Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 160537
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado el 13/08/2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C., 730 del CCyC)
II. Rechazar el recurso articulado por el perito el 24/08/2020 (arts. 271 y 272 del C.P.C.C.).
III. Imponer las costas de ambos recursos en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . FOLIO N° .
EXPEDIENTE N° 160537. JUZGADO N ° 2
"CHICA DIANA VALERIA C/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " CHICA DIANA VALERIA C/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por el demandado el 13/08/2020, contra lo resuelto a fs. 509/513 y, el recurso articulado por el perito Spicacci el 24/08/2020 contra el auto de fecha 20/08/2020.
I.1. Mediante la resolución de fecha 15/05/2020, el Sr. Juez desestimó el prorrateo del 730 del CCyC solicitado por San Cristobal S.M.S.G.
Consideró que los honorarios y aportes de la mediadora así como los honorarios de los letrados de la actora, por haber sido acordados y encontrarse satisfechos, no quedan alcanzados por lo normado en la norma aludida.
Explicó que únicamente corresponde incluir los honorarios del perito interviniente, y al no exceder estos el tope del 25% previsto en la normativa, rechazó su aplicación.
I.2. Apeló el demandado el 13/08/2020. Fundó sus agravios el 25/08/2020, los que quedaron incontestados.
Su queja gira en torno a la exclusión de los honorarios de la mediadora y de los letrados de la parte actora del prorrateo autorizado por el art. 730 del CCyC.
Con relación al primero, sostuvo que no corresponde su exclusión por el solo hecho de haberse devengado su labor en la etapa previa al juicio.
Insistió en que esta retribución integra la condena en "costas" y, por ende, queda alcanzada por dicha limitación legal.
Respecto de los segundos, refirió que la norma no excluye su aplicación a los honorarios profesionales que hubieran sido fijados por acuerdo entre partes y, agregó, que el pago denunciado tampoco obsta su inclusión a los efectos de la operación total de prorrateo.
Solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la decisión en crisis, ordenándose incluir en el prorrateo previsto en el artículo 730 del CCyCN tanto a la retribución fijada en favor de la mediadora, como a los honorarios y aportes correspondientes a los abogados de la actora, a los honorarios del perito, la tasa de justicia y su contribución.
II. El 24/08/2020 el perito Spicacci interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el proveído del 20/08/2020. Desestimado el primero, se concedió la apelación el 21/10/2020, que no fue respondido.
Argumentó que la resolución impugnada por el accionado se encuentra firme y consentida al haberse ordenado su notificación ministerio legis.
III. Recurso de fecha 13/08/2020.
1. Honorarios de la mediadora.
1.1 Los honorarios de la mediadora, Dra. Deborah Karina Pagano, no se encuentran alcanzados por la limitación y el prorrateo del art. 730 del CCyC.
La CSJN, se ha pronunciado en relación a la constitucionalidad de este artículo en la causa "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seguros Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" (sentencia del 11/07/2019). En dicha oportunidad, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal, se afirmó que la regulación del artículo "limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales" (conf. cita del Procurador a los Fallos: 332:921, "Abdurraman", considerando 12; 332:1118, "Brambilla", considerando 3 y 332:1276, "Villalba", considerando 5, dictamen del 12/06/2018).
Es que el punto saliente consiste en que el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamar a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión. Es decir, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la CN se encuentra garantizado por la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecutaran a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de los honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal (conf. dictamen del Procurador, 12/06/2018, CSJN, causa "Latino" citada).
1.2. En el caso de autos, tales fundamentos no pueden sostenerse respecto de los honorarios de la mediadora.
Conforme el artículo 27 del decreto 2530/2010 –reglamentario del artículo 31 de la ley 13.951 y aplicable al caso según la fecha de celebración de la mediación el (v. fojas 6/7; conf. SCBA doct. cusa "Morcillo", res. I-73016 del 08/11/2017)–, el mediador "tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta" (el subrayado no es de origen).
