Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7317
Causa Nº MO-7317-2022
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANCHEZ CONTRERAS JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) Causa N º MO-7317-2022" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 5 de junio del 2023, se alzaron el mismo día (8 de junio del 2023) tanto la parte actora como la demandada, interponiendo sendos recursos de apelación; concedido los mismos en relación, se presentaron los respectivos memoriales los días 13 y 15 de junio, confiriéndose el pertinente traslado, merecieron las réplicas de los días 21 y 22 de junio, presentando el agente fiscal el respectivo dictamen el 8 de junio del 2023.
2. El 4 de julio del 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
IIa.- Agravios de la parte actora
Los accionantes, comienzan cuestionado la cuantificación del daño moral por considerarla insuficiente.
Luego de ello, embisten contra el monto fijado en concepto de daño punitivo.
Además, critican la tasa de interés aplicada en la sentencia y atacan el rechazo de la privación de uso.
Asimismo, objetan la sentencia en cuanto rechaza la publicación de la parte dispositiva, conforme lo normado por el art. 28 de la ley 13.133.
Luego se agravian del aplazamiento del recupero de los gastos de mediación.
Destacan el incumplimiento del art. 29 de la ley 13.133
Como así también se agravian de la imposición la parte actora de liquidar la tasa de justicia.
Se agravian los actores del rechazo por parte de la Jurisdicción de Grado, en tanto se hubo requerido en la demanda lo siguiente “…SE REQUIERE que al momento de fallar no solo se declare nula y abusiva dicha cláusula contractual que le faculta a la otrora demandada dar de baja la póliza sin explicación alguna, y SE LA CONMINE A INDICAR LAS RAZONES Y MOTIVOS por los que intempestivamente nos dejó sin seguro en nuestro rodado, aplicándose a su respecto la mayor de las sanciones que la ley autoriza…”.
Requiere la intervención de esta alzada sobre las cláusulas contractuales de seguro omitidas en el fallo de primera instancia
Hacen hincapié en el incumplimiento del art. 36 de la ley de L.D.C.
Concluye destacando que la aplicación de la ley de defensa al consumidor es de orden publico.
IIb.- Agravios de la demandada
En primer lugar solicita, por los argumentos que expone el rechazo de la demanda.
Luego se agravia del calculo a valores actuales del costo de las reparaciones y reposiciones a efectuar en el rodado, mientras no se practicó revalorización del monto de la franquicia a deducir.
Se agravia de la procedencia del daño moral y su cuantificación, como también de la fijación de una suma en concepto de daño punitivo
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, cabe señalar, inicialmente, que los escritos con los que se sustentan los recursos deducidos tanto por la parte actora como por la demandada satisfacen, en, algunos puntos ajustadamente las exigencias del art. 260 del C.P.C.C.
Con todo, y para ir dando respuesta a las quejas, he de señalar algunas cuestiones preliminares.
Si bien observamos que la demandada Provincia Seguros S.A. recurre la sentencia definitiva dictada en autos, no puedo pasar por alto que dicha parte contesta la demanda fuera de tiempo, dándosele por perdido el derecho a hacerlo. el 10 de agosto del 2022.
Frente a ello y a los agravios aquí traídos vale recodar lo sostenido por esta sala al decidir en la causa 57.116, R.S. 478/09, donde señalamos:
"Así, se ha sustentado por esta Sala que " (...) el art. 354 del C.P.C.C. establece que el demandado deberá 1) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeron y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañaren. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso.
Cuando el demandado no contesta la demanda, la ley faculta al juzgador a estimar su silencio como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. Se trata de una de las proyecciones procesales del principio consagrado por el art. 919 del Código Civil. Es que aquí hay una obligación de explicarse por la Ley al contestar la demanda, implicando su silencio un reconocimiento tácito que los hechos denunciados por el demandante son verídicos.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la falta de contestación de la demanda, importa adoptar una conducta procesal que puede considerarse como una confesión de la verdad de los hechos articulados en la demanda" (C.S.J.N., 20/12/68, La Ley T. 133 p. 470).
Se ha sostenido que "En cuanto al silencio absoluto guardado en el escrito de responde sobre una de las reclamaciones expresamente formuladas en la demanda importa un asentimiento tácito con los términos de la misma, en esa parte, sin obligación para el actor de producir prueba a su respecto (...) Si ello es así cuando se guarda silencio sobre algún punto del reclamo, pero se contesta la demanda, con mayor razón operará el consentimiento tácito sobre la verdad de los hechos expuestos por el demandante, cuando el silencio absoluto alcanza a toda la exposición accionante en virtud de la incontestación de demanda.
(...) el reconocimiento tácito emergente de la incontestación de la demanda, podrá resultar enervado si existe prueba en contrario.
