Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa S1 117437
Nro de Orden:
Libro: S-201
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 3 - Dpto Judic. Moreno - Gral Rodriguez
Expte: SI-117437
Juicio: ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Mayo de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117437 , en los autos: “ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1°.- ¿Debe quedar firme la imposición de costas decidida en la resolución de fs. 260/263?
2°.- ¿Es justa la sentencia apelada?
3°¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia es apelada por la parte actora (agravios obrantes a fs. 472/89) y por las demandadas Volkswagen Argentina S.A. (agravios obrantes a fs. 448/80) y Luxcar S.A. (agravios obrantes en forma electrónica). Estos últimos son contestados por el actor en forma electrónica, no así los del actor.
A su vez, Luxcar S.A. apeló la imposición de costas decidida en la resolución de fs. 260/63, apelación que fue conferida con efecto diferido.
Llegados los autos a esta Sala, se confiere vista a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez conforme a lo prescripto por el art. 27 de la ley 13.133, quien presenta dictamen a fs. 1116/17, encontrándose los autos en condiciones de ser fallados.
II. Es dable precisar que el art. 255 inc. 1) C.P.C.C. dispone que debe fundarse el recurso que se hubiese concedido con efecto diferido y que, si así no se hiciera, quedará firme la resolución.
La recurrente en su memorial (punto IV), se limita a solicitar que se trate la apelación por imposición de costas por la admisión del hecho nuevo sin dar ningún fundamento ni expresar una crítica concreta y razonada como lo impone el art. 260 C.P.C.C.; norma que también establece que no bastará con remitirse a presentaciones anteriores.
Es preciso señalar que a fs. 269 la ahora recurrente presentó un escrito expresando sus agravios. Sin embargo, dicho escrito no se sustanció sino que se le proveyó que no se consideraría y que debería ser interpuesto en el momento procesal oportuno con cita del art. 255 C.P.C.C. (fs. 271), providencia que quedó firme.
Como se viene diciendo, a pesar de lo ordenado a fs. 271, al expresar sus agravios en esta oportunidad no expone fundamento alguno relativo a la imposición de costas que pretende cuestionar. Por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 255 inc. 1) C.P.C.C. quedando firme la resolución de fs. 260/263.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. Los antecedentes del presente expediente se encuentran detallados en extenso en la sentencia de primera instancia.
Por ello, solo cabe consignar que por medio del presente juicio el actor reclama la sustitución de un automotor dado que el adquirido por su parte (automóvil de alta gama 0 km) sufrió desperfectos al poco tiempo de su adquisición. Específicamente, presentó un ruido en la zona del motor al encender el automóvil en frío.
A su vez, solicita indemnización de daños y perjuicios y que se fije una suma por daño punitivo. El reclamo se interpone contra la concesionaria y contra la fabricante.
Esencialmente, el actor sostiene que las reparaciones efectuadas al automóvil en el período de garantía no solucionaron el problema y que tiene un grave defecto de fabricación; dice también que no se le suministró información suficiente por los trabajos y el cambio de motor llevados a cabo.
Mediante la sentencia recurrida, fundada en las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (L.D.C.), se resuelve: Condenar a Volkswagen Argentina S.A. y a Luxcar S.A., en forma solidaria, a entregar al actor un vehículo 0 Km, marca Volkswagen, modelo Vento Advance 2.0 o, si se dejó de fabricar, uno de similares características, debiendo el actor entregar el que se encuentra en su poder; b) condenar a Volkswagen Argentina S.A. y a Luxcar S.A., en forma solidaria, a abonar al actor la cantidad de $95.657 (suma comprensiva de $ 44.800 por privación de uso, $ 20.000 por daño moral y 30.857 por daño punitivo) con más sus intereses (a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento); imponer las costas a las demandadas vencidas.
A fs. 1116/1117 obra el dictamen de la Fiscalía General que dictamina que debe aplicarse al caso la L.D.C.
II. Agravios.
II.1. Agravios de Volkswagen Argentina S.A.:
Luego de relatar los antecedentes del caso, expresa varios agravios.
Por medio de su primer agravio, titulado “Del cumplimiento de la garantía y de la errónea aplicación del art. 17 de la ley 24.240”, afirma que la aplicación de dicha norma a los presentes actuados constituye un ejercicio abusivo del derecho.
Sostiene que la unidad no presenta nada anormal y que el sentenciante hizo una valoración parcial de la pericia. Afirma que del informe pericial no surge un efectivo problema funcional o estructural del vehículo ni mucho menos la descripción de su origen. Dice que el juez de grado ha omitido tener en consideración que la unidad del actor rodó más de 62.439 kilómetros hasta la fecha de la pericia, por lo que resulta insólita la postura de reparación insatisfactoria.
A su vez, se agravia porque el juez de grado no aplica lo normado por el decreto 1798/94, reglamentario de la L.D.C., el cual establece las pautas que deben emplearse a la hora de determinar la aplicación de alguna de las opciones previstas en el art. 17 de la ley 24.240.
En especial, dice que debe tenerse en cuenta que la sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" debe realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuarse. En ese sentido insiste en que deberá ponderarse que a la fecha de la realización de la pericia, el automóvil del actor contaba con 62.436 kilómetros recorridos (reitera que ello demuestra su funcionalidad y aptitud para su destino); estima que al día de la fecha, el mismo cuenta con alrededor de 80.000 km o más. Solicita que se tenga en cuenta que el rodado nunca dejó de ser utilizado por el accionante.
Pide que se deje sin efecto la sustitución del rodado. A su vez, para el caso que se entienda que el mismo resulta procedente, solicita que se aplique lo establecido en el decreto reglamentario 1798/94.
Como segundo agravio, se queja de la indemnización en concepto de privación de uso. Dice que los ingresos al taller del vehículo para su reparación en el período de garantía no deben traer aparejado el perjuicio de privación de uso. Expresa que es por ello que el Plan de Asistencia Técnica – Garantía (agregado a estas actuaciones), establece que el tiempo que demore la reparación no debe extenderse por un período mayor a 120 días hábiles y sostiene que no habiendo tachado de nulidad ninguna de las partes de dicho plan, merece aplicación plena. Afirma que en el caso no corresponde indemnización ya que no se superó el plazo máximo contractualmente previsto. A su vez, remarca que la privación de uso debe ser acreditada y en autos no se ha demostrado su existencia ni su cuantía. Solicita que se revoque la sentencia en este aspecto.
El tercer agravio se refiere a la indemnización del daño moral. Afirma que no existe prueba alguna que lo demuestre, remarca que se trata de un asunto de responsabilidad contractual y que en la órbita contractual, no basta con invocar el daño sino que debe acreditárselo.
Asimismo, se queja por la aplicación de intereses sobre la indemnización concedida en concepto de daño moral. Dice que es contraria a derecho “ya que el daño moral supuestamente padecido por la parte no se incrementa ni actualiza con el tiempo”, “se trata de un daño que no debe actualizarse conforme la evolución de los precios de mercado, pues no aumenta o disminuye con el tiempo.” Entiende que tan solo corresponde adicionar intereses a partir del dictado de la sentencia definitiva y hasta su efectivo pago.
Solicita que se revoque la sentencia en este aspecto.
Como cuarto agravio se queja de la multa civil impuesta. Dice que la unidad del actor fue revisada y reparada cada vez que fue requerido sin costo, que el actor no sufrió trato indigno. Afirma que no encuentra configurado ni el elemento objetivo ni el elemento subjetivo, ambos necesarios para la indemnización en concepto de daño punitivo. Solicita que se deje sin efecto la multa civil.
Por último, como quinto agravio se queja de las costas. Sostiene que no medió conducta reprochable de su parte y que debería rechazarse totalmente la demanda.
Los agravios son contestados por el actor, quien, en primer lugar, pide que se declare desierto el recurso y luego, subsidiariamente, solicita el rechazo del recurso.
II.2. Agravios de Luxcar S.A.:
Luego de reseñar los antecedentes del caso, sostiene que se ha valorado la prueba y que se ha aplicado el derecho en forma errónea, lo cual, según afirma, vicia la sentencia de nulidad aunque en el petitorio no solicita que se la declare nula sino que se revoque la sentencia.
Expresa que su principal agravio es la condena a la sustitución de la unidad. Sobre este punto dice que para que la sustitución proceda las, reparaciones no deben ser satisfactorias y que la sentencia se funda en la duda (arts. 3 y 37 L.D.C.), la que, según dice, nunca puede recaer sobre cuestiones de hecho. Por ello solicita que se declare inaplicable el principio de la interpretación a favor del consumidor.
Agrega que en autos no se dan los presupuestos de la reparación no satisfactoria que habilitarían la aplicación del art. 17 de la ley 24.240 y dice que los trabajos llevados adelante en el vehículo fueron debidamente informados.
Fundamentalmente, sostiene que el actor no tenía derecho a reclamar la sustitución de su unidad automotor en los términos del art. 17 de la Ley 24.240 cuando lo hizo; que recién una vez efectuado el cambio de motor por su parte, el sentenciante debió analizar si se daba un supuesto de reparación no satisfactoria y si la unidad reunía o no las condiciones óptimas de uso. Afirma que de la pericia surge que su parte solucionó el inconveniente con el cambio de motor de fábrica; es decir, que la reparación efectuada por su parte fue satisfactoria.
Insiste en que el actor no tenía derecho a pedir la sustitución. Destaca, a todo evento, que el cambio de motor no implica ninguna alteración de la sustancia de la unidad automotor.
Concluye diciendo que su parte realizó la reparación satisfactoriamente y que la cosa se encuentra en óptimas condiciones y apta para el uso al que fue destinada.
Se agravia también de la solidaridad impuesta. Dice que debe tenerse en cuenta que su parte como vendedora del bien ha efectuado las reparaciones en cumplimiento de la garantía y en forma exitosa según la pericia. Dice que el art. 40 de L.D.C. no resulta aplicable a su respecto debiendo eximirse a su parte.
También se queja por la condena sobre privación de uso. Entiende que la condena no es procedente porque los trabajos se realizaron en tiempo y forma y que la privación de uso debe ser demostrada.
Se queja, asimismo, por el daño moral, alegando que la prueba testimonial fue analizada en forma errónea ya que los testigos propuestos por su parte dieron cuenta de que el actor fue anoticiado de las reparaciones.
Asimismo, se agravia de la condena por daño punitivo diciendo que no media incumplimiento de su parte ni conducta pasible de reproche.
Por último se agravia de la imposición de costas diciendo que hay rubros que no fueron acogidos por el juez de grado como el daño emergente y la desvalorización del vehículo.
Solicita la revocación de la sentencia.
Los agravios de la concesionaria son contestados por el actor, quien pide que se rechacen.
II.3.-Agravios del actor.
Por su parte, el actor se agravia de los montos fijados por privación de uso, daño moral y daño punitivo.
Sobre la privación de uso expresa que el juez afirma que estuvo privado del uso del automotor por 116 días pero que fueron muchos más. Dice que por la naturaleza de las reparaciones que se realizaron, es dable inferir que el tiempo referido como de privación del uso del automóvil tanto en la demanda como en las tres ampliaciones por hechos nuevos es real y susceptible de ser indemnizado. A su vez, expresa que para estimar el rubro, el sentenciante se apegó excesivamente a los comprobantes de gastos de traslado aportados a la causa que fueron reconocidos por los demandados o respaldados por la prueba informativa pertinente. Sostiene que el rubro no requiere de una prueba exhaustiva, que debe dejarse de lado un rigorismo formal y que se debe ponderar no sólo la privación total sino también la parcial.
Se queja también de la valoración del daño moral que, a su criterio, es insuficiente. Expresa que para compensar el padecimiento sufrido por las sucesivas entradas al taller de un auto 0 km de alta gama que traicionó las expectativas, es necesario brindar un “placer” similar a aquellos con los que el damnificado acostumbra regocijarse (un viaje, por ejemplo) de acuerdo a su nivel de vida; que si bien no se ha producido prueba sobre el estilo de vida de su parte, es dable inferir un medio alto ya que adquirió un automotor de alta gama.
También se agravia por considerar insuficiente la valoración del daño punitivo. Expresa que no cuestiona la aplicación de la fórmula pero sí el valor asignado a cada variable y el resultado al cual se arriba. Cuestiona expresamente la variable “C” usada en la fórmula debido a que no se ha incluido en dicha variable el valor del 0 km que las demandadas deben entregar.
A su vez, se agravia sobre el modelo del vehículo. Dice que el sentenciante debió haber considerado con mayor precisión el supuesto de que el modelo Vento Advance 2.0 ya no se fabrique y que tampoco haya un automóvil de similares características. Entiende que para establecer las características similares de otro vehículo, el a quo debió haber utilizado algún parámetro objetivo, como puede ser el valor del vehículo 0km. Solicita que se revoque la sentencia apelada en este punto, fijándose una pauta objetiva para reconocer las características similares de otro vehículo al del modelo Vento Advanced 2.0. y, en caso de no haber uno, que se obligue a las demandadas a entregar uno de características superiores.
Por otro lado se agravia y solicita que se contemplen los gastos de patentamiento, entrega y flete del nuevo automóvil, que deben estar a cargo de las demandadas como también los gastos de transferencia del vehículo usado y fallado, que también deben ser soportados por los demandados.
También se agravia de la tasa de interés y solicita que se imponga la tasa de interés activa más alta vigente en el mercado.
Los agravios del actor no son contestados.
III. Respecto del pedido de deserción efectuado por el actor respecto del memorial de la Volkswagen SA., cabe señalar que esta Sala tiene un criterio no estricto sobre la aplicación del art. 260 C.P.C.C. Sobre tal base se entiende que la apelación cumple mínimamente con los recaudos previstos por dicha norma en general.
IV. Sobre la condena solidaria a la sustitución del automóvil, los gastos de patentamiento, entrega y flete del nuevo automóvil y gastos de transferencia del vehículo usado.
Por razones de orden lógico, corresponde tratar en primer lugar este aspecto.
Cabe recordar que según el art. 13 de la L.D.C. son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11 (cosas muebles no consumibles).
A su vez, el art. 15 L.D.C. prevé que cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación en donde se indique: a) la naturaleza de la reparación; b) las piezas reemplazadas o reparadas; c) la fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa; d) la fecha de devolución de la cosa al consumidor.
Se ha explicado que es responsable de su entrega todo aquel que deba cumplir con la reparación de la cosa conforme con el art. 13 y que si no se entrega esta constancia, los responsables serán pasibles de las sanciones previstas en el art. 47 de la L.D.C. La “constancia” deberá explicar el motivo del arreglo, en qué consistió la refacción; indicar las piezas reemplazadas o reparadas, con el objetivo de que el consumidor sea informado detalladamente de toda la compostura realizada en la cosa y en carácter de antecedentes para una eventual reparación posterior; señalar la fecha en que el consumidor hizo entrega de la cosa; la fecha de devolución de la cosa al consumidor con el fin de conocer el tiempo en el cual estuvo el bien en manos del taller habilitado y a efectos de contar el plazo suspendido para la prolongación del plazo de garantía (Sagarna, Fernado Alfredo, “Tratado de Derecho del Consumidor”, Tomo III, dirigido por Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A., Ed. La Ley, Bs. As. 2015, ps. 24 a 30).
Luego, bajo el mismo título, y por ende, siendo solidariamente responsables los sujetos enumerados en el art. 13, el art. 17 L.D.C. establece que en los supuestos de reparación no satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede (la negrita no está en el original), entre otras opciones, pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. Dice también la norma que en todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación por los eventuales daños y perjuicios que pudieran corresponder.
Por su parte, la reglamentación de dicho artículo establece que se entenderá por "condiciones óptimas" aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante.
Dispone también el dec. regl. 1798/94 que la sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" deberá realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuársele.
Sobre la reparación no satisfactoria se ha explicado (autor y obra cit, págs. 332 y 33) que en el plazo de garantía el consumidor puede llevar a reparar la cosa todas las veces necesarias para que la misma quede en óptimas condiciones pero luego podría no estar de acuerdo con la reparación porque la misma no resulta satisfactoria. La reparación no satisfactoria debe ser en términos objetivos; para que se la considere de tal manera no debe poseer las “condiciones óptimas” para cumplir con el uso para el cual fue fabricada, interpretando el derecho reglamentario que se trata de las necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y de acuerdo a las normas de uso y
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