Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 4800 2018
Aplicación de indexación – declaración de inconstitucionalidad del art. 7 Ley 23928 – Mala praxis – valoración del consentimiento informado – apreciación de la prueba pericial – actualización del límite de cobertura
Expte. n°: JU-4800-2018 P., M. H. C/ C. O. S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-4800-2018 caratulada: "P., M. H. C/ C. O. S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
I. Que en la sentencia dictada en fecha 13/11/2023 la Sra. Jueza de grado rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por M. H. P. contra A. A.; C. S.; C. O. S.A. y las citadas en garantía, con costas a cargo de la accionante vencida.-
Dicho pronunciamiento se encuentra referido al reclamo actoral tendiente a la reparación de los perjuicios que la accionante afirma haber padecido como consecuencia de la mala praxis médica de los demandados, producida en oportunidad de realizarle una cirugía tendiente a la curación del síndrome del túnel carpiano, que culminara con la amputación del miembro superior derecho por sobre el codo.-
Para arribar a dicha solución comenzó por señalar que la cuestión debe dilucidarse de acuerdo al régimen subjetivo de responsabilidad reglado por el art. 1.768 para las profesiones liberales.-
A continuación desestimó la omisión de requerirle a la accionante el correspondiente consentimiento informado, al considerar que si bien es cierto que el mismo no obraba agregado en la historia clínica oportunamente secuestrada, la misma fue acompañada al contestar la demanda. A ello agregó que si bien dicha historia clínica presentaba deficiencias, a partir de los reconocimientos efectuados por la propia accionante al absolver posiciones y de lo informado por el perito médico respecto a que la amputación no resulta un riesgo propio de la intervención, los defectos en la confección del consentimiento informado resultaron irrelevantes.-
En la misma dirección tampoco asignó importancia a las irregularidades en la historia clínica señaladas por la accionante.-
Por su parte, luego de valorar los informes periciales y el resto de la prueba producida, consideró que la parte accionante fracasó en su intento de acreditar la existencia de un obrar negligente por parte de los profesionales demandados, ni que su conducta haya tenido incidencia causal alguna con la amputación del brazo de la accionante.-
En consecuencia no encontró argumento alguno que justifique la condena de la Clínica demandada, ni de las citadas en garantía.-
Dicha resolución motivó el recurso de apelación interpuesto por la accionante en fecha 17/11/2023, el cual es debidamente fundado mediante la presentación realizada en fecha 25/02/2024.-
La crítica allí desarrollada luego de efectuar un resumen de los antecedentes de la causa se focaliza en primer término en la técnica anestésica empleada (bloqueo de Bier), mediante la cual se emplea un manguito neumático que realiza un torniquete que posibilita el vaciamiento de sangre en las extremidades, maniobra que proporciona un campo quirúrgico exangüe, con mínima pérdida de sangre, y condiciones quirúrgicas óptimas.-
Que dicha técnica anestesiólogica, conforme lo informado por la Universidad de Buenos Aires, no es la recomendada, no habiendo la sentenciante de grado valorado debidamente dicha circunstancia.-
A ello agrega que la sentenciante de grado valoró incorrectamente distintos hechos relevantes que estima acreditados a saber:
-El 07/09/2015 la Sra. P. fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica por el Dr. A. (cirujano) y S. (anestesista). La técnica empleada de anestesia fue mediante “bloqueo de Bier” colocándose un manguito neumático sobre el codo.
-No existió consentimiento informado.
-En la prueba confesional el Dr. A. manifiesta que se trataba de una práctica ambulatoria de riesgo nulo.
-Historia Clínica se encuentra deficientemente confeccionada. No obran detalles de horarios (puntualmente hora de inicio y finalización de la operación), no obra detalle de control y seguimiento de la presión operada al manguito neumático, no constan los nombres de las personas que participaron del acto quirúrgico, entre otras falencias.
- El mismo día de la operación la Sra. P. comenzó con fuertes dolores, inflamación y ampollas en su brazo. Lo que generó que el Dr. A le aconsejara vía telefónica que fuera a la sala de primeros auxilios de Pasteur a aplicarse una inyección con medicación.
- A la mañana siguiente a la operación de STC la Sra. P. viajó a Lincoln y el Dr. A. ante el cuadro clínico presentado decidió la internación de la misma.
-El estudio anatomopatológico del brazo amputado informó que la pieza presentaba focos de necrosis isquémica.
-La pericia del Dr. Gómez informa que la necrosis isquémica es muerte celular por falta de sangre.
-La pericia médica del Dr. Gómez y Dr. Puchetta informan en relación a la técnica de anestesia empleada que existen tiempos de permanencia, lugar de colocación y presión del manguito pre establecidos científicamente, y que si no se cumplieran podrían producirse complicaciones entre ellas la isquemia.
- El lugar de amputación coincide con el lugar donde se colocó el manguito neumático.
Puntualmente respecto de la ausencia de consentimiento informado insiste en que a la accionante no se le informó que podía sufrir fuerte inflamación, ampollas, edemas, pérdida de movilidad, isquemia, necrosis isquémica y la amputación del brazo.-
Que dicho incumplimiento torna aplicable al caso de autos el régimen de responsabilidad objetivo por el que todos los riesgos de la intervención quedan a cargo del profesional que incumpliera el deber de informar a su paciente.-
Respecto de los defectos de confección de la historia clínica sostiene que los mismos resultan de importancia en lo atinente a la hora de colocación y extracción del manguito neumático, y de la presión con que el mismo fuera colocado, por los riegos que su duración o errónea presión pueden ocasionar.-
En esta dirección señala que si bien la historia clínica detalla que el manguito fue colocado durante 60 minutos, dicha duración no solo carece de todo respaldo, sino que se contradice con los dichos del testigo B. quien explicara que la mujer fue llevada a la sala de operación a las 8:30hs., para recién volver a las 12:30 hs.-
A ello agrega que del relato de los testigos L. y R., es dable suponer que el médico anestesista S. no se encontraba en el quirófano al momento en que se le colocara el manguito ni cuando el mismo se le retiró.-
Tampoco existe constancia en la historia clínica de que el mango haya sido colocado con la presión correcta ni que la misma haya permanecido estable a lo largo de toda la intervención.-
A ello agrega otras deficiencias como ser el detalle del torniquete empleado, las personas intervinientes en la operación, como así también el horario de ingreso y egreso de la accionante en la Clínica.-
En cuanto a la ausencia de relación causal sostenida por la sentenciante de grado, considera que dicha conclusión es equivocada, al encontrarse acreditado que las deficiencias en el accionar médico, en la omisión de brindar la información necesaria previa a la intervención para que la paciente prestara su consentimiento en forma informada, la defectuosa confección de la historia clínica, omisión de controlar la presión y duración del manguito neumático entre otros, han ocasionado la amputación del miembro, no debiendo perderse de vista que la accionante ingresó a la clínica con nulo riesgo de amputación y al salir de la misma la misma tenía un fuerte dolor con un proceso que culminara en la amputación.-
Insiste en que en los supuestos de mala praxis debe aplicarse la carga dinámica probatoria, y que en el caso en que no se haya podido diagnosticar o identificar la causa de la amputación, debe pesar sobre los demandados, no pudiendo convalidarse una actitud pasiva de los mismos en este punto.-
Prosigue su crítica señalando que el perito anestesiólogo omitió responder los puntos de pericia atinentes al síndrome compartimental el que podría haber sido la causa de la amputación, el que se relaciona con los defectos en la colocación del manguito neumático.-
A lo antes expuesto agrega que de los informes periciales presentados por los Dres. Gomez y Pucheta surge que la necrosis isquémica detallada en el informe patológico realizado en el brazo amputado, se condice con los riesgos del método anestésico empleado, coincidiendo asimismo la zona de amputación con el de colocación del manguito neumático.-
Por las razones expuestas solicita la revocación del decisorio con la consiguiente recepción de la demanda entablada.-