Sostenía el Dr. Amilcar E. Mercader en "El silencio en el proceso" en "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina" que "Si se admite que el silencio opuesto al actor o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley -ver art. 919 Cód. Civil y también art. 920- parece difícil justificar la causa en cuya virtud el demandado, que tiene la obligación legal de expedirse sobre las afirmaciones de la demanda y el absolvente que también tiene el deber legal de contestar, puedan ser favorecidos al recibir tratamientos procesales de excepción fundados en el antecedente del propio incumplimiento de los deberes. La dogmática y la estimativa concurren para repudiar esta posibilidad" -pags. 496/7-.
Decía mas adelante el ilustre procesalista "El silencio humano es inexpresivo cuando aparece aislado y no permite que se lo refiera a ninguna situación antecedente, pero en la actividad jurisdiccional de la Justicia, su inexpresividad es absolutamente imposible, porque el proceso constituye una unidad sistematizada y correlacionada, que se regula y organiza sobre la base del conocimiento pleno de la actividad que antecede, lo que, al excluir la idea de la ignorancia como sinónimo de información no recibida, permite establecer una relación constante y necesaria entre el momento de ese silencio y los momentos procesales que le preceden y que están destinados a recibirlo" -ob. cit. pág. 500-.- " (esta Sala en causa 24.487, R.S.76/90).
A todo ello debemos añadir la presunción que dimana del art. 60 del ritual en cuanto a que en caso de duda la rebeldía declarada y firme constituir presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración, debiendo entenderse por hechos lícitos aquellos que se alegan como fundamento de una pretensión cuyo objeto es jurídicamente posible (esta Sala en causa 34.454, R.S. 537/95).
Además, por imperio de lo normado en el art. 272 del C.P.C.C., la declaración de rebeldía produce efectos también para la actuación en la instancia revisora. En tal sentido ha sustentado esta Sala que "quien incurrió en rebeldía padece luego de una seria limitación recursiva, pues prácticamente su embate contra el fallo debe limitarse a plantear cuestiones que hagan a un error de juzgamiento en la aplicación del derecho, conforme con las circunstancias fácticas tenidas por ciertas en orden a lo normado por el art. 60 del cód. procesal, en consonancia con el inc. 1ero. del art. 354 del mismo cuerpo legal, o, entre otros supuestos, plantear la nulidad del fallo (doc. art. 253 del cód. citado), pero en modo alguno puede oponer hechos contrarios a los admitidos, que no fueron sometidos a la consideración del juez" (esta Sala en causa 26.835, R.S. 146/91, entre muchas otras)".
Tales conceptos son plenamente aplicables al caso de autos.
Razón por la cual, a tenor a lo dispuesto en el interlocutorio del 10 de agosto del 2022, en cuanto se tuvo por presentada de manera extemporánea la contestación de la demanda, considero a la luz de lo normado por el art. 272 del C.P.C.C., que resultan inabordables para esta alzada los cuestionamientos de la accionadas relativos a la recepción por parte de la jurisdicción de la demanda incoada, como así también el pedido de actualización de la franquicia, como así también la procedencia del daño moral y punitivo.
Es que no habiendo planteado lo que tenía para plantear en el momento oportuno, no puede venir en Cámara (instancia de revisión) a introducir cuestiones al respecto.
Zanjado este punto, prosigo con los restantes.
El sentenciante cuantificó el daño moral en la suma de $150.000, para cada uno de los actores, siendo este punto recurrido tanto por la parte actora como la demandada, de cuyo embate solo analizaré la cuantificación, dado lo apuntado precedentemente.
Para analizar este tema considero oportuno recordar los conceptos vertidos por esta sala al decidir en la causa MO 3396 17 R.S.: 25 /20
Allí se ha señalado
"Se encuentra al margen de toda controversia que la pretensión resarcitoria debatida en los actuados tiene su causa eficiente en una relación de consumo entablada con motivo de la celebración de un contrato suscripto por los contendientes procesales (arg. artículo 3 y concordantes de la ley 24.240).
Vengo sosteniendo que el menoscabo extrapatrimonial, importa ontológicamente la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, el desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima que provoca un ilícito contractual o extracontractual (arg. artículos 522, 1078 y concordantes del Código Civil, mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas 57.288, 50.951, entre varios otros).
Ahora bien, el Superior provincial ha sentenciado que cuando la génesis del daño moral radica en el incumplimiento de obligaciones contractualmente asumidas, su resarcimiento debe ser interpretado con criterio restrictivo. Ello para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido (conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 35.579, 57.978, 56.327 entre muchos otros).
Empero, en mi criterio, tal doctrina debe ser adaptada a las peculiaridades inmanentes a las relaciones de consumo. Es decir que, para resultar resarcible, siempre el daño debe ser cierto y no meramente hipotético o conjetural. Más en el ámbito del derecho del consumo su demostración se encuentra flexibilizada.
