Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 118134
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 118134; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
HIPPERMAYER GUILLERMO DANIEL C/ COPPARI DARIO JORGE S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los seis días del mes de mayo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 118134, caratulada: "HIPPERMAYER GUILLERMO DANIEL C/ COPPARI DARIO JORGE S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 23 de diciembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de indemnización por daños y perjuicios promovida por Guillermo Daniel Hippermayer contra Darío Jorge Coppari condenando al condenado a pagarle al actor, dentro del plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento dictado, la suma de $ 320.222,21 (TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS con 21/100), con más intereses a la tasa pura del 6% anual desde el 11 de septiembre de 2012 hasta el efectivo pago; impuso las costas del juicio al accionado por resultar sustancial y objetivamente vencido, postergando la regulación de honorarios hasta la oportunidad en que se practique la respectiva liquidación (resolución del 23 de diciembre de 2020).
2– El decisorio fue apelado por el legitimado pasivo (presentación electrónica del 28 de enero de 2021) recurso que, previamente concedido (proveído del 3 de febrero de 2021), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 24de febrero de 2021). Luego, debidamente sustanciado, mereció la réplica del legitimado activo (presentación electrónica del 3 de marzo de 2021). Posteriormente, tras el rechazo del planteo de prueba en esta Alzada peticionada por el Coppari (Proveído del 30 de marzo de 2021) se llamó autos para sentencia (proveído del 31 de marzo de 2021).
3– El demandado pone en crisis la sentencia de grado, acusándola de violatoria de sus derechos de propiedad y defensa en juicio.
Denuncia que aquélla ha convertido al victimario en víctima, al establecer una indemnización por tratar de salvar su vida.
Agrega que se indemniza al actor con más del 1000% de lo pedido en la demanda, incurriendo en plus petitio inexcusable (condena en más de lo que se ha pedido).
Pone en crisis las pericias psicológica y psiquiátrica practicadas en estas actuaciones, alegando que nunca las consintió porque no cumplen con lo dispuesto por los arts. 472 y 473 de nuestro ordenamiento procesal. Por ese motivo pide se dejen y se efectúen unas nuevas.
Marca en aquéllas omisiones como: cotejar documentos atinente a los antecedentes sobre la salud psicofísica del actor, que en la absolución de posiciones el legitimado activo reconoció que estuvo suspendido un año por la empleadora, que fue trasladado de Ezeiza a Cañuelas por problemas personales, que los profesionales no dieron cuenta de los conflictos conyugales del actor y que los licenciados que lo trataron no concurrieron a reconocer los certificados emitidos. En definitiva, concluye al respecto que no se indagó como era Hippermayer antes del hecho denunciado.
Además, alega que los peritos no utilizaron elaboración de test, factores de riesgo, no detallaron los antecedentes familiares, desempeño escolar y laboral, entre otras reiteradas críticas a los informes.
Da cuenta de las diferencias existentes entre los alcances generales y competencia de las pericias psicológica y psiquiátrica, como las implicancias de cada especialidad y sus dictámenes.
En definitiva, alega que no contienen una descripción detallada de operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos que sustentan sus opiniones.
Reafirma que fue amenazado de muerte por el actor en dos oportunidades y que nunca existió injuria de su parte, recalcando que concurrió a la justicia y no a los medios de comunicación para defender su posición.
Se queja de que el Juez de grado no haya aplicado el Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante CCyC-, destacando que éste debe aplicarse a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en especial pide se resuelva la causa conforme los arts. 1737 a 1741 CCyC.
Se duele de la calificación de acusación calumniosa de su conducta, cuando el mismo actor reconoció que había tenido un problema personal con él y que ese inconveniente era relativo al vínculo de pareja de Hippermayer, resaltando a su vez que la psicóloga Arcajo marcó que su padecimiento es por problemas conyugales.
Refiere que todas esas circunstancias no fueron receptadas por la sentencia de grado, constituyendo ello una violación al principio de congruencia y de la prueba.
