Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 4262 2014
Contrato de distribución / Rescisión / Prueba de la indemnización
Expte. n°: JU-4262-2014 MARISI MARCELO ALBERTO C/ PEPSICO S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
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N° Orden: 141
Libro de Sentencia nº: 61
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº JU-4262-2014 caratulada: "MARISI MARCELO ALBERTO C/ PEPSICO S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán Y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 933/54 la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios entabló Marcelo Alberto Marisi contra Pepsico de Argentina S.R.L. condenado a este último a abonar la suma de $378.793 ($258.793 en concepto de preaviso y $ 120.000 por daño moral) con más intereses calculados según la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para el rubro preaviso, y del 6% para el daño moral, desde el 6/6/14 hasta la sentencia.
De tal modo, la Dra. Daniela Ragazzini receptó la pretensión encaminada a la reparación de los daños que el actor alega haber padecido como consecuencia de la ruptura incausada, por parte del demandado, del contrato de distribución que los vinculara.
Para así resolver, luego de delinear los principales caracteres del contrato de distribución y analizar la prueba rendida, concluyó: 1) Que el contrato habido entre las partes es una continuidad de la relación sostenida entre el demandado y el padre del actor que se remonta al menos al año 1.999: 2) Que la exclusividad que hubo en la relación comercial fue a favor del actor y no del proveedor; 3) Que el contrato suscripto en el año 2005 por un año de duración, fue sucesivamente prorrogado; 4) Que la causal de rescisión invocada por la demanda -reducción significativa en la ventas de la distribuidora- no ha sido acreditada; 5) Que las únicas pruebas que indican algún tipo de incumplimiento del actor -acta de constatación y declaración testimonial- no acreditan que el mismo tenga la magnitud para justificar la rescisión unilateral del contrato.
En base a ello, y a la inexistencia de preaviso, consideró que la relación comercial se extinguió en forma abusiva e injustificada por parte de Pepsico SRL; y seguidamente, pasó al tratamiento de los diferentes rubros indemnizatorios, con los argumentos que reseñaré en oportunidad de abordar los agravios.
II. La sentencia fue apelada por ambas partes, el demandado mediante la presentación electrónica de fecha 19/11/19 y el actor, en el escrito agregado a fs. 965.
Concedidos libremente ambos recursos, lo que motivara la elevación del expediente ante esta instancia, a fs. 969/84 presentó la expresión de agravios la parte actora, y electrónicamente, en fecha 5/3/20 hizo lo propio el demandado.
El actor cuestionó, en primer término y por su incidencia en las diferentes partidas indemnizatorias, la conclusión de la sentenciante de grado en cuanto a que la exclusividad en la comercialización de los productos, argumentando que nadie afirmó que no podía vender otros productos, sino que lo que no se podía era vender productos cuya comercialización sea competencia de los productos otorgados por el concedente; y que esta circunstancia, es decir, que siempre comercializó los productos en forma exclusiva, no ha sido desconocida por el demando, y se encuentra acreditada con la prueba testimonial y contable producida.
Seguidamente, cuestionó cada una de las partidas indemnizatorias, esbozando los argumentos que reseñaré en oportunidad de abordar su tratamiento.
El demandado se agravió de la valoración de la prueba, en particular, de la prueba pericial contable que llevara a la a-quo a concluir que la rescisión del contrato era incausada.
Afirmó que una de las causales invocadas era que el actor no daba cumplimiento con la rotación de mercadería o reposición de stock, siendo ello acreditado con la contestación de oficio de la Municipalidad de Junín y el acta notarial labrada por el Esc. Voda; quedando de tal forma acreditado el incumplimiento de la obligación principal que es la distribución de productos.
También cuestionó la indemnización fijada en concepto de daño moral, en la inteligencia de que no se tuvieron en cuenta las características comerciales de la relación y no se encuentra probado el daño.
Habiéndose corrido los correspondientes traslados, fueron replicados mediante las presentaciones electrónica de fechas 27/4/20 y 10/5/20, por demandado y actor, respectivamente; luego de lo cual, se dictó el llamado de autos para sentencia, cuya firmeza dejó los presentes en condición de ser resueltos (art. 263 del C.P.C.C.).
III. En labor, inicialmente señalo que la fundamentación recursiva expuesta por el accionante no adolece de la insuficiencia técnica que le achaca la parte demandada; sino que, independientemente de la suerte que en definitiva corra la apelación deducida, el memorial presentado luce ajustado a lo prescripto por el art. 260 del C.P.C., lo que impone el rechazo de la declaración de deserción peticionada.
IV. Sentado ello y pasando al tratamiento del recurso, es dable comenzar por los agravios que el demandado dirigió contra el tramo de la sentencia que consideró INCAUSADA LA RESCICIÓN del contrato.