En efecto. Es que el natural estado de vulnerabilidad en que se encuentra el consumidor, que obedece esencialmente a la asimetría informativa en la que se encuentra, impone una mayor laxitud adjetiva en dicho esfuerzo acreditativo. Tal temperamento resulta coherente con la flexibilidad de la carga de la prueba que, de un modo genérico, consagra el artículo 53 de la ley 24.240 (ver Hernández, Carlos, “El daño extrapatrimonial en las relaciones de consumo”, Revista de Derecho de Daños, 2018-3- Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, pgs. 465 y ss.).
En suma, a tenor del principio que sienta el artículo 375 del Código Procesal se encuentra en cabeza de los demandantes la acreditación de la existencia y magnitud del daño moral, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, es muy díficil producir prueba directa en ese sentido, lo que correlativamente otorga gran valor a las presunciones
En sintonía extrema con la tesis enunciada se ha sostenido que en las lides del derecho del consumo el incumplimiento del proveedor, que afecta la confianza en él depositada, genera per se un daño moral que no necesita prueba de su existencia (ver Ghersi, Carlos A. “Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral”, L.L. 2013-C-134 y ss.)" .
En autos, a tenor de lo expuesto en el punto anterior, llega firme la recepción de la demanda, por parte del magistrado de la instancia de origen.
Ahora bien conforme a las pautas -ya delineadas- que caracterizan la demostración del daño moral provocado en las relaciones de consumo, a mi juicio se encuentra en autos acreditada la existencia de tal especie de detrimento.
La misma índole de la irregularidad base del reclamo traído, evidencia la afectación de la paz y de la tranquilidad de los demandantes, dado que los actores se vieron inmersos en un entuerto que lo compelió a efectuar variadas gestiones, infructuosas, durante un lapso de tiempo, frente a la incapacidad de la empresa demandada para resolver, con la premura que imponía el caso y de una manera definitiva, el problema que aquejaba a los reclamantes (arg. artículos 522 y concordantes del Código Civil; 2, 3, 5, 27, 40 bis y concordantes de la ley de Defensa al Consumidor, su doc.).
En efecto: cuando alguien abona un seguro, y mas de las características del que tenía contratado la parte actora, es con una finalidad.
Las cuotas se cobran, mes a mes, y mientras nada sucede, todo marcha normal y la empresa aseguradora no hace mucho mas que cobrar las cuotas de la prima.
El tema comienza cuando el asegurado sufre algún siniestro.
Y, aquí, cabe extremar la diligencia esperable por parte de quien, hasta el momento, lo único que hizo fue percibir pagos.
Contratar un seguro todo riesgo "premium" y luego terminar en un juicio, porque inicialmente la oferta de cubrir los siniestros presupuestados por la agencia oficial, no llega ni a un 10% del valor, es una situación que (objetivamente) puede generar un malestar en cualquier persona.
Ahora bien considerando las particularidades del hecho detalladas en la sentencia de primera instancia, los infructuosos reclamos de los accionantes a la aseguradora demandada desde el año 2020 hasta el presente, el incumplimiento contractual por parte de la mencionada demandada decidido en la citada resolución, las gestiones realizadas por los actores tanto ante la demandada sino también en la búsqueda de presupuestos e intercambio de correos electrónicos entre partes, me llevan a estimar reducido el importe fallado en la sentencia en recurso.
Por tal razón, y ponderando algunas satisfacciones sustitutivas que el dinero puede generar, he de propiciar su elevación a la suma de $450.000 para cada uno de los actores (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
El magistrado de la instancia de origen fija la suma de $500.000, en concepto de daño punitivo, la que genera en ambos recurrente el respectivo alzamiento, a raíz de su cuantificación.
Veamos.
He de recordar lo sostenido por esta alzada al decidir en la causa 3396, R.S. 25/20.
En dicha oportunidad se ha expresado:
"El art. 52 bis de la ley 24.240 establece que: " Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley" .
Se trata pues de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños experimentados, cuya teleología es la de sancionar la inconducta de los proveedores de bienes y servicios, como así también la de prevenir hechos similares en el futuro.
Precisamente, conviene puntualizar que dada la funcionalidad que tiene el daño punitivo-como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor- su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen (conf. mi voto en la Sala II, causa 36.304)".
Precisamente en los presentes actuados, conforme surge de lo destacado precedentemente como así también de la sentencia de primera instancia, se encuentra demostrada la relación jurídica de consumo como así también el proceder dañoso en que ha incurrido la demandada; con la consecuente indebida afectación del derecho del consumidor reclamante (arg. artículos 374, 384 y concordantes del Código Procesal).
Lo cierto es que las circunstancia descriptas en el presente caso, colisionan con el derecho al trato digno consagrado por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 bis de la ley 24.240.
El sentenciante ha señalado que
"la materialización de los riesgos previstos en la precitada clásