Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65868
Causa nº: 2-65868-2020
"PERALTA MARTIN ESTEBAN C/ BOSTON SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los cuatro días del mes febrero de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Peralta Martin Esteban c/ Boston Seguros s/ Daños y Perjuicios. Incump. Contractual (Exc. Estado)” (causa n° 65.868), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª - ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva dictada el 4 de febrero de 2020?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. La sentencia definitiva apelada, dictada el 04/02/2020, rechazó la excepción de prescripción e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de seguro automotor, interpuesta por Martín Esteban Peralta contra su compañía aseguradora Boston Seguros S.A., condenando a ésta a abonar los daños sufridos por el primero producto del siniestro acaecido el 13/03/13, cuando embistió un perro con su automotor Citroen C 4.2, en la ruta 51, desde Tapalqué a Azul. Fijó los montos indemnizatorios en las sumas de $111.200 en concepto de daños al automotor, $40.000 por daño moral, y $8.000 por el lucro cesante reclamado (que recalificó como daño por privación de uso).
Contra el aludido decisorio interpusieron recurso de apelación ambas partes. En su expresión de agravios del 26/06/20, la parte actora cuestiona lo expuesto por la sentencia recurrida en el Considerando VII, “Límite de Cobertura”, en cuanto la sentenciante refirió allí que las sumas a abonar por la compañía no podrán superar el monto establecido en la póliza de seguro. Entiende que la aludida cláusula limitativa de la responsabilidad es contraria a lo establecido en el art. 37 inc. a de la Ley 24240. Critica en concreto que se limite cuantitativamente la responsabilidad a un monto histórico, acorde lo ya sostenido en su presentación de fs. 88/95 vta. Sostiene que la aludida cláusula limitativa resultaba eficiente al tiempo de celebrarse el contrato de seguro, más no a la fecha, considerando el paso del tiempo y las sucesivas depreciaciones de la moneda. Agrega que la consideración del aludido límite resulta contraria a derecho pues producto de las maniobras de la propia aseguradora no sólo debió estar largo tiempo sin su vehículo, sino que se vio forzado a instar la presente acción judicial a los fines de obtener una reparación. Enfatiza que transcurrieron más de cuatro años, y que habiendo estado debidamente constituida en mora, la compañía incumplió las obligaciones a su cargo.
A su turno, en su expresión de agravios del 25/06/20, la parte demandada impugna el reconocimiento del rubro daño moral, pues entiende que éste no ha sido probado y que la suma reconocida en su concepto resulta excesiva. Critica también el monto determinado en razón de los daños al automotor, pues considera que no fue acreditada la autenticidad de los presupuestos de fs. 11 y 12, con fundamento en los cuales fue reconocido tal monto. Agrega que debió descontarse la suma de $4000 correspondiente a la franquicia pactada, y la de $6.800 que la parte acora reconoció haber ya recibido de su parte. Por otro lado, considera improcedente la concesión del rubro “lucro cesante”, pues para su reconocimiento el a quo recalificó el perjuicio como privación de uso, infringiendo así, a su entender, el principio de congruencia. Finalmente, cuestiona que el límite de cobertura al que alude el decisorio en el Considerando VII, no haya sido referido en la parte dispositiva del fallo, solicitando su agregación por esta Alzada.
Corrido el traslado de ley, contestan agravios tanto la parte actora, por escrito del 05/08/2020, como la demandada, por presentación del 06/08/2020. Remitidas las actuaciones en vista al Fiscal General, éste coincide con los fundamentos oportunamente vertidos por el Agente Fiscal y el decisorio apelado, y añade, en punto al límite de cobertura referido en la sentencia, que si bien bajo determinadas condiciones (incumplimiento del deber de información por la compañía o desequilibrio en las prestaciones comprometidas por las partes) podría declararse la nulidad de una cláusula de limitación de cobertura, la actora no incorporó oportunamente tales planteos.
II. Comenzaré por abordar los agravios de la demandada a los rubros indemnizatorios reconocidos en la sentencia de la anterior instancia.
1. En lo relativo al daño emergente por la avería del automotor, la sentencia apelada consideró que la suma de $111.200 reclamada en la demanda, surge de los presupuestos de fs. 11 y 12, por las respectivas sumas de $55.200 y $56.000. Entendió que la autenticidad de esos presupuestos debe tenerse por acreditada con los informes (presupuestos actualizados en rigor) acompañados el 5/8/19 (del taller mecánico “el cuyano”, de Norberto Ramón Guardia, actualizado el 28/6/19 a la suma de $142.500, y del taller de chapa y pintura de José Luis Campagnale, actualizado el 15/06/19 a un monto de $140.000). La compañía demandada se agravia de que la sentencia haya considerado estos últimos presupuestos, que constituyen una actualización de los de fs. 11 y 12, en razón de haber desconocido oportunamente la autenticidad de los primeros. Al respecto, advierto que le asiste formal razón en tal aseveración, puesto que los presupuestos agregados con la presentación del 05/08/19, que, como dije, son reproducción de los primeros pero con valores actualizados, no prueban la autenticidad de aquellos, sino que incluso les concierne –por extensión- el mismo desconocimiento oportunamente efectuado por la compañía respecto de los primeros. Ello así por cuanto la parte actora no diligenció los oficios (ofrecidos y ordenados a fs. 20 y 100 respectivamente) tendientes a acreditar la autenticidad de los presupuestos de fs. 11 y 12 que acompañó al demandar, sino que agrego presupuestos actualizados de los mismos talleres. Esos presupuestos actualizados, sin haberse acreditado el diligenciamiento de oficio alguno, y sin ninguna nota o manifestación de sus autores dirigida al juez, no pueden importar la acreditación de la autenticidad de los primeros. Antes bien, como dije, les cabe el mismo cuestionamiento a la autenticidad que la parte demandada había formulado respecto de los primeros.
Sin embargo, cierto es también que el presupuesto proveniente del taller mecánico “El Cuyano” (fs. 12), quedó reconocido por su propietario, el Sr. Norberto Ramón Guardia, al rendir prueba testimonial (cf. audiencia videograbada a fs. 116 bis; art. 456 CPCC). Y, por su parte, si bien no puede predicarse lo mismo del presupuesto del taller de chapa y pintura de José Luis Campagnale (fs. 11), lo cierto es que habiéndose acreditado los daños sufridos por el automotor, debe procederse a su cuantificación en cumplimiento de la manda contenida en el art. 165 CPCC. En tal faena, no encuentro motivos para apartarme del valor en el consignado, pues pese a la ausencia de reconocimiento expreso por su autor, luce a mi juicio verosímil considerando los acreditados daños al vehículo conforme las restantes probanzas colectadas en la causa (vgr. fotografías de fs. 30/34, y valores de repuestos cotizados por L’Effort, concesionario oficial de citroen a fs. 35, actualizados en el informe acompañado el 07/08/19).
No obstante, asiste razón a la compañía aseguradora demandada en punto a que debió descontarse la suma de $4.000 correspondiente a la franquicia pactada, y la de $6.800 que la parte actora reconoció haber ya recibido de su parte. Ello pues, en punto a la primera, de la póliza nº 1087027 obrante a fs. 46/66 vta., surge que efectivamente las partes habían pactado una franquicia de $4.000 (ver cláusulas CG-DA 1. 1. y 3.2 a fs. 53vta. y 54vta./55, y frente de póliza a fs. 48 vta.). Por su parte, respecto de la suma de $6.800 que la demandada aduce que había ya abonado al accionante, también le asiste razón pues ello fue reconocido por el accionante en su demanda (fs. 15 vta./16) y oportunamente en la carta documento de fs. 9. Si bien al contestar agravios el actor se opone a la deducción de ambos conceptos aduciendo que ya habían sido “merituados en su oportunidad”, lo cierto es que en ninguna parcela de su escrito inicial resulta que al reclamar los daños a su automotor, el actor haya efectuado las pertinentes deducciones (ver demanda a fs. 17). De haberlo hecho, así debió afirmarlo en los términos del art. 330 inc. 4 CPCC.
En razón de lo expuesto, propongo hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la compañía aseguradora, reduciendo el monto indemnizatorio fijado en concepto de daños al automotor a la suma de $100.400 (arts. 3 CCCN; art. 118 LS; arts. 165, 330 inc. 4, 384 y 456 CPCC).
2. En lo concerniente al daño moral , la sentencia apelada recuerda que los arts. 1740 y 1741 del Código Civil y Comercial ya no distinguen entre responsabilidad contractual y extracontractual, y recogen los conceptos de reparación plena y precio al consuelo. Tras recordar el concepto de daño moral con cita de doctrina y jurisprudencia, entiende que el perjuicio espiritual alegado por la parte actora es consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de su compañía aseguradora, excede del riesgo propio y habitual de los negocios o la vida diaria, y lesiona un interés de afección. Cuantifica el daño en la suma de $40.000, adhiriendo al criterio de la C.S.J.N. que prioriza la "realidad económica", en el contexto de la verdad jurídica postulada en la sentencia, el derecho de propiedad del afectado y la defensa en juicio (cf. sent. CSJN del 15/10/96, publicada en L.L. 1995-E-104).
La compañía aseguradora esgrime, como se adelantó, que el perjuicio espiritual invocado por el actor no ha sido acreditado.
A fin de evaluar la procedencia de tal crítica, recuerdo inicialmente que la Suprema Corte provincial tiene dicho que el daño moral es “todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A., causas L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio”). Más específicamente, ha señalado que “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar.” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III, 635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737; B 67408, 31/10/2016, “M.,J. F...”; esta Sala, causas n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán"; n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; n° 54.862, del 23/10/11, “Miranda”; n° 59249, del 30/04/15, “Coz”; n° 60053, del 23/02/16, “Muñoz”, nº 61.570, “González, Maximiliano Gastón...”, del 09/03/17; causa nº 64.962, “Paris, Sergio Abel…”, del 12/05/2020 entre otras tantas).
Por su parte, esta Sala ha expresado que el daño moral puede ser concebido como el comprensivo “de todos los detrimentos espirituales no incapacitantes del actor, el dolor, las aflicciones, los padecimientos, desconsuelo, desdicha, congoja, que provocan malestar grave y que alteran la estructura de los pensamientos, emociones y sentimientos” (art. 1741 CCCN; esta Sala, sentencia única recaída en causas nº 61.417, “Latu …” y nº 61.459, “Corradi …”, del 07/03/2017; causas nro. 62.485, “Zampatti” y nro. 62.567, “Gorozo”, sent. única del 22/5/18). En esa línea, ha subrayado que “El padeciente de daño moral experimenta un estado anímico, emocional o psicológico negativo, displacentero, de malestar intenso; se trata de una vivencia experiencial, subjetiva y personal, con reducción de la energía vital o existencial que se traduce en variada sintomatología: tristeza, impotencia, desolación, desamparo, abatimiento, pesimismo, desgano, desinterés, dificultades para tomar decisiones. El sufriente, y dependiendo ello del distinto grado y afectación de su estructura psíquica y emocional, tiene una percepción negativa o distorsionada de la realidad (a raíz de la alteración de los pensamientos), que provoca repercusiones desfavorables en las emociones (ira, miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa) alterando los sentimientos (amor, fe, vergüenza, odio, culpa, envidia; arts. 1078 y 1741 CCCN).” (esta Sala, causa nº 63.411, “Degenhart Jesica Soledad…”, del 06/05/19).
Profundizando la noción del daño moral con los aportes de la neurociencia, el Dr. Galdós ha destacado que el daño moral “es el que altera la estructura de los pensamientos, emociones y sentimientos, provocando afectaciones corporales y mentales, que se externalizan mediante conductas reveladoras de una situación vivencial negativa. El daño moral comprende todos los detrimentos espirituales, emocionales, mentales, de la conciencia y de los sentimientos no incapacitantes; dolor, aflicciones, padecimientos, desconsuelo, desdicha, congoja, que generan malestar grave y que alteran la trilogía de pensamientos, emociones y sentimientos, generando reacciones internas y externas reveladoras de un estado de ausencia de bienestar y de esa situación vivencial negativa.” (Galdós, Jorge Mario, Hacia una nueva noción conceptual del daño moral. El aporte de las neurociencias, La Ley, 28/9/2020, 1; recientemente citado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 1, Primera Secretaría, de Santa Fe en los autos “Monzón, Matías Adriel…”, sent. del 13/11/20).
En el caso, la pericia psicológica del 30/6/2019 dio cuenta de que “el sujeto registra que la situación estresante y angustiante fue vivida por toda su familia como consecuencia de haberse quedado sin el vehículo que era de uso familiar, en aquel entonces eso ocasionó dificultades sobre todo en lo concerniente a estar con su hija lejos, en la ciudad de La Plata donde estudia, y no poder visitarla, acompañarla u ocuparse de sus requerimientos por no tener vehículo para movilizarse, además de la angustia que se desprende del hecho de tener un auto, un seguro en regla y no tener respuesta para poder repararlo. También se observa angustia en el hecho de seguir sin resolver un problema que debería haber sido simple, lo pone en una situación compleja en la que ya está demasiado expuesto, y le resulta agobiante. En el examen actual se observa un sujeto fuerte, y con capacidades psíquicas saludables y estables. Es claro el hecho de que no es entendible para el sujeto la situación en la que tiene que participar, ya que es un sujeto correcto, que suele estar en regla con los aspectos de su vida. Necesita ser resarcido por el daño de su vehículo sin lugar a dudas”.
Partiendo de la base dogmática antes desarrollada, advierto que la pericia psicológica transcripta en su parte pertinente, describe aflicciones y padecimientos que encuadran en la noción de daño moral, por lo que no abrigo dudas de que como consecuencia del obrar antijurídico de la accionada, el actor ha experimentado pensamientos, emociones y sentimientos constitutivos de un estado vivencial negativo, y por ello erosivo de su bienestar psicofísico que debe repararse.
En punto a la suma de $40.000 en que la sentencia apelada cuantificó el rubro, recuerdo que el art. 1741 C.C.C.N. determina que el monto de la indemnización por las consecuencias no patrimoniales “debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” , recogiendo así la conceptualización del daño moral como el “precio del consuelo”, receptada por la Corte Suprema Nacional en los autos “Baeza” (C.S.J.N., 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con nota del Dr. Jorge Mario Galdós en R.C.y S. 2011-XII, 259) e invocada por esta Sala en numerosos pronunciamientos (vgr. causas n° 52818, “Etcheverry”, del 11/08/11; n° 54327, “Ricco” y n° 54328, “Lancioni”, sent. única del 01/03/12; n° 57.090, “Pérez...”, del 27/03/13; n° 58.109, “Montesano…”, del 20/2/14; n° 59.068, “Roldán…”, del 18/2/15; n° 60135, “Genta”, del 29/12/15, entre otras tantas).
En autos, estimo que la suma fijada en la anterior instancia luce proporcionada a la situación fáctica acreditada, pues dado el incumplimiento de la aseguradora (para cuya justificación la mencionada no brindó explicación alguna ; ver contestación de demanda de fs. 70/79 que se limitó a la oposición de la excepción de prescripción y a una negativa general de los hechos), el accionante, que contaba con su seguro automotor al día, debió esperar más de un año para poder reparar el único vehículo familiar con que contaba (cf. demanda a fs. 17, confesional del actor y declaración testimonial del productor de seguros Martín Acosta, videogravadas en CD de fs. 116 bis ). Ese sólo hecho, con las considerables implicancias y contratiempos que, como lo destacó el actor en su demanda (fs. 16vta., 17 y 18 y vta.), de ordinario acarrea en la vida cotidiana familiar, laboral, escolar, social y recreativa la carencia de un medio de transporte propio, sumado a las circunstancias familiares descriptas en la demanda y en la pericia (particularmente, una hija estudiando en la localidad de La Plata), me convencen no sólo, como dije, de la acertada procedencia del rubro, sino también de que en el marco de la realidad económica actual, la suma de $40.000 reconocida en la anterior instancia no resulta excesiva (arts. 1740 y 1741 CCCN; arts. 165, 384 y 474 CPCC).
Por tal razón, propongo rechazar el agravio de la compañía aseguradora, y confirmar el decisorio apelado en cuanto hizo lugar a la reparación del daño moral, y lo justipreció en la suma de $40.000 (arts. 1, 2, 3, 1738, 1740, 1741 y ccds CCCN; arts. 165, 375, 384 y 474 CPCC).
3. Para hacer lugar a la reparación del daño por privación de uso por la suma de $8.000, la sentencia consideró -con sustento en el principio iura novit curia- que en realidad el actor reclamó tal concepto indemnizatorio, y no el lucro cesante como erróneamente consignó en su demanda. La compañía demandada entiende que al recalificar el rubro en los términos indicados, la decisión apelada vulneró el principio de congruencia pronunciándose sobre lo que no le fue solicitado.
A mi entender el mencionado agravio no puede ser de recibo toda vez que de los términos de la demanda incoada (fs. 17 y vta.), surge claro que efectivamente lo requerido fue la reparación del daño emergente por privación de uso del automotor y no la reparación del lucro cesante proveniente de tal privación (sobre tal distinción, esta Sala, causa nº 60.346, "Di Tomaso...", del 10/05/16). En consecuencia, advierto que al proceder del modo antes descripto, el judicante no sólo actuó en ejercicio de una potestad propia, sino de lo que constituye un verdadero deber; el de calificar jurídicamente “las pretensiones deducidas en el juicio” (art. 163 inc. 6 CPCC). Y para ello, no es ocioso destacar, no le fue menester efectuar ningún especial esfuerzo interpretativo -dada la suficiente claridad de los fundamentos esgrimidos por el actor-, bastando tan sólo la corrección de la errónea nómina “lucro cesante” con
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