Que habiéndose corrido traslado de la expresión de agravios, la misma es resistida por los demandados y citadas en garantías mediante las presentaciones realizadas en fecha 7/03/2024 y 12/03/2024, con lo que una vez firme el llamado de autos y sorteado el orden de votación, la cuestión ha quedado en estado de ser resuelta.-
II. En tal labor, comenzaré por recordar que la C.S.J.N. ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes.-
III. Ya en tarea decisoria y en procura de un mejor orden metodológico habré de iniciar por tratar el agravio dirigido a la omisión por parte de los demandados de brindarle a la accionante la información requerida respecto de la intervención quirúrgica realizada, en miras de que la misma pudiera otorgar el correspondiente consentimiento informado.-
Para ello resulta oportuno comenzar por recordar que conforme lo normado por el art. 5 de la ley de Salud Pública, cuya obligatoriedad y alcances han sido reiterados por el art. 59 del C.C.C. se entiende por " consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados; g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable; h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento ." (sic. el resaltado en negrita me pertenece).-
En esta dirección, es dable iniciar por precisar que el deber de información se encuentra comprendido dentro del denominado "consentimiento informado", el que debe ser entendido como: "... el proceso gradual que tiene lugar en el seno de la relación sanitario-usuario, en virtud del cual el sujeto competente o capaz recibe del sanitario bastante información, en términos comprensibles, que lo capacita para participar voluntaria, consciente y activamente en la adopción de decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de su enfermedad... Es decir, el concepto abarca tanto el deber del médico de brindar una información completa y adecuada respecto del tratamiento que se prescribe previamente al paciente, y también el deber de obtener el consentimiento de éste antes de iniciar el tratamiento o la intervención quirúrgica ..." (Tallone, "Ausencia de consentimiento Informado. Implicancias dentro de la responsabilidad Civil Médica" RDD 2007-2 La o misión en el Derecho de Daños, cita: RC D1642/2012).-
Concordantemente se ha sostenido que: "... En la determinación de la responsabilidad médica, el consentimiento informado constituye la declaración de voluntad del paciente luego de habérsele brindado suficiente información sobre el procedimiento o intervención quirúrgica propuesta como médicamente aconsejable. En efecto, como el paciente es quien debe sufrir las consecuencias y soportar los gastos del tratamiento médico, debe conocer cuáles son los riesgos que encierra el tratamiento propuesto, las alternativas posibles y cuantas y cuáles son las probabilidades del éxito. Tal consentimiento comprende dos deberes por parte del médico: la obtención de dicho consentimiento y la información al paciente, a fin de que pueda participar inteligentemente en la aceptación o no del tratamiento ..." (Mosset Iturraspe- Piedecasas, "Derechos del Paciente" pág. 285).-
Por su parte, no debe perderse de vista que en aquellos casos como el de autos en donde el paciente se somete a una intervención quirúrgica el mismo debe ser prestado por escrito (conf. art. 7 inc. b de la ley 26.529), formalidad que si bien como expusiera la sentenciante de grado no debe ser interpretada de modo sacramental, impone analizar con mayor estrictez, la valoración de la prueba tendiente a la acreditación de la efectiva existencia del consentimiento informado por otro medio por parte del paciente (conf. arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Precisado ello, adelanto que habré de discrepar con la sentenciante de grado en cuanto tuvo por acreditada la prestación del consentimiento informado por parte de la aquí accionante.-
Arribo a dicha conclusión partiendo de que al momento de secuestrarse la historia clínica de la Sra. P. obrante en los archivos de la clínica demandada, la misma no constaba de consentimiento informado alguno, el que recién fuera acompañado por la Clínica en su conteste de demanda del 9/10/2020.-
Respecto de dicho instrumento es dable señalar que el mismo se trata de un formulario pre impreso, en el que solo se insertara la fecha (7/09/2015) el nombre de la paciente y el del médico tratante (A.), en el que ni siquiera se especificara a qué clase de intervención quirúrgica se sometería la accionante. Por su parte, resulta decisivo que la firma atribuida a la actora fue expresamente desconocida por la misma al evacuar el traslado de la documentación en el conteste de fecha 3/03/2021.-
Conforme a ello, y no habiéndose producido la prueba pericial ofrecida en subsidio para el caso de desconocimiento de dicha prueba instrumental, es que corresponde no tener por firmado dicho instrumento por la aquí accionante (conf. arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C. y arts 288, 314 y ccdtes. del C.C.C.).-
A lo antes expuesto es dable agregar que si bien la accionante en absolución de posiciones realizada en la audiencia de vista de causa realizada en 19/05/2022 reconoció que: le fueron explicadas pormenorizadamente las características de la lesión padecida y los métodos alternativos del tratamiento (1° posición); que prestó consentimiento para la realización del acto quirúrgico para tratar el síndrome del túnel carpiano (2° posición), que dio su conformidad para que dicho acto se realizara en la Clínica, los Dres. S. y A. (3° posición), y que previamente se le explicó las características del método anestésico a aplicarse (4° posición); de ninguno de tales reconocimientos puede inferirse que se le hubiera informado debidamente de " Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles " (art. 5 inc. inc. d de la ley 26.529), siendo dicha omisión suficiente para tener por incumplida la carga de informar debidamente a la paciente para que la misma diera su consentimiento informado en los términos requeridos por la ley de Salud Pública.-
En cuanto a la falta de relación causal señalada por la sentenciante de grado al quitarle toda relevancia a la eventual omisión de prestar consentimiento informado, es dable adelantar que además de las razones que habré de desarrollar en el apartado siguiente, del propio consentimiento para intervenciones quirúrgicas adjuntado por los demandados en su responde (no reconocido por la accionante), surge como uno de los riesgos propios de toda intervención quirúrgica, la necrosis , la que como habré de precisar más adelante, fue constatada en el miembro superior amputado a la aquí accionante, lo que por sí solo deja en evidencia la relación causal existente entre la ausencia de consentimiento informado por parte de la accionante y el daño por ella padecido (conf. art. 1.726 del C.C.C.).-
Asimismo es dable señalar que la necrosis también fue señalada como uno de los riesgos o complicaciones de la operación del Síndrome del Túnel Carpiano por el Dr. Gómez al responder el punto de pericia n° 6 en su presentación del 1/05/2022.-
Llegado a este punto es dable recordar que: "... Ninguna duda cabe, a esta altura de nuestra exposición, que la omisión o defecto en la obtención del previo consentimiento informado del paciente acarrea la lógica consecuencia del incumplimiento contractual por parte del médico o del ente asistencial, y ello bastará para generar en favor del enfermo una indemnización por los daños sufridos por ello, aun cuando el acto médico se haya llevado a cabo de conformidad con la lex artis. Gamarra sostiene que la omisión del consentimiento informado configura el incumplimiento de una obligación de resultado que incumbe al prestador del servicio asistencial, y por sí solo genera responsabilidad...
...ante la falta de acreditación del consentimiento informado por parte del médico, no queda más que determinar que ha sido el facultativo quien asumió por sí solo los riesgos inherentes a la intervención o práctica recomendada, en lugar del paciente o de la persona llamada a prestar la conformidad con él, aunque para determinar la extensión del resarcimiento deberá analizarse minuciosamente la relación de causalidad.... Ninguna duda cabe, pues, de que estamos en presencia de una omisión culposa por la cual el médico debe responder, la que se deriva del deber de brindar al paciente información objetiva, veraz, completa y asequible antes de someterlo a cualquier actividad terapéutica..."
"...Claro está que, para determinar la extensión del resarcimiento ante la falta de obtención del consentimiento informado del paciente, debemos referirnos nuevamente al problema de la relación de causalidad. ello así, puesto que una cosa es que los riesgos de la intervención no consentida se
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