Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 40628
“SORBARA DOMINGO C/ BERNARDINO RIVADAVIA SEGUROS COOP S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ”
Causa Nº MO-40628-2012 R.S.: 174/2020
Con fecha 21 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ SORBARA DOMINGO C/ BERNARDINO RIVADAVIA SEGUROS COOP S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ” Causa Nº MO-40628-2012 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs.390/405?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA DIJO:
Contra la sentencia definitiva de primera instancia de fs. 390/405, apela el actor a fs. 411 y la demandada a fs. 408 mediante presentación electrónica de fecha 19-5-19, las expresiones de agravios se encuentran por parte del actor adjuntas a fs. 415/21 y por parte de la demandada a fs. 423 mediante presentación electrónica el día 12-12-19. A fs. 424/27 contesta el actor los agravios de la demandada y a fs. 428 los contesta la demandada.-
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios (incumplimiento contractual) iniciada por Domingo Sorbara contra Bernardino Rivadavia Seguros Cooperativa por la suma de $ 37.560.-
El actor se agravia del fallo, 1) porque, recalca, qué si bien el hecho ocurrió bajo la vigencia del anterior Código Civil, éste sería el aplicable si la demandada hubiese abonado en tiempo y forma el monto asegurado. Pero el incumplimiento, a su criterio caprichoso, del contrato de seguro ha dejado desactualizado el límite impuesto en el contrato de seguro, debiendo haber, la Sra. Jueza considerado el daño ocasionado como una reparación integral según una deuda de valor. A mayor abundamiento señala que en el año 2012 la aseguradora debía abonar la suma de $ 22.560.- y siete años después la- a quo fija una indemnización total de $ 37.560. Cuestiona, en consecuencia el bajo monto dispuesto para indemnizar el daño emergente; 2) considera exigua la suma para reparar el daño moral; 4) refuta la no consideración de la privación de uso y del lucro cesante.-
Mientras tanto, la demandada viene quejándose de la suma fijada por daño moral, del rubro gastos y de lo decidido en cuanto a los intereses.
Sentado ello y desde que, en líneas generales, ambas expresiones de agravios satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC, he de ocuparme del fondo del asunto, abordando en forma separada los agravios individuales y en forma conjunta los comunes.
1 ) .- Analizaré la determinación sobre el daño emergente.-
Al respecto, existe un precedente de la sala I de la Cámara de Azul que dice: “…al momento de fallar debe procurarse no acudir a parámetros desactualizados, sino que deben tomarse los valores más actualizados posibles al momento de la sentencia…” .-
En el caso de autos, en el contrato que nos ocupa se estableció una suma asegurada como límite de la responsabilidad del asegurador, circunstancia que condujo a la jueza de primera instancia a fijar la suma de $ 22.560.- cabe recordar que el art. 61 de la ley de seguros, dispone en su segundo párrafo que el asegurador “…responde sólo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente “.-
Teniendo en cuenta este art. 61 se ha apuntado que la indemnización debida por el asegurador en caso de siniestro que afecte el bien asegurado, podrá ser igual o menor que la suma asegurada pero nunca sobrepasarla, es decir, que la suma máxima asegurada constituye el tope de la responsabilidad del asegurador convenida en el contrato ( Soler Aleu, Amadeo “ Seguro de automotores, responsabilidad Civil, daños al vehículo, robo y hurto, pág.160 )
Ahora bien, el interrogante que corresponde despejar para dar respuesta a este agravio es si el incumplimiento en legal tiempo y forma de la aseguradora también autoriza a dejar de lado el límite de la “ suma asegurada “ respecto de la prestación convenida en el contrato.-
La Cám. Nac. Com, sala B “ Ercilio C. Bossi SA. c/ La Fortuna Cia. De Seguros Generales SA “ con voto de la Dra. Piaggi, dijo: que “…la indemnización deriva del incumplimiento contractual y no del seguro, el primero transforma la deuda de dinero en deuda de valor , con la consecuencia de responsabilizar al deudor morosa por el mayor daño que cause, como en las demás obligaciones y el alcance de la responsabilidad contractual se extiende a las consecuencias inmediatas de la falta de cumplimiento de la obligación si la defensa no justificó su obrar negligente…”.-
Estimo que si no se pone al asegurado en la misma situación que tenía antes del siniestro, se estaría alentando la conducta morosa de la demandada, y lesionando y desmereciendo el interés del asegurado, si el asegurador hubiera cumplido en tiempo propio su débito contractual, el asegurado hubiese podido contar, en ese momento, con la suma de dinero necesaria para la adquisición de un rodado similar al que tenía.-
Por lo dicho, desde mi punto de vista, debería admitirse el agravio, difiriendo su cuantificación para la etapa de la liquidación (art. 165 del CPCC), a cuyo fin se deja establecido que el rubro prospera por el monto actualizado del vehículo Renault TL M 1,6 modelo 1993 al momento de la liquidación, conforme cotización del rodado según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) o similar.
