Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37061
Causa Nº MO-37061-2016 R.S.: 356/2020
Con fecha 03 de Noviembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ CANDI VICTOR HUGO Y OTRO/A C/ MONOPEZ INC. S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ” Causa Nº MO-37061-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 21 de Julio de 2020 dictó sentencia en las presentes, en los términos y con los alcances que de allí surgen.
2. Dicha sentencia fue apelada por la actora, concediéndose su recurso en relación con fecha 28 de Julio de 2020 , el cual fue fundado con el escrito de fecha 5 de Agosto de 2020 y replicado con fecha 7 de Agosto de 2020.
También fue apelado por la demandada, su recurso se concedió en relación con fecha 23 de Julio de 2020, presentándose con fecha 31 de Julio de 2020 la pertinente fundamentación, que fue replicada con el escrito de fecha 12 de Agosto de 2020.
A los términos de dichas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
3. Llegados los obrados a este tribunal, con fecha 27 de Agosto de 2020 se llamó "AUTOS , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo de los obrados y dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Que, inicialmente, cabe señalar que no asiste ninguna razón a la parte demandada cuando, al comenzar sus agravios, objeta la forma de concesión del recurso, pretendiendo que lo sea libremente, pues aquí no se da ninguno de los supuestos en que deba tramitar por esta vía (cfe art. 243 CPCC).
Por otro lado cabe señalar que -desde mi punto de vista- el planteo que introduce la actora en cuanto a la temporaneidad del memorial implicaría, a esta altura y de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, incurrir ni mas ni menos que en un severo exceso ritual.
En efecto: la actora se apoya, en tal sentido, en el plazo de dos días que contempla el art. 496 del CPCC en su inciso 2º
Con todo, y tal como lo hemos sentado en la Causa N° Mo-14406-2014 (R.I.: 85/2020), los Códigos Procesales (y los plazos que ellos contemplan) han sido pensados para épocas de normalidad, no de emergencia, como la que estamos viviendo actualmente.
Así, en la causa citada reflexionábamos sobre las condiciones actuales de litigación, en el contexto de emergencia y la necesidad de acudir a solucione empáticas y solidaristas, alejadas de cualquier exceso que lleve a la pérdida indebida de derechos procesales.
Ciertamente, en dicho contexto emergencial, tener por desierto un recurso por no haber sido fundado dentro del plazo de dos días que contempla el CPCC para el proceso sumarísimo, en el contexto de un proceso que -a esta altura- de sumarísimo solo tiene el nombre (no pierdo de vista que demoró cuatro años en llegar al dictado de la sentencia) y con un recurso que, para fundarse, ha obligado a los letrados a trabajar con constancias digitalizadas sin poder acceder a las actuaciones en soporte papel, implicaría desde mi punto de vista, un exceso ritual e, incluso, podría insertar para el trámite mas problemas que aquellos que traerá el abordaje directo de las quejas.
Por cierto, sería mas sencillo para nosotros acudir a la solución ritualista de apegarnos, con estrictez, al ya citado plazo del art. 496 del CPCC pero ello, insisto, configuraría un exceso ritual, en el específico contexto de emergencia en el que estamos sumidos y teniendo a la vista las connotaciones propias del caso
No olvidemos que aquí se discuten cuestiones que están muy lejos de ser urgentes, que estamos hablando de una problemática suscitada mas de cinco años atrás y que el proceso demoró varios años en tramitar.
Mal podríamos, entonces, exigirle al letrado que funde en dos días el recurso, frente a tales especiales circunstancias las que, insisto, han hecho que este proceso, de sumarísimo, a esta altura solo tenga el rótulo.
Es que si existe, en la base misma de nuestro sistema, una pauta de ejercicio regular y razonable, y de uso de los derechos teniendo a la vista su finalidad (art. 10 del CCyCN), implicaría francamente un abuso pretender que -en este juicio- las normas del sumarísimo tengan casi como única virtualidad, la de hacer perder -por razones formales- el derecho a alzarse contra la sentencia.
Ahora bien, que consideremos tempestiva su fundamentación no quiere decir que entendamos que le asiste razón en sus fundamentos.
Objeta la parte demandada la atribución de responsabilidad, en los términos que surgen de su fundamentación recursiva.
Abordando el tema debo decir, antes que nada, que todo lo que se manifiesta bajo el acápite "I. OBSERVACION PREVIA" no es sino una transcripción -con algunos agregados- de lo que ya expresó, anteriormente, en su contestación de demanda (ver fs. 287/290) con lo cual, al ser transcripción literal de lo ya dicho, queda muy lejos de erigirse en crítica concreta y razonada del fallo (art. 260 del CPCC).
Especialmente cuando, al objetar el encuadre jurídico del tema, el fallo no tiene apoyatura predominante en la ley de defensa al consumidor sino mas bien en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Sentado ello, es tiempo de destacar una circunstancia: aquí los actores reclaman en base a ciertos defectos existentes en un inmueble (a estrenar) que adquirieron.
El Sr. Juez de Grado analiza la responsabilidad desde el ángulo del CCyCN y no del Código Civil vigente al momento de la adquisición.
Por lo demás, el fallo (acreditados los defectos) consagra la responsabilidad de los demandados de autos, enajenante-constructor y arquitecto-director de obra, señalando que la misma deriva de la obligación de saneamiento que el código regula como efectos de esta clase de contratos onerosos, según dimana de la interpretación de los arts. 1038 inc. "b", 1040 y cctes. del Código civil y comercial; y sostiene que -acreditados los defectos invocados por el actor en su demanda respecto al inmueble a estrenar por ellos adquirido- los demandados constructor-enajenante y arquitecto-director de obra, deben solidariamente responder frente al reclamo impetrado.
Aquí me detengo para señalar dos cosas: la primera, es que no se objeta la aplicación temporal del CCyCN; la segunda, que en cuanto al encuadre jurídico, es poco lo que se dice; los agravios se centran, y enfocan, solo en la cuestión de la acreditación de los defectos de construcción, con alguna mención a la génesis del problema pero, en el plano del derecho aplicable, no se dice casi nada.
Las consideraciones que se introducen en relación a la LDC en nada se condicen con la apoyatura normativa del fallo; y las referencias atinentes a la provisión de los materiales tampoco hacen mella en las consideraciones del sentenciante, a poco que advirtamos que aquí se trató de una operación de compraventa inmobiliaria.
Ahora, y como la discusión se lleva al plano fáctico, hacia allí he de dirigir mi análisis.
Ello con la advertencia que he de analizar los elementos de prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, haciendo mención o poniéndose énfasis sólo en aquellos que sean esenciales para formar mi convicción (conf. arg. Art. 384 del Cód. Procesal), y/o como ha dicho nuestro mas Alto Tribunal que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo más fehaciente" (conf. SCBA, DJBA, t. 36, págs. 393 y 471, autos "Emmi c/ Carnevale", Agosto/53).-
Pues bien, desde que el tema involucra cuestiones técnicas, aquí cobra especial importancia la prueba pericial (art. 457 del CPCC).
Al respecto, hemos dicho que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que " tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria " (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Pues bien, en el caso concreto, tenemos una pericia (ver presentación de fecha 13 de Julio de 2018) que nos habla de diversos defectos de construcción en el inmueble.
La perito remarca, y fotografía, rajaduras y fisuras en casi todos los ambientes de la propiedad.
Afirmando que algunas son producto de una mala construcción , en las que las cargas del edificio superan las fundaciones diseñadas para tal fin y otras son consecuencia de malas terminaciones , en los que los caños por ejemplo de luz están muy próximos a las terminaciones definitivas sin existir profundidad en los revoques.
Expone qué es lo necesario para subsanarlo, habla de la presencia de humedad muy significativa , y aporta placas fotográficas de los ambientes afectados, dando razón de la causa de dicha situación, como así también de lo que -a su juicio- sería necesario hacer para solucionar el problema.
Viene cierto que, respecto de dicha presentación, los demandados exteriorizaron algunas objeciones (ver presentación de fecha 7 de Agosto de 2018) pidiéndole incluso aclaraciones al experto.
Pero no es menos cierto que, cuando el juzgado dispuso que la perito las evacuara (proveído de fecha 10 de ese mes y año), esta no lo hizo.
Y los hoy quejosos dejaron avanzar el proceso, sin hacer nada para que la experta cumpliera aquello que le había sido ordenado, consintiendo el llamado de autos para sentencia en esas condiciones.
Ahora bien, el Sr. Juez de Grado contextualiza la pericia con aquello que declara el testigo Gonzalez (audiencia de fecha 28 de Septiembre de 2017), quien refiere haber estado en el inmueble y haber visto, personalmente, los desperfectos .
Los desperfectos, grietas y humedades, vienen, así, señalados en las placas fotográficas que aportaron tanto la actora como la perito, y reafirmadas por las afirmaciones de Gonzalez.
Por lo demás, los apelantes en sus agravios, de modo bastante sintético, se quejan de que el juez no haya tenido en cuenta los dichos de Maldonado, Guerra y De la Llave.
Básicamente, su estrategia defensiva apunta a responsabilizar a los actores por las consecuencias existentes en el inmueble.
Pues bien, computados los argumentos del juez, coincido totalmente con el enfoque del magistrado de la instancia previa.
De los testigos de los que nos hablan los apelantes, Maldonado (quien declaró en la audiencia de fecha 4 de Septiembre de 2017) reconoce haber sido contratista del co demandado, que hacía trabajos de albañilería y terminaciones, facturando para Monopez; habla de los trabajos que realizó y de las reparaciones que luego tuvo que volver para efectuar. También refiere las modificaciones de los actores en la terraza, y hace alusión a ciertos problemas derivados -a su juicio- de la colocación de un aire acondicionado.
Como se ve, Maldonado reconoce una relación con los demandados y habla de su intervención en la construcción y realización de trabajos.
Guerra (quien declaró en la audiencia de fecha 1 de Septiembre de 2017) reconoce que trabaja para "Bustamante emprendimientos inmobiliarios"; reconoce haber intervenido en la construcción del edificio e igualmente habla de una construcción efectuada encima del departamento, atribuyéndole ciertas consecuencias potenciales en cuanto a las cargas no previstas y los desagües.
Aquí, destaco que el declarante reconoce su relación con la parte demandada e incluso su intervención en la construcción (circunstancia que, incluso, podría conllevar alguna eventual responsabilidad a su cargo).
Por lo demás, el deponente reconoce no haber vuelto a visitar el departamento, por lo que sus conclusiones son -desde mi punto de vista- conjeturales.
De la Llave (quien declaró en la audiencia de fecha 1 de Septiembre de 2017) tiene relación con uno de los co demandados; si bien comienza silenciándola (al preguntársele por las generales de la ley) luego reconoce ser empleado " del estudio "Bustamante arquitectos ".
Además, se trata de un estudiante de arquitectura.
En la décimo tercer pregunta, nos habla de la potencial génesis de los desperfectos, pero lo dice en abstracto, en el sentido de lo que "puede" suceder; en la décimo cuarta, habla de las terminaciones del edificio, pero basándose en lo que vio en la documentación, reconociendo mas adelante que puede haber diferencias entre lo ejecutado y los planos.
Así entonces entiendo, que frente a la reconocida vinculación con la parte demandada de los tres testigos (lo que mengua severamente su imparcialidad), el hecho de haber intervenido algunos de ellos en la construcción (lo que podría, incluso, aparejar eventuales responsabilidades a su cargo, en el caso de prosperar esta demanda) y, fundamentalmente, la ausencia de otos datos (objetivos) que apuntalen los dichos de estas personas, prevalecen por sobre lo que los declarantes han sostenido las ya aludidas conclusiones periciales, aunque la experta pueda haber incurrido en algún defecto en su labor (arts. 384, 456 y 474 del CPCC).
Debo aquí insistir en una circunstancia: la persona convocada para arrojar luz sobre las cuestiones técnicas en el proceso es el perito.
Esto es de suma importancia en controversias como la presente, especialmente teniendo en cuenta su imparcialidad (ajenidad a las partes).
Tal circunstancia hará prevalecer sus consideraciones (técnicas) por sobre las que pudieran haber efectuado quienes intervinieran en la obra, como allegados de las partes.
Obviamente, las conclusiones periciales podrán desatenderse, si existen razones en tal sentido.
Pero ocurre que, aquí, cuando los demandados pretendieron objetar los postulados de la experta, no impulsaron adecuadamente el trámite de su planteo, con lo cual carecemos de la opinión de la perito sobre estas cuestiones.
Luego, y en suma, no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de las conclusiones periciales, no llegando a erigirse -por las antedichas razones- los asertos testimoniales en elementos idóneos al efecto (arts. 384, 456 y 474 del CPCC).
Incluso advierto otra cuestión, que actúa indiciariamente (art. 163 inc. 5 CPCC).
Es que, con fecha 26/6/2015, actores y demandados tuvieron que celebrar un acuerdo por problemas que habían surgido durante la entrega del departamento (ver fs. 16/9).
Ahora, la existencia de problemáticas, en aquel momento, bien puede hacernos presumir la presencia de otras cuestiones (no ostensibles por entonces) y que se explicitaron después.
Quiero significar, así, que es válido presumir que quien ha incumplido originariamente sus obligaciones (y lo reconoció) haya incurrido en otros incumplimientos, que hasta ese momento no generaran consecuencias ostensibles.
Este es, para mi, otro elemento corroborante de la línea argumental que hasta aquí vengo transitando.
En suma, coincido con la apreciación que el juez ha hecho de la prueba y entiendo, al igual que él, que la demanda debía prosperar frente a los defectos existentes en el inmueble.
Por lo demás, y en el contexto descripto, no existen pruebas (objetivas) en la causa que nos indiquen que los problemas que se observan en el inmueble tengan que ver con algún accionar de los propios reclamantes; viene cierto que los testigos mencionados por las apelantes orientan sus declaraciones hacia allí, pero no menos cierto es que -por sobre esas consideraciones- hemos preferido las conclusiones periciales, por ser objetivas, fundadas y emanar de una experta ajena a las partes.
Amén de ello, y como bien lo señala el fallo, no ha quedado suficientemente acr
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