Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41534
Causa Nº MO-41534-2017 R.S.: 270/2020
Con fecha 08 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “GOMEZ JUAN EMILIO C/ DELLA CHIESA HORACIO RICARDO S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO), Causa Nº MO-41534-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental dictó sentencia rechazando la demanda de daños y perjuicios promovida por GOMEZ JUAN EMILIO contra DELLA CHIESA HORACIO RICARDO. Impuso las costas del juicio a la parte actora y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el 12/6/2019 la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente y se fundó con la expresión de agravios cuya referencia es 247300437015546863 que no mereció réplica alguna.-
3. Cumplidos los recaudos formales del caso, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Los cuatro agravios que el actor trae en su escrito de fundamentación, se direccionan hacia el rechazo de demanda, la mala fe del demandado en tanto tenía conocimiento al momento de celebrar el contrato que se encontraba inhibido y la buena fe de su parte en el contrato.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
a) Incumplimiento contractual. Responsabilidad
A fin de dar respuesta a los agravios, de todo comienzo es menester volcar algunas precisiones acerca de los contratos bilaterales, su interpretación y la buena fe de los mismos; siendo ello esencial para respuesta al reclamo del quejoso.-
Por ello debo decir que la responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación particular, concreta y en su sentido estricto- contractual, es decir, convenida libremente por las partes contratantes. Se requiere también que esta obligación haya sido incumplida por culpa del deudor, esto es, voluntaria y conscientemente (dolo) o al menos por falta de previsión o de diligencia (culpa simple).
Bajo el manto de la interpretación del mismo.
La interpretación de un contrato no puede resolverse solo con un criterio textual de sus palabras, sino teniendo en cuenta la intención común de las partes y si la misma no puede determinarse, debe asignarse el significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables de la misma condición de las partes. (Principios Unidroit art. 4.1 citado por Leiva Fernández en obra de Alberto Spota, “Contratos. Instituciones de Derecho Civil” TºV, 2da edición actualizada por Leiva Fernández, Rubinzal Culzoni, 2008 p.93), de ahí que se prefiera lo corriente, normal o habitual con rechazo de lo sorpresivo (Mosset Inturraspe en “Calificación, integración e interpretación del contrato”. Revista de Derecho Privado y Comunitario. Interpretación del contrato. 2006-3, p.17. Rubinzal Culzoni)
Siempre teniendo como norte la buena fe de las partes del contrato.
Al respecto Bueres-Highton (Código Civil 3-C. p. 45) condensan en una frase los alcances de aquella: "la buena fe ilumina toda la vida del contrato"; dicho cardinal principio debe tenerse en cuenta en la etapa precontractual, en la formación del consentimiento, en la dinámica del cumplimiento y en la resolución. (Cfe. Cifuentes Santos,"Negocio Jurídico", p. 251; arg. arts. 16 C.C.A. y 218 inc. 4 Cód. de Comercio).
Así, el respeto de la palabra empeñada, el cumplimiento de las obligaciones libremente asumidas, son todas actitudes consustanciales a la vigencia efectiva del orden juridico. El principio de la autonomia de la voluntad permite que una parte del universo normativo sea creado por los particulares pero una vez corporizado la convención, ésta tendrá para las partes el caracter de "una regla a la cual deben someterse como la ley misma" según la afortunada expresión del art. 1197 del C.Civil. (Cám.Civ.Com. Pergamino Causa nro. C4967 R.S. 27-4 del 17-02-2004).
El art. 961 del CCyCN establece la necesidad de celebrar, interpretar y ejecutar los contratos de buena fe, con los alcances en que se hubiera obligado un contratante cuidadoso y previsor.
Ahora bien.
Las acciones de los contratantes muchas veces no siguen con lo establecido en el contrato -libremente convenido- generando con su incumplimiento un perjuicio a la otra parte quien, al suscribir el mismo, se presupone que actuó de buena fe esperando lo mismo de la contraria.
Por eso es indispensable que el incumplimiento de la obligación haya causado un daño al acreedor, pues sin daño no puede haber reparación.
El incumplimiento ha de ser tal que haga imposible la ulterior realización de la prestación debida, pues si esta fuera aún posible, el acreedor podría exigir el cumplimiento de la obligación, limitándose la responsabilidad del deudor a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por el retraso (mora). Por el contrario, cuando la prestación deviene imposible, el deber de indemnización sustituye y reemplaza por entero a la antigua obligación. Por eso se dice que en la responsabilidad contractual el deber de indemnizar es efecto de la transformación de una obligación preexistente cuyo cumplimiento se ha hecho imposible por culpa del deudor. (Conf. Augusto Mario Morello "Indemnización del Daño Contractual", p g. 10/11, Librería Editora Platense. (esta Sala en causa MO 48291 RSD-452-3 S 5-8-2003)
Y con estas premisas es que abordemos, entonces, el análisis del caso.
Ello no sin antes recordar que " como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente " (S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.-
Compulsando la presente causa he colectado los siguientes elementos a partir de los cuales formaré mi convicción:
Así, tanto de fs. 13 -boleto de compraventa celebrado entre el Sr. Gomez y el Sr. Della Chiesa-, como de la demanda y su contestación de fs. 59/61, surge que el 13 de agosto de 2016 se realizó la operación de compraventa mediante la cual el demandado vendía un rodado camión marca 15-Dodge dominio VRT523, recibiendo como pago el automotor marca Renault modelo R-19 año 1996, siendo el valor total de la operación de $50.000 .
El 2 de mayo de 2017 el actor intimo mediante carta documento al Sr. Della a que en el plazo de tres días levante la inhibición decretada en la quiebra "Materiales Mecon S.R.L. s/quiebra".
Aquella misiva tuvo la contestación del demandado del 11/5/2017 -ver fs. 17- negando el incumplimiento ya que la quiebra se encuentra concluida, rechazando las pretensiones del actor haciendo notar su mala fe.
En estos términos es que ha quedado enmarcado la presente causa.
El juez ha rechazado la demanda fundándose en la letra del art. 16 de la ley 6582/58, que reza " ARTICULO 16.-A los efectos de la buena fe previstos en los artículos 2º, 3º y 4º del presente, se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquel obran en el Registro de la Propiedad del Automotor, aún cuando no hayan exigido del titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio que se establece en este artículo.
El Registro otorgará al titular de dominio o a la autoridad judicial que lo solicite un certificado de las constancias de su inscripción y demás anotaciones que existan el que tendrá una validez de QUINCE (15) días a partir de la fecha de su emisión y de cuyo libramiento se dejará nota en sus antecedentes. Este certificado podrá ser requerido al titular del dominio en las transferencias del automotor o en la constitución de gravámenes, por los interesados en dichas operaciones, las que se inscribirán dentro del plazo de validez.
Durante el mismo plazo de validez, los embargos y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter condicional y solo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez vencido dicho plazo, siempre que no hayan modificado el dominio o la situación jurídica del automotor. Idéntico plazo de validez tendrá el certificado a que se refiere el artículo 18, del Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por Ley Nº 12.962., en los casos de transferencia de automotores sometidos al régimen presente."
Por su parte los artículos 2,3,4 nos dicen que " ARTICULO 2 º- La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado.
ARTICULO 3 º- Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscripto a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por este decreto-ley.
ARTICULO 4º- El que tuviese inscripto a su nombre un automotor hurtado o robado, podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos DOS (2) años de la inscripción, siempre que durante ese lapso lo hubiese poseído de buena fe y en forma continua.
Cuando un automotor hurtado o robado hubiera sido adquirido con anterioridad a la vigencia del presente en venta pública o en comercio dedicado a la venta de automotores, el reivindicarte deberá resarcir al poseedor de buena fe del importe pagado en la venta pública o en el comercio en que lo adquirió. El reivindicante podrá repetir lo que pagase, contra el vendedor de mala fe.
Ahora bien, analizada la cuestión, no coincido con el encuadre jurídico que efectuó el juez de la instancia previa.
Veamos.
De la atenta lectura de la demanda no se estaría juzgando ello -la transferencia propiamente dicha- sino claramente el incumplimiento de lo convenido por las partes, las cuales se responsabilizan por cualquier inconveniente que impidiera disponer libremente del mismo.
De las constancias de autos, más precisamente de la causa que corre por cuerda " Materiales Mecon S.R.L. s/ quiebra" a fs. 404 y con fecha 1/11/2017, la jueza decretó el levantamiento de la inhibición general de bienes y la rehabilitación del demandado respecto de sus efectos personales de la aludida quiebra.
Es decir que al momento de contratar el Sr. Della Chiesa se encontraba inhibido , provocando que la transferencia no se pudiera llevar a cabo.
A mayor abundamiento solo es menester confrontar el informe de estado de dominio histórico de titularidad obrante a fs. 10/11 donde surge que el demandado se encontraba inhibido.
Seria contrario a los estándares más elementales de buena fe contractual hacer cargar el peso de la inconducta del demandado al vender un bien, aún estando inhibido, sobre quien -según las constancias de autos- ha celebrado la operación con el demandado presumiendo la buena fe del mismo y sin actuar de mala fe.
No surge de autos que el demandado haya comunicado tal situación al actor.
Más aún: ha negado tal inhibición por haber concluido la quiebra, denotando ello que no ha tenido la prudencia debida al formular la operación de cómo se encontraba su situación en aquellos autos.
Al respecto se ha dicho reiteradamente que “la obligación de entregar la cosa vendida libre de gravámenes en situación de regularidad jurídica y plenamente disponible a la otra parte que pagó por ella un precio posee carácter esencial en un contrato de compraventa de un vehículo, todo lo cual habilita a la resolución del contrato” (Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A, 12/04/2016, “ D., D. V. c. F. E H. S.A. s/ resolución de contrato - daños y perjuicios”, publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/18821/2016)
La jurisprudencia viene sosteniendo que “teniendo en cuenta que la responsabilidad del vendedor no se limita a la entrega del vehículo sino que se extiende a la entrega de la documentación necesaria para la realización de la inscripción y su uso (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, 30/05/2013 “Acosta, Omar y otro c. Car One SA y otro s/ ordinario”, La Ley on line AR/JUR/26402/2013)
Así las cosas, considero que el demandado es responsable por los daños que la inejecución de su parte del contrato le causo a la contraria.
Con lo cual deberá revocarse el fallo apelado haciendo responsable al Sr. Della Chiesa de los daños ocasionados al actor, los cuales pasare a analizar.
B) Lucro cesante
El actor reclama la suma de $616.000, en virtud de no poder trabajar con el camión en la empresa que lo había contratado.
Conforme lo sostuviera en más de una oportunidad en carácter de lucro cesante, se conjugan las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad o disminución de la actividad laboral transitoria, debiendo quien reclama justificar que durante el lapso alegado sufrió una pérdida total o parcial de sus ganancias. El tema debe tratarse con estrictez, pues si bien evidenciado un daño, la reparación debe ser plena e integral, debe evitarse toda decisión que signifique un enriquecimiento son causa (ver mi voto en causa nro.32.084, R.S.232/94, entre otras).-
Así, el lucro cesante debe ser definido como la ganancia o utilidad que se vio privado el acreedor a raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación. Implica -entonces- una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que el acreedor habría podido razonablemente obtener, de no haberse producido el ilícito o el incumplimiento de la obligación (esta Sala en causa nro. MO 28615 RSD-278-14 S 2-12-2014)
El Superior Provincial ha afirmado que el lucro cesante se torna resarcible, cuando la frustración de ganancia no es una mera posibilidad, aunque no es necesario la seguridad de que ellas se habrían obtenido. Pues “…tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo supuestas…” (SCBA Acuerdo 72.593, voto Dr. Lázzari).
No obstante ello, quien reclama reparación en concepto de lucro cesante tiene la carga de probar el efectivo menoscabo patrimonial experimentado como secuela del evento génesis de su pretensión (esta Sala en la causa nro. 20.937, R.S. 75/88), lo que presupone entonces que la admisión de la existencia del mismo y la prueba concreta y certera de la cuantía de las ganancias dejadas de percibir, demostración de la que sólo cabe dispensar a quien formula el reclamo, cuando concurren circunstancias particulares que tornen sino imposible, al menos muy dificultosa la prueba del perjuicio.-
Veamos como ha probado el actor aquellas ganancias dejadas de percibir.
Relata el actor que con el camión se disponía a trabajar en la Empresa Lihue Ingeniería donde lo habían contratado para realizar tareas de "volquete" y con fecha 5 de septiembre de aquel 2016 le comunican el impedimento de contratarlo.
Tal situación es comprobada con la contestación de oficio obrante a fs. 101/02 del Jefe de producción Omar Politi quien informa "efectivamente el 5 de septiembre de 2016 le notifique al Sr. Gomez Juan Emilio mediante una carta suscripta por mi persona, el impedimento de incorporar su camión y contratarlo para los trabajos de remoción de tierra que se realizaban mediante la Empresa Lihue Ingenieria S.A. ... Asimismo, declaro que la oferta de trabajo fue gestionada por mi persona, teniendo el Sr. Gomez Juan Emilio un plazo ad referendum para presentar la documentación pertinente de su camión, encontrándose vencido perdiendo la oferta de trabajo"
Y agrega "Las tareas que se asignarian al rodado de trabajo de suelo contemplaban un pago de la suma de pesos dos mil ochocientos por cada dia de trabajo, liquidados al final de cada mes y dependiendo de los dias laborables".
A ello podemos sumar la declaración del Sr. Cristian Ermando Casco a fs. 19 del B.L.S.G. que en este acto tengo a la vista de la que extraigo "En la actualidad Juan esta trabajando en una empresa como retrista, su idea era trabajar con un camión que compró, pero no pudo hacerlo..."
Ante todo lo expuesto, las características particulares de dicha actividad y acudiendo -para la determinación del mismo- a las reglas del art. 165 del CPCC, estimo que el rubro lucro cesante ha de prosperar, por la suma reclamada en el escrito inicial $616.000 (seiscientos dieciséis mil pesos) la cual se perfila prudente, equitativa y razonable frente a la índole de los sucesos acontecidos y la antedicha frustración de la actividad proyectada.
c) Daño extrapatrimonial
El actor pretende ser resarcido por el daño moral que sufriera por los perjuicios que le han ocasionado el no cumplimiento del demandado de lo convenido. Pide por el rubro la suma de $150.000.-
En primer lugar lo que debemos señalar es que esta sala ha venido diciendo que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.