El único obligado al pago –legitimado pasivo– es el condenado en costas, sin que esté prevista solidaridad alguna con quien resulte vencedor en el pleito (causas nro. 152.880, RSI 18-27/30 del 19/02/2013; 155.910 RSI 86-155/7, del 20/03/2014).
Ni de la normativa que regula la labor de los mediadores ni del acuerdo celebrado por las partes en estos autos surge la posibilidad de que las partes afronten de manera solidaria el pago de los honorarios de la Dra. Deborah Karina Pagano (v. acuerdo de fs. 435/7; argto. esta Sala causa nro. 160.681, RSD 74-357/60, del 31/03/2016; arts. 31 ley 13.951, arts. 27 y 28 decretos 2530/2010).
En consecuencia, contemplando que la mediadora no puede exigir el cobro de sus honorarios de quien no es condenado en costas, no corresponde la inclusión de aquellos en el cálculo previsto en el artículo 730 del CCyCN. Lo contrario implicaría el riesgo de consagrar una indebida reducción de la retribución, vulnerándose el derecho constitucional de propiedad (art. 17 CN; conf. doct. CSJN in re "Latino", a contrario; esta Sala, causa nro. 168.487, RSI 419 del 04/10/2019).
2. Honorarios de los letrados de la parte actora.
2.1. El límite máximo del 25% en el pago de las costas, establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, es renunciable por el deudor, quien puede extender su responsabilidad por arriba de esta limitación. Dicha renuncia puede ser expresa o tácita, al materializarse el abono de lo adeudado o formalizarse un convenio de pago, y es válida en tanto no existe interdicción legal alguna al respecto. Ello así, pues se trata en este caso de un acto voluntario del deudor, extraño al orden público y exento por esto de la autoridad de los magistrados (art.19 C.N.) en cuanto no contraríe las buenas costumbres, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad (CNCiv. Sala “M”, Expte. n°65514/2002, “Barila Walter Hugo c/ Vivas Leonardo Martín y otros s/Daños y perjuicios”, del 18/05/2016, el subrayado nos pertence).
Al respecto, se ha dicho, que no corresponde incluir los honorarios del letrado de la actora que fueran expresamente pactados con la demandada en el acuerdo conciliatorio, a los fines de definir si se ha excedido el límite del 25% establecido en la norma citada, pues, de lo contrario, se afectaría el derecho de aquél a percibir lo que, voluntariamente, la accionada se avino a abonarle, lo que redundaría -asimismo- en detrimento de los honorarios regulados a los restantes profesionales actuantes (Cámara Civil de San Nicolás, causa nro. 10837 "Sanchez Facundo Sebastian c/ Transporte Giozzi y Pollier Socienda de hecho y otros s/ daños y perjuicios" RSI 14 del 04/07/2019).
De las constancias de autos, se desprende que a fs. 364/380 se dictó sentencia definitiva admitiendo la demanda con costas a la demandada. Luego, el 7 de julio de 2016 (v. fs. 435/7) las partes arribaron a un acuerdo de pago por capital e intereses de condena, acordaron los honorarios de la Dra. María Lorena Silvestri y los del Dr. Héctor Franco Girardi -letrados de la parte actora- en la suma de pesos $7.500 a cada uno de ellos (v. clausula 6), los que serían abonados por transferencia bancaria o, a opción de los letrados mediante cheque en la misma fecha en que se produzca el vencimiento para el pago de capital y en el mismo domicilio de pago. A su vez, la accionanda asumió tanto el pago de la tasa de justicia y su contribución (v. clausula 9), así como los honorarios del perito y de la mediadora (v. clausula 10).
En este contexto, es evidente que los términos del acuerdo implican el apartamiento voluntario del régimen legal cuya aplicación ahora solicita y, por ello, no corresponde en este particular supuesto admitir el prorrateo solicitado (argto. art. 13 CCyC).
2.2. Si bien al momento de pactarse la retribución de los Dres. Silvestri y Girardi aún no se habían tarifado los restantes honorarios, lo cierto es que, el demandado contaba con información suficiente - liquidación ($75.000) y honorarios de los letrados de la actora con sus aportes ($16.500)- como para calcular al momento del acuerdo si las sumas resultantes por costas excederían el tope del 25% y, en su caso, dejar a salvo la reserva de solicitar su prorrateo.
Resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que resultan incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Tal circunstancia, importa una afectación al principio de la buena fe y vulnera la confianza que el otro ha tenido en el obrar previo (CSJN, Fallos: 321:221 y 2530, 325:2935, 329:5793 y 330:1927, 338:161; SCBA, Ac 51445 del 15/11/1994, Ac 69602 del 02/02/2000, Ac 90093 del 19/10/2005, C 107199 del 05/10/2011 C.119273 del 15/07/2015, entre muchos otros, esta sala, causa nro. 163.951 "Aprea, Jorge Mariano C/ Sucesores de Cruces, José N. S/ Prescripción adquisitiva” RSD 248 del 03/10/2017).
Debe desalentarse la intención del recurrente de incluir dentro del prorrateo del art. 730 del CCyC los honorarios pactados y ya percibidos por los letrados de la accionante pues, su actitud atenta claramente contra el principio aludido (argto art. 9 y 1067 CCyC).
2.3. Por lo expuesto hasta aquí y, siendo que los restantes rubros: honorarios del perito ($5.250), aportes ($525), tasa de justicia ($1.650) y su contribución ($165), no superan el tope del 25% que establece la normativa en cuestión ($18.750), es que concluimos que el prorrateo solicitado resulta inadmisible.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso en lo que ha sido objeto de análisis y, por consiguiente, confirmar lo decidido en la instancia anterior.
IV. Recurso de fecha 24/08/2020.
1. Para que un recurso de apelación llegue a feliz término, debe satisfacer requisitos de admisibilidad y de procedencia, ya que ante la ausencia de cualquiera de ellos, la vía resulta frustrada (arts. 242, inc. 3ro.; 250, inc. 2do. y 3ro., y concds. del CPCC).
Si bien el primer juicio de admisibilidad del remedio procesal intentado fue llevado a cabo por el a quo, esa sola circunstancia no produce la apertura de la segunda instancia, ya que la alzada es quien -en definitiva- efectúa una nueva revisión sobre la admisibilidad formal del recurso, que de ningún modo resulta condicionada por la decisión anterior (esta Sala, causas nro. 106.354, RSD 204/98 del 25/6/1998; nro. 110.964, RSD 497/99 del 9/11/99, entre otras; S.C.B.A., Ac. 59.303, s. del 17/2/1998; entre otras).
2. En el caso, el auto cuestionado por el perito Spicacci, se limitó a conceder el recurso de apelación deducido por el demandado el 13/08/2020.
Sin embargo, concedido un recurso no es facultad del Juez de Primera Instancia revisar tal concesión al haberse desprendido de la Jurisdicción, sino poder de la Cámara entrar a su consideración o declararlo mal concedido en virtud de la doctrina que emerge del art. 271 del C.P.C.C. De allí entonces, que el auto que concede un recurso de apelación no es atacable por el mismo remedio procesal, ya que es la Cámara, en virtud de los poderes que emergen de la doctrina de los arts. 271 y 272 del C.P.C.C., la encargada de examinar su concesión (Cámara Civil y Comercial San Martin, "Ventresca, Héctor y otro/A C/ Zapata, Zulma y otros S/ Desalojo (Excepto por falta de pago)" causa nro. 75788 RSI 196 del 27/08/2019).
Por ello, entendemos que la decisión que concede un recurso de apelación resulta inapelable, por lo que el embate bajo análisis debe declararse mal concedido.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado el 13/08/2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C., 730 del CCyC)
II. Rechazar el recurso articulado por el perito el 24/08/2020 (arts. 271 y 272 del C.P.C.C.).
III. Imponer las costas de ambos recursos en el orden causado habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
V. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2021 11:47:05 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 13:03:57 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 13:05:23 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Fin de la sentencia