos diez ($ 118.210), haciendo extensiva la condena a la citada en garantía “Zurich Argentina Compañía de Seguros SA” y “Nación Seguro SA”, en la medida de cada una de las pólizas tomadas; dispuso que las sumas indicadas devengarán desde el día de la producción del evento dañoso y hasta el efectivo pago un interés contemplando la "Tasa pasiva - plazo fijo digital a 30 días" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la salvedad que desde el 01 de agosto de 2015 seguirá devengándose la misma salvo que el Banco Central estableciera eventualmente la tasa aplicable; sobre los montos que fueron calculadas con valores a la fecha de pericia (rubro "arreglos") ordenó la aplicación del interés puro -tasa del 6% anual- desde la fecha del hecho (5/7/2012) hasta la fecha de fijación de esos valores (23/9/2017) y de allí en más la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos digitales llamadas tasa BIP; impuso las costas a la parte demandada en su condición de vencida (art.68 CPC) y a la Citada en Garantía Zurich Argentina Compañía de Seguros SA y Nación Seguros SA en los términos de cada una de las pólizas tomadas, difiriendo las regulaciones de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14967 (fs. 523/538).
2. Contra esta forma de decidir, interpusieron recurso de apelación el actor (presentación electrónica del 21 de septiembre de 2020 invocando su letrado el art. 48 CPCC, ratificada el 20 de noviembre de 2020), el demandado y las citadas en garantía (escritos electrónicos de fecha 24 septiembre de 2020 Nación Seguros y 25 de septiembre de 2020 Zurich seguros y Gustavo Golik conjuntamente), los que previamente concedidos (proveídos del 22 y 28 de septiembre respectivamente), fueron debidamente fundados en esta instancia (presentaciones del 5 de abril de 2021 el actor, 16 de abril de 2021 Nación Seguros y 27 de abril de 2021 Zurich Argentina y Golik); corrido el pertinente traslado (proveído del 28 de abril de 2021) éste fue contestado por el legitimado activo (presentación del 2 de mayo de 2021), no habiendo hecho lo propio el resto de las partes, por lo que se llamó en ese estado autos para sentencia (proveído del 10 de mayo de 2021).
3 – Jorge Fabián Muñoz se agravia del rechazo del rubro daño material, argumentando que de la simple vista de las fotos del acta notarial dan cuenta que el daño se produjo en una oficina en donde se encontraban los elementos reclamados destruidos. Entiende que debe indemnizárselo en este concepto por los bienes propios que puede haber en una oficina.
En lo tocante con el rechazo del lucro cesante se duele del -en su opinión- ilógico razonamiento del juzgador, analizando que éste reconoce que el perito determinó que los arreglos llevarían 10 días y luego rechaza el rubro. Alega que para las reparaciones resulta obvio que el geriátrico debe cerrarse.
Finalmente, se disconforma de la justipreciación del daño moral tildándola de reducida.
Por su parte, Nación Seguros se agravia de la atribución de la responsabilidad en el entendimiento que el siniestro se produjo por culpa del arquitecto, quien era el responsable por su profesionalidad y especificidad de los estudios correspondientes tanto del suelo como de paredes y muros.
Concluye al respecto que existe la culpa de un tercero, (el profesional) por quien no debe responder el consorcio y por ende la compañía de seguros.
A todo evento, solicita que el grado de responsabilidad sea fijado de modo concurrente entre el arquitecto en un 80% y el consorcio en un 20%.
Pone en crisis la indemnización por daño moral tildándola de exagerada y la tasa de interés aplicada al rubro daño moral y gastos, concluyendo que fueron fijadas a valores actuales y aun así se estableció la tasa pasiva digital, generando un enriquecimiento sin causa. Solicita la aplicación de la doctrina legal de la SCBA “Vera”.
A su turno, Gustavo Roger Golik y Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. se disconforman de responsabilidad que la sentencia le endilga.
