Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69181
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la resolución apelada, y disponer que el caso se juzgue bajo la normativa del consumidor que resulte aplicable (art. 42, C.N.; Ley 24.240; art. 1092 y ss., CCCN).
2Con costas de ambas instancias a las demandadas que resultan vencidas (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
3Diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-69181-2022
"INGENIERIA Y EJECUCION DE PROYECTOS S.A. C/ ROAS SACIF Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los treinta días del mes de marzo del año Dos Mil Veintitrés, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), el Señor Juez de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctor Víctor Mario Peralta Reyes, y las Señoras Juezas de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala I, Doctoras Yamila Carrasco y Lucrecia Inés Comparato, con quienes se integró la Sala debido a la excusación de la Dra. María Inés Longobardi, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Ingeniería y Ejecución de Proyectos S.A. c/. Roas SACIF y otro/a s/. Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)" (Causa Nº 69.181), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Carrasco y Dra. Comparato.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la resolución del 21-3-22?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. El 16-7-19 “Ingeniería y Ejecución de Proyectos S.A.” demandó a “Roas SACIF” (concesionaria vendedora) y a “FORD Argentina SCA” (fabricante), en virtud de la falla suscitada durante el plazo de garantía en la camioneta 0km Ford Ranger dominio AC281QY que compró a Roas, y que –afirmó- no fue reparada satisfactoriamente por ésta.
Reclama la sustitución por un vehículo 0km igual o de similares características (o, en subsidio, la indemnización del valor venal), más los daños y perjuicios y el daño punitivo. Solicitó que se juzgue el caso bajo las previsiones de la Ley 24.240 y del artículo 1092 y concordantes del Código Civil y Comercial, debido a su condición de persona jurídica consumidora. Y relató que la camioneta es utilizada “por los dos socios de la empresa para cuestiones particulares (dado que son cónyuges), y para trasladarse en forma diaria a su lugar de trabajo”, resaltando así el uso mixto del vehículo (fs. 99).
2. Sin embargo, la sentencia del 21-3-22 ponderó que la actora es una sociedad anónima que adquirió el bien para aplicarlo a un fin comercial o lucrativo de su objeto social, y que por ello no puede descartarse su uso profesional. A partir de estos elementos concluyó que no se verifica una relación de consumo, por lo que rechazó aplicar la normativa tuitiva.
3. La actora apeló (23-3-22), siéndole concedido el recurso en relación (30-3-22), que fundó en tiempo (4-4-22).
Alegó que el vehículo fue adquirido para ser utilizado en el ámbito empresarial, familiar y personal por los cónyuges Diego A. Porta y Nancy Patricia Fernández, que son socios del 100% del capital social y únicas dos personas autorizadas a circular con la camioneta, y además no son titulares de ningún vehículo. La camioneta no ha sido utilizada para traslado de personal ni de carga y tampoco fue incorporada al proceso productivo.
Abrevando en la modificación introducida por la ley 26.631 al artículo 2 de la Ley 24.240, alegaron que una persona jurídica –sociedad anónima, en el caso- puede ser considerada consumidora, cuando en el marco de una relación: exista debilidad estructural concebida en términos de profesionalidad o falta de idoneidad técnica; la adquisición o utilización del bien o servicio constituye un valor de uso que no se incorpora directamente a la cadena de producción; el “dimensionamiento” empresarial entre proveedor y adquirente o usuario permite predicar que existe un desequilibro que amerita la tutela del plexo consumeril.
Y destacó que habiendo advertido que se trata de un caso de consumidor mixto (fin tanto privado como profesional o productivo), la sentencia debió aplicar el derecho de consumo.
Ninguna otra parcela de la resolución fue criticada (arts. 260 y 266, CPCC).
4. En fechas 20-4-22 y 21-4-22, respectivamente, “Ford Argentina S.C.A.” y “Roas SACIF” contestaron el traslado del memorial. El Fiscal General es expidió el 1-8-22.
5. Practicado el sorteo, corresponde resolver.
II. La temática que toca esclarecer es si corresponde considerar consumidora en los términos de la normativa tuitiva, a la sociedad anónima familiar adquirente de una camioneta Ford Ranger.
1. Pues bien, conforme doctrina del tribunal “se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (cfr. art. 1092 del Código Civil y Comercial; art. 1° de la ley 24.240 -según ley 26.994 que unificó el concepto en ambos textos-) (…) El concepto jurídico de consumidor se asienta sobre dos ejes: la vulnerabilidad o debilidad del sujeto pasible de protección, y el destino final de los bienes, en el sentido de que deben utilizarse para beneficio propio o del grupo familiar (cfr. conclusiones de las XXII y XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, referidas por Hernández, Carlos, Relación de Consumo, Tratado de derecho del consumidor, Gabriel Stiglitz y Carlos A.
Hernández (Dir.) Tomo I, Buenos Aires, Ed. La Ley 2015, pág. 417 nota 94). Analizando el destino de los bienes o servicios prestados señala Santarelli que “consumo final alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo” (Santarelli, Fulvio G. “Ley de Defensa del Consumidor”, Picasso-Vázquez Ferreyra (Directores), Tomo I, Ed. La Ley, Buenos Aires 2009, pág. 30).(…) En este mismo sentido este Tribunal ha señalado que: “consumidor final es quien adquiere bienes o servicios sin intención de obtener una ganancia por su posterior enajenación, ni de emplearlos en un proceso de producción o comercialización de bienes o servicios destinados al mercado” (Farina, Juan M.
“Defensa del consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, 2004, pág. 45 y ss)” (Sala I, causa n° 60.386, del 21/10/15 “Fideicomiso…”; 61.332, del 18/8/16 ,“Banco Provincia c/ Calvo..”)” (esta Sala, causas n° 61.713, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Marrero…” del 21/03/17; n° 65.332, Gallo, Fabián César c/ Coopelectric…” del 24/6/21). También ha dicho esta Sala que en materia de consumo “todas las operaciones jurídicas realizadas sin motivos profesionales están alcanzadas por la normativa tutelar. Ahora bien, el ámbito de la profesionalidad presenta fronteras no muy precisas, por lo que tanto la jurisprudencia como la doctrina han ido ampliando y restringiendo el ámbito de aplicación del régimen protectorio…” (esta sala, causa n° 65.332, cit., que cita a Fulvio G.
Santarelli, “Ley de Defensa del Consumidor”, Picasso-Vázquez Ferreyra (Directores), Tomo I, Ed. La Ley, Buenos Aires 2009, pág. 30).
Asimismo, se ha destacado que “en determinadas circunstancias un comerciante, sea persona física o jurídica, puede presentar la misma hiposuficiencia económica, jurídica, técnica o informativa que un consumidor; asimetría que se manifiesta a su vez en la falta de dominio de la prestación característica del contrato (cf. Valicenti, Ezequiel, “El problema del empresario- consumidor. Las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios”, La Ley, DJ30/11/2016)” (esta Sala, causa n° 65.332, cit.).
Por ello, en supuestos como el de autos en los que por tratarse de una sociedad anónima el carácter de consumidora no se impone por su propia evidencia en su consideración con el plexo normativo vigente, la admisión de tal condición debe examinarse con criterio restrictivo, pues “las adquisiciones de bienes o servicios que hacen las personas jurídicas que persiguen fines lucrativos son, en el orden normal y natural de las cosas, para integrar unos u otros a procesos de producción, transformación, comercialización o prestaciones a terceros, en tanto que en el común de las veces, esa es su finalidad y única razón que las justifica” (CNCom., sala D, 9/5/2019, “Hojobar S.A. c. Volkswagen Argentina S.A. s/ ordinario”).
Y en esa tarea de esclarecimiento, “todas las pautas delimitadoras construidas por la doctrina y la jurisprudencia son igualmente válidas y pueden adscribirse al enunciado normativo dispuesto en la ley (art. 1092 CCC y art. 1 LDC)” (cf. Valicenti, op. cit.), siempre y cuando –agrego- sean razonables en su aplicación al caso concreto (art. 3, CCCN).
2. Pues bien, en el sub-exámine está demostrado que el 100% del capital de la sociedad anónima (de $100.000 al 13-5-13) fue suscripto íntegramente por Diego A. Porta y Nancy Patricia Fernández (cf. copias certificadas de escritura constitutiva y actas de directorio de fs. 15/28, 31 y 33). Es decir, se trata de una sociedad comercial de neto corte familiar cuyo capital social –de escasa cuantía- está repartido desde su constitución entre los integrantes del matrimonio Porta-Fernández (copia certificada de acta de matrimonio de fs. 34/35), socios que, además, ejercen los cargos de director y presidente, respectivamente (cf. copia de escritura de fs. 12/14; fs. 31 y 34/35, cits.).
Además, cabe destacar que el objeto de la sociedad está orientado -de modo principal- a la provisión de servicios relacionados con la construcción, lo que se condice con la profesión de sus dos únicos socios, que son ingenieros (ver lo consignado a fs. 15/28 y 34). De ello se sigue que la camioneta sobre la que gira el litigio representa para la sociedad un bien de uso –y no de cambio-, que por lo tanto no ha sido afectada por la sociedad adquirente a la cadena de comercialización, toda vez que no se relaciona ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella (cf. Nager-Chamatropulos, op. cit.).
Por otra parte, la actora afirmó que los socios no son titulares de ningún vehículo y, sobre la base del informe de dominio expedido en fecha 7-6-19, indicó que son ellos las dos únicas personas legalmente autorizadas para conducir la Ford Ranger AC281QY, lo que demuestra el destino de uso personal, familiar o social –además del productivo- que le dan sus socios (fs. 40/43). En suma, en atención a la pequeña dimensión económica y a las características de la sociedad familiar, es dable presumir que, en el caso, se da un supuesto de destino mixto ya que el rodado es utilizado promiscuamente para el disfrute personal de los socios pero también forma parte de la actividad de la empresa, y sin que pueda afirmarse que éste último destino sea el principal (cf. Nager-Chamatropulos, op. cit.).
En efecto, al margen de la avería que desencadenó este pleito, la utilización exclusivamente por parte de los dos socios (con exclusión de terceros, como podrían ser empleados de la empresa comercial), explica el excelente estado de conservación general constatado por el perito Marcos Alberto Behotás, quien aseguró que la camioneta “NO se observa haber sido marcada por materiales de la construcción…No se observa haber sido usada…a su máxima capacidad de carga o como camioneta de acarreo de materiales”, y que “[E]l interior del habitáculo se encuentra sin detalles en sus asientos como tampoco existe en el tapizado de puertas o techo elementos rotos o con detalles de mal uso de conservación” (cf. explicaciones del 1-12-21; arts. 163 inc. 5, 375, 384, 474 y ccs., CPCC).
3. El panorama fáctico y jurídico descripto en los puntos precedentes demuestra que la sociedad anónima actora reviste la condición de consumidora en su relación con las demandadas -concesionaria y fabricante- con respecto a la camioneta Ford Ranger que adquirió, lo que impone juzgar el caso bajo el plexo protectorio (Ley 24.240; art. 1092 y ss., CCCN).
No se pasa por alto que, por regla, un automotor de estas características está orientado a participar de la actividad comercial de la sociedad anónima adquirente, ya que no puede descartarse “ab initio” que su uso esté vinculado con alguna de las actividades habituales que hacen a su objeto social (cf. Valicenti, op. cit.; CNCom., sala D, 9/5/2019, “Hojobar S.A. c. Volkswagen Argentina S.A. s/ ordinario”). Por ello se dice que a las personas jurídicas “les resultará más dificultoso en los hechos demostrar que constituyen un sujeto tutelable”, puesto que “un grandísimo número de las personas jurídicas son sociedades que, como tales, se constituyeron para ejercer el comercio, a través del desenvolvimiento de una determinada actividad económica”, (Demetrio Alejandro Chamatropulos, “Estatuto del Consumidor Comentado”, T. I, 2da ed., LALEY, pág. 92).
Sin embargo, también se pueden presentar situaciones de “integración parcial” en las que “el bien utilizado ostenta una finalidad mixta” como pasaría, por ejemplo, “con un rodado afectado a una actividad de venta, pero que, los fines de semana, es usado por el dueño de la empresa para su disfrute personal” (cf. Chamatropulos, op. ciy. pág. 79).
Precisamente esto último es lo que ocurre en el supuesto bajo examen, en cuyo marco los elementos reunidos demuestran que los cónyuges y únicos dos socios de la sociedad anónima han hecho un uso social, familiar o personal del vehículo, configurativo de un destino mixto que provoca su aprehensión por la normativa tuitiva.
El caso difiere así de otros precedentes de la Cámara Departamental en los que se resolvió no aplicar la normativa del consumidor, sea porque por su propia naturaleza “el tractor adquirido por el actor estaba destinado a un uso productivo” (Sala I, causa n° 56.267 del 26-6-12, “Ocampo…”), sea porque el automotor asegurado tenía un claro destino comercial y/o productivo, no habiéndose probado un uso mixto (Sala I, causas n° 64.157 del 19-9-19, “Banquero…”; y n° 65.031 del 4-6-20, “Leber…”), sea porque la sociedad anónima actora “no revistió siquiera el carácter de consumidor mixto, es decir no destinó la camioneta comprada para uso comercial y familiar del presidente de la sociedad” (Sala II, causa n° 65.838 del 17-12-20, “Ercom S.A…”).
Bajo estas condiciones, la sociedad anónima actora reviste carácter de consumidora en el puntual vínculo contractual con Roas SACIF y, por añadidura, con Ford Argentina SCA, derivada de la adquisición de la camioneta Ford Ranger 0km y corresponde juzgarla por las normas protectorias pertinentes (art. 42, C.N.; arts. 1, 2, 3, 40 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092 y ss., CCCN).
4. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la resolución apelada, y disponer que el caso se juzgue bajo la normativa del consumidor que resulte aplicable (art. 42, C.N.; Ley 24.240; art. 1092 y ss., CCCN); con costas de ambas instancias a las demandadas que resultan vencidas (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, las Dras. Carrasco y Comparato adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la resolución apelada, y disponer que el caso se juzgue bajo la normativa del consumidor que resulte aplicable (art. 42, C.N.; Ley 24.240; art. 1092 y ss., CCCN); con costas de ambas instancias a las demandadas que resultan vencidas (arts. 68, 69 y 274, CPCC); diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, las Dras. Carrasco y Comparato adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 30 de marzo de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la resolución apelada, y disponer que el caso se juzgue bajo la normativa del consumidor que resulte aplicable (art. 42, C.N.; Ley 24.240; art. 1092 y ss., CCCN). 2) con costas de ambas instancias a las demandadas que resultan vencidas (arts. 68, 69 y 274, CPCC). 3) diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2023 09:54:51 - PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 12:16:34 - CARRASCO Yamila - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 12:18:39 - COMPARATO Lucrecia Inés - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 12:24:25 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/03/2023 13:51:36 hs. bajo el número RS-42-2023 por Camino claudio.
Fin de la sentencia