Del intercambio epistolar (ver CD de fs. 23, 26, 27, 30 y 31) claramente resulta que el conflicto entre las partes que derivó en la rescisión unilateralmente decidida por Pepsico SRL se debió a un reclamo efectuado por Marisi por lo que él interpretaba no se había respetado la exclusividad en su beneficio al haberse encargado la distribución de los productos también a la firma Nanni de Junín. Sólo defensivamente y sin haber mediado alguna observación documentada anterior al respecto se adujo la reducción en la compra de productos y el desabastecimiento de los puntos de venta (ver fs. 27). Es de puntualizar que ya a fines de marzo de 2014 se había concretado la primera venta a Nanni Distribuidora SA (ver fs. 646). Adquiere también relevancia para entender cómo se planteó la ruptura de la relación comercial que vinculó a las partes (independientemente del que mantuviera con el padre del actor) desde el año 2005 - ver contrato de fs. 803/807 prorrogado en los hechos sin solución de continuidad-, la práctica comercial descripta por el jefe de ventas para el interior de la provincia Sr. Serafini en su declaración testimonial de fs. 879/880 al señalar que antes de dar de baja una cuenta (de distribuidor) se comienza a "aperturar" una nueva cuenta (en este caso la de Nanni).
Enmarcado así fácticamente el conflicto, vale recordar que como señala Lorenzetti (Tratado de los Contratos To. I p. 547, 563/4) el deterioro en una relación de larga duración, como son los contratos de cadena o redes de distribución que en su origen o los hechos se han desenvuelto sin plazo determinado, la pérdida de confianza del concedente o proveedor puede obedecer a múltiples circunstancias (advertir que el agente no se desenvuelve comercialmente como al principio, o bien es incapaz para desempeñarse frente a la competencia, o los vaivenes del mercado, etc). Si la causal es justificada, el incumplimiento es significativo y puede probarse (lo que en los hechos es bastante dificultoso particularmente en lo que se refiere a la imputabilidad de una disminución en las ventas ya que son múltiples los factores que pueden concurrir como hechos ajenos y eximentes del incumplimiento) puede recurrir a la resolución con la carga probatoria respectiva, debiendo además obrarse conforme lo preveía el artículo 216 del Código de Comercio; aunque en la práctica se elude este camino acudiéndose directamente a la rescisión, la cual solo debe ser ejercida con una antelación apropiada.
En el caso que nos ocupa, esta causal de reposición de stocks y desatención en las ventas a clientes, única sobre la que se insiste recursivamente, para justificar o enervar los efectos de la desvinculación unilateral intempestiva, lejos está de haberse acreditado (art. 375 , 384 CPCC). En primer lugar el informe del Juzgado de Faltas de fs. 753 da cuenta de infracciones entre años 2014/2016 y la desvinculación se produjo el 6/6/2014. En relación a los expedientes correspondientes a ese año, se desconocen las fechas de las contravenciones y no fueron recabados los mismos, siendo de señalar que por la descripción de las mismas no revisten mayor gravedad (uso de chaquetillas, falta de libreta de sanidad, pase del rodado por cabina sanitaria) al margen de que alguna sería atribuible al fabricante de los productos (falta de fecha de elaboración y vencimiento). Respecto de lo que surge del acta notarial de la Escr. Voda de fs. 530/531, repárese que la misma es del 27/5/2014, es decir en pleno desarrollo del conflicto, existiendo ya a ese momento dos distribuidores en la ciudad, al margen de que el relevamiento de algunos comercios no logra desvirtuar que al menos en cantidad de clientes según la pericia contable (ver fs. 707vta.) en el año 2013 se aumentó el número del año anterior ( de 625 a 715) y el monto de la facturación ( se desconoce cantidad de productos) nunca dejó de incrementarse (ver anexo de fs. 680).
Desechado así el cuestionamiento de la demandada, debe reputarse la rescisión decidida como ilícita no porque se encuentre vedada tal facultad ya que la misma es un elemento natural y previsible de los contratos por tiempo indeterminado, sino porque fue irregularmente ejercida al resultar abrupta por haberse omitido el preaviso. Como derivación de este hecho corresponde la reparación del tiempo omitido, y otros daños (aunque parte de la jurisprudencia ab initio limita la indemnización al preaviso con fundamento de que es un resarcimiento al interés de confianza) que estén en relación de causalidad, existiendo consenso en doctrina y jurisprudencia que los mismos no se deducen de la sola rescisión, sino que debe probarse su existencia en el caso concreto (arts. 901 y 520 del CCivil temporalmente aquí aplicable art. 7 CCyCN ; autor y obra citados p.577/579). A la luz de esta premisa, es dable aquí mencionar ante el argumento del actor desarrollado en el punto 1 de sus agravios, que la exclusividad en su beneficio -que por otra parte la sentenciante tuvo por existente pese a los términos de la cláusula II.2.1 del contrato por la dinámica de la relación-, ninguna relevancia tiene a los fines de dimensionar los perjuicios, contrariamente a la falta de tal exclusividad a favor del proveedor, ya que ésta como se verá en los puntos subsiguientes, al posibilitarle la comercialización de otros productos como hizo, constituye un parámetro a computar respecto de las ganancias esperadas y tiempo necesario de reacomodamiento empresarial.
La sentenciante explicó que más allá de lo que establezca el contrato (30/60 días) debe realizarse una interpretación razonable de las circunstancias del caso, y fijando un lapso que, atendiendo a la duración contrato, de al distribuidor la oportunidad de amortizar su inversión inicial.
Con ese norte, y valorando que la relación comercial se inició en el año 1.999, que no existía exclusividad en favor de la demandada, y que además de las indicadas por la pericia contable, no se han acreditado otro tipo de inversiones, estimó el plazo de preaviso en 3 meses y fijó la indemnización en base al promedio de rentabilidad del 15 % sobre la facturación a la demandada correspondiente al año 2.013.
El actor recurrente cuestionó lo decidido, remarcado, en primer lugar que el nuevo C.C. y C. (arts. 1492, 1508 y 1511) establece para este tipo de contrato debe darse un preaviso de un mes por cada año de la relación contractual, y en este punto, la jurisprudencia anterior ya venía reflejando esta idea, en el sentido de que el tiempo de preaviso debe tener relación y mantener proporcionalidad con el plazo de duración del contrato, por lo que postula la elevación de la indemnización a la suma proporcional a los 15 años de relación comercial.
Para resolver esta cuestión, de inicio es de puntualizar que al tiempo que se desarrolló la relación existía una "tipicidad social", mas no legal, del contrato bajo análisis. Como refiere Gregorini Clusellas ("La ruptura intempestiva en la distribución comercial. Su situación antes y después del Código Civil y Comercial" La Ley 2018-C, 419) "La regulación sobre las distintas formas de distribución comercial careció de antecedentes normativos en el derecho autóctono hasta que el Código sancionado mediante la ley 26.994 legisló al respecto. Previamente los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales fueron conformando una regulación pretoriana" En ese estadio, el criterio imperante, si bien aceptaba el reconocimiento y dejaba a criterio del juez la fijación del tiempo de preaviso, así como la reparación sustitutiva, vinculaba la solución con las circunstancias del caso y en particular los años de duración de la relación. Entre la serie de pautas sobre cuya base debía entenderse lo que era un plazo de preaviso suficiente o razonable, figuraban también el ramo o actividad explotada; envergadura del negocio, la cuantía y grado de amortización de la inversión y el tiempo necesario de reacomodamiento (Papa Rodolfo G "Reconocimiento de la compensación por pérdida de clientela en la distribución mercantil. un leading case" La Ley 2016-E, 475).
Es que el preaviso "tiene por finalidad: a) permitirle al rescindido -generalmente el distribuidor- adaptar su empresa o actividad a la nueva situación que le espera desde que el vínculo quede extinguido, reorganizando sus factores de producción para iniciar un nuevo emprendimiento comercial, pudiendo en este caso dedicarse a conseguir otro negocio de distribución dado los conocimientos adquiridos por su profesionalidad en dicho rubro o bien experimentar en otros rubros distintos; b) morigerar los efectos nocivos que la disminución o interrupción de ingresos dinerarios puede llegar a producir" (Genesio, Diego M. "Daños y perjuicios en la rescisión unilateral del contrato de distribución" La Ley 2005-C , 822) O como expresara la Dra Diaz Cordero (su voto en CNCom, Sala B "Austral S. R. L. c. Nestlé Argentina S. A." 31/05/2000 Cita Online: AR/JUR/1719/2000) "Para hacer cesar incausadamente un contrato de distribución, debe concederse un plazo razonable de preaviso con el objeto de compensar las expectativas generadas por la estabilidad de la relación y dar al perjudicado la posibilidad de reorganizar su actividad, debiéndose resarcir los daños si no se actúa de este modo".
En el tema harto dificultoso de la fijación de ese plazo "la jurisprudencia ha juzgado suficiente un preaviso de 12 meses para concluir un contrato que había durado 60 años (conf. CN Com. Sala C, 17/03/2006, "Org. Gómez Páez S.R.L. c. L'Oreal Argentina S.A."); en uno de 47 años, validó un preaviso de 18 meses (conf. CN Com. Sala D, 22/05/2001, "José Moranderia c. Nobleza Piccardo S.A."); también de 18 meses para un contrato vigente por 40 años (CN Com. Sala D, 13/09/2009, "Donati Hnos. S.A. c. Renault de Argentina"); 6 meses para un contrato de 30 años (CN Com. Sala B, 04/12/2003, "Pandeb S.A. c. Massalin Particulares S.A."); 10 meses con relación a un contrato que perduró 25 años (conf. CN Com. Sala 22/12/2009, "Automotores Valsecchic c. Autolatina S.A."); 12 meses para un contrato de 24 años de vigencia (conf. CN Com. Sala B, 10/06/2004, "Godicer S.A. c. Cervecería Quilmes S.A."); etc " (de la reseña que hace el Dr. Heredia en su voto en CNCom, Sala D "Sola, Andrés Valentín c. Diageo Argentina S.A. s/ ordinario" 01/03/2016 ED 268, 36) Ello demuestra que no había un plazo máximo uniforme.
El Proyecto de 1998 estableció en sus arts. 1373, 1374 y 1388 un tope de 6 meses.
Si bien la distribución propiamente dicha no aparece tipificada en el Código nuevo, se la menciona como uno de "otros contratos" en el art. 1511 inc. b), disponiendo a su respecto la aplicación de las normas referentes a la concesión, lo que conduce al cálculo que pretende la actora de un mes por cada año de vigencia del contrato (art. 1492)
Ahora bien, en este caso por la fecha de su extinción no corresponde la aplicación retroactiva de dicho precepto (en sentido conteste tampoco se sujetó al mismo la CCiv yCom de Mar del Plata Sala II en fallo del 1/2/2018 "Piantoni Hnos c/ Procter and Gamble SRL" La Ley 2018-C,419). Cierto es que el temperamento que he seguido en diversos supuestos fue el de adoptar la solución que brinda el nuevo ordenamiento para interpretar la normativa anterior, especialmente en situaciones controvertidas. Empero no considero aquí apropiado mantener esa postura. Hago en este sentido propio el razonamiento desarrollado por el Dr. Heredia en el pronunciamiento mencionado: su "aplicación maquinal puede conducir a resultados no valiosos, especialmente en contratos que hubieran durado varias décadas, ya que la parte promotora de la rescisión podría verse obligada a mantener, luego del preaviso extintivo, por un eventual prolongadísimo lapso la relación contractual que desea extinguir, quedando expuesta entretanto a los vaivenes de un co-contratante cuyo interés en el adecuado cumplimiento puede naturalmente decaer en conocimiento de la situación extintiva planteada. Si semejante posibilidad se validara jurisdiccionalmente, rápidamente se abriría la puerta para comportamientos contractuales abusivos, lo que debe evitarse? ya que, "es obvio, el preaviso extintivo exigido por la indicada norma debe siempre ser 'razonable', ni exiguo ni exorbitado, pues de lo que se trata es solo de dar suficiente tiempo al otro contratante para que pueda tomar todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que le ocasiona la ruptura brusca, vgr. búsqueda de un nuevo contratante o de una ocupación que sustituya la anterior; terminación de negocios pendientes; etc. Pero no más que ello"
Así las cosas y compartiendo el criterio de la Jueza de la instancia anterior en cuanto a que el plazo establecido en el contrato ha dejado de tener virtualidad con la continuación de la relación al haber sido previsto para su duración anual, entiendo que si bien el cálculo sobre la base de 3 meses resulta exiguo, no resultaría razonable establecerlo en los 15 meses pretendidos.
Es que por un lado, aunque se tomara el contrato con el actor suscripto en el año 2005 como una continuación de la relación que mantuvo la demandada con el padre de aquel, no puede soslayarse lo informado pericialmente a fs. 862vta. ya que se trata de una distribución desde el punto de vista subjetivo diferente y tal como resulta de la cláusula I reemplazaba finiquitando cualquier negociación o acuerdo anterior y se renunciaba a cualquier reclamo con sustento en la relación comercial precedente. Aun de no compartirse esta valoración, resultaría excesivo el plazo de 15 meses de preaviso que se pretende ya que como analizó pormenorizadamente la Sra. Jueza únicamente el "33,85% de la facturación total de la empresa era de la aquí demandada, con un 33,55% de compras a Pepsico", lo que sin lugar a dudas permite analizar la magnitud de la repercusión de la rescisión y posibilidades de reacomodamiento del actor a los fines de conseguir otros productos sustitutos, mantenimiento de la clientela y recupero del volumen de facturación. En razón de ello, considero que el adecuado resarcimiento consiste en modificar este item tomando como parámetro temporal el de seis (6) meses, correspon
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