Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125406
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.406 "A. M. E. Y OTRO/A C/ EDESUR (EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SA) S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)"
I. El apoderado de la entidad demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 10-VIII-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 12-IX-2022 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE...").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por M. E. A. y M. A. B. -en representación de M. B. A. A.- contra la firma Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 4-V-2021 y 16-IX-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1, 7, 9/10 y 17, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 300:362; 325:1511; 326:3734; 327:5438; 330:4983; 333:1062; 247:713; entre otros), en particular la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384).
En tal sentido, aduce que el pronunciamiento objetado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio -puntualmente, documental, testimonial e informativa-. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, demostrar que no quedó probada la relación de causalidad entre el hecho denunciado y un actuar imputable a su mandante y -aún más- que se trató de supuesto de culpa en la vigilancia por parte de los padres de la menor. En consecuencia, entiende refutadas las razones dadas por la Cámara y evidenciado el absurdo de su fallo (v. págs. 7/17, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 14-IX-2022), el mismo fue contestado por la actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 27-IX-2022).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para hacer lugar a la acción de daños y perjuicios y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, irrazonable valoración del material probatorio y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 7/17, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad y debido proceso; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1, 7, 9/10 y 17, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Rey c/ Rocha", no abastecen la vía deducida, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 122.003, "Medina", resol. de 10-VIII-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2023 13:43:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 17:34:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2023 12:09:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:40:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:27:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:34:09 hs. bajo el número RR-110-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia