Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 115676
Nro de Orden:
Libro: S-195
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 7
Expte: SI-115676
Juicio: LESPADE CARLOS MATIAS C/ TELECOM PERSONAL SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Junio de 2016,
se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos
Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la
Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-115676 , en los autos: “LESPADE
CARLOS MATIAS C/ TELECOM PERSONAL SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales
de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1°.- ¿Es inconstitucional el art. 52 bis de la ley 24.240?
2°.- En su caso, ¿es justa la sentencia apelada?
3°.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la
votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibalucía dijo:
I. La sentencia de fs. 141/50 es apelada por el actor, quien se agravia de que
no se haya acogido su pedido de que se aplique a la demandada la multa civil contemplad por
el art. 52 bis de la ley 24.240 (texto ley 26.361). Los agravios no son contestados por la
demandada.
Corrida vista al Ministerio Público Fiscal conforme a lo dispuesto por el art. 27
de la ley 13.133, el Fiscal General Adjunto se pronuncia por la afirmativa.
II.- 1.- El Sr. Carlos Matías Lespade promovió demanda contra Telecom
Personal S.A. por indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual y la
suma que se determine en concepto de multa civil en los términos del art. 52 bis de la ley
24.240.
Dijo que el 13/06/11 compró a la accionada un teléfono celular por la suma de
$ 2.975,61 en una sucursal de la C.A.B.A., pagando mediante tarjetas de crédito Visa y
American Express de otra persona, emitidas por el Banco Santander Río, y el resto en efectivo.
Como el teléfono no funcionaba bien, estando dentro del plazo de cinco días, decidió cancelar
la compra, a cuyo fin el agente de Telecom Personal S.A. emitió una nota de crédito por el
valor total del equipo a fin de que pudiera gestionar el reintegro del dinero.
Continuó diciendo que con ese fin se dirigió a la casa central de Telecom
llevando toda la documentación y la nota de crédito, pero no se realizó la gestión por
“problemas admnistrativos”. Como seguían descontando las cuotas de la tarjeta de crédito,
llamó a Telecom Personal y le dijeron que el trámite de cancelación no se había iniciado, por lo
que se dirigió nuevamente a la casa central, donde se inició el mismo. Le seguían descontando
las cuotas, motivo por el cual se dirigió al banco y le dijeron que no tenían orden de Personal
de suspender el cobro. En diciembre de 2011 Organización Veraz S.A. le mandó una carta
haciéndole saber el atraso en el pago de las obligaciones.
Continuó narrando que, ante esa situación, promovió el reclamo en la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, y recién en la tercera
audiencia se presentó la demandada, en la que se acordó una cuarta audiencia (el 17/04/12).
En esta la accionada presentó un acuerdo conciliatorio mediante el cual se comprometió a
reintegrar el total de lo abonado, compromiso que no cumplió.
Solicitó: a) reintegro de gastos por $ 2.975,61; b) indemnización por daño
moral, que estimó en $ 5.000; c) la multa civil, cuyo monto no estimó.
2. Corrido el traslado de ley, Telecom Personal S.A. contestó la demanda
negando todos los hechos expuestos, con la excepción del acuerdo conciliatorio celebrado en
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, pero dijo que no era veraz que no lo hubiera
cumplido dado que puso a disposición del actor el cheque de reintegro del dinero de la compra
del celular y aquel nunca pasó a retirarlo por la empresa.
Dijo también que lo primero que debió hacer el actor fue entregar el equipo –
cosa que no hizo – y luego gestionar el reintegro ante la entidad bancaria. Negó rotundamente
que la empresa le hubiera emitido una nota de crédito, lo que tienen prohibido hacer los
empleados de las oficinas comerciales.
Negó que hubiera daño causado y que fuera procedente la aplicación del art.
52 bis de la ley 24.240. Subsidiariamente planteó la inconstitucionalidad de esta norma por
implicar un tipo penal abierto en violación del art. 18 de la C.N. y sus equivalentes de tratados
internacionales, y por exceder su aplicación el daño efectivamente sufrido.
3. Se corrió traslado al actor de la documentación acompañada por la
demandada y del planteo de inconstitucionalidad, no pronunciándose sobre esto último (auto
de fs. 62).
4. Abiertos los autos a prueba y producida la misma, se dictó sentencia,
haciéndose lugar parcialmente a la demanda, con costas.
La juzgadora entendió que el acuerdo arribado en sede administrativa estaba
reconocido, y que no era una eximente que el actor no hubiera concurrido a retirar el cheque,
dado que, siendo la accionada la deudora a ella le correspondía hacer las gestiones necesarias
para que la obligación asumida mediante el acuerdo llegara a su fin. Consideró que era la
demandada quien debía probar que el pago se había efectuado. Dio por acreditada la
autenticidad de la factura acompañada y condenó a pagar su importe ($ 2.975,61); también
condenó a pagar la suma de $ 5.000 por daño moral, en ambos casos, con más sus intereses
desde la fecha de mora.
Respecto de la multa civil, dijo la jueza que, dado el carácter penal de la figura,
no bastaba con el mero incumplimiento, sino que hacía falta que se tratara de una conducta
particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como
mínimo, de una grosera negligencia, circunstancias que no se daban en el caso.
III. Se agravia el actor de la no fijación de la multa civil contemplada por el art.
52 bis de la LDC. Recuerda lo relatado en la demanda en cuanto a los viajes que debió hacer a
la Capital Federal para solucionar el problema, que fue incluido en el Veraz. Sostiene que la
accionada actuó de mala fe, que los $ 5.000 por daño moral es muy poco para reparar el daño
sufrido por el tedioso camino recorrido.
IV. No habiendo la sentenciante hecho lugar a la aplicación de la multa civil no
tenía agravio la demandada para apelar en esta materia, pero la apelación de la actora obliga a
tratar como cuestión previa el planteo de inconstitucionalidad que dicha parte hiciera al
contestar la demanda, conforme al instituto de la “apelación adhesiva” (S.C.B.A., Ac. 32.560
del 26/02/85, autos “Decuzzi”, A. y S. 1985-I-141, J.A. 1986-I-552; en igual sentido: Ac. 34.286,
17/09/85; ac. 52.242, 6/12/94; Ac. 46.653, 4/08/92, E.D. 149-608, L.L. 1993-A-343; Ac. 36.386,
17/02/87; Ac. 70.779, 3/05/00; Ac. 35.610, 9/06/97; C.C. y C. Morón, Sala II, c. 33.402,
8/06/95; c. 34.864, 12/03/96; C.C. y C. La Plata, Sala II, c. 224.192, 11/07/96; c. 232.411,
14/04/99 y c. 226.511, 7/12/99; C.C. y C. San Nicolás, c. 981.519, 20/10/98; esta Sala, causas n°
109.061 del 7/10/04; 112-201 del 16/12/08, entre otras). Como ha dicho esta Sala en esta
causa, con cita de la Cámara de Azul, conforme al principio de la devolución implícita de toda
la materia a la Alzada se halla facultada para considerar todas las cuestiones, razones y
argumentos que, incorporadas correctamente a la litis fueron sin embargo rechazados u
omitidos de examinar en el pronunciamiento de primera instancia” (C.C. y C. Azul, Sala II, c.
36.924, 18/03/96, E.D. 171-623, D.J.B.A. 150-253).
Ciertamente se han esgrimido argumentos muy serios para sostener que el art.
52 bis de la ley 24.240, tal como está redactado, es inconstitucional. La impugnación
fundamental pasa por entender que la sanción que la norma prevé tiene exclusivamente
carácter penal (el artículo dice “independientemente de otras indemnizaciones que
correspondan”), y en tal sentido no cumple con las exigencias del art. 18 de la C.N. (y
concordantes de tratados internacionales, DUDH, art. 11; CADH, arts. 8 y 9; PIDCyP, art. 15), en
la medida que se trata de un tipo penal abierto. Ello así dado que la norma lo prevé por el sólo
incumplimiento de “obligaciones legales o contractuales” sin exigir nada más (Bueres, Alberto
y Picasso, Sebastián, “La función de la responsabilidad civil y los daños punitivos”, Mayo, Jore y
Crovi, Luis, “Penas civiles y daños punitivos”, Rinissi, Antonio y Rey de Rinissi, Rosa,
“Naturaleza jurídica del daño punitivo”, en Rev. de Derecho de daños, 2011-2, “Daño
punitivo”, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., ps. 18, 59 y 131; Picasso, Sebastián, Comentario al art. 52
bis en Picasso-Vazquez Ferreyra (Dir.), “Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada”,
L.L., Bs. As., 2009, p. 593).
En cuanto a la naturaleza penal de la multa se sostiene que surge de la misma
Exposición de Motivos de la ley 26.361, en que se dijo que el tope de la multa previsto
obedecía “al principio de reserva de la ley penal, atento al carácter punitivo del instituto”.
En contra de esta tesis se argumenta que se trata de una pena civil y no de
derecho penal, pero bien se ha recordado, con cita de Eugenio Zaffaroni, que el derecho penal
conminatoria para obtener el cumplimiento de resoluciones judiciales, y por ello, pueden ser
dejadas sin efecto o reajustadas si el incumplidor desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceder. El art. 52 bis de la ley 24.242 no contempla, en cambio, que una vez
firme, el juez la deje sin efecto o la reduzca.
Mayor similitud guarda con las sanciones por temeridad y malicia que
contempla el art. 45 del C.P.C.C., pero en este caso no puede perderse de vista que la norma
prevé un máximo que no puede superar el 10 por ciento del monto del juicio. En cambio el art.
52 bis de la LDC contempla un límite que puede ser varias veces superior al daño
efectivamente sufrido por el consumidor.
Ahora bien, ¿el carácter punitivo de la norma y el hecho de que no sea
totalmente asimilable a la cláusula penal, a las astreintes o a las sanciones por temeridad o
malicia la convierte en inconstitucional?
El análisis debe partir de la base de que, como ha dicho la Corte Suprema
Nacional reiteradameante, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden
jurídico (Fallos: 256:602; 302:166; 307:531; 316:188; 324:3219, entre otros). Es decir, es el
último recurso al cual debe acudirse, dado que debe presumirse que el legislador actúa
respetando la Constitución. Ello conduce a que debe hacerse el esfuerzo de la interpretación
conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos de igual jerarquía, máxima
que hoy consagra expresamente el art. 1 del C.C.C. (La interpretación conforme es una
directiva prevista en varias constituciones – v.g. México, art. 1; Colombia, art. 93; Perú -, ha
sido desarrollada por los autores europeos – ver Ricardo Guastini, “La constitucionalización del
ordenamiento jurídico”, en Carbonell, Miguel (Dir.), “Neoconstitucionalismo(s)”, Ed. Trotta,
Madrid, 2009, p. 49, y es frecuentemente invocada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en relación a la aplicación de la Convención).
Ello implica que si una norma ofrece dos (o más) interpretaciones posibles, una
de las cuales conduce a su inconstitucionalidad y otra a su validez constitucional debe optarse
por esta última.
Es cierto que, tal como está redactada la norma, parece irrazonable (art. 28
C.N.), toda vez que contempla la sanción por el sólo incumplimiento de obligaciones legales o
convencionales, sin ninguna especificación acerca de la conducta pasible de ella ni gravedad
alguna, dejando su imposición y graduación a la mera discrecionalidad del juez sobre la base
de pautas tan abiertas como la “gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”. Pero,
paradójicamente, es precisamente esta discrecionalidad judicial la que permite una
interpretación conforme a la Constitución.
Es decir, el juez debe interpretar el art. 52 bis en armonía con el art. 42 de la
C.N. y con resto de la ley. Por cierto que la protección del consumidor que tutela la norma
constitucional de ningún modo justifica la arbitrariedad, toda vez que los principios
constitucionales deben armonizarse de forma tal que todos conserven igual valor y efectos,
como ha dicho reiteradamente la Corte Nacional (Fallos: 300:1080; 301:460; 304:794; 307:518,
entre otros). En el caso, la protección del consumidor de la norma constitucional indicada no
justifica la violación del debido proceso o de la defensa en juicio ni la aplicación de penas que
no se justifiquen por hechos debidamente probados en el expediente respectivo (art. 18 C.N.).
En relación a la armonía con el resto de la ley debe tenerse presente que en el
Título II contempla las facultades de las autoridades de aplicación (del orden nacional, de la
CABA y de las provincias) para instruir actuaciones administrativas por infracciones a la ley y
sus normas reglamentarias y aplicar sanciones, que pueden llegar a multas de hasta $
5.000.000, clausuras de establecimientos, decomisos o pérdida de concesiones (art. 47). El art.
49 prevé que para la aplicación y graduación de esas sanciones debe tenerse en cuenta el
perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado
del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los
riesgos o de los perjuicios sociales producidos, la reincidencia y demás circunstancias
relevantes del caso.
Es decir, la misma ley contempla, para la aplicación de sanciones
administrativas, todo lo que en la doctrina y jurisprudencia del derecho comparado dio lugar al
nacimiento de los punitive damages, que nuestra ley, sin embargo, recepta, de una manera
muy distinta, en el art.52 bis de la LDC.
En efecto, como es bien sabido el caso emblemático de este instituto es
“Grimshaw vs. Ford Motor Company” resuelto por la Corte de California en 1981, en el cual se
comprobó que un defecto de fabricación (de diseño) de un automóvil (Ford Pinto) hacía que se
incendiara cuando era chocado de atrás, defecto que la empresa conocía pese a lo cual lo
seguía fabricando y vendiendo dado que la estimación o cálculo de la cantidad de accidentes
que pudieran producirse e indemnizaciones que efectivamente debiera pagar por ello arrojaba
sumas muy menores a lo que implicaba reparar todos los vehículos existentes en el mercado y
cambiar la línea de producción. Se consideró que la decisión de la empresa implicaba un obrar
desaprensivo, rayano con el dolo, y que solamente la aplicación de una sanción económica
importante podía disuadirla de seguir obrando de esa manera. Muchos otros casos de la
jurisprudencia norteamericana (entre ellas, por ejemplo, las cuantiosas indemnizaciones
impuestas a las compañías tabacaleras que habían ocultado dolosamente que sabían los
efectos adictivos que producía la nicotina) fueron originados en situaciones similares. Es decir,
la comprobación de un comportamiento reiterado, desaprensivo hacia la salud o la seguridad
del consumidor, con aprovechamiento de la situación dominante del mercado, etc.
La ley 24.242 contempla ello, como dije, en los arts. 47 y 49. Por consiguiente,
el art. 52 bis no puede interpretarse de forma tal que se entienda que el legislador quiere que
por el mismo comportamiento se apliquen las dos sanciones: la administrativa y la judicial. Si
el mismo autor de la norma en la Exposición de Motivos dijo que el art. 52 bis tenía naturaleza
penal es imposible creer que su intención fue aplicar dos sanciones por lo mismo, toda vez que
ello sería contrario al principio non bis in idem. Para que el juez no pudiera incurrir en la
violación de este ancestral principio tendría que recabar información a las autoridades de
aplicación de la ley para verificar si la empresa no fue ya sancionada por un tipo de conducta
similar a la que es motivo de juzgamiento. Esta información – hasta lo que el suscripto tiene
conocimiento de acuerdo al relevamiento de fallos efectuado – nunca se hace, quizás porque,
en la mayoría de los casos se imponen multas civiles de montos bajos, o porque, precisamente,
se teme no incurrir en la doble punición. Es de señalar, además, que la preocupación por la no
violación del non bis in idem ha sido receptada por el art. 1714 del Código Civil y Comercial.
La conclusión inevitable de este análisis armónico y sistemático de la ley
24.242 es que el art. 52 bis no contempla el mismo tipo de sanción que los llamados “punitive
damages” de la jurisprudencia norteamericana, dado que la finalidad de estos está
contemplada por vía administrativa por los arts. 47 y 49 de la ley.
Por vía de este razonamiento, volvemos a la lectura literal del art. 52 bis.
Alude al incumplimiento de obligaciones legales o convencionales sin hacer ninguna alusión a
lo que en el derecho comparado dio nacimiento a los “punitive damages” (a lo que sí alude el
art. 49), porque la intención ha sido alejarse de la motivación de esa jurisprudencia. El art. 52
bis se refiere al incumplimiento legal o convencional en el caso concreto que el juez tiene en
sus manos, lo que queda ratificado cuando, a continuación, habla de la graduación de la multa
“en función de la gravedad del hecho”; o sea en singular.
Desde esta lectura, entonces, aún cuando el límite que el mismo artículo
impone a la multa es muy alto, es evidente, a mi juicio, que el monto tiene que tener
proporción con el monto del daño efectivamente causado. Es que la “gravedad del hecho”
nunca puede ser ajeno a este último.
Por otro lado, una de las objeciones constitucionales que se ha hecho al art. 52
bis es que el monto de la multa civil tiene como destinatario al damnificado, el que, además,
cobra íntegramente la indemnización por el daño sufrido. Se sostiene, entonces, que implica
un enriquecimiento sin causa, que viola el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) y es
irrazonable (art. 28 de la C.N.).
No cabe ninguna duda que era notablemente mejor la previsión de la multa
civil tal como la contemplaba el art. 1587 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998, ya
que, además de ser más acorde con los fundamentos de los “punitive damages” (decía “a
quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de
incidencia colectiva” y su monto en consideración a “los beneficios que aquél obtuvo o pudo
haber obtenido con su conducta”) preveía que tenía “ el destino que le asigne el tribunal por
resolución fundada”. Es decir, no era para enriquecer al damnificado, que recibía su
reparación de acuerdo a las reglas de la responsabilidad civil.
Esta norma estaba a continuación de las relativas a la prevención del daño,
criterio que reiteró el Anteproyecto de Código Civil y Comercial elaboradora por la Comisión
Redactora de 2012, que con más precisión lo llamó “sanción pecuniaria disuasiva” y lo
contempló para los casos en que se actuara con grave menosprecio hacia los derechos de
incidencia colectiva, y a los efectos de la graduación que se tuviera en cuenta la gravedad de la
conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los
efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador y la posible existencia de otras
sanciones penales o administrativas. Previó también el Anteproyecto que si la aplicación de
condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles provocaba una punición
irrazonable o excesiva, el juez podía computarla a los fines de la norma, pudiendo, inclusivo
llegar a dejar sin efecto, total
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.