Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97756
En la ciudad de Dolores, a los doce días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa N° 97.756, caratulada: "TORRES RAUL Y OTRO/A C/ EDEA S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 de CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Doctores Mauricio Janka y Silvana Regina Canale. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S 1a) ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 980/1009? 2a) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:I. La sentencia apelada.El señor Juez de primera instancia dicta sentencia definitiva a fs. 980/1009, rechazando la demanda interpuesta por Raúl Torres y Liliana Beatriz Meneguetti contra EDEA S.A., por los daños y perjuicios que dicen los primeros haber sufrido a raíz de la deficiente prestación del servicio por parte de la segunda.En principio, desestima la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada respecto de Meneguetti, imponiendo las costas en el orden causado.Seguidamente, el a quo señala que en la especie no resulta de aplicación el plexo normativo consumeríl –conf. ley 24.240-, por no resultar los accionantes consumidores finales del servicio eléctrico solicitado.
Sobre la base de tal conclusión, considera que no han acreditado haber dado cumplimiento a las cargas impuestas por la demandada, expresando que el corte del suministro lo fue en razón de tal incumplimiento, específicamente, en tanto no se han cumplido con decisiones del organismo de control –OCEBA- y la normativa vigente de aplicación al caso, por lo que la suspensión del servicio, alegada como causa de los daños padecidos, no puede dar lugar a reclamo indemnizatorio alguno, pues tales daños tienen origen en el propio actuar de la parte accionante.Finalmente les impone las costas del proceso y difiere la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad respectiva.II. El recurso.Ante lo así decidido –reseñado resumidamente- apelan las accionantes a fs. 1011 –concedido a fs. 1014-, expresando sus agravios a fs. 1023/1036, recibiendo réplica de la demandada en fecha 13-05-2019.Los agravios de la parte recurrente se dirigen a cuestionar tres tópicos centrales: la falta de aplicación del bloque normativo atinente a la defensa de usuarios y consumidores –ley 24.240 y art. 42 CN.-; la errónea interpretación de los hechos y valoración de la prueba y, finalmente, la imposición de costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa.La demandada contesta tales quejas solicitando su desestimación y la confirmatoria de la sentencia que se cuestiona, con expresa imposición de costas a la recurrente.Firme el llamado de fs. 1048, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos en esta instancia.III.
Esta Alzada.Agravios. Respuesta.En forma liminar, adelanto que no atenderé todos los planteos recursivos de la apelante sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (Conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13/11/1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12/2/1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 06/10/1987; ter ídem, in re: “Stancato, Carmelo”, del 15/09/1989; y Fallos: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).Asimismo, cabe referir que la actividad revisora de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído fijándose así la frontera de aquella tarea.
Así, se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaren materia de agravio. Más aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar incluso cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v. 302, pág. 1435).Aclarado ello, corresponde dar respuesta a las quejas interpuestas.3Conforme ha quedado trabada la litis, el presente litigio tiene como causa la deficiente prestación del servicio eléctrico por parte de la demandada EDEA S.A., lo que -según afirma la accionante- derivó en el corte antirreglamentario del servicio, generándole diversos daños cuya reparación pretende.El juez de grado desestimó la aplicación al caso de las normas de protección de los consumidores por considerar que al tiempo en que se sucedieron las desavenencias entre las partes, el accionante Torres no era el destinatario final del servicio público de suministro eléctrico.
Ello por cuanto había solicitado el suministro para un edificio de departamentos, los cuales –en su mayoría- estaban destinados a ser alquilados. Y si bien reconoció alguna duda respecto a la situación del último piso del edificio, que aún se encontraba en obra, concluyó el a quo que la actividad principal del inmueble en cuestión era el alquiler temporario de departamentos. Por tal razón entendió que la parte accionante no era la destinataria final del servicio contratado y, por ende, no resultaba aplicable a su respecto el bloque normativo de protección a los consumidores.Cabe destacar en primer lugar que si bien un sujeto -para quedar comprendido dentro de la tutela especial- debe cumplir con los requisitos legales que se imponen, lo cierto es que no debe perderse como norte el carácter amplio de interpretación que trae la normativa a los efectos señalados (art. 42 de la Const.
Nac.).De las disposiciones de la ley 24.240 surge de manera primordial la protección y defensa de los consumidores y usuarios, pues el legislador parte del supuesto de debilidad de éstos, motivada en desigualdades reales que lo colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (Stiglitz; "Defensa de los consumidores de productos y servicios", pág. 31; Juan M. Farina "Defensa del consumidor y usuario", pág. 30/31).Debe tenerse presente que la modificación que produjo la ley 26.361 a la ley 24.240, amplió la noción de consumidor de forma tal que ésta aprehende a todos aquellos que adquieran o utilicen bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatarios finales, equiparando aun a quienes sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utilizan bienes o servicios como destinatarios finales, es decir, a quienes simplemente están expuestos a una relación de consumo.
En base a esa finalidad protectoria es que la actual redacción de la Ley de Defensa de los Consumidores especifica en su art. 1, que es consumidor o usuario toda persona física o ideal que adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final y en beneficio propio o de su grupo familiar o social (en igual sentido, art. 1092 CCyCN). Tal condición de destinatario final se refiere a la persona individual o jurídica ubicada al agotarse el circuito económico, lo que significa que queda excluido del concepto el consumidor industrial o revendedor, ya que se halla en el mercado en un nivel similar o próximo al del fabricante. En cambio, el consumidor que requiere la protección legal es aquel que carece de intenciones que apunten a que el bien o el servicio continúen su vida económica en actividades de fabricación o distribución (Stiglitz, Gabriel, obra citada, pág. 39).Es decir que en nuestro régimen legal el consumidor es calificado en función del destino que le asigna a los bienes o servicios que dispone, por lo que resulta indistinto el modo mediante el cual los adquiere.Sentada tal pauta directriz, encuentro que en la especie una persona humana contrató, ostentando el carácter de usuario, con la demandada, prestataria del servicio, la provisión del suministro eléctrico, a fin de realizar la construcción de un inmueble constituido por departamentos individuales, los que al tiempo del conflicto ya estaban destinados a ser alquilados temporariamente, reclamando por el incumplimiento del contrato los daños y perjuicios derivados del corte intempestivo del suministro acontecido el 10 de agosto de 2008, siendo restablecido –acción de amparo mediante- el 20 de enero de 2011 (v. fs. 325).
Y en el caso bajo examen la relación de consumo —que constituye el sustrato del que deriva la aplicación de la legislación protectora de los derechos de consumidores y usuarios— no ha quedado configurada. En efecto, los contratos como el que originó el conflicto que aquí se dirime serán de consumo cuando el adquirente lo celebra para el consumo final (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, p. 375, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003), es decir, sin intención de incorporar el bien adquirido a un proceso de producción o prestación de servicios —integración mediata o parcial— y sin finalidad de lucro (Lorenzetti, op. cit., pp. 92 y 94).Como ha quedado dicho, si bien no puede desconocerse que el accionante resulta ser un “usuario” respecto de la prestación del servicio por parte de la demandada, el suministro solicitado lo es esencialmente a fin de proveer de energía eléctrica a los departamentos que componen el edificio de su propiedad, quedando debidamente acreditado que los mismos tienen un fin –mediato- lucrativo al estar destinados a su alquiler (v. reconocimiento de fs. 322; auditoría de fs. 410).Ello sin desconocer que la actora ha alegado vivir en forma permanente en dos de los departamentos (fs. 322); sin embargo, tal afirmación –además de no encontrarse efectivamente acreditada- no modifica los argumentos expuestos precedentemente –bien inmueble dedicado a la locación de sus distintas unidades funcionales-, máxime cuando el mismo ha reiterado en distintas oportunidades que habitaba en la localidad de José C.
Paz, Pcia. de Buenos Aires, lugar donde se le han realizado diversas notificaciones e interpelaciones (ver fs. 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30).En razón de lo hasta aquí expuesto, y compartiendo los argumentos del sentenciante de grado al respecto, cabe concluir que la relación contractual habida entre las partes no debe analizarse bajo el prisma del sistema protectorio de los consumidores, pues la parte accionante no puede ser considerada como la destinataria final del servicio de suministro de energía eléctrica para el edificio de la calle Av. Costanera 2691 de San Clemente del Tuyú (arts. 42 CN; 1 ley 24240; 7 y 1092 CCyCN; 384 CPCC).b. Interpretación de los hechos y valoración probatoria.1) Para que la acción de daños y perjuicios prospere y se considere civilmente responsable de ellos a la sociedad demandada, resulta indispensable –como primer requisito- que surja acreditado en autos el obrar antijurídico de la misma (en el caso, el incumplimiento de las normas vigentes en relación a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica) (arts. 505, 508, 509, 511, 512, 513 y cdtes.
CC). A fin de determinar la existencia o no de tal primer presupuesto o elemento de la responsabilidad que se le pretende endilgar a la demandada, me veo en la necesidad de reiterar –en lo pertinente- lo acontecido entre las partes.En tal faena, se desprende de lo actuado que el inicio de la controversia se origina con la solicitud por parte del accionante del cambio del servicio eléctrico de monofásico a trifásico, a fin de culminar la obra en construcción en el edificio de su propiedad.Tal como se relata al incoarse la acción, el coactor Torres presenta ante EDEA –Suc. San Clemente del Tuyú- una nota manuscrita solicitando la colocación de un medidor trifásico, detallando el consumo de los distintos elementos de trabajo utilizados en la obra (v. fs. 15, causa n° 65.953, agregada por cuerda; copia de fs. 16 de la presente).
Seguidamente, envía a dicha empresa una nota con fecha 10 de abril de 2006, reiterando la petición formulada, en la que aclara que lo solicitado responde a la manifestación del constructor respecto a que debe solicitar la provisión de energía trifásica para poder culminar la obra. Asimismo, agrega que ha abonado todas las facturas que se le han dirigido a su domicilio particular en la localidad de José C. Paz, donde reside, no habiendo entrado en situación de mora. Que el suministro le fue cortado en fecha 28/03, por encontrarse la caja con el medidor correspondiente en mal estado de conservación, siendo el mismo reconectado en fecha 06/04, aunque en las mismas condiciones en que se encontraba el anterior, con servicio de energía eléctrica común y en un poste a cuatro metros de altura.Concluye la misiva comunicando que ha enviado nota de igual tenor a la oficina central de Mar del Plata y al ente regulador respectivo (OCEBA) (v. copia de fs. 17/18).Dicha nota es contestada por EDEA por igual medio, la que si bien se encuentra datada el 21 de marzo de 2006, es recepcionada el 9 de mayo (v fs. 19).Por tal comunicación se le informa claramente que ante el censo de carga aportado –es decir, la medición del consumo de la maquinaria y restantes elementos eléctricos a utilizar-, que representa un consumo de 88 kw de potencia instalada –según lo denunciado por el peticionante-, es necesario llevar a cabo una obra para ampliar la red de distribución existente, cuyos cargos deberán ser soportados por el solicitante.
Además, y de mayor importancia para el caso, se le solicita rever el censo de carga, certificándolo por un electricista matriculado, dado que en ciertos ítems se habían consignado datos erróneos.Finalmente, y cuestión que también cabe resaltar, se le comunica que se ha subsanado el peligro en la vía pública, restableciéndose el servicio, pero que resulta necesario que en el término de 10 días regularice la situación, para lo cual debía solicitar un medidor para cada uno de los departamentos finalizados, como así también solicitar el traslado del medidor al recinto de medidores correspondiente, debiendo encontrarse la acometida –conexión de línea- de acuerdo a la reglamentación vigente.Manteniéndose en su postura y sin cumplir con los requisitos que la empresa le solicitaba a fin de dar curso a su petición, la accionante presenta una nueva nota ante la sucursal de EDEA en fecha 16 de mayo de 2006, reiterando que un técnico de la propia empresa le informó que no era necesario instalar medidores independientes para cada departamento, sino convertir la energía eléctrica suministrada en trifásica para todo el complejo.
Reitera que la obra se encuentra en ejecución y por ello la necesidad de contar con energía trifásica, por lo que debe procederse al cambio de medidor de energía común a trifásica a fin de concluir la misma y suministrar energía a cada uno de los departamentos de su propiedad, colocándose el medidor en la casilla construida a tal fin, otorgando un plazo de 10 días para que se cumpla con tal petición bajo apercibimiento de iniciar reclamo por daños y perjuicios (v. copia de fs. 20/21).De la misma surge palmariamente que la accionante se mantenía en su postura de pretender la conversión de la energía monofásica a trifásica y con ello proceder al suministro de todo el edificio, es decir, a todos los departamentos que lo componían como así también a las zonas comunes, sin cumplir con los requisitos señalados por escrito por la empresa demandada.