Recalca que los padecimientos psicológicos y psiquiátricos del reclamante no son por su denuncia, sino que son preexistentes y de eso da cuenta una sanción anterior de la empresa empleadora quien lo traslado de Ezeiza a Cañuelas.
Entiende que el Juez de grado se centra en la denuncia y no sobre esos problemas previos.
Se agravia de que no se hayan tenido por probadas las amenazas proferidas, cuando el legitimado activo en realidad no acreditó los vínculos suyos con la pareja de aquél.
Por otro lado, recalca que el accionante pidió $25.681,62 en su demanda y el Juez le otorgó $300.000, incurriendo en plus petitio inexcusable.
Acusa la violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (en adelante CPCC), violándose el onus probandi (carga de la prueba).
Pone en crisis que los padecimientos psicológicos y psiquiátricos del actor sean producto de su actuar, reafirmando que son producto de una infidelidad perpetrada por la mujer de Hippermayer.
El legitimado activo por su parte, a la hora de contestar el traslado de los agravios, reafirma en lo medular lo dicho en la instancia de origen, mostrando asimismo la conformidad con lo resuelto por el Juez de la Instancia anterior.
4– A fin de otorgar un orden metodológico al tratamiento del recurso, he de abordar liminarmente la queja relativa a la ley aplicable puesto en crisis por el demandado.
Es que habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, en lo que respecta al derecho de daños, éstos se deben dirimir acorde el contexto en el cual acontecieron, lo que nos conduce a aplicar las disposiciones de la anterior legislación en función a la denuncia que da cuenta del inicio de las presentes actuaciones (12/9/2012).
Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad por daños se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso. Las discrepancias pueden ocasionarse en torno a qué son los elementos constitutivos y qué consecuencias de ese ilícito, pues la nueva ley rige a las consecuencias que no se encuentran consumadas al momento de la entrada en vigencia (Conf. autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 100 a 104, 158 y 159).
El caso en debate, como ya lo he señalado, atañe a un daño supuestamente acontecido y consumado durante la vigencia de ley anterior (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN; ley 26.994, esta Sala, causas 113211, sent. del 27/09/15; 125154, RSD 178-19, sent. del 11/07/2019, entre otras). Ello marca el rechazo de los agravios del demandado en este sentido y que la ley aplicable es el código anterior tal como lo resolvió el Juez de grado.
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, para el caso de tratarse efectivamente los rubros cuyos montos debate el recurrente, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causas 121.394, sent. del 1/6/2017, 126110, sent. del 25 /11/2019 e.o).
5– Continuando con la tarea revisora, no resulta ocioso señalar que la demanda incoada tiene por objeto obtener una indemnización por los daños y perjuicios presuntamente sufridos por el señor Guillermo Daniel Hippemayer a raíz de una denuncia penal efectuada por supuestas amenazas de este último en contra Darío Jorge Coppari -aquí demandado y denunciante en sede represiva- la que según el reclamante le produjo menoscabos de distinta índole (fs. 166/ 174).
De los hechos aludidos, llega firme a esta instancia la existencia de la denuncia efectuada por Coppari en contra de Hippermayer y su tramitación ante UFI de Cañuelas (v. causa penal agregada como prueba a estas actuaciones, contestación de demanda fs. 198/206).
Ahora bien, sobre el particular y con el alcance referido, resultan de aplicación los arts. 1089 y 1090 del Código Civil (CC).
A partir de ello, ha de decirse que la afectación del honor de una persona puede asumir la modalidad de la injuria, de calumnia o de la acusación calumniosa mediando entre ellas relaciones de género y especie. Si la injuria es comprensiva de toda ofensa al honor, la calumnia particulariza el agravio en la atribución de un delito de acción pública. De su lado, la acusación calumniosa requiere, además, que esa imputación de delito se materialice en una incriminación efectuada ante autoridad competente sea mediante querella criminal o denuncia que origine un proceso penal, que el acto denunciado sea falso y que ello sea conocido por el acusador, esto es, que actúe con dolo (arts. 1089 y 1090 del Cód. Civ.).
La calumnia y la acusación calumniosa configuran una de las especies de los delitos contra el honor personal. Por ello, en tanto que de esa falsa imputación se derive un daño al ofendido, le asiste el derecho de exigir la reparación a cargo de quien resulte responsable.
Y si en principio, la afectación del honor ajeno, en cuanto intromisión en la esfera jurídica de terceros, debe reputarse contraria al orden social y por ende antijurídica, no es menos cierto que ello será así si no mediaren causas de justificación que excluyan la antijuricidad de los actos lesivos de intereses ajenos. Y tratándose de denuncia concretada por un particular, la causal de justificación cubre sólo los casos en que el hecho denunciado es exacto (llamado exceptio veritatis), pues cuando no lo es, se dará una hipótesis de antijuricidad material, la que, de todos modos, no generará responsabilidad sino cuando concurran el dolo o la culpa como factor de imputación (arts. 1067, 1071, 1072, 1090, 1109 del Cód. Civil; esta Sala, causa 116567, sent. del 17/12/2015; causa 125154, RSD 178-19, sent. del 11/07/2019).
En ese orden, corresponde señalar que puede perfectamente ser absuelto el acusado y sin embargo no haber incurrido el querellante o denunciante en el delito de acusación calumniosa, ni contraer responsabilidad civil, cuando la forma en que se presentan los hechos que dan margen a la querella suponen prima facie (a primera vista) la existencia de un delito. Por ello, resulta prudente que se analice la forma y el contenido de la denuncia a efectos de determinar si el denunciante incurrió en falsedad o al menos en negligencia que justifique su responsabilidad (Conf. CC0100, SN 7071, RSD 10-8, sent. del 28/02/2008; esta Sala, causa 125154, antes referida).
En cuanto al aspecto subjetivo del denunciante la doctrina judicial ha reconocido derecho a resarcimiento tanto en el caso de obrar doloso, cuanto en la falsa denuncia habiendo obrado el autor en forma culposa, imprudente o con ligereza.
Se entiende que la denuncia es calumniosa cuando se realizó a sabiendas de dicha inocencia al igual que cuando el denunciante no haya tenido plena certidumbre de la imputación, en cuyo caso, si bien no se configura el delito penal, existe la obligación penal de resarcir por el obrar culposo o negligente (art. 1109, 1089 y 1090 CC; esta Sala, causa 98697, sent. del 12/11/2002).
Es decir, que si bien desde el punto de vista del ámbito civil de la responsabilidad, por la ubicación en que se halla el precepto del art. 1089 del Código respectivo, en el capítulo destinado a los delitos contra las personas, la figura pareciera pertenecer solamente al área delictual, no hay duda que, por aplicación de la norma del art. 1109 del mismo código, esta figura admite igualmente su consumación culposa o cuasidelictual (art. 1089, 1109 CC; esta Sala, causa B-80262, sent. del 27/04/1995).
Conforme se viene desarrollando, del derecho al honor se ocupan los arts. 1089 (calumnia o injuria de cualquier especie) y 1090 (acusación calumniosa) del Código Civil y los arts. 109 a 117 del Código Penal, en especial con motivo de los delitos de injurias y calumnias se castiga a quien “deshonrare o desacreditare a otro”, o a quien “propalare hechos falsos” que “puedan dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozara”. Estos preceptos legales deben conjugarse asimismo con lo dispuesto por el art. 1109 relativo al actuar culposo de quien genera un daño.
De lo que se trata aquí entonces, es de dilucidar si el accionado incurrió en una acusación calumniosa al incoar la denuncia contra el hoy actor (IPP 06-03-002425-12, fecha de inicio 12/09/2012) y si, en consecuencia, dieron origen a su responsabilidad civil para exigirle un resarcimiento -art. 1090 cód. cit.-, siendo en ese sendero aplicables por su especificidad las normas citadas precedentemente (SCBA; Causa 100.027, sent. del 7/3/2012).
El caso en estudio, se trata -como se dijo- de una denuncia efectuada por el Sr. Coppari en fecha 12 de septiembre de 2012 en contra del aquí accionante por amenazas de muerte (v. causa penal referida).
En efecto, a fs. 1 de las actuaciones en sede represiva el demandado depone que “resulta ser guarda de la empresa OGOFE Línea Roca y toma y deja su servicio en la estación Cañuelas. Que hace un mes que viene teniendo problemas con un compañero de trabajo que se desempeña como auxiliar de la estación Cañuelas de apellido Hipermayer, cual lo acusa infundadamente de que el denunciante lo engaño con su mujer. Que teme lo que este sujeto puede llegar a cometer en su perjuicio, ya que en dos oportunidades en que se encontraron solos trabajando, lo amenazó con pegarle un tiro y luego suicidarte, y al respecto lo cree capas…”.
Iniciada la causa y luego de la citación al denunciado (fs. 10 causa penal), el Agente Fiscal de Cañuelas decide archivar la causa en función a que no han podido acreditarse los extremos contenidos en la denuncia inicial (fs. 17 causa penal).
Llegado a este punto encuentro que la deposición efectuada por Coppari resulta vaga e indeterminada respecto del hecho en sí, limitándose a referenciar que “en dos oportunidades” fue amenazado por Hippermayer, sin dar detalle alguno sobre la fecha, la hora, el lugar, la presencia de testigos o cualquier otro dato que pudiera arrimar elementos para su comprobación (fs. 1 causa penal).
Luego, al momento de plantear sus defensas ante esta sede, da cuenta que las amenazas fueron el 20 de agosto y 11 de septiembre de 2012, en el andén de la estación de Cañuelas y sin presencia de testigos (fs. 198/206), pero luego no aporta dato alguno que pruebe la veracidad de sus dichos. Ni siquiera brinda elementos que generen algún tipo de indicio sobre la existencia de las mentadas intimidaciones (art. 384 CPCC).
Nótese al respecto que el testigo Juan Carlos Campusano (superior jerárquico en el trabajo de ambas partes) solo dio cuenta del hecho por medio de manifestaciones hechas por el mismo demandado (fs. 451).
En sentido, a fs. 521 Trenes Argentinos Línea Roca en contestación al oficio librado en estas actuaciones da cuenta que “Los Sres. Coppari e Hippermayer no comparten el mismo turno laboral, no obstante lo cual y en orden a los horarios de trabajo que tienen asignados, han coincidido en parte de ellos los días que a continuación se detallan: 03/08/2012; 04/08/12; 07/08/12; 08/08/12; 11/08/12; 14/08/12; 15/08/12; 16/08/12; 17/08/12; 23/08/12; 24/08/12; 25/08/12; 29/08/12; 01/09/12; 27/09/12 y 29/09/12”.
De este elemento probatorio se colige que, contrariamente a lo denunciado por la demandada, no se cruzaron en el lugar de trabajo los días 20 de agosto y 11 de septiembre de 2012, fechas que Coppari alega como los días en los que se produjeron las amenazas en el andén de la estación de Cañuelas (fs. 198/206, art. 384 CPCC).
Hasta aquí, de las actuaciones en ambas causas se desprende: a) la denuncia de un delito penal en contra de del actor, b) la falta de comprobación sobre su veracidad y c) que la denuncia fue efectuada por el demandado.
No resulta suficiente para conmover el análisis la postura tomada por el legitimado pasivo en este juicio, en cuanto hace referencia a que denunció motivado por proteger su vida e integridad personal y que no acudió a medios de comunicación para difamar a la contraparte.
Recuérdese que para la configuración de una acusación calumniosa no se requiere de modo alguno que ésta sea replicada en la prensa o publicada de algún modo (art. 1089 y 1090 CC).
De todo lo expuesto concluyo que no se encuentra probado por ningún medio el contenido de la denuncia penal de fs. 1 de la IPP referida, por lo que las defensas ensayadas en su conteste (fs. 198/206) no resultan convincentes para eximirlo de responsabilidad civil.
Es por lo hasta aquí expuesto que concluyo que el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.