Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 4682 2015
Responsabilidad / Mala praxis médica – Parto gemelar prematuro – ceguera
Expte. n°: JU-4682-2015 B., V. M. Y OTRO/A C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES AFINES Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA y GASTON MARIO VOLTA, (encontrándose excusado el Dr. RICARDO MANUEL CASTRO DURÁN en fecha 8-11-21), en causa nº JU-4682-2015 caratulada: "B., V. M. Y OTRO/A C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES AFINES Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
Para una mejor exposición de mí voto y favorecer su lectura, por la complejidad del asunto en revisión, su desarrollo seguirá el siguiente orden: I La sentencia de primera instancia; II Recursos y agravios; III Aclaraciones previas; IV Responsabilidad IV.1 a IV.3. La ROP y sus posibles causas. Oxigenoterapia -Controles. Información. IV.4. Las causas y el abordaje jurisprudencial IV.5. Los casos de S. y M. IV.6. Chances V.7. Responsabilidad colectiva IV.8- Responsabilidad de OSECAC V. Los daños y su cuantificación V.1. La incapacidad sobreviniente de S. y M. V.2. Daño moral de S. y M. V.3. Daño emergente V. 4. Gastos Futuros V.5 Daño moral de los progenitores y su asistencia psicológica V.6. Pérdida de chance de ayuda futura a los progenitores VI. Intereses- Cálculo y momento de variación de tasas aplicables. VII. Los límites de cobertura de los seguros por cada uno de los hechos dañosos. VIII Costas
En la sentencia dictada el 28/5/2021 por quien era la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia N°4 Dra. Laura J. Panizza se hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por M. B. y L. N., por sus propios derechos y en representación de sus hijas menores de edad M. B. y S. B., contra los médicos J. P. B., S. M. y P. D. P., la Clínica Médico Quirúrgica Sanatorio Junín S.A y la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Afines (OSECAC), haciéndolo extensiva la condena a las citadas en Garantía Seguros Médicos S.A. y TPC Compañía de Seguros S.A., cuyos límites de coberturas dispuso deberán ajustarse a las vigentes al momento de la valuación judicial del daño contenido en la sentencia definitiva y con relación a dos acontecimientos asegurados y ocurridos en la atención y efectos de cada una de las niñas, desestimando la Insuficiencia de Seguro planteado.
Fijó la indemnización conforme al siguiente detalle: Para las menores: a) Incapacidad sobreviniente y pérdida de chances a raíz de las secuelas visuales de S. B. $ 5.200.000 y de M. B. $ 3.600.000, b) Daño Moral para S. B. $ 1.200.000 y para M. B. $ 800.000. Para ambos progenitores M. B. y L. N.: a) Daño emergente por los gastos que han debido afrontar $ 200.000; b) Gastos Futuros $ 600.000; c) Daño Moral:$ 400.000 para cada uno de ellos; y d) Asistencia Psicológica $ 200.000 para cada uno. Adicionó a esas sumas intereses al 6% anual de interés puro desde el 27-3-2012 hasta cuando la sentencia resulte firme, y de allí en más hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que pague el Bco. de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a 30 días, e impuso las costas a los demandados y las citadas en garantía.
Los actos médicos desplegados por la Dra. M. - profesional a cargo del Servicio de Neonatología del Sanatorio Junín-, el Dr. P. - pediatra- y el Dr. B. - como especialista en oftalmología e interconsultor del mencionado servicio-, fueron a partir del nacimiento de S. y M. por parto vaginal prematuro en primigesta en la semana 32-33, el 3/3/2012 , por lo que correctamente la sentenciante determinó que el régimen normativo de la responsabilidad profesional bajo análisis era el del Código Civil - ley 340 y sus modificaciones- (art. 7 CCyCN)
Habiendo sido dada el alta sanatorial el 28/3 y derivadas por el Dr. B. al atenderlas en su consultorio particular el 17/4, a la Clínica del Dr. M. en CABA, S. presentaba Retinopatía del prematuro (ROP) de grado 4 en ambos ojos, con desprendimiento de retina (DR), siendo tardío cualquier tratamiento quirúrgico; mientras que M. tenía ROP de grado 5 en ojo derecho con DR, pudiendo practicársele fotocoagulación con láser en el ojo izquierdo ya que tenía retina aplicada (ver certificados fs. 7/10 causa penal 226/2018, reseña de la pericia del Cuerpo Médico Forense de la CSJN fs. 82/84 Legajo Pericial IPP 5007/12; pericia médica del Oftalmólogo V. del 30/8/2019).
Por ello hoy S. padece ceguera legal en ambos ojos con una incapacidad del 100% y M. ceguera total en ojo derecho y agudeza visual de 3/10 y del 4/10 con corrección óptica (anteojos) en el ojo izquierdo con una incapacidad del 70% (según experticia del galeno V. citada y contestaciones del 31/10/2019; 10/3/2021y 30/3/2021)
Analizando en forma pormenorizada la abundante prueba existente, consideró la Sra. Jueza como determinante de la mala praxis que generó la responsabilidad atribuida que "queda demostrada la presencia de un obrar imperito y negligente por parte de los médicos a cargo de la atención de las niñas durante su internación no sólo en el monitoreo en la administración de O2 complementario, sin registrar conducta médica seguida ante los valores que sobrepasaban los límites admitidos cuando estaban con cánula, así como al momento de darles el alta sin haberse realizado el estudio oftalmológico programado ni constancia alguna sobre su seguimiento con turnos preestablecidos y coordinados entre los mismos profesionales del Servicio con el médico que intervenía como consultor externo, para no dejar transcurrir el tiempo sin esa observación médica"
Determinó la responsabilidad del Sanatorio Junín SA (apartado 7 del fallo) señalando que "la obligación tácita de seguridad de naturaleza objetiva del sanatorio puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad de la clínica por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico" (SCBA Ac 77588 19/2/2002; doctrina reiterada en C 101294 15/04/2009, C 105772 09/06/2010, C 111812 27/06/2012 entre otros fallos), teniéndola por configurada incluso respecto de la actuación del oftalmólogo B. aunque no sea profesional dependiente sino de consulta externa por el vínculo contractual en la prestación de su servicio al que era convocado por requerimiento del ente sanatorial.
Respecto de la Obra Social OSECAC, la sentenciante luego de señalar que el obstetra Dr. S. pertenece al staff profesional de la misma y atiende en el Sanatorio que también integra su cartilla, explica con cita de reiterados fallos de la CSJN la responsabilidad que le cabe por los deberes de seguridad y contralor.
Desestimó la defensa de insuficiencia de seguro opuestas por las citadas en garantía, indicando que si bien los límites de cobertura resultan oponibles a las damnificadas, conforme la doctrina de la SCBA corresponde su reajuste al momento de la valuación del daño, debiendo tomarse por cada uno de los dos acontecimientos al tratarse de responsabilidad profesional en la atención de dos pacientes.
Aplicó fórmulas aritméticas para el cálculo de la indemnización sobreviniente, utilizando el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Fijó los gastos futuros basándose en la necesidad de continuar con intervención interdisciplinaria de especialistas, con la ayuda de tecnología y elementos ligados al aprendizaje del Braille, los gastos de traslados para concurrir a entrevistas y clases específicas, así como perdurar con la asistencia con acompañante terapéutico desarrollada para su inserción social y escolar. Consideró que en cambio ni el daño estético ni el psicológico debían ser considerados en forma autónoma. Admitió el daño moral de los progenitores interpretando el art. 1078 CC a la luz de los arts. 1738 y 1741 del nuevo ordenamiento legal y rechazó el reclamo de los mismos por el concepto de pérdida de chance de ayuda futura.
Apelaron todas las partes (ver presentaciones electrónicas del 3, 4 y 7 de junio de 2021).
Llegadas las actuaciones a este tribunal y puestas en estado, expresaron sus agravios los actores el 13/8/2021, la representante de OSECAC el 18/7/2021, los médicos B. y P. conjuntamente con el apoderado de Clínica Médico Quirúrgica Sanatorio Junín SA el 23/8/2021, la médica M., el apoderado de Seguros Médicos SA y la representante de TPC Compañía de Seguros SA el 24/8/2021.
Paso a individualizar en apretada síntesis los distintos cuestionamientos:
II.1 Parte actora: 1) que se haya comprendido bajo el rubro incapacidad, limitado temporalmente a los 75 años, gastos de asistencia posteriores a la pérdida de edad útil de S. y M. hasta su deceso; 2) que no se hayan resarcido o receptado separadamente determinados gastos futuros (elementos tecnológicos, tratamiento psicológico y terapista, costos de traslados de S. y M.); 3) la baja indemnización por incapacidad sobreviniente y daño moral; 4) respecto del daño emergente de los padres que no se haya dispuesto el resarcimiento por el viaje que se hizo a España para un tratamiento visual que finalmente no se concretó; 5) el resarcimiento que corresponde a los gastos de tratamiento psicológico futuro de los padres; 6) la exigua reparación del daño moral de los padres; 7) el rechazo de pérdida de chance de ayuda futura; 8) la tangencial mención del art. 1069CC, inaplicable en el caso y 9) el cálculo al 6% hasta que quede firme la sentencia.
