Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 122953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
Expte: SI-122953
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 2 Dptal M-GR
Juicio: GOMEZ JULIO ROBERTO C/ BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se reúnen en Acuerdo telemático continuo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO, (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta Cámara del 19/09/25), con la intervención del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-122953 , en los autos: “GOMEZ JULIO ROBERTO C/ BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Gabriela Andrea Rossello.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fecha 15/04/25 es apelada por el actor, quien expresa agravios el 25/04/25, los que son contestados el 13/05/25.
II.- 1.- El señor Julio Roberto Gómez promovió demanda contra BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. por los daños y perjuicios sufridos más daños punitivos con motivo del crédito prendario contraído para la compra de un automóvil.
Dijo que en el año 2015 concurrió a la concesionaria Auto Novo de Castelar para cambiar su automóvil Renault Kangoo, le ofrecieron un Fiat Qubo 1.4 8V Active, modelo 2014 y aceptó la operación, que se concretó el 21/12/15. Pagó la suma de $ 55.000 en efectivo, entregó su vehículo como parte de pago ($ 70.000), y el saldo se acordó en 48 cuotas de $ 6.200, que después de las primeras bajaban su costo.
Continuó narrando que el 26/01/2016 recibió el automóvil Fiat Qubo y se le entregó la documentación, donde apareció la prenda de primer grado a favor de Micro Lendig S.A. por $ 182.630,87, de la que no había sido informado antes, violándose el derecho a la información previsto por el art. 4 de la ley 24.240.
Dijo que realizaba los pagos todos los meses, sin problemas durante el primer año, pero el segundo año comenzaron dado que se comunicó con él un abogado de la concesionaria diciéndole que tenía una deuda. Le dijeron que debía cancelarla y le ofrecieron hacerlo en cuotas de $ 15.000, a lo que se negó alegando que no podía pagarlo y que había un convenio con un plan de pagos. Expresó que continuó depositando las cuotas como venía haciéndolo, pero se enteró que no realizaban el cobro correspondiente, por lo que, a la fecha del secuestro, había en la cuenta aproximadamente $ 54.000, lo que indicaba que su conducta siempre había sido de buena fe y que no había dejado de pagar.
Manifestó que en julio de 2017 se presentaron en su casa en forma intempestiva y sin notificación previa de que había un expediente en su contra, no permiténdosele articular defensa.
Agregó que le había instalado un equipo de gas natural de 5ta. generación y que la suma que se le reclamaba era prácticamente el valor del vehículo al contado, siendo que en la cuenta había $ 54.000.
Encuadró la demanda en la Ley de Defensa del Consumidor, que, a su juicio, estaba por encima de otras normas, como el art. 39 de la ley 12.962, que dejaba sin defensa alguna al consumidor. Transcribió párrafos de jurisprudencia (sin citar la fuente).
Imputó a la demandada responsabilidad por infracción a la ley 24.240 y 13.133 “en virtud de no haber tenido la suficiente diligencia para establecer medios que salvaguarden los derechos del consumidor”. Sostuvo que en todo momento “utilizaron” su poder y supremacía sobre el consumidor, obligándolo a aceptar las prácticas comerciales que “a su antojo hacen padecer al consumidor”, por lo que se justificaba la aplicación del art. 52 bis de la LDC.
Practicó liquidación del reclamo por: capital abonado, daño punitivo, daño moral, daño psicológico, privación de uso, daño al proyecto de vida y gastos.
2. El Juzgado, además de encuadrar el trámite en el Proyecto de Implementación de la Oralidad, dio curso a la demanda como proceso sumarísimo.
3. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. contestó la demanda, pidiendo su rechazo, con costas.
Manifestó que, como era habitual, al no hacerse la compraventa al contado, se confirió un crédito al actor, entregándosele un documento (que agregó como Anexo A), en el que se dejó constancia de que el préstamo se hallaba aprobado, y que el detalle de cuotas se informaría al momento del desembolsar el mismo y estaría disponible ingresando a “Mi cuenta Mila”, y que una vez liquidado se descontarían de su cuenta en la fecha de vencimiento. Expresó que el deudor debía asegurarse que hubiera fondos en la cuenta bancaria para hacer frente a cada vencimiento.
Argumentó que la mecánica del negocio no era novedosa ni desconocida en el mercado y que no importaba engaño o artificio alguno, y que, por el contrario era una operatoria habitual autorizada por el BCRA; es decir, resguardar el pago del crédito mediante una garantía prendaria.
Conforme documental que acompañó (Anexo B) dijo que el actor solicitó el crédito a Micro Lending S.A. (MILA) el 10/12/15 y suscribió un contrato de prenda (Anexo C).
Argumentó que no dejó de cumplirse el deber de información, al punto que el actor decía en la demanda que se le entregó la documentación correspondiente y la suscribió de conformidad.
Sostuvo que la única causa generadora de los sucesos que derivaron en el secuestro del vehículo fue el incumplimiento del pago de las cuotas pactadas. Dijo que los pagos debían hacerse en una cuenta bancaria del Banco Galicia y que el actor debía asegurarse que hubiera fondos (realizaba, además, otros gastos personales con la misma cuenta). El 10/01/17 el actor entró en mora al no haber fondos depositados suficientes en la cuenta, y frente a ello MILA se puso en comunicación con el actor para arribar a una solución. Frustrados los intentos al efecto, el 21/04/17 se lo intimó por carta-documento a que cancelara de la deuda, misiva que no fue contestada.
Explicó que se vinculó con Micro Lending S.A. que le cedió una cartera de créditos con garantía prendaria, entre ellos el del actor, acordándose que la gestión y cobranza continuaría a cargo de aquella en nombre de BACS.
Impugnó la procedencia de todos los rubros indemnizatorios pretendidos.
4. Corrido traslado de la documentación acompañada a la actora, ésta la negó salvo que la era instrumento público
4. Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas.
El juez encuadró el contrato que ligaba a las partes en una relación de consumo pero estimó que la empresa no había incumplido con el deber de información.
Destacó que no se comprendía por qué el reclamo no era dirigido contra la concesionaria, y que, incluso el actor se había opuesto a que se trajera a juicio a Micro Lending S.A. como tercera obligada, lo cual hacía aplicable la doctrina de los propios actos. Con el reconocimiento en el escrito inicial de la garantía prendaria y con la pericial contable (del 5/12/23) dio por probado el contrato prendario que fuera endosado a favor de la demandada, y que el actor pagó hasta la cuota 10 inclusive por un monto total de $ 64.904,23.
Señaló que desde el inicio y durante el año 2016 el actor ninguna objeción formuló a la mecánica descripta, y que no justificó el alegado incumplimiento al deber de información. Dijo que los contratos con cláusulas predispuestas no implicaban necesariamente abusividad en perjuicio del consumidor.
Consideró que la firma demandada no había asumido en el proceso una conducta evasiva, prescindiendo de aportar prueba en los términos del art. 53 de la LDC
En conclusión, entendió el magistrado que la conducta precontractual y la posterior de la demandada habían sido ajustadan a derecho por no vulnerar el deber de información ni el trato digno.
III.- 1.- En los agravios, el actor sostiene que la prueba rendida evidencia que fue inducido a firmar papeles que creía que correspondían a un préstamo personal, sin explicación del alcance del crédito prendario ni de sus consecuencias jurídicas
Dice que la carga de acreditar el cumplimiento de tal deber recae de manera exclusiva sobre el proveedor conforme al art. 53 de la LDC. Expresa que la sentencia tampoco considera que la información brindada fue deficiente respecto a cuestiones esenciales del contrato, tales como la cesión del crédito a un tercero, el procedimiento de ejecución, el secuestro extrajudicial del vehículo y las consecuencias de la mora, lo que considera que es omisión de tratamiento de cuestiones relevantes y afectación del derecho de defensa.
Dice que la violación del deber de información produce consecuencias jurídicas en sí mismas independientemente del daño o de la posibilidad de brindar información posterior.
Se agravia de que la sentencia le endilgue que no dirigió la demanda contra la concesionaria sino contra la firma BACS y que aplique la doctrina de los propios actos.
Alega que ha habido rechazo infundado de prueba relevante, errónea interpretación de los contratos por adhesión y de cláusulas predispuestas. Dice que la demandada no cumplió con la carga dinámica de la prueba, que no se trató el secuestro intempestivo del automotor, el gravamen irreparable causado y el peritaje psicológico. Finalmente se agravia de la falta de motivación de la sentencia.
2. En la contestación, la accionada pide en primer lugar que se declare desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada.