Ahora, y dado el tenor de esta decisión, cabe asimismo disponer lo pertinente en materia de intereses; entiendo que, de acuerdo con el momento en que habrá de computarse el valor del rodado, los accesorios habrán de calcularse con el interés del 6% desde la fecha del hecho 4 de junio de 2012 hasta la fecha de la tasación y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa ( art. 622 C. Ciivl; SCBA Causa C119176 del 15-06-2016).
2 ) .- Daño moral.-
En este rubro abordare en conjunto el reclamo del actor por considerar bajo el monto de $ 10.000.- y la queja de la demandada al estimar que no corresponde la indemnización por daño moral o en su defecto la morigeración del importe.-
No cabe duda que el actor, al serle sorpresivamente sustraído su automotor sufrió una lesión en sus derechos patrimoniales, angustia ante la falta de certeza, con más la sorpresa que experimentó al recibir el rechazo por parte de la aseguradora del pago de seguro.
Sumemos a esta cadena de infortunios, las molestias, los padecimientos y el desasosiego experimentado ante la incertidumbre por el resultado de un obligado proceso judicial.-
Cuantificar el daño moral obedece a criterios de prudencia y razonabilidad, debe valorarse la alteración del ritmo normal de vida que experimento el actor, en su esfera existencial y psíquica, desde la sustracción del vehículo hasta la culminación del juicio.-
Por todo lo manifestado, entiendo que el monto fijado es reducido y, por ello, propongo incrementar el resarcimiento por el daño moral a la suma de $ 100.000.- ( pesos cien mil ).- ( art. 522 del C. Civil y 162 del CPCC).-
3 ) .- Privación de uso.-
El actor se queja del rechazo de este rubro, pretendiendo que se conceda el resarcimiento tomando en consideración que los días de indisponibilidad del rodado se traduce en un menoscabo patrimonial, arguyendo que utilizaba el vehículo para trasladarse él y su equipo de música para ofrecer shows musicales, amén de trasladar a un hijo discapacitado.-
A fs. 234/35 se encuentra adjunta la declaración del testigo Nicoletto; a fs. 236/37 la declaración de la testigo Fernandez Duarte; a fs. 238/39 expone la testigo Norres y a fs. 249/50 la testigo Calabro. Todos ellos coinciden en afirmar que el actor era cantante, que trabajaba en shows, que utilizaba su vehículo para trasladarse junto con su equipo a los lugares donde debía cantar y que cuando le fue robado el auto acudía a la contratación de remises; no hubo, por parte de la demandada, alegación de prueba encontrario y los testigos no fueron cuestionados en su idoneidad ( art. 456 del CPCC).-
A fs. 269/70 obra la respuesta de la “ Asociación Rocella Ionica “ ; a fs. 283/4 de la “ Sociedad de Fomento Haedo Sur “, a fs. 342 de la “ Sociedad Italiana de Morón “ que afirman que en esas instituciones el Sr. Sorbara realizaba presentaciones artísticas. A fs. 309 “ La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música “ SADAIC informa que el Sr. Domingo Sorbara se encuentra inscripto en esa institución.-
En la causa N° 54.485 (R.S. 428/07) se sostuvo que: “…la privación de uso se emparenta con la necesidad, de cualquier que diariamente utilice su automóvil para desplazarse, de otro medio de transporte u otro vehículo para efectuar el mismo accionar…”
Tomando en cuenta la cita jurisprudencial, los testimonios que acreditan la utilidad que el autor le brindaba al vehículo – cantar en distintos escenarios - y la prueba de informes y documental, entiendo que se dan los requisitos exigidos por la norma legal para que el daño “ privación de uso “ deba prosperar por la suma de $ 50.000.- ( cincuenta mil ).- ( art. 165 y 272 del CPCC) .-
4 ) .- Lucro Cesante.-
El actor reclama este rubro, rechazado por la Sra. Jueza, argumentando que al tener que alquiler remises se redujo la posibilidad de realizar dos shows por semana, que era el promedio de sus actuaciones en las diferentes organizaciones de la colectividad italiana.-
El resarcimiento del lucro cesante tiene como fundamento enjugar las ganancias, que efectivamente se han dejado de percibir con motivo del ilícito contractual ( art. 520 del C. Civil). No es suficiente para desencadenar su viabilidad la sola demostración que el vehículo robado era usado para transportar al actor a los shows , - y la disminución de ingresos y de espectáculos por la faltante del auto -como consecuencia de ello .