Rechaza que el arquitecto haya sido guardián de la ejecución de la obra, acusando desconocimiento de la Juez de grado sobre la normativa aplicable en relación a la función que debe desempeñar éste como Director de Obra y su responsabilidad subjetiva, en los términos del artículo 1109 Código Civil.
Alega confusión cuando la Juez atribuye la responsabilidad de la relación jurídica sustancial de obra (el Comitente), a quien solo asesora a esa parte durante el desarrollo del mismo (Director de Obra). Lo asemeja a la relación abogado-cliente durante un proceso judicial: nadie atribuiría responsabilidad al abogado por un incumplimiento de su cliente.
Agrega que en tal caso su responsabilidad como director de obra no deriva de guardián de la obra, sino de naturaleza objetiva en los términos del art. 1109 CC y que no está acreditado el poder de mando o control de la obra por parte del arquitecto.
Concluye acotando que no hay reglamento ni ley que le sindique el poder de mando o control.
4. Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077- (en adelante denominado CCyC), habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, el efecto inmediato del nuevo ordenamiento se presenta en las situaciones regladas por la ley. Cuando los mismos particulares regulan sus relaciones, cabe diferenciar entre la ley imperativa y la supletoria. Esta última no rige –acorde el art. 7 del CCyC, al igual que lo ordenaba el art. 3 del Código Civil anterior- para los contratos en curso de ejecución. Por ello, habrá que distinguir si se trata de una ley imperativa, la cual será de aplicación inmediata o si es supletoria, en cuyo caso alcanzará a los contratos nacidos con posterioridad a la vigencia de la ley y no a los que se encuentran en curso de ejecución (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 36).
Sin embargo, el caso de autos, atañe a un hecho que aconteció con la vigencia de la ley anterior (5 de julio de 2012), por lo cual, con el límite enunciado en el párrafo previo, habrá que estar a lo que las partes pactaron en el marco jurídico existente al momento de su concreción (arts. 3, Código Civil -en adelante denominado CC-; 7, 962 y conc., CCyC ley 26.994).
Incluso, desde la perspectiva de los daños, tambiénéstos se deben dirimir acorde el contexto en el cual acontecieron, lo que nos conduce a la aplicación de las disposiciones anteriores. Sin embargo, lo referido a las nuevas normas procesales, como es lo atinente a la carga dinámica de la prueba es de aplicación a los juicios en trámite, pues se trata simplemente de gestionar la prueba (autora y ob. cit., págs. 158 y 159), siempre que ello no implique vulnerar el debido proceso legal (esta Sala, causas 118624, sent. del 27 de agosto de 2015, RSD 107/15; 120064 sent. del 8 de septiembre de 2016).
5 – No ha sido discutido y por ende llega firme a esta instancia, la existencia de hecho consistente en el derrumbe de la pared medianera que unía la obra en construcción y el inmueble de calle 58 N°330 entre 1 y 2 de esta Ciudad acaecido el 5 de julio de 2012, con los alcances y extensión fijados en la sentencia de grado.
En cambio, el demandado Golik y ambas citadas en garantía discrepan respecto de la responsabilidad en la producción del siniestro, endilgándoselas respectivamente.
El arquitecto bajo el argumento que no lo alcanza la responsabilidad objetiva del art. 1113 CC y que no resultó ser guardián de la cosa, mientras que Nación Seguros considera culpable al profesional por su especificidad y experticia en la materia.
Comenzando con el análisis de las disconformidades de las partes y las características del hecho ventilado, he de señalar que los vicios en la construcción pueden contar con distintas génesis: originarse en defectos o fallas del proyecto (planos incorrectos), a partir de errores de cálculo (resistencia de estructuras), en la vulneración de disposiciones legales (ya sea de fondo o de códigos de planeamiento urbano), en el desconocimiento de las reglas del arte, o el uso de materiales inadecuados para la obra de que se trate, etcétera (conf. Molina “responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina” citado por Trigo Represas y López Mesa en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, tomo II pag. 610).
En este sentido, es que -según las características y circunstancias en las que se produjo el hecho- podrán ser sujetos de responsabilidad por el daño producido profesionales tales como arquitectos, ingenieros o maestro mayor de obras.
Los expertos aludidos pueden entonces desarrollar su actividad solo como “proyectistas” en el estudio y elaboración de la obra o como “directores de obra” vigilando, controlando y dirigiendo su erección. De la posición asumida dependerá su grado de responsabilidad en la ejecución de la construcción.
En el caso en estudio el arquitecto Golik pone en crisis su posición de guardián de la obra y por ende que se le endilgue la responsabilidad objetiva que emana del art. 1113, alegando que -en tal caso- su conducta debe ser evaluada bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva que surge del art. 1109 CC.
Ha de señalarse que la responsabilidad por daños causados a terceros contemplada por el art. 1647 del Cód. Civil es, obviamente, de carácter extracontractual. No está circunscripta solo a los casos en que medie inobservancia de las reglamentaciones municipales (extremo al que hace alusión expresa el mencionado artículo), sino que es la común reglada por los arts. 1109 y 1113 CC.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mientras la obra está en curso de ejecución, el edificio se encuentra bajo la guarda de quien tiene a su cargo la realización o la dirección de los trabajos de construcción, cuya responsabilidad, en tanto el daño provenga de la propia edificación, se regirá por lo dispuesto por el art. 1113 con el mismo alcance de la responsabilidad del dueño de la cosa.
El supuesto de ruina que provoca un daño, se encuadra dentro de la responsabilidad por el “riesgo o vicio de la cosa”, del art. 1113 del CC que estatuye una responsabilidad objetiva, solo obviable por la demostración de la culpa del propio damnificado o de un tercero extraño por quien el “guardián” no deba responder (conf. arts. 1647, 1113 CC; Félix A. Trigo Represas “Responsabilidad Civil de los profesionales” pág. 143 y sig.).
En este orden, jurisprudencialmente se ha erigido y mantenido esta interpretación.
Así, se ha dicho que “...frente a los terceros que resulten víctimas de daños producidos por la ruina o derrumbe de una construcción, no sólo serán responsables los profesionales que aportaron su trabajo material o intelectual para la realización de la obra, sino además el dueño de ésta, tanto si la situación se configura durante la construcción de la obra como luego de su recepción , pues se trata de un daño producido por el vicio o riesgo de la cosa –obra ruinosa–“ (CNCiv Sala C, 23/12/96, Consorcio de Propietarios Pte. Luis Sáenz Peña 785/9, c. Automotores Francia SA LL 2000–B–248).
En el mismo sentido “Cuando se trata de un edificio en etapa de construcción, éste está bajo la guarda de quien tiene a su cargo la ejecución de los trabajos, con responsabilidad análoga a la del dueño de la cosa. Así, ambos responden por los perjuicios ocasionados a la finca lindera, en la medida en que no demuestren que en la emergencia medió alguna razón como para que pueda ser admisible la eximente prevista en el art. 1113 del Código Civil. Al tratarse de una obligación concurrente e indistinta, ambos responden in solidum, de donde la víctima puede reclamar la totalidad de los daños causados, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente acción recursoria, para cuyo caso deberá estarse a los términos del contrato de locación de obra” (CNCIV. Sala L in re “Giardulli Cantino c/ Paredes s/ daños y perjuicios” causa L050393, sent. del 16/12/1996).
“La empresa constructora de un inmueble, los arquitectos que dirigieron la obra y la sociedad fiduciaria son responsables por el deterioro ocasionado en una propiedad lindera como consecuencia de las obras de construcción, pues, habiéndose acreditado la existencia del daño, el vicio de la cosa —en el caso, de la obra—, y no encontrándose acreditado ningún extremo que permita aseverar la interferencia o interrupción del nexo causal, surge la responsabilidad objetiva de aquéllos en los términos del 1113 del Cód. Civil” (conf. Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la segunda Nominación de Rosario, autos “Bentolila, Mario c. RTS Construcciones S.R.L. y otros s/aseguramiento de pruebas” fecha de sent. 18/02/2013, cita LALEY AR/JUR/15244/2013).