En subsidio, contesta los agravios, a lo que cabe remitirse.
IV. Aunque con esfuerzo los agravios cumplen mínimamente las exigencias del art. 260 del CPCC.
La demanda se funda exclusivamente en el incumplimiento del deber de información contemplado en el art. 4 de la LDC. Sin embargo, en el mismo escrito inicial el accionado reconoció que al concretar la operación de compraventa con la concesionaria suscribió un contrato de mutuo con garantía de prenda con registro. No está alegado en la demanda que el actor padeciera alguna incapacidad (arts. 33/50 del C.C.C.), o que firmara el documento con algún vicio de la voluntad (arts. 265/278 y 332 del C.C.C.). Quedan fuera de esta instancia las cuestiones no sometidas a consideración del juez de primera instancia (art. 272 CPCC)
El apelante dice que está probado que fue inducido a firmar la prenda, sin decir de qué elementos de prueba surge ello. No está ni remotamente probado que se le hubiera dicho que se le otorgaba un préstamo personal, y, sorpresivamente, con engaños, se le hiciera firmar un contrato prendario. Por lo tanto, no se entiende a qué incumplimiento del deber de información se refiere.
Es por lo demás sabido que la compraventa de automóviles con saldo en cuotas (sobre todo cuando son varias; en el caso 48 mensuales), se efectiviza con garantía prendaria, ¿De dónde sacó el actor que le entregarían un auto, quedando una importante parte del precio pendiente, a sola firma sin garantía alguna? Como dice el juez, además, la instrumentación de la operación con cláusulas predispuesta no es en si misma un abuso de posición dominante. Si fuera así no podrían venderse automóviles, pasajes de avión, estadías en hoteles, etc. Quien alega un comportamiento abusivo por parte del proveedor de un servicio o de un consumo debe explicar y probar concretamente en qué habría consistido. Esa explicación huelga por su ausencia en la demanda y también en la expresión de agravios.
Lo dicho es suficiente para confirmar el rechazo de la demanda, pero no puedo soslayar que en la misma se dijo que venía pagando todas las cuotas mensuales cuando sorpresivamente fue anoticiado por un abogado de la compañía prestamista de que estaba en mora. La pericial contable de autos (del 5/12/23) acredita claramente que pagó hasta la cuota 10° (mora desde el 10/01/17), y el secuestro del automotor (art. 39 ley 12.962) se inició en agosto de 2017 (ver expte. MG12033/17, caratulada "BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACIÓN . S.A C/ GOMEZ JULIO ROBERTO S/ ACCION DE SECUESTRO del Juzgado Civil y Comercial n° 1 de Moreno), o sea, ocho meses después. Antes de ello ocurrieron los intentos de la acreedora para que regularizara su situación de morosidad, como el mismo actor reconoció en la demanda. Demás está decir que si los pagos debían hacerse por débitos en una cuenta bancaria incumbía al actor cuidar que hubiera fondos suficientes cada vez que venciera una cuota. En la causa mencionada no surge que el Sr. Gomez se haya presentado a hacer valer sus derechos.
Asimismo, no puede endilgarse a la demandada que no haya aportado todos los elementos de prueba obrantes en su poder (art. 53 LDC). Antes bien, aportó toda la prueba documental que tenía, que puso a disposición de la perito contadora al igual que los libros de la empresa.
Reitero que causa perplejidad que pueda promoverse un juicio con el argumento de que no fue informado de que el saldo de precio sería garantizado con una prenda (que, además, firmó), y aún que ignoraba las consecuencias que la morosidad en el pago podía acarrear en esas condiciones.
La LDC, con fundamento en el art. 42 de la Const. Nacional, obedece al loable propósito de proteger a la parte débil en las relaciones de consumo, pero de ninguna manera justifica su invocación abusiva, fuera de toda lógica y sentido común.
Por lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia, con costas de alzada al apelante vencido (art. 68 CPCC)
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
La señora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Confirmar la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
ASI LO VOTO.
La señora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de segunda instancia al apelante.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-).Y DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/05/2026 13:42:40 - ROSSELLO Gabriela Andrea - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 14:18:43 - IBARLUCIA Emilio Armando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2026 09:13:43 - FREDIANI Emanuel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/05/2026 11:31:18 hs. bajo el número RS-42-2026 por DELUCA PABLO.
Fin de la sentencia