Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56406
Causa Nº MO-56406-2017 R.S.:267/2020
Con fecha 08 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “BEARZOTTI JORGE DANIEL C/ VIDALLE SEBASTIAN MAURICIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ” Causa Nº MO-56406-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental a fs.87/92 resolvió hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios por incumplimiento contractual promoviera Jorge Daniel Bearzotti contra Sebastián Mauricio Videlle y Luisina Lucrecia Cancelli. Consecuentemente condenó a estos últimos a hacer efectivo a la actora la suma de U$S20.000 con más los intereses establecidos en la aludida resolución. Impuso las costas a los demandados vencidos y pospuso la regulación de honorarios para su oportunidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron el 5/9/2019 los demandados interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente a fs. 93 y se fundó con la expresión de agravios del 7 de mayo de 2020 replicada el 1 de junio de mismo año.
3. El 16 de junio de 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los agravios triados por los recurrentes se basan -en lo medular- en el enfoque que la jueza hizo del documento de fs. 15 y vta. como así también de la cuantía de la clausula penal, pidiendo que se rechace la demanda o, en su defecto, que se morigere la misma.
También piden medida para mejor proveer.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
1. En primer término y para un prolijo estudio de estos obrados, me abocaré al tratamiento de la medida para mejor proveer efectuado por los recurrentes en su expresión de agravios.
Y para ello es menester señalar que la apertura del juicio a prueba en la Alzada tiene un carácter de excepción, y las situaciones que la autorizan son previstas en la ley de modo limitativo y dentro de las hipótesis allí contempladas (cfr. Cám. 2ª, Sala 3ª, La Plata, causa nº 79.473, R.S. I, 19-95, esta Sala en Causa nº 41.941, R.I. 78/00).
Dice la doctrina que como no se puede apelar durante la etapa probatoria, se admite la posibilidad de que cuando el expediente es elevado al tribunal ad quem para resolver tal recurso, este controle el fallo del inferior, respecto de las probanzas denegadas o a la justicia de la providencia que ha declarado la negligencia; resolviendo sobre la necesidad, o no, de que tales medidas sean llevadas a cabo en la cámara (HITTERS, Juan Carlos, "Tecnica de los Recursos ordinarios", Librería Editora Platense, Buenos Aires. 2.000, pág. 476).-
Que, asimismo la concesión de un recurso en su forma libre, no importa constituir a la Alzada en una "segunda primera instancia".-
En tal contexto, el art. 36, en el andarivel ya del podrá y no del deberá, prescribe una serie de posibilidades ordenatorias e instructorias que responden a la necesidad de hacer efectiva la mejor administración de justicia.
Que, esta Sala en la causa 35.425, R.I. 22/01 ha sostenido que: "las consideraciones de las medidas probatorias que el Tribunal estime pertinentes en los términos de los arts. 36 y ccdtes. del ritual, quedan sujetas a sus facultades ordenatorias e instructorias cuando tenga el expediente a estudio para dictar sentencia, no siendo factible que -en los términos del artículo citado- las partes soliciten o sugieran al Tribunal la producción de prueba (Morello. Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Carlos Omar. Códigos ... T II A. pags. 648 y sgtes., con jurisprudencia allí citada), pues -reiterando- tales resultan ser resortes que el ordenamiento ritual pone a disposición de los órganos jurisdiccionales, para que acuda a ellos solo en caso de considerarlo necesario".-
En el caso, tenemos que la parte demandada en la expresión de agravios expresa que, como medida de mejor proveer, se ordene la realización de prueba pericial ofertada y que ha sido desestimada.
Dos cosas diré a fin de dar respuesta a tal petición, la primera es que el apelante no cuestionó la decisión de la a quo en su oportunidad, teniendo en cuenta que no estaba el proceso en etapa de prueba.
Por lo demás, tampoco vemos un replanteo formal, en los términos del art. 255 del CPCC.
En segundo lugar, que acorde con lo expuesto, y siendo que las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos son una facultad ordenatoria e instructoria que le compete al Tribunal como ya se ha dicho deberá desestimarse la medida para mejor proveer peticionada.
2. Zanjado ello, debemos abocarnos al estudio de los agravios, analizando el documento que vinculó a las partes en dicho acto.
Agrego que " como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente " (S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
Dicho esto, del documento agregado a fs. 15 y vta. titulado " RESERVA POR LA COMPRA DE INMUEBLE SUJETA A LA APROBACION DE LA PARTE VENDEDORA" extraigo que el señor Jorge Daniel Bearzotti "deja la suma de dolares billetes EEUU veinte mil (U$S:20000) en efectivo, como garantía de la oferta que efectúa por la compra de un inmueble ubicado en la calle Rodriguez Peña nro. 1248 de la Ciudad de Castelar, Partido de Moron, Provincia de Buenos Aires...." "La vigencia de la presente oferta es de veinte días a contar de la fecha del presente, En caso de no aceptarse la oferta por el vendedor, Pappacena Carbone Propiedades restituirá el importe a que alude este recibo al comprador, sin interés ni compensación alguna, el primer día hábil posterior al vencimiento de la oferta. Omisión de suscribir el boleto de compraventa definitivo : En el supuesto que luego de aceptada la oferta por el vendedor, el comprador no otorgare la firma del boleto de compraventa en el plazo previsto, la suma recibida en este acto quedara en beneficio de la parte vendedora en concepto de clausula penal. En el supuesto que aceptada la oferta, el vendedor no otorgare el boleto de compraventa definitivo en el plazo previsto, el comprador recibirá del vendedor el importe entregado en este acto más otro tanto, en concepto de clausula penal".
Luego prestan conformidad. (ver fs. 15 vta.)
Sentado ello, viendo lo rubricado por las partes en el aludido documento y en virtud del reconocimiento que hicieron del mismo, le es aplicable a casos como el presente la doctrina que se ha dado por llamar "Teoría de los propios actos" y que tienen apoyatura en las reglas contenidas en los arts. 729; 961; 991 y ccdtes. del CCCN.
Dicha doctrina que ya ha sido comentada y defendida por mí antes de ahora, ha sido conceptualizada como una "barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiendo con ello el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas" (conf. entre otros: Compagnucci de Caso, "Teoría de los propios actos y declaración tácita de voluntad", L.L., t. I, 1985-A, pág. 1001, y voto del Dr. Conde en la causa nro. 34.145).-
He advertido en otra causa que me ha tocado intervenir que en la aplicación de la Teoría de los actos propios, deriva indudablemente del principio general de la buena fe -principio general de derecho entendida ésta como "buena fe creencia-subjetiva o "buena fe lealtad-objetiva", y que lo que se sanciona como inadmisible es la conducta contradictoria interpretada objetivamente -llamada también incoherente- implicando también tales conceptos que se trata de reforzar una seguridad de los actos y conductas de las partes (conf. arg. art. 16 ya citado, y entre otros Borda, Alejandro, "La Teoría de los Actos Propios, A. Perrot, 1993, y mi voto en causa de esta sala nro. 39.520, R.S. 379/98; también: Mairal, "La Doctrina de los propios actos y la Administración Pública", Depalma, 1988, págs. 63, 69 y 73).-
Era necesaria tal argumentación legal y doctrinaria, como jurisprudencial, para que se vea con claridad, que ambas partes reconocieron en su autenticidad la existencia entre ellas lo siguiente, y que emana en forma fehaciente y categórico que se pactó que si el vendedor no otorgare el boleto de compra venta definitivo en el plazo previsto, el comprador recibirá del vendedor el importe entregado en este acto más otro tanto en concepto de clausula penal.
Entonces, el cobro de esta última constituye una norma de fondo imperativa destinada a garantizar el ejercicio regular de los derechos del acreedor, compatible con los mandatos de la moral, el orden público y las buenas costumbres, por lo que no puede ser renunciada o limitada por la voluntad de las partes.
Por demás, la cláusula funciona como hecho modificatorio de la relación jurídica obligacional al transformar el objeto de la prestación primitiva en la de cumplir la pena estipulada, o como hecho constitutivo al hacer nacer una prestación nueva en razón del retardo en el cumplimiento de la obligación asumida por el deudor, por lo que la procedencia de su posible morigeración debe apreciarse de conformidad con la norma vigente al tiempo en que se produjo el incumplimiento o la mora en la obligación asegurada (conf. Moisset de Espanés, Luis, "La irretroactividad de la ley y el nuevo artículo 3º del Código Civil", Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, pág. 72), en tanto su ejercicio oficioso se encuentre asimismo habilitado a la luz de la norma vigente al adoptarse la pertinente decisión jurisdiccional.
Ahora bien.
En base a los agravios de los quejosos relacionados a la denominación de reserva y no seña, debo recordar lo dicho por esta sala segunda en causa nro.38.734, R.S. 138/99, en relación a la interpretación de los que las partes han firmado. Y ello se puede enmarcar en el plano de esta causa.
Se dijo que siendo necesario realizar el encuadre jurídico de la temática planteada, y debido a la distinta interpretación que le dan las partes a tales hechos y obligaciones, es necesario advertir que la interpretación del negocio jurídico consiste en desarrollar la actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de la manifestación o manifestaciones de la voluntad a fin determinar el real contenido del acto, esto es, "lo querido por los partícipes"; que se da como basamento a la interpretación de los contratos el principio que es la "buena fe", "lealtad" y "probidad" ; que en la labor de hermenéutica hay que considerar la voluntad real de las partes antes que el sentido literal de las expresiones empleadas, máxime cuando diversas cláusulas se contradicen, o cuando las partes afirman distintas obligaciones que han contraído verbalmente(conf. Arauz Castex, M., "Tratado de Derecho Civil", Parte General, t. I, págs. 205/206, ed. Etja, Bs.As., 1965, y la denominada "Regla de Oro -Lord Wensleydale's Golden Rule"- del derecho anglosajón).-
Es decir, la interpretación de un contrato no puede resolverse solo con un criterio textual de sus palabras, sino teniendo en cuenta la intención común de las partes y si la misma no puede determinarse, debe asignarse el significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables de la misma condición de las partes. (Principios Unidroit art. 4.1 citado por Leiva Fernández en obra de Alberto Spota, “Contratos. Instituciones de Derecho Civil” TºV, 2da edición actualizada por Leiva Fernández, Rubinzal Culzoni, 2008 p.93), de ahí que se prefiera lo corriente, normal o habitual con rechazo de lo sorpresivo (Mosset Inturraspe en “Calificación, integración e interpretación del contrato”. Revista de Derecho Privado y Comunitario. Interpretación del contrato. 2006-3, p.17. Rubinzal Culzoni)
Siempre teniendo como norte la buena fe de las partes del contrato.
Al respecto Bueres-Highton (Código Civil 3-C. p. 45) condensan en una frase los alcances de aquella: "la buena fe ilumina toda la vida del contrato"; dicho cardinal principio debe tenerse en cuenta en la etapa precontractual, en la formación del consentimiento, en la dinámica del cumplimiento y en la resolución. (Cfe. Cifuentes Santos,"Negocio Jurídico", p. 251; arg. arts. 16 C.C.A. y 218 inc. 4 Cód. de Comercio).
Así, el respeto de la palabra empeñada, el cumplimiento de las obligaciones libremente asumidas, son todas actitudes consustanciales a la vigencia efectiva del orden jurídico. El principio de la autonomía de la voluntad permite que una parte del universo normativo sea creado por los particulares pero una vez corporizado la convención, ésta tendrá para las partes el caracter de "una regla a la cual deben someterse como la ley misma" según la afortunada expresión del art. 1197 del C.Civil. (Cám.Civ.Com. Pergamino Causa nro. C4967 R.S. 27-4 del 17-02-2004).-
Ahora bien.
Las acciones de los contratantes muchas veces no siguen con lo establecido en el contrato -libremente convenido- generando con su incumplimiento un perjuicio a la otra parte quien, al suscribir el mismo, se presupone que actuó de buena fe esperando lo mismo de la contraria.
Por eso es indispensable que el incumplimiento de la obligación haya causado un daño al acreedor, pues sin daño no puede haber reparación.
En el contexto que vengo describiendo, es indiscutible que las partes han tenido pleno conocimiento de lo firmado y de como funciona la clausula penal en este tipo de operaciones.
Agrego a ello los testimonios que se desprenden del CD que contiene la audiencia realizadas a los sres. Pappacena, Carbone, La regina, Alzarez y Paviolo el día 16 de abril de 2019, donde extraigo que los demandados han realizado varias operaciones inmobiliarias, conociendo el mecanismo de estas operaciones.
Por otra parte, con relación al tiempo en el cual se hizo la retractación, el mismo demandado dice que no hay medio de prueba que demuestren que el conocimiento del ofertante en cuanto a la aceptación, confirmación o firma, haya sido anterior a la recepción de la retractación, cuando en verdad son aquellos los que debieron aportar algún tipo de prueba que plasmara su versión de los hechos.
Y no lo hicieron.
Así las cosas, y de las pruebas aportadas a esta causa, tengo por probado -al igual que la Sra. Juez de Grado- que los demandados se han arrepentido de efectuar la operación , provocando un daño al actor por el incumplimiento de lo pactado en el documento obrante a fs. 15 y vta.
También debo señalar a fin de dar respuesta al planteo por parte de los quejosos de la morigeración de la clausula penal que esta sala ha dicho en reiteradas oportunidades que " el texto del art. 656 del derogado Código Civil (ley 17.711) autorizaba a los jueces a reducir las penas aún de oficio (conf. Ac. 16.353, sent. del 16-III-1971, entre otras).
La doctrina de la posible morigeración oficiosa de la cláusula penal excesiva, que constituye una cuestión de derecho (Ac. 41.880, sent. del 4-XII-1990), respondía a la necesidad de asegurar el imperio de la justicia conmutativa y evitar el aprovechamiento abusivo de la situación del deudor moroso, conciliándose armónicamente de este modo la regla de inmutabilidad de la pena (art. 655, Cód. Civil) con las exigencias que fluían de los principios ético-jurídicos informantes de la letra y espíritu de los arts. 21, 502, 530, 953, 1071 y 1167 del Código Civil (conf. Ac. 16.353, cit.; también Ac. 70.487, sent. del 7-II-2001).
Así, la cláusula penal exorbitante podía carecer de validez por resultar contraria a las buenas costumbres si su inserción había respondido a una finalidad configurativa de la operación como negocio usurario en sentido lato. O bien cabía que, originalmente válida, se tornase excesivamente onerosa como consecuencia de las particulares circunstancias del caso: la extensión temporal de la mora, el real y efectivo interés del acreedor por la prestación principal, el perjuicio concretamente sufrido por el titular activo, el sacrificio patrimonial que la pena significaba para el deudor, etc.; supuestoséstos en que la exigencia del cumplimiento compulsivo de la pena podía llegar a desnaturalizar la función propia que el ordenamiento le tenía asignada, a reflejar una actitud del acreedor reñida con las buenas costumbres o contraria a los límites impuestos por la buena fe (conf. Ac. 16.353, cit.; también Ac. 41.880, cit.).
De esta forma, por un lado, el texto del art. 656 del Código Civil (ley 17.711) autorizaba a los jueces a reducir prudentemente de oficio las penas cuando su monto, desproporcionado con la gravedad de la falta, tradujese un aprovechamiento abusivo de parte del acreedor (conf. Ac. 16.353, cit.), o cuando el vicio apareciera manifiesto y su comprobación no requiriera una previa investigación de hecho (conf. Ac. 41.880, cit.; Ac. 56.234, sent. del 14-V-1996; Ac. 61.024, sent. del 7-VII-1998), sin que tal facultad permitiera la supresión total de la cláusula (Ac. 45.861, sent. del 7-IV-1992; entre otras); por otro lado, dado que la facultad judicial de reducir las multas convencionales excesivas podía ser puesta en práctica de oficio por el juzgador cuando el defecto apareciese manifiesto originaria o sobrevinientemente, su ejercicio sin que mediara oportuna petición de parte no podía vulnerar el principio consagrado por el art. 163 inc. 6º del Código Procesal Civil y Comercial (conf. Ac. 16.353, cit.; Ac. 70.487, cit.). Es que el expreso reconocimiento de la posibilidad de ejercer de oficio una facultad judicial enerva toda perspectiva de que su empleo violente el principio de congruencia ".
Los mismos principios son aplicables en el ámbito del CCyCN.
Bajo tales premisas podemos ver que aquella clausula no resulta abusiva en cuanto al monto que ella irroga en proporción a la operación que se debía llevar a cabo y cuyo monto surge de fs. 15 y vta..
Por tales razones es que la morigeración pretendida deviene, a mi juicio improcedente y los quejosos deberán hacerse cargo de las consecuencias generadas por su arrepentimiento.
Así las cosas, y por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, soy de la idea que se deberán rechazar los agravios traídos por los quejosos, con costas de alzada a ellos (art. 68 del CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.