II.2 OSECAC: 1) La responsabilidad refleja o indirecta endilgada, cuando según ha dicho la SCBA respecto a las obras sociales la estipulación a favor de un tercero no se extiende más allá de las consecuencias dañosas derivadas de la omisión, denegatoria o no pago del servicio, achacándole omisiones en la fiscalización de los servicios del prestador institucional o individual que la exceden; 2) La causa del daño no debe encontrarse en el obrar médico sino en la dilación en la consulta oftalmológica una vez externadas las niñas, además de que la rinopatía grave que portaron solo se explica dentro de la labilidad y la idiosincrasia individual que genéticamente tenían las mellizas; 3) la falta de ponderación de la responsabilidad individual que afecta las posibilidades de repetición 4) los montos excesivos por indemnización de daño moral e incapacidad sobreviniente 5) la indemnización por daños futuros inciertos y 6) la Imposición de costas y que se hayan dispuesto intereses desde la fecha de los hechos cuando los valores fueron actualizados.
II.3 Médicos B., P. y Sanatorio Junín: 1) la responsabilidad endilgada, afirmando a) en relación a la hiperoxia que el suministro de oxígeno fue necesario e intermitente, que existieron momentos de la misma en que estaban respirando sin asistencia mecánica, no existió anomalía trascendente en cuanto a los niveles de oxígeno y que 11 días después de haber cesado su suministro no presentaban signos de ROP, b) la pericia médica afirma rotundamente que la enfermedad en ambas niñas se produjo en el período posterior al alta sanatorial; c) que no existió una omisión del Dr. B. en cuanto a la realización del cuarto fondo de ojos, ya que se vio imposibilitado de hacerlo cuando fue el día 28 de marzo (conforme "se programo") porque ya habían sido externadas; d) la presunción de que si se hubiera realizado ese control ya existía la enfermedad o al menos síntomas indicativos de un estado umbral o preumbral de la misma, cuando en ninguna de los tres controles anteriores existían elementos que pudieran alertar sobre un estado embrionario de la misma, no siendo el shunt de M. un signo indicativo en ese sentido.
Del dictamen pericial se desprende que la retinopatía aconteció entre la fecha del alta sanatorial y la primera consulta externa que hiciera al Dr. B. en su consultorio particular. e) que el alta sanatorial resultó un acto de buena praxis y que los padres fueron alertados de la posibilidad de que las niñas contrajeran ROP y de la necesidad de realzar controles oftalmológicos y que como mínimo las pautas de alarma fueron dadas por el pediatra particular a las 48 hs. f) que se colectivizó la responsabilidad, cuando los profesionales B. y P. actuaron en forma autónoma sin formar un equipo, señalando que el Dr. P. durante la internación no tuvo participación alguna en lo referido al suministro de oxígeno por cánula, ni el alta sanatorial ni el Dr.
B. respecto de todo lo actuado en neo; agregando en lo que hace a la actuación posterior al alta de ambos profesionales: que el Dr. P. indicó expresamente la necesidad de consultas y estudios oftalmológicos y que el Dr. B. además de no haber tenido vínculo contractual o personal con los padres no tenía obligación alguna de seguimiento y ni siquiera resultaba imaginable para él el requerimiento posterior, no existiendo demora prestacional por el solo hecho de que haya llamado a un policonsultorio imposibilitado de conocer por quien estaba siendo requerido. g) que el Dr. B. la primera noticia que tuvo fue en la consulta cuando el cuadro presentaba una extrema gravedad derivándolas inmediatamente, siendo la demora de los progenitores en la efectivización de la consulta oftalmológica posterior al alta, fractruraria del nexo causal h) que las niñas desarrollaron ROP agresiva posterior (AP), lo que era imprevisible estadísticamente, lo que tipifica el caso fortuito. 2 ) En relación a los rubros y montos indemnizatorios: a) en la incapacidad sobreviniente que se haya incluido también el daño estético sin acreditación concreta y específica del mismo y que haya utilizado porcentajes puros de incapacidad sin tener en cuenta la buena evolución que presentan, b) respecto al daño moral de las menores que no puede convertirse en un enriquecimiento infundado, debiendo computarse el buen pronóstico en el área cognitiva sin alteraciones psicológicas significativas, por lo que solicita su sensible reducción, c) el daño emergente de los padres por gastos actuales y futuros contando con dos obras sociales (OSECAC y OSDE) que cubren las erogaciones, d) el haber otorgado daño moral a los padres sin declarar la inconstitucionalidad del art. 1078 CC lo que convierte la sentencia en nula, pedido que además debió ser rechazado.