Postura que, como seguidamente se expondrá, con posterioridad cambia.Es decir, Torres sustenta aquella petición en los supuestos dichos de un técnico de la referida empresa –sin corroboración alguna-, pero desconoce los claros términos de la comunicación receptada en fecha 9 de mayo, y los requisitos allí dispuestos a fin de proceder al cambio solicitado.En fecha 24 del citado mes, EDEA contesta refiriendo que el reclamo manifestado se encuentra en una segunda instancia dada la presentación que ha efectuado el propio Torres en OCEBA, por lo que habrá que esperar lo que dictamine tal órgano de control (fs. 404).Efectivamente, en autos se encuentra agregada copia del expediente 2429-2289/06 (fs. 377 y ss. y fs. 674 y ss.) por el cual el accionante denunció su reclamo ante el organismo de contralor –OCEBA-, remitiendo copia de la nota cursada a EDEA en fecha 10 de abril de 2006.De tales constancias se aprecia que en fecha 27 de abril por nota OCEBA n° 1358 (fs. 686), dicho órgano gira copia del reclamo a EDEA SA. a fin de que realice el correspondiente descargo, nota ingresada en fecha 2 de mayo en la Delegación de Mar del Plata.En fecha 16 de mayo, EDEA realiza el señalado descargo ante el Órgano de Control, señalando –en principio- que no cuentan con la potencia de 88 Kw requerida por Torres, debiendo realizarse una extensión de línea sobre la red existente.No obstante ello, señala que le han solicitado al peticionante que aporte un censo de carga certificado por un electricista matriculado, como así también que revea su solicitud -88 kw-, dado que la precisión en el requerimiento resulta fundamental a los efectos de brindar el servicio.Concluye tal descargo EDEA expresando que a través del punto de medición existen varios departamentos abastecidos por un solo medidor, motivo por el cual solicitaron al cliente que normalice la situación, acompañando nota enviada al cliente reconociendo que han cometido un involuntario error en cuanto a la fecha consignada (fs. 386 y fs. 689).Como consecuencia de tales actuaciones se dicta la resolución de OCEBA n° 1820/06 del 5 de junio de 2006, en la cual, analizada la cuestión, se señala –resumidamente- que el reclamante debe acompañar un censo de carga certificado por un electricista matriculado; regular la situación de los medidores de los departamentos; que la tarifa T1R se extiende hasta los 10 kw, siendo que dentro de la misma potencia puede solicitarse la energía trifásica, para lo cual deberá presentar lo indicado –censo de carga- y abonar el derecho de conexión (v. fs. 394 y copia de fs. 27 del expte. 65953, agregado por cuerda).
En la misma fecha se le remite copia de lo decido a EDEA S.A. (fs. 395).El accionante Torres contesta tal decisión en fecha 27 de junio, comunicando que ha cumplimentado todos los recaudos para que se proceda a la conexión del medidor trifásico, quedando pendiente de realización el tendido por parte de la empresa EDEA de cable desde la línea instalada hasta la respectiva caja de medidor trifásico, en forma subterránea. Igualmente intima para que se realice el cambio del medidor del suministro monofásico a trifásico a fin de concluir las obras y suministrar energía eléctrica a cada uno de los departamentos de su propiedad y a las partes comunes, colocándose el mismo en las cajas correspondientes a tales fines.
Y acompaña declaración jurada de cargas (v. fs. 24, fs. 400/403, 701/703), en la cual se especifica que la potencia solicitada es de 15 kw. De ello ya se advierte el cálculo erróneo efectuado por el peticionante en su primera presentación de cargas (v. fs. 16 y fs. 706), siendo que en la misma se estipulaba un consumo de 88 kw mientras que en la última se declaró 15 Kw.. Siguiendo con el derrotero, en fecha 21 de julio, OCEBA, ante la persistencia de la empresa y del reclamante en sus posturas, ordena realizar una auditoría en el lugar a fin de verificar cuál es efectivamente la demanda a abastecer y las demoras de la conexión (fs. 406, 707). Con nota fechada el día 1 de agosto, presentada ante el referido organismo, el accionante solicita un pronto despacho a fin de que el mismo se expida sobre la cuestión, atento el plazo transcurrido y los daños que sostiene que le causa dicha demora (fs. 407, 708).
A fs. 710/711 se encuentra copia de la audi
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