Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134891
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de Diciembre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "B. L. R. C/ INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO DE LA PLATA SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.DERIV.RESP.POR EJERC.PROF.(SIN RESP.ESTADO) " (causa: 134891 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 22/05/2023, aclarada en la misma fecha?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
I. Antecedentes.
1.1. En estos actuados, se presentó el Sr. L. R. B., por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad L. I. y M. L., e interpone demanda de daños y perjuicios por negligencia médica, contra el Instituto del Diagnóstico de La Plata S.A., las Dras. A. D. Y. y D. C.S., y sus aseguradoras, a raíz del fallecimiento de quien fuera su concubina -la Sra. M.- ocurrido el 17/08/2005.
1.2. La demanda es resistida por los accionados, quienes niegan toda responsabilidad en el hecho.
1.3. Al dictar sentencia, la Sra. Juez a quo encontró elementos para tener por configurada la “culpa médica” planteada en la demanda y resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por L. R. B. -por derecho propio y en representación de su hijo M. L. y L. I. B. contra el Instituto de Diagnóstico de La Plata S.A., A. I. D. Y. y D. C. S.. En consecuencia, condeno a estos últimos a abonar a los actores, dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia, la suma de pesos ciento veinticinco millones ochenta y cuatro mil trescientos veinte ($125.084.320), discriminados de la siguiente manera: $75.000.000 por valor vida (distribuidos en partes iguales, es decir $25.000.000 para cada coactor); $45.000.000 por daño moral ($15.000.000 para M.
L. B., $15.000.000 para L.I. B. y $15.000.000 para L. R. B.); $5.000.000 para L. I. B. por daño psicológico; $20.000 por gastos médicos y de traslado para L. R. B. y $64.320 por tratamiento psicológico ($9.600 para abordaje familiar; $16.320 para L.R. B. y $19.200 para L. I. B. y para M. L. B.). A esas sumas se adicionarán intereses que se computarán de la siguiente manera: a) sobre la suma de $ 118.020.000 (valor vida, daño moral, daño psicológico y gastos médicos y de traslado), desde el día del fallecimiento (17 de agosto de 2005) y hasta la fecha de la sentencia inclusive a la alícuota del 6% anual y desde el día siguiente (corrido) a esta sentencia y hasta el efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días denominada "Tasa Pasiva-Plazo Fijo Digital a 30 días" y b) sobre la suma de $ 64.320 otorgados por tratamiento psicológico, desde el día del hecho (17 de agosto de 2005) y hasta el dictamen (09/04/2013), a la alícuota del 6% anual y desde el día siguiente (corrido) a la pericia (esto es, 10 de abril de 2013) y hasta el efectivo pago, los que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días denominada "Tasa Pasiva-Plazo Fijo Digital a 30 días". 2) Hizo extensiva la condena a Federación Patronal Seguros S.A.
(aseguradora de la codemandada D. Y.) y a El Progreso Seguros S.A. (aseguradora del centro hospitalario), en la medida de los seguros; quienes deberán hacer frente a la misma de acuerdo a los valores vigentes de iguales seguros contratados al momento del efectivo pago. 3) Impuso las costas de todo el proceso a los codemandados A. D. Y., D. C. S. e Instituto de Diagnóstico de La Plata S.A. y las aseguradoras -en la medida de los seguros conforme lo expuesto- Federación Patronal Seguros S.A. y El Progreso Seguros S.A.
1.4. La demanda es apelada por las accionadas D. Y., S. y el Instituto del Diagnóstico, y las aseguradoras citadas en garantía El Progreso y Federación Patronal, quienes expresaron agravios, los que fueron contestados.
1.5. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que se encuentra firme y consentida.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Normativa aplicable.
2.1.1. Siendo que la actuación médica y deceso que motivan la demanda ocurrieron bajo la vigencia del Código Civil -esto es antes del 1/8/2015, fecha en que entró en vigencia en nuevo Código Civil y Comercial de la Nación conforme leyes 26.994 y 27.077-, la responsabilidad se rige -tal como lo destaca el sentenciante de origen- por la normativa vigente al momento del hecho, con lo que no se aplica al respecto el nuevo código (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.).
2.2. Sobre la responsabilidad médica.
2.2.1. En primer término, es preciso destacar que, tal como lo señala la doctrina imperante en la materia, generalmente la responsabilidad de quienes ejercen el arte de curar es de naturaleza contractual, no obstante existir algunos supuestos excepcionales que se rijan por las reglas de la responsabilidad extracontractual (conf. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad civil del médico”, p. 93; Trigo Represas, “Reparación de daños por mala praxis médica”, p. 163; Bueres, “Responsabilidad civil de los médicos”, pág. 103; Lorenzetti, “Responsabilidad civil de los médicos”, pág. 53).