II.4 Médica M. 1) en cuanto a la responsabilidad que se le atribuyó puntualizando que el oxígeno suministrado fue necesario e intermitente y cuando el mismo es diferente al adecuado suena una alarma y de inmediato se modifica, no pudiendo jamás haber sido el mismo causante de la lesión ocular; el ROP no fue causado por hiperoxia; que en ninguno de los controles las niñas presentaban ROP de grados I o II ni aun en etapa preumbral o umbral, sí que la solitaria presencia de shunt sea indicativo de ello; que la falta del último control fue un hecho absolutamente intrascendente; que la retinopatía aconteció entre la fecha del alta sanatorial y la primera consulta oftalmológica externa; que el alta sanatorial fue correctamente otorgada y que como declararon las enfermeras se le suministró a los padres la información sobre pautas de alarma y necesidad de efectivizar los controles y que en la consulta al Dr. P. 48 hs. después de ello también les fueron indicados. 2) Impugna los mismos rubros y por las mismas consideraciones que los codemandados cuyos agravios fueron reseñados precedentemente.
II.5 Seguros Médicos S.A.: Critica la extensión de la responsabilidad por encima del monto de la póliza vigente al momento del hecho. Pone de resalto la incorrectas aplicación de la doctrina legal de la SCBA de la causa "Martinez" cuando aquí se trató de un seguro voluntario, al no existir la obligación de tener un seguro ni tampoco la medida del mismo. Señala que se afectó el principio de congruencia cuando la actualización de las pólizas no fue propuesta por ninguna de las partes.
II.6 TPC Compañía de Seguros SA: Sustancialmente su queja es similar a la anterior. Agrega que también es de imposible cumplimiento lo decidido ya que no existe póliza vigente en favor del Sanatorio a la fecha de la sentencia, por lo que no puede actualizarse a valores correspondientes a la fecha de valuación del daño, que el monto voluntariamente estipulado es el límite de la cobertura una vez que el asegurado o el tercero ,pruebe el daño efectivamente sufrido, que siendo la suma asegurada en moneda nacional rige el principio nominalista y que los accesorios (intereses) del capital (suma asegurada) sería la manera de "ajustar" la suma asegurada.
II.7 Con las presentaciones electrónicas del 20/9/2021, 22/9/2021, 24/9/2021 y 27/9/2021 ejercieron su derecho a réplica resistiendo las impugnaciones que recíprocamente formularon todas las partes con excepción de los codemandados OSECAC y Seguros Médicos SA
Entre los argumentos que se esgrimieron merecen señalarse que el aprendizaje de Braile, la asistencia de maestras integradoras y ayudas ópticas están cubiertas por el PMO dentro de las prestaciones de las Obras sociales y Prepagas; que no surge la necesidad de atención psicológica de las niñas actual y no se puede definir a futuro; que el viaje que realizaron a España obedeció a una decisión voluntaria de los accionantes, sin soporte científico, configurando una consecuencia remota; que no se aplicó el art.. 1069 CC; que ha quedado firme la condena a abonar a las aseguradoras por "dos siniestros"; que la relación prima -riesgo se ha desnaturalizado por el transcurso del tiempo y por efecto de la desvalorización económica, con independencia de que sea o no un seguro obligatorio; que la base del cálculo del rubro incapacidad se ajusta a las pautas de reparación del daño.
Por su parte la codemandada M. solicitó la deserción por insuficiente fundamentación del recurso de los actores.
Firme el llamado de autos para sentencia y habiendo sido oídos el Sr. Asesor de Incapaces (presentación del 29/3/2022) y el Sr. Fiscal General (presentación del 7/4/2022), se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPC).
En esa labor he de comenzar señalando que, independientemente de la suerte del recurso de los actores, no se evidencia en su factura los déficits técnicos que se le achacan ya que contiene una crítica concreta y razonada del fallo, por lo que la solicitud de deserción de la codemandada M. debe ser desestimada (arts. 260 y 261 CPCC).
Tampoco ha de prosperar el pedido de nulidad de la sentencia en razón del tratamiento del daño moral de los progenitores sin declarar la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil derogado aquí aplicable (art. 7 CCyCN) ni por haber ordenado ajustar el límite de cobertura de los seguros ya que, cuando por medio del recurso de apelación es factible concretar la posibilidad saneadora de la sentencia por defectos u omisiones que puedan afectarla, el recurso de nulidad carece de viabilidad, habida cuenta de la absorción de dicho remedio procesal por el recurso de apelación (art. 253 CPCC). Las distintas memorias han abordado las cuestiones referidas, cabiendo puntualizar que la actualización de la cobertura asegurativa pudo incluso ser requerida recursivamente (cfr. este tribunal Expte. n°: JU-10690-2016 Lutzu LS 62 n°167 sent. del 3/8/2021)
Y, antes de pasar al tratamiento de los distintos planteos, recordar que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.