Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 66262
Causa nº: 2-66262-2020
"RIVAROLA JOSE HORACIO C/ UNIVERSIDAD SIGLO 21 S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, al día uno del mes de junio de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “RIVAROLA José Horacio C/ Universidad Siglo 21 S/ Daños y Perjuicios- incump. Contractual (Exc. Estado) ” (causa n° 66.262). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra- ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 30/04/2020?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
I. La sentencia apelada del 30/04/2020, hizo lugar a la acción de daños y perjuicios entablada por José Horacio Rivarola , condenando a la Universidad Siglo 21 a reparar los perjuicios derivados de la demora en la entrega del título de procurador al actor, y la deficiente información a él brindada al inscribirlo en la carrera de abogacía a distancia, respecto de la obligación de rendir dos exámenes presenciales en la ciudad de Córdoba.
Para así decidir, la sentencia recurrida comenzó por destacar que en atención al tiempo de los hechos (acaecidos entre los años 2012 y 2018), resulta aplicable el Código Civil, salvo respecto de los perjuicios posteriores a agosto de 2015 en que corresponde estar al nuevo Código Civil y Comercial. Consideró al vínculo jurídico habido entre las partes como una relación de consumo (cf. art. 19 Ley 24.240), dada en el marco de un contrato de enseñanza privada, por lo que aclaró que las normas más favorables al consumidor resultan de aplicación inmediata acorde el art. 7 CCCN. Tras efectuar referencia al marco normativo que regula las instituciones de enseñanza privada (particularmente, la Ley de Educación Nacional n° 26.026 y la Ley de Educación Superior n° 24.521 ), a los derechos y obligaciones sustanciales que de él emanan, y particularmente, a la autonomía académica e institucional propia de las universidades, descarta que pueda mediar responsabilidad de la demandada producto de la modificación del plan de estudios .
Sin embargo, entendió que sí cabe responsabilizar a la accionada por incumplimiento del deber de información y adecuada publicidad, al no haber referido al actor al tiempo de inscribirse en la carrera de abogacía a distancia, la existencia de exámenes presenciales a rendir en la ciudad de Córdoba. Para arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta las declaraciones de la testigo Aldayturriaga, quien era empleada de la demandada e inscribió al actor en la universidad, en cuanto declaró no recordar haber informado fehacientemente al accionante sobre la existencia de tales exámenes presenciales, pues en tal época no tenía conocimiento de que ello fuera así. Ponderó además las declaraciones de la mencionada de que en las capacitaciones que luego realizó como empleada, se le requirió que no hiciera hincapié en los aludidos exámenes presenciales para no recibir cuestionamientos del potencial alumnado.
En ese marco, y siguiendo a la doctrina, destacó el sentenciante que en el ámbito de la educación la ética de la publicidad debe extremarse, y recordó las recaudos e importancia del cumplimiento del deber de información que recae sobre todo proveedor en los términos de la Ley 24.240. Añadió que no surge de la documental acompañada por el accionante –no desvirtuada por prueba en contrario de la accionada- que la publicidad de la carrera refiriera claramente la obligatoriedad de exámenes presenciales, y que, por el contrario, dicha publicidad promovía la educación a distancia, sumado a que, conforme las declaraciones de la antedicha testigo, el actor no fue informado de los aludidos exámenes presenciales.
Por otra parte, tuvo por acreditado que el accionante solicitó su título de procurador en agosto de 2015 , conforme los testimonios de las Sras. Seimann y Aldayturriaga, y la concordancia con las asignaturas necesarias al efecto, acorde el informe del Ministerio de Educación de fs. 231/232 y el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de fs. 147 vta. Tuvo por probado también con el informe de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGFU; fs. 214), que tras la expedición de un primer certificado analítico y un título de procurador (el 19/04/16) con error en el nombre del actor, la misma universidad expidió luego un duplicado del diploma y certificado analítico de procurador, que fueron retirados de la DNGFU el 26/01/18. Concluyó entonces el sentenciante que el título de procurador recién fue entregado en debida forma al Sr. Rivarola al cabo de tres años de su solicitud , sin que la accionada haya justificado el por qué de la demora e incumplimiento del plazo máximo legal ( 120 días, cf. art. 40 Ley 24.521 , texto según Ley 26.002).
Sobre esa base, y con los fundamentos que en su caso se referirán al abordar las críticas a los rubros indemnizatorios concedidos, condenó a la accionada a abonar al actor la suma de $400.000 en concepto de lucro cesante y $250.000 en razón del daño moral (en ambos casos más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco Provincia desde la mora determinada el día 02/01/16), así como la de $500.000 en concepto de daño punitivo; rechazando, por el contrario, la pretendida rescisión contractual y repetición de lo pagado por el accionante en el curso de sus estudios.
II. Contra la reseñada decisión, interpusieron recurso de apelación el accionante (recurso que fue declarado inexistente por falta de firma, y a todo evento extemporáneo; cf. despacho del 03/06/2020), así como la universidad condenada, por escrito del 28/05/2020. En sus agravios del 09/10/2020, ésta critica primeramente que se haya entendido aplicable la normativa consumeril. Ello pues, a su entender, el alumno es un estudiante y no un consumidor, y la educación no es una cosa o un servicio, sino un derecho, regulado por la Ley de Educación Superior Nº 24.521. Argumenta que el Juez yerra al referir que los servicios educativos son ofrecidos en el marco de una organización empresarial, desde que las fundaciones -como es su caso- requieren autorización para funcionar, cumplen un fin social y no poseen fin de lucro, por lo que la universidad destina todo su producido a la mejora de la educación impartida.
En lo concerniente a la responsabilidad que se le atribuye por incumplimiento del deber de información y adecuada publicidad, destaca que al momento de la inscripción (febrero del 2012), el actor no fue informado de los exámenes presenciales ya que ellos no formaban parte del plan de estudio. El cambio de plan de estudio, donde se agregan los exámenes EFIP (Examen Final Integrador Presencial) y por consiguiente el titulo intermedio, fue en el año 2013. Por ello, subraya, la información que fue brindada al actor por el personal de la facultad fue la correcta y no fue incompleta. Esgrime que al valorar la prueba documental del año 2012 aportada por el accionante, el Juez no tuvo en cuenta que, como dijo, en dicho año no hubo cambio de plan de estudio y no existían los exámenes presenciales.
Finalmente, se agravia del reconocimiento y cuantía de los rubros indemnizatorios admitidos en la anterior instancia.
Corrido el traslado de ley, con fecha 26/11/2020 contesta agravios el accionante. Evacuada con fecha 24/02/21 la vista conferida al Ministerio Público Fiscal; llamados los autos para sentencia, firme esa providencia y efectuado el respectivo sorteo, se encuentran estas actuaciones en condiciones de ser abordadas.
III. 1. Del relato que antecede, surge que llega consentida a esta instancia la responsabilidad endilgada a la accionada por entrega tardía del título de procurador . La cuestión ha quedado circunscripta entonces a revisar la responsabilidad que también se le atribuyó por incumplimiento del deber de información y adecuada publicidad , y, finalmente, a la revisión de la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios concedidos.
Procede valorar inicialmente la procedencia de las críticas de la demandada al encuadre jurídico que la sentencia apelada dio al vínculo que mantenía con el accionante; esto es, una relación de consumo. Los cuestionamientos de la mencionada que se basan en el hecho de encontrarse constituida como una fundación –con la consecuente ausencia de fin de lucro propia de estas personas jurídicas; art. 193 CCCN-, y en la índole del servicio prestado –educación-, no pueden ser de recibo.
En primer término, es dable destacar que el art. 2 de la Ley 24.240 (al igual que el art. 1.093 CCCN) no supedita el concepto de “proveedor” a la existencia de una finalidad lucrativa o al tipo social adoptado por la persona jurídica , sino que cualquier persona jurídica, sea cual sea la forma constitutiva que adopte, sea pública o privada, es “proveedor” en tanto y en cuanto, desarrolle “de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios...”. Siendo que sin duda la demandada produce y comercializa servicios educativos de manera profesional, como da cuenta la documentación obrante a fs. 15/18 y resulta del amplio y descriptivo informe de la CONEAU de fs. 122/166, su carácter de “proveedora” en términos jurídicos es manifiesto . Así lo entendió la sentencia apelada, así como el Ministerio Público Fiscal en su vista presentada el 24/02/21 a cuya lectura y fundamentos me remito para mayor brevedad. En consecuencia, la demandada se encuentra sujeta, sin más, a las previsiones de la Ley 24.240, pues como lo enfatiza el precepto citado en la parte final de su segundo párrafo, “Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.”
Lo propio cabe decir de la alegación de la apelante de que la educación no es un servicio sino un derecho. Como bien lo pone de relieve el agente fiscal, ambas facetas coexisten, siendo tan evidente que la educación es un derecho, como que quien la brinda presta un servicio (así lo califica la Ley de Educación Superior 24.521 en varias partes de su articulado; vgr. arts. 13 inc. d, 28 inc. d, 29 inc. e, 59 inc. c etc.). De manera tal que no abrigo dudas de que esta parcela de los agravios de la recurrente no puede ser acogida, debiendo confirmarse el decisorio de la instancia anterior en cuanto calificó la relación jurídica de las partes como una relación de consumo (arts. 1 y 2 Ley 24240; art. 1093 CCCN; art. 384 CPCC).
2. Dicho ello, procede analizar el segundo agravio de la demandada, que cuestiona la responsabilidad que se le endilgó por incumplimiento del deber de información y adecuada publicidad, al no haber informado al actor al momento de su inscripción en la carrera de abogacía a distancia, que debía rendir dos exámenes presenciales en la Universidad de Córdoba. Para desvirtuar tal aspecto del decisorio, la demandada argumenta en sus agravios que al momento de la inscripción del accionante, no se le informó de los exámenes presenciales en tanto “el personal no podía brindar información que no existía y que no formaba parte del plan de estudio, siendo los exámenes a distancia (…) el Sr. Rivarola se inscribió en febrero de 2012 y el cambio de plan de estudio, donde se agregan los exámenes EFIP (Examen Final Integrador Presencial) y por consiguiente el titulo intermedio, fue en el año 2013. Es por ello que, la publicidad y/o información que fue brindada por personal de la facultad y receptada por el Sr. Rivarola fue la correcta y por ende bajo ningún punto de vista fue falsa e incompleta.”
Al contestar el traslado de la expresión de agravios, el actor sostiene que “la demandada miente porque al momento de la inscripción existían los exámenes presenciales en Córdoba para la modalidad de estudios a distancia, pero omitía tal información porque conocía que esto desalentaba la inscripción (…). La reforma implementada en el año 2013 implicó que la carrera promocionada a cuatro años se extendiera por uno más, con el agregado de materias y la obtención del título de Procurador al tercer año. De ninguna manera se agregaron los exámenes EFIP presenciales en Córdoba porque ya existían.”
En ese marco, lo cierto y lo concreto es que de ninguna de las probanzas obrantes en autos, surge el momento en que fueron incorporados los exámenes presenciales en la ciudad de Córdoba a la carrera de abogacía a distancia (o si fueron coetáneos a su creación), siendo la demandada la que, en todo caso, se encontraba en condiciones de acreditar tal extremo fáctico (art. 375 CPCC, arts. 1734 y 1735 CCCN) . El hecho de que recién en el año 2013 se hubiera otorgado validez nacional al título de procurador , por la Resolución n° 1437 del Ministro de Educación Nacional, emitida el 01/07/13 y cuya copia obra a fs. 229 vta./233 vta., no demuestra, de por sí, que los exámenes presenciales en Córdoba –puntualmente el EFIP 1-, no existieran con anterioridad . Ello pues nada obsta a que la carrera de Abogacía a distancia tenga previsto un examen presencial integrador intermedio. De hecho, el Sr. Fabrizio Cravero, que trabaja en la Secretaría Académica de la Universidad, refiriéndose a la carrera de abogacía a distancia en la que estaba inscripto el actor, describió al EFIP 1 como “un examen integrador en el cual, si es reprobado, no te permite avanzar en la carrera”. Paralelamente, refirió que “al alumno de abogacía que ha rendido determinadas materias se le puede hacer entrega del título de Procurador si así lo requiere” (ver fs. 256 y vta.) . De manera que queda claro a mi juicio que el EFIP 1 –al igual que el EFIP 2- es obligatorio en la carrera de abogacía, independientemente de que el alumno requiera o no la expedición del título de procurador. Por ello, en todo caso, era necesario que la universidad demandada probara lo que ahora aduce de que el examen presencial EFIP 1 recién se previó cuando se incorporó el título de procurador en el año 2013. Ello sin omitir, no obstante, que tal explicación no fue introducida al contestar demanda, y que, además, sólo atañe al EFIP 1 y no al EFIP 2, de cuya existencia tampoco se habría informado al accionante.
Por lo demás, la prueba testimonial obrante en autos contradice la afirmación de que los exámenes presenciales no existían al momento de la inscripción del Sr. Rivarola . En efecto, la testigo Aldayturriaga, que manifestó reiteradamente que el actor fue uno de los primeros alumnos a quienes inscribió (refirió haberlo inscripto la primera o segunda semana después de haber empezado su vínculo laboral), declaró no recordar si le había brindado información sobre los exámenes presenciales, explicando el origen de su duda en que “mis primeros informados no recibieron esa información de mi parte porque yo no la tenía….”. A la pregunta ampliatoria de la parte demandada de por qué no tenía esa información , la mencionada respondió “porque no recibí la información correcta de mis empleadores” (cf. audiencia videogravada en CD titulado “Testimoniales 3 y 4”, agregado a fs. 296) .
Con lo dicho, incumplida la carga probatoria que pesaba sobre la demandada (art. 375 CPCC; arts. 1734 y 1735 CCCN) , queda subsistente el fundamento medular por el cual el decisorio apelado consideró vulnerado su deber de información y adecuada publicidad; esto es, la falta de oportuna advertencia al accionante sobre la existencia de exámenes presenciales en la ciudad de Córdoba. En consecuencia, siendo que la mencionada se limitó a cuestionar la existencia de tal actuar antijurídico , dejando incólumes los demás argumentos del sentenciante relativos a los restantes presupuestos de la responsabilidad (ver fs. 273 vta. y 274), propongo, sin más, rechazar sus agravios y confirmar la sentencia apelada en cuanto la consideró responsable por incumplimiento del deber de adecuada información y publicidad (art. 4 Ley 24240; arts. 1, 2, 3, 5, 7, 1734 y 1735 CCCN; arts. 260, 375, 384, 456 y ccds. CPCC).
IV. 1. Procede ahora abordar las críticas de la accionada en relación con los rubros indemnizatorios reconocidos en el decisorio apelado. Para hacer lugar al rubro pérdida de chance por la suma de $400.000, la sentencia consideró las declaraciones de los testigos Víctor Hugo Salas, Julio César Barbieri y Tomás González Campano (ver los CD de “testimoniales 1 y 2” y de “testimoniales 3 y 4”, obrantes a fs. 296), en cuanto manifestaron haber requerido asesoramiento jurídico al actor para diferentes asuntos, debiendo éste derivarlos a otro profesional por no contar con el título de procurador.
La demandada esgrime que el rubro no puede tenerse por acreditado sólo con tres testigos, y que su cuantía resulta excesiva por carecer de sustento fáctico.
En punto a lo primero, no advierto en las circunstancias del caso qué otra prueba diferente a la testimonial podría haber acercado el accionante para acreditar el perjuicio bajo análisis. Pero además, a mi juicio, las aludidas declaraciones resultan lo suficientemente verosímiles y convincentes en punto a que es altamente probable que los antedichos testigos -que mantenían una relación de cercanía y confianza con el actor- hubieran requerido sus servicios de haber sido ello posible (arts. 456 y 384 CPCC).
No obstante, debo admitir que el monto concedido en tal concepto en la instancia anterior resulta excesivo , asistiéndole a la demandada razón en ese aspecto. Ello así desde que, descartado que el retraso del título de procurador haya demorado el de abogado emitido por la Universidad Blas Pascal (cf. la sentencia apelada, firme en ese aspecto), debe ponderarse que acorde la demanda (ver fs. 43 vta./45 vta.), el único perjuicio a considerar en este rubro es la imposibilidad de aceptar el asesoramiento requerido hacia fines de 2016 o principios de 2017 por los tres testigos antes mencionados. El actor, vale destacar, no refirió ni acreditó la existencia de otras posibles oportunidades de ganancia frustradas (como podría haber sido, vgr. la frustración de la posibilidad de ser contratado por un estudio jurídico como procurador), de manera que no procede presuponerlas (art. 330 incs. 3 y 4 CPCC; 163 inc. 6 CPCC).
Dicho lo que antecede, lo cierto es que dos de los aludidos testigos (Julio César Barbieri y Tomás González Campano; ver CD “testimoniales 3 y 4”, agregado a fs. 296) refirieron que sus motivos de consulta fueron juicios de divorcio. Frente a ello, no puede obviarse que conforme el art. 70 inc. 1 de la Ley 5177, en tales procesos judiciales el actor hubiera podido representar a sus clientes, pero no hubiera podido patrocinarlos, requiriendo a ese fin la asistencia de un letrado (salvo para las excepciones previstas en el inciso 2 del citado precepto; en general, escritos de mero trámite). Es que conforme los arts. 71 y 72 de la aludida ley, los procuradores sólo pueden prescindir de dirección letrada en los juicios ejecutivos y de desalojo (con la salvedad, incluso, de los juicios hipotecarios, las audiencias y los incidentes en que haya contienda de partes; en tal sentido, puede verse, Toribio Enrique Sosa, Honorarios de abogados Ley 14.967 , 2ª ed. Librería Editora Platense, La Plata, 2018, pág. 70, entre otros). Lo dicho es conteste, vale destacar, con el alcance que la
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