No obstante ello, a mi juicio la ponderación de tales extremos, no debe estar presidida por un criterio de “absoluta certidumbre“ sino que, por el contrario, tal apreciación debe estar signada por el criterio de la “suficiente probabilidad objetiva“ de su ocurrencia conforme las pautas que dimanan de las máximas de la experiencia (arts. 520,901 del C. Civil; 163 inc. 5°, 375 y 384 del CPCC) .-
El Superior Provincial ha afirmado que el lucro cesante se torna resarcible, cuando la frustración de ganancia no es una mera posibilidad, aunque no es necesario la seguridad de que ellas se habrían obtenido. Pues “…tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo supuestas…” (SCBA Acuerdo 72.593, voto Dr. Lázzari ).-
En estos actuados está sólidamente probado – declaraciones testimoniales, informes de distintas asociaciones donde el Sr. Sorbara cantaba, el informe del ministerio de salud de fs. 322 sobre la incapacidad de su hijo Diego Sorbara Giordano - que el accionante utilizaba su vehículo no sólo para trasladarse a distintos escenarios donde ejercía la profesión de cantante, sino que hacía uso del vehículo para transportar a su hijo discapacitado ( arts. 375, 384 del CPCC).-
Por cuanto aplicando el criterio de la “probabilidad objetiva“ mediante, es válido sostener que la falta de cumplimiento oportuno de la aseguradora efectivamente le cercenó la fuente de sus ingresos y consecuentemente frustró la percepción de aquellos.-
Por ello en las lides de la cuantificación, con el prisma de las máximas de la experiencia, me convence que resulta como razonable justipreciar la suma de $ 18.000.- ( pesos dieciocho mil ) solicitada por el actor a fs. 62 ( arts.165, 163 inc.5|, 384 del CPCC).-
La demandada cuestiona la fijación del rubro gastos, porque estima, que este rubro estaría comprendido en la genérica condena en costas.-
No concuerdo con esta apreciación; la condena en costas reviste una indemnización debida a quien injustamente se vio obligado a efectuar erogaciones judiciales o sea, los gastos que al obligarlo a litigar le ha ocasionado su oponente, con prescindencia de la buena o mala fe de éste o de su poca o mucha razón…” Sup.Corte B.As. Ac.y Sent.1956-III-255; Civ.y Com.,La Plata sala 1 299/10/1996.
En este caso el reclamo es por los gastos que las exigencias que Seguro Rivadavia le impone a los asegurados para iniciar el trámite en caso de robo/hurto, a saber: certificado de denuncia policial, certificado de estado de dominio, constancia de titularidad del automotor robado, constancia de solicitud de baja , aviso de libre deuda, certificado de libre deuda, fotocopia de documento de identidad ver fs. 15.-
Está en claro que tales conceptos no se superponen con las costas judiciales, de acuerdo con lo antedicho.
Por lo explicitado el agravio debe ser rechazado.-
La agraviada se queja de la aplicación de la tasa pasiva digital.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los órganos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera“ y “Nidera“ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado –en la práctica– una uniformidad de criterios (casi absoluta) en los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de admitir la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 4 de junio de 2012– hasta la sentencia de grado y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa ( art. 622 C. Ciivl; SCBA Causa C119176 del 15-06-2016). Ello salvo para el rubro daño emergente, en el cual -y tal lo dicho- la tasa del 6% anual será aplicable hasta la fecha de la tasación.
Por lo expuesto, y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia haciendo lugar al daño emergente conforme lo establecido anteriormente (difiriendo su cuantificación para la etapa de la liquidación, a cuyo fin se deja establecido que el rubro prospera por el monto actualizado del vehículo Renault TL M 1,6 modelo 1993 al momento de la liquidación, conforme cotización del rodado según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) o similar); elevándose el monto de los restantes rubros del siguiente modo: privación de uso por la suma de $ 50.000; daño moral por la suma de $ 100.000; lucro cesante por la suma de $ 18.000; confirmando la suma fijada en concepto de gastos.
Deberá modificarse, asimismo, el fallo apelado en cuanto a la tasa de interés, fijándose un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 4 de junio de 2012– hasta la sentencia de grado y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. Ello salvo para el rubro daño emergente, en el cual -y tal lo dicho- la tasa del 6% anual será aplicable hasta la fecha de la tasación.
Las costas de Alzada se impondrán en un 10% a la actora y en un 90% a la demandada, teniendo en cuenta el éxito de ambos recursos, aunque en muy diversa medida (arts. 68 y 71 del CPCC).
Voto, en consecuencia,
PARCIALMENTE por la NEGATIVA
A LA CUESTION PROPUESTA, EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
Adhiero en un todo al voto que antecede, por sus mismas razones, mas las que aquí expongo.
Con relación al daño emergente, en los autos "Juncos Gustavo Gabriel C/ Federacion Patronal Seguros S.A s/cumplimiento de contratos civiles/comerciales”, Causa Nº MO-7262-2015, R.S. 218/2017 adherí al voto del Dr. Ferrari.
Allí se decía que:
" En esencia, el planteo liminar apuntaba a que la aseguradora abonara el monto necesario para adquirir -al momento del pago- un vehículo de igual modelo y características al que era propiedad del actor y resultó destruido (fs. 32vta./33).-
Sobre el tema, memoro un lúcido precedente de la jurisdicción bonaerense -con voto en primer término del Dr. Louge Emiliozzi y adhesión de la Dra. Comparato- cuyos términos comparto totalmente.-
Decía allí la Sala 1° de la Cámara de Azul que:
"al momento de fallar debe procurarse no acudir a parámetros desactualizados, sino que deben tomarse los valores más actualizados posibles al momento de la sentencia.
Ahora bien, el caso de autos presenta la complejidad de que en el contrato que nos ocupa se estableció una suma asegurada como límite de la responsabilidad del asegurador, circunstancia que condujo al “a quo” a fijar la indemnización por este concepto en la suma de $ (...). Por su parte, al contestar agravios la aseguradora invoca precisamente el contenido de esa cláusula para lograr su rechazo (...).
Así las cosas, cabe recordar que el art. 61 de la Ley de Seguros dispone en su segundo párrafo que el asegurador “responde sólo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente”.
Comentando este precepto que de por sí es claro, se ha apuntado que la indemnización debida por el asegurador en caso de siniestro que afecte el bien asegurado, podrá ser igual o menor que la suma asegurada pero nunca sobrepasarla, es decir, que la suma máxima asegurada constituye el tope de la responsabilidad del asegurador convenida en el contrato (Roullión, Adolfo –Director- “Código de Comercio comentado y anotado”, T. II, pág. 99; ídem Soler Aleu, Amadeo “Seguro de automotores. Responsabilidad Civil, daños al vehículo, robo y hurto”, pág. 160; cit. por esta Sala en causa n° 56.079, “Moreira Hnos.”, del 17.04.12.).
En la misma orientación ha expresado la jurisprudencia que el valor asegurable expresado en la póliza de seguro de robo de automotor puede no necesariamente coincidir con el valor del bien y además no dete
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.