Asimismo, no es ocioso destacar -más aún frente al perfil de los agravios- que la responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se halla sometida a los mismos principios y elementos que la responsabilidad en general. La responsabilidad profesional se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general, y es aquélla en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone, requiriendo para su configuración de los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil (conf. SCBA, Ac. 40.667, sent del 6/6/89, “Ac. y Sent.”, 1989-II, 321; Ac. 49.478, sent. del 14/6/94, “Ac. y Sent.”, 1994-II, 569, DJBA 147-81; J.A. 1994-III, 567; L.L.B.A. 1994-652; Ac. 57.560, sent. del 12/3/96; Ac. 55.404, sent. del 25/3/97, DJBA 153-7; Ac. 62.097, sent. del 10/3/98)
Ello quiere decir que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia¹, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (arts. 512, 902 y 909, Código Civil entonces vigente -hoy 1721, 1724, 1725, 1726 y 1727, C.C.C.N.-; conf. SCBA, Ac. 31.702, 22/12/87, “Ac. y Sent." 1987-V, 355; Ac. 39.597, 13/9/88, “Ac. y Sent.” 1988-III, 373; Ac. 38.114, 25/10/88, "Ac. y Sent." 1988-IV, 79; Ac. 40.456, 15/8/89; Ac. 43.540, 9/4/91; Ac. 45.177, 30/4/91, "Ac. y Sent." 1991-I, 574; Ac. 46.039, 47/8/92, "Ac. y Sent." 1992-II, 654; Ac. 44.440, 22/12/92; Ac. 50.801, 21/12/93, DJBA 146-156; Ac. 55.133, 22/8/95; Ac. 58.840, 5/9/95, "Ac. y Sent." 1995-III, 434; Ac. 56.949, 9/4/96; Ac. 55.404, 25/3/97, "Ac. y Sent." 1997-I, 555; Ac. 59.937, 25/11/97; Ac. 62.097, 10/3/98; Ac. 66.276, 12/5/98, E.D. 182-224; Ac. 65.802, 13/4/99; Ac. 71.581, 8/3/2000; Ac. 73.652, 2/8/2000, L.L.B.A. 2001-194; Ac. 76.592, 13/6/2001; Ac. 75.676, 19/2/2002; Ac. 69.059, 29/10/2003; Ac. 76.152, 17/12/2003; Ac. 87.859, “Caroli”, 20/4/2005; C. 98.936, "C., O. A.", 10/9/2008; C. 100.254, 16/12/2009; C. 104.543, 22/12/2010; C. 99.658, 22/12/2010; C. 107.455, 29/6/2011; C. 106.311, 17/8/2011; 102.658, 5/10/2011; C. 107.189, 21/3/2012; C. 111.814, "M. J., R", 27/6/2012; C 106.780, 26/2/2013; C. 116.561, 22/5/2013; C. 118.280,4/3/2015; C. 119.259, 8/4/2015; C. 118.230, 15/7/2015; C. 101.694, 21/9/2016; C. 120.128. 8/3/2017; C. 121.608, 8/8/2018; C. 120.051, 21/6/2018; A. 73.808, "Alanis", 5/6/2019; C. 110.232, 26/2/2022).
En ese orden de ideas, la responsabilidad profesional sólo aparece si puede establecerse la conexión causal adecuada entre una acción u omisión (obrar antijurídico) y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 511, 512, 520, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 929, 1068, 1109 y 1113, Código Civil -hoy arts. 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1739, 1753 y 1768, C.C.C.N.-; conf. SCBA, Ac. 44.440, 22/12/92; Ac. 55.133, 22/8/95; Ac. 65.802, 13/4/99; Ac. 76.198, 7/2/2001; Ac. 80.065, 9/6/2004; C. 91.749, 18/4/2007; C. 100.819, 25/3/2009; C. 93.918, 4/11/2009, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de la doctrina-), lo cual requiere hacer un juicio de probabilidad -y no de certeza como esgrime el sector demandado- determinando que el daño se halla en conexión causal adecuada (normal) con la acción u omisión antijurídica.
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1. La culpa puede presentarse bajo tres facetas distintas: como “negligencia”, cuando se omite cierta actividad que hubiera evitado el resultado dañoso, como “imprudencia”, cuando por el contrario se obra precipitadamente, sin prever por entero las consecuencias en que puede desembocar esa actitud irreflexiva, y en fin, con especial referencia a los profesionales, como “impericia”, con desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya que es obvio que todo individuo que ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de la misma, y obrar con la previsión y diligencia necesarios con ajuste a aquellos y a las circunstancias del caso (Trigo Represas, Félix A., “Nuevas reflexiones sobre la responsabilidad civil de los médicos”, L.L. 1984-C, 586).