Nuestro máximo Tribunal Provincial también ha abordado este extremo sobre el que ha dicho que “Por aplicación de los principios que inspiran el art 1.113 del C.C., la responsabilidad del empresario o director de obra, no descarta la que pudiere corresponder a su vez al propietario del inmueble, en razón de tratarse de responsabilidades conjuntas; no subsidiarias, ni excluyentes. No cabe distinguir entre el dueño o guardián de la cosa, por ello, el perjudicado puede dirigir su acción resarcitoria contra ambos y para que ellos puedan eximir su responsabilidad deberán probar la culpa de la víctima o la de un tercero por quién no deben responder o, también, por la existencia del caso fortuito o fuerza mayor” (SCBA 10/12/79, ED 87–306).
En resumen, la responsabilidad por los daños producidos durante la ejecución de una obra, se encuentra comprendida dentro de los parámetros dispuestos por el art. 1113 CC en donde se incluye no solo al dueño, sino también al Director de la Obra por ser quien tiene a cargo la ejecución y vigilancia de esos trabajos. De allí que se incluya a este último como guardián. Por ende, la responsabilidad de ambos ante el tercero dañado es de naturaleza extracontractual y objetiva.
Aquí, el carácter de Director de Obra del demandado Gustavo Roger Golik se encuentra debidamente acreditado. Véase por ejemplo que, en la contestación del oficio librado a Municipalidad de La Plata, este organismo informa tal carácter (v. fs. 343/428, esp. 345, 354, 359, 361, 415, 416, e.o.).
Probado el daño, tanto el propietario de la obra como el arquitecto como director de la obra pueden liberase sólo probando el caso fortuito, la culpa exclusiva del damnificado o la de un tercero por el cual no deba responder, lo cual no ha sido siquiera alegado por las partes.
Por estos mismos motivos es que la culpa endilgada por Nación Seguros al profesional no resulta procedente toda vez que fue su asegurado –el consorcio demandado- quien contrató al arquitecto accionado a proyectar y dirigir la obra, no tratándose entonces Golik de un tercero ajeno por quien no deba responder. Además, no resulta efectiva la posición de librarse de la responsabilidad por parte del dueño de la obra en este extremo, toda vez que la carga –como se dijo- es de carácter objetiva (art. 1113 CC).
A todo evento, y ante los agravios del arquitecto demandado, evidencio que la responsabilidad subjetiva del demandado Golik también se encuentra acreditada a partir del análisis de la pericia en Ingeniería Civil efectuada por Ing. Marcelo Soncini quien da cuenta que: “De acuerdo a la documentación obrante en el expediente se realizaron estudios de suelos, no así de las paredes medianeras” (punto 1 al cuestionario de la actora”, agregando que “De acuerdo a la descripción de los sucesos realizada por el Inspector de la Dirección de Obras Particulares la caída de la pared medianera se produjo por negligencia en la ejecución de la obra al realizarse un incorrecto apuntalamiento de la pared” (fs. 435/439).
Consecuencia de ello, el quien reclama cuenta con acción indemnizatoria directa, tanto contra el constructor y director de obra como contra el dueño del terreno, por lo que la sentencia en este extremo luce ajustada a derecho correspondiendo su confirmación (arts. 1109, 1113, 1467 CC, 384, 474 CPCC).
6 – Superadas las quejas relativas a la asignación de la responsabilidad, cabe abordar las atinentes a la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
6.1. Daño Material.
El legitimado activo se duele de su rechazo, alegando que de las características propias del siniestro deben inferirse la pérdida de los objetos detallados en la demanda.
A fin de abordar este extremo, no encuentro ocioso destacar que el art. 375 CPCC pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Se ha dicho asimismo que “El artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan – y que pretenden subsumir – como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifique la legitimidad de su reclamo” (SCBA LP C 120605 Sent. del 07/03/2018 Juez Pettigiani SD).
Asimismo, “La formación material de conocimiento en el proceso constituye una carga de las partes y condiciona a la actuación del Juez. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que, junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la
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