Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24728
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE DECLARAN DESIERTOS ambos recursos, salvo en lo que respecta a la recepción del rubro daño extrapatrimonial y el monto que fija, aspecto del fallo que se confirma .
Costas de alzada , a las apelantes (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-24728-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ CARABALLO CARLOS ALBERTO C/ SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ” Causa Nº MO-24728-2020 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental con fecha 23 de Mayo de 2023 dictó sentencia, admitiendo la demanda, en los términos que de allí surgen.
Apelan la demandada y la citada en garantía.
Sus recursos se concedieron el relación y se los funda con los memoriales de fecha 13 y 15 de Junio de 2023, replicados con fecha 16 y 21 de ese mismo mes y año.
Escritos a los que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 13 de Julio de 2023 se llamaron "AUTOS" , procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, debo comenzar señalando que -en varios aspectos- los memoriales recursivos no satisfacen, siquiera mínimamente, las exigencias del art. 260 del CPCC.
Es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la resolución impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, a lo ya dicho debemos agregar algo que nos marca el art. 260 del CPCC: que no bastará remitirse a presentaciones anteriores .
Ahora, y en tiempos de tecnología, esta remisión a presentaciones anteriores ya no es una remisión o evocación sino que adquiere otra forma.
El uso (o abuso) del copy-paste.
Básicamente, se procede a copiar textualmente otra presentación.
Con esto no quiero significar que nunca se vaya a utilizar partes de argumentos prediseñados (de hecho, todo lo antedicho en cuanto a las formalidades del art. 260 lo es).
Lo que quiero marcar es que no basta copiar y pegar, para tener por cumplidas las exigencias del art. 260 del CPCC.
Es decir, se puede copiar y pegar pero, paralelamente, deben atenderse, y refutarse, las consideraciones del fallo.
Dicho esto vemos que, en el caso, ambas apelantes se han limitado -en lo referente a la defensa de falta de legitimación, a la atribución de responsabilidad y a la aplicación al caso de la ley 24.240- a copiar, textualmente y con algún agregado genérico (opinión doctrinaria o cita jurisprudencial) el contenido de los escritos de fecha 29 de Septiembre de 2021 y 9 de Febrero de 2022.
Basta el confronte, para así advertirlo.
De este modo, las quejosas han hecho, en estos aspectos, justamente lo que la norma indica que no debe hacerse: se han limitado a transcribir presentaciones anteriores.
Por lo que este aspecto de sus recursos deviene desierto.
También deviene desierto el recurso de la aseguradora, en cuanto nos trae la cuestión de los intereses, sin advertir que el fallo, justamente, aplica la doctrina que la propia recurrente sostiene, y en la forma indicada por la SCBA (tasa pura hasta la fecha de cuantificación y de allí en mas tasa bancaria).
El memorial en el punto solo se construye copiando la decisión de la SCBA, sin ocuparse, siquiera, de reflexionar acerca de los términos y alcances de la sentencia que aquí se está cuestionando.
Esto nos muestra que la crítica aquí tampoco es razonada.
En el único aspecto en el que encontramos un mínimo de crítica técnicamente computable es en lo relativo a la procedencia del daño extrapatrimonial.
Abordando la cuestión, vemos que el fallo tiene por demostrado (y las quejosas no han llegado a refutar) que al actor le fue sustraído su automotor de dentro de la playa del supermercado; capitaliza, además, la sentenciante todas las molestias e incomodidades que tal situación implicó, incluso con la necesidad de tener que transitar, infructuosamente, por la sede penal.
Coincido con su enfoque del tema.
Sobre el punto hemos dicho en esta misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: 43.370 R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Y también hemos dicho que la sustracción de un vehículo de una playa de estacionamiento origina el desasosiego que hace a la tipicidad del sufrimiento que el daño moral implica (esta Sala en causa nro. 15322 R.S. 297/14; 26337, R.S. 120/2018).
El curso normal y ordinario de las cosas nos demuestra que la sustracción de un automotor, de uso personal, genera para las personas un estado de desasosiego, incomodidad y angustia, sumado a las molestias que sobrevienen, claramente configurativo de una situación de padecimiento espiritual, dentro del concepto de notoriedad del que nos habla el art. 1744 parte final del CCyCN.
Por ello, coincido plenamente con la sentenciante en cuanto receptó el rubro, no perfilándose en modo alguno excesivo el resarcimiento fijado.
3. Luego, y por todo lo expuesto, promoveré la declaración de deserción de ambos recursos, salvo en lo que respecta a la recepción del rubro daño extrapatrimonial y el monto que fija, aspecto del fallo que habrá de confirmarse.
Todo ello con costas de Alzada a las apelantes (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARAN DESIERTOS ambos recursos, salvo en lo que respecta a la recepción del rubro daño extrapatrimonial y el monto que fija, aspecto del fallo que SE CONFIRMA .
Costas de alzada , a las apelantes (art. 68 del CPCC).
NOTIFIQUESE en los términos del Ac. 4013 de la S.C.J.B.A.,mediante resolución autonotificable, a los domicilios electrónicos constituídos por las partes.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:43:52 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:50:08 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2023 12:51:42 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/08/2023 12:51:43 hs. bajo el número RS-296-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia