Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7307
Causa Nº MO-7307-2019
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “BERNHARTE GRACIELA BEATRIZ C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ”, Causa Nº MO-7307-2019, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 30 de Septiembre de 2022 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda.
Dicha sentencia ha sido apelada por la demandada, concediéndose su recurso libremente y fundándolo con la expresión de agravios de fecha 30 de Noviembre de 2022, replicada con los escritos de fecha 13 y 14 de Diciembre de 2022.
En esencia, la quejosa cuestiona el hecho de que se haya admitido la demanda, la procedencia y cuantificación del rubro daño moral, y también la procedencia y cuantificación de los daños punitivos, donde denuncia incluso un defecto de congruencia en la decisión.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 29 de Diciembre de 2022 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, y a fin de dar respuesta a los agravios traídos, iré parcelando mi razonamiento.
Comienzo por los relativos a la admisión de la demanda, aspecto en el cual -a mi juicio- los cuestionamientos de la demandada no sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Veamos.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, y luego de haber confrontado los argumentos de la sentencia con los agravios traídos, concluyo que la quejosa solo exterioriza una discrepancia subjetiva de criterio con lo que se ha decidido, mas no una crítica técnicamente suficiente.
Veamos.
Del encuadre jurídico del asunto, la recurrente no dice absolutamente nada.
Habla, en sus agravios, de que no hubo incumplimiento abusivo y de que en todo momento intentó dar una solución a la actora; dice que aun si "hipot éticamente" se considerara un incumplimiento de su parte (que desconoce que haya habido) este no fue abusivo y termina haciendo referencia al dictamen pericial contable.
Pues bien, en tal contexto, vemos que la quejosa no intenta siquiera rebatir una postulación fundamental: que el servicio contratado presentó problemas técnicos de diversa entidad en, al menos, 21 oportunidades, entre los días 10/03/2018 y 5/3/2021, determinando ello los reclamos consecuentes de la aquí reclamante y la intervención técnica de la accionada .
Tampoco refuta la apelante la afirmación de que, a los 2 días de presentar el primer problema, la actora solicitó la migración a la conexión por fibra óptica.
Del mismo modo, deja irrebatidas las consideraciones en las cuales se indica que el 14 de Mayo de 2018 ante la Dirección de Defensa de Usuarios y Consumidores de la Municipalidad de Merlo el representante de la demandada sostuvo que a partir del 14/05/2018 comenzaron a correr "los plazos de instalación correspondiente"; que casi un mes después se celebró una nueva audiencia en la que el representante de la accionada manifestó: "que la orden de cambio a la fibra continúa pendiente desde el día 29/05/2018, se encuentra asignada al sector técnico para la instalación" y que el 5 de Febrero de 2019 el problema seguía sin resolverse .
Por otro lado, tampoco dice nada de la evaluación del dictamen del perito ingeniero donde se señala que el día 22 de Octubre de 2020, al hacerse presente en el domicilio de la actora, el servicio no funcionaba .
Por otro lado, el sentenciante también señala -remitiendo a lo dicho por el perito- que "los cables de provisión de internet son de COBRE y no de fibra óptica. En lo que respecta a la disponibilidad de bocas de conexión, puedo afirmar que hay disponibilidad de las mismas ya que sin duda hay bocas libres o sin conexión. Además, la empresa Telefónica de Argentina S. A. en un comunicado que puede verse en la WEB comunicó ya hace bastante tiempo que en la zona migraba a fibra óptica y descontinuaba las instalaciones de cables de cobre en sus provisiones de telefonía e Internet"; destacando -también capitalizando los dichos del perito- que "a menos de 30 (treinta) metros de la vivienda de los actores hay viviendas que ya poseen servicio de Internet por fibra óptica y, en consecuencia, la posibilidad de migrar de ADSL a fibra óptica es inmediata con un procedimiento técnico del tendido del servicio al domicilio de los actores con un tiempo insumido de unas pocas horas y, en lo que respecta al despliegue y a la ocupación en tiempo laboral para lograrlo, no debería insumir más de unas horas ya que los tendidos y los postes para la acometida existen según puede observarse en unas fotos que agrego a este mismo informe y que se encuentra en la vereda frente al domicilio de los actores".
De todo esto, por cierto, tampoco dice nada la quejosa.
Destaco, llegado este punto, que sus consideraciones en cuanto a la pericial contable tampoco constituyen crítica suficiente, pues nadie discute que la actora tenga un servicio administrativamente activo (sobre lo que puede expedirse la contadora) sino que lo que acá se discute es que el mismo funcione correctamente y que se hubiera efectuado la migración de servicio requerida por la usuaria.
O sea, solo con palabras, no con argumentos, pretende demostrarnos que su conducta no fue abusiva, pero las consideraciones que ha efectuado el sentenciante nos muestran mas de 21 inconvenientes en 3 años, dilaciones en la migración del servicio y que, elocuentemente, dicha migración no se llevó a cabo aun cuando, a 30 metros de su domicilio, el servicio de fibra óptica estaba disponible.
En tal contexto, no llega a demostrar -concreta y razonadamente- la apelante que su conducta haya sido adecuada y cumplidora, y mucho menos que no haya sido abusiva.
La sentencia es clara, y sus fundamentos fácticos y jurídicos no han sido suficientemente rebatidos por la quejosa.
Es mas, la apelación -y su deficitaria fundamentación- constituyen una muestra mas de su conducta desaprensiva y dilatoria, no solo frente a la consumidora, sino también frente a la jurisdicción, convocada a intervenir -a no olvidarlo- a raíz de su incumplimiento.
Luego, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, este tramo del recurso deviene desierto y así voy a proponer que se lo declare.
Prosigo, ahora, con las quejas relativas al "daño moral".
Aquí comienzo marcando una cosa: teniendo en cuenta la fecha en la que se desenvolvieron los hechos que son motivo del presente reclamo, hay un problema en la sentencia, y consecuentemente en los agravios, pues el caso no debe juzgarse a la luz de las previsiones del Código Civil (hoy derogado) sino del Código Civil y Comercial, hoy vigente.
Nótese, en tal sentido, que la causa fundante del reclamo refiere a hechos posteriores a la entrada en vigencia de dicha normativa.
Pues bien, a la luz de lo expuesto, el caso queda atrapado por la regla del art. 1741 del CCyCN, relativa al daño extrapatrimonial, que tiene que ver con los sufrimientos, padecimientos, a lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, molestias, incomodidades, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.
Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir.
Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
Es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima.
Son las consecuencias no patrimoniales del hecho dañoso y si bien, en cierto modo, pueden asimilarse a lo que antes se juzgaba como "daño moral", las normas anteriormente vigentes hoy ya no son de aplicación.
Con lo cual, todas las consideraciones relativas a que al ser un daño de génesis contractual el criterio debe ser restrictivo, devienen insustanciales por apoyarse en normas hoy derogadas.
Aquí están en juego los derechos de una usuaria, protegidos por el art. 42 de la Constitución Nacional, las normas pertinentes del CCyCN y el estatuto protectorio específico contenido en la ley 24.240.
En cuanto a la prueba del daño, rige el art. 1744 del CCyCN y si bien es carga del reclamante demostrarlo, puede eximirse de ello cuando surja notorio de los propios hechos.
Y, creo, eso es lo que aquí sucede, compartiendo lo que ha señalado el sentenciante.
Si volvemos a referir lo antedicho al reseñar los fundamentos de la atribución de responsabilidad, observamos que -en el período indicado- la quejosa sufrió, al menos, 22 problemas con el servicio de Internet (21 informados mas el día que acudió el perito en que no funcionaba).
22 problemas en algo mas de 3 años.
Lo cual, según la experiencia lo indica, tiene aptitud para generar molestias e intranquilidades frente a cada reclamo que se debe estar formulando.
Por otro lado, intentó migrar al servicio de fibra óptica, obteniendo respuestas dilatorias por varios meses.
Tuvo, incluso, que acudir a reparticiones de Defensa al Consumidor, lo cual fue infructuoso: los compromisos que manifestaba el representante de la demandada no pasaron de eso, y la situación no se solucionó.
Además, entiendo que acrecienta el padecimiento verse uno en estos problemas y advertir que, a pocos metros de su domicilio, existe el servicio que la usuaria anhela.
La situación así descripta goza, indudablemente, de aptitud para generar molestias, padecimientos, incomodidades e intranquilidades.
La usuaria contrata un servicio y la prestadora debe brindarlo.
Y la usuaria debe poder continuar normalmente con su vida, no terminar formulando reclamos, acudiendo a dependencias administrativas o discutiendo en los estrados judiciales.
Pero todavía hay mas, porque toda esta problemática no se dio con cualquier servicio, sino con el servicio de conexión a Internet.
Como es de público y notorio conocimiento, contar hoy en día con ese servicio no es un lujo, sino una necesidad, y no solo a los fines de esparcimiento, sino también para la educación, el trabajo, y la interconexión con los demás.
La vida diaria, básicamente.
El acceso a Internet es considerado, hoy, un derecho humano altamente protegido (ver, entre otros instrumentos, la "Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet" del año 2011, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849; y la resolución del 4 de Julio de 2018, Organización Naciones Unidas "Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet", disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_38_L10.pdf).
Es que el acceso a la red permite, y potencia, el ejercicio de todos los otros derechos de las personas.
Luego, queda en evidencia su importancia.
Y, como correlato de ello, viendo las cosas con perspectiva del siglo XXI podemos deducir, sin mayor esfuerzo interpretativo, que los menoscabos a este derecho van a generar inquietudes, sufrimiento, incomodidades, en muchos actos de la vida diaria.
Es, a mi juicio, un hecho notorio que no requiere mayores acreditaciones (art. 1744 parte final CCyCN).
Agrego a esto que no es solo que el servicio funcione, sino también que lo haga con las características técnicas que demanda la vida de hoy en día (velocidad, continuidad).
Pero además, y como si todo esto fuera poco, es necesario advertir que estos problemas que se han dado en cuanto a la conectividad, no lo han sido en cualquier momento, sino que han acontecido -en parte (hecho sobreviniente a la demanda, art. 163 inc. 6 CPCC)- durante años en los cuales la humanidad estuvo afectada por una pandemia, que derivó en largos períodos de aislamiento de las personas, en los cuales la tecnología jugó un papel fundamental para la conexión entre las personas (ver, en tal sentido, la fecha del dictamen de la pericia de ingeniería).
Luego, y por todo lo que llevo dicho, entiendo que el rubro daño extrapatrimonial ha sido adecuadamente receptado en la sentencia.
Por lo demás, y en cuanto al monto ($300.000) operan en este sentido las pautas de tarifación del art. 1741, parte final, del CCyCN.
Si observamos las cosas así, las comparamos con todas las circunstancias capitalizadas en la sentencia (problemas de conectividad, audiencias en sede administrativa, reclamos, varios años sin que el servicio funcione de manera correcta) y las contrastamos con las satisfacciones a las cuales la accionante podría acceder con ese monto (que no superan, hoy y como las máximas de la experiencia lo indican, un viaje de algunos días o algún dispositivo de gama media/alta) entiendo que el monto establecido no es en modo alguno desmesurado, por lo que promoveré su confirmación.
Me queda por abordar, ahora, la cuestión del daño punitivo (procedencia y tarifación).
Al respecto, la Sala en la causa MO-42256-2016 (R.S. 40/2020) que " el art. 52bis de la ley 24.240 establece que "al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan".-
Es la figura de los daños punitivos.-
Tratándose de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.