De igual forma, los profesionales médicos, salvo contadas excepciones, asumen obligaciones de medios, no asegurando un resultado exitoso, pues su actividad se realiza en un marco de indefinición dentro de la ciencia (conf. Trigo Represas, “Reparación de daños por mala praxis medica, pág.108; Bueres, “Responsabilidad civil de los médicos, págs. 480 y ss. y 542 y ss.).
Así, la falta de éxito del acto médico no conduce necesariamente a la obligación de resarcir al damnificado, pues el médico cumple empleando la razonable diligencia que le es dable requerir, ya que en general el éxito final de un tratamiento o de una operación no dependen por entero del profesional, sino que a veces influyen factores aleatorios ajenos a él, como ser las reacciones orgánicas no previsibles, el riesgo quirúrgico, el error excusable o tolerable u otras circunstancias o accidentes imposibles de controlar (arts. 512, 902 y 1109, Código Civil).
Aun cuando el médico observe cuidadosamente las reglas de su arte y ponga sus conocimientos y habilidades al servicio del paciente, pueden presentarse complicaciones o una patología anterior imposible o improbable de prevenir o controlar.
En consecuencia, el médico no se obliga, normalmente, a llegar a un final feliz, a que el enfermo recupere la salud, supere la dolencia que le aflige, sea clínica o quirúrgicamente. Se obliga a cumplir con un “paquete” de deberes, principales y accesorios, dirigidos, precisamente, a ese propósito o finalidad². Otra es la situación, de ordinario también, en la denominada “cirugía estética” o plástica, de no urgencia, destinada a embellecer a la persona del paciente, con un arreglo de su nariz, de su boca u oreja, etc. Allí el médico se suele comprometer a una intervención con éxito, de acuerdo con tal o cual modelo (Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad civil del médico”, ed. Astrea, Bs. As., 1979, pág. 134), lo cual no esta exento de imponderables que pueden modificar el reprometido.
En este sentido ha dicho la Suprema Corte provincial, que la obligación principal a prestar por los profesionales del arte de curar (salvo excepciones) consiste en una actividad calificada y técnica y científicamente en pos de la curación, mejoría o alivio del paciente, pero sin prometer ni obligarse a tal curación o alivio. Lo prometido, el núcleo de su obligación, es desplegar sus buenos oficios profesionales, con toda la diligencia y espero posible y de conformidad a lo que la ciencia y el arte médico indican, para lograr la cura o mejoría del enfermo. Pero esto, la cura o mejoría, si bien es la finalidad última y el resultado esperado de esos buenos oficios, no es el objeto de su obligación. De allí que la responsabilidad de los médicos es de medios y no de resultado (SCBA, Ac. 91.215, 5/4/2006; C. 98.833, 13/2/2008; C. 98.597, 7/4/2009; C. 99.981, 15/4/2009; C. 103.518, 7/10/2009; C. 102.805, 29/12/2009), con lo que aunque el tratamiento realizado por el médico arroje un resultado negativo (resultado no esperado), ello no compromete su responsabilidad, ya que se deben demostrar actos u omisiones que denoten un actuar negligente o imprudente o falta de la pericia necesaria (SCBA, Ac. 81.491, 16/7/2003; C. 90.459, 26/12/2007; C. 102.615, 11/2/2009; C. 103.717, 3/3/2010; C. 116.,964, 29/5/2013; C. 116.663, 4/9/2013; C. 123.265, 30/12/2020).
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2. Así, el fracaso del tratamiento instituido no es imputable a la culpa del médico si su adopción era aconsejada por uno de los sistemas científicos vigentes, entre los cuales no le toca al Juez tomar partido (Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, t. IV-B, págs. 134 y 141).
El médico no se compromete a sanar al enfermo, sino solamente a atenderlo con prudencia y diligencia, a proporcionarle todos los cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su conocimiento presume, son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar (conf. Trigo Represas, Félix, “Responsabiliadad Civil de los Profesionales”, pág. 81).
Tal caracterización cobra capital importancia en el terreno de la prueba, pues si la obligación es tan solo la de conducirse con prudencia y diligencia, se torna necesario un examen de la conducta del deudor; en efecto, cuando el resultado previsto no se ha obtenido, el acreedor, para demostrar que la obligación no se ha cumplido, debe probar que el deudor no se ha comportado con la prudencia y la diligencia a las que estaba obligado; la prueba de una imprudencia o negligencia del deudor está a cargo del acreedor (Mazeaud - Tunc, Tratado, I. 1, nros. 103-102 y ss, págs. 126 y ss; Mazeaud, Lecciones, II, 1, nro. 21, pág. 21; cit. por Belluscio - Zannoni, "Código Civil...", comentario de Jorge A. Mayo, T. II, p. 640, art. 512; Higthon E, "Prueba por mala praxis médica", Revista Derecho de Daños n° 5, págs.. 69 y siguientes), solución que acepta la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional (Belluscio-Zannoni, ob. cit., pág. 641, parág. 40; SCBA, Ac. 39.671, 7/6/88; Ac. 43.168, 23/4/90; Ac. 55.133, 22/8/95; esta Cámara, Sala III, causa 108.690, 20/5/2008, RSD. 85/2008; esta Sala, causa, causa 122.108, 7/12/2017, RSD. 297/2017); sin perjuicio de que, en ciertos casos, donde la prueba de la negligencia médica se torna muy difícil y el galeno es quien está en mejores condiciones de probar, se le requiera a éste actividad probatoria en aras de su defensa (aspecto que el nuevo Código Civil y Comercial ha receptado expresamente en el art. 1735; ver en este sentido: SCBA, C. 82.684, 31/3/2004).
Así, en los juicios en los que se imputa responsabilidad médica por mala praxis, la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del médico que demuestren una actividad negligente o imprudente o falta de la pericia necesaria, pero no solamente sobre el resultado negativo del tratamiento pues, aunque ese resultado no fuere el esperado, no compromete responsabilidad alguna si la conducta considerada reprochable no está probada suficientemente (conf. SCBA, causas C. 116.964, "Peralta", sent. de 29/5/2013; C. 116.663, "Camus", sent. de 4/9/2013; e.o.).
En este sentido, en la mayoría de los casos en los que se juzga la responsabilidad profesional del médico, se trata de situaciones extremas de muy difícil comprobación en las que cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el deber de hacerlo (conf. SCBA, doctr. causas C. 120.106, "L., Z. L. C.", sent. de 1/6/2016; C. 121.010, "García", sent. de 21/3/2018; e.o.).
2.2.2. Por otra parte, los establecimientos asistenciales se encuentran obligados a organizar eficientemente el servicio de salud que prestan, por lo que ante un deficiente funcionamiento del mismo, responden directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente, sin perjuicio de su responsabilidad frente a la negligencia del médico y/o sus sustitutos, auxiliares o copartícipes.
Al respeto, ha expresado nuestra Corte provincial que como el establecimiento asistencial se vale de la actividad ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obligación, habrá de responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia jurídica de tal sustitución, ya que al acreedor no le interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor, o por un tercero del cual éste se valga para sus fines; y de la equivalencia de comportamientos del obligado y de sus sustitutos o asociados, se determina que el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniese del propio deudor. Cabe asimismo destacar que diversamente a lo que ocurre en la esfera extracontractual, como el fundamento de esta responsabilidad radica en la estructura y efectos de la relación jurídica obligacional para que el deudor sea civilmente responsable por el hecho del auxiliar, no es necesario que exista una relación de dependencia o subordinación (conf. SCBA, C. 74.596, sent. del 19/2/2002; C. 90.459, sent. del 26/12/2007).
De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del establecimiento asistencial, pues parte de una situación objetiva de falta o deficiente servicio que ha sido contratado.
Ahora bien, si no media culpa en el médico interviniente no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial -ni a la obra social demandada- demandados con base en la actuación del galeno (conf. SCBA, Ac. 43.418, 16/7/91, L.L. 1992-B, 312; Ac. 58.966, 15/7/97; Ac. 76.152, 17/12/2003; C. 98.332, 7/5/2008; C. 101.294, 15/4/2009; C. 93.918, 4/11/2009, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 105.772, 9/6/2010; C. 99.658, 22/12/2010; C. 111.812, 27/6/2012; arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
La prueba de la culpa del médico es indispensable, no porque la responsabilidad de éste se refleje en la entidad de la cual depende, en una responsabilidad indirecta, sino porque la prueba de aquella culpa sería la demostración de la violación del deber de seguridad, que como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional (Bustamente, Alsina J. "Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión", LL 1976-C-p.63; conf. causa Ac. 43.518, sent. del 16/7/1991; C. 98.767, "Manzano", sent. de 21/5/2008; C. 101.294, "R., A. V. y o.", sent. de 15/4/2009; C. 99.658, sent. del 22/12/2010; C. 111.812, sent. del 27/6/2012).
Para ello es necesario acreditar que la causa del daño se encuentra en la organización humana que titulariza (Kemelmajer de Carlucci, Aída 'Daños causado por los Dependientes' Editorial Hammurabi pág. 36 - arg. arts. 43, 1109, 1113 párrafo primero y 1198 del Cód. Civil -1, 2, 1721, 1724, 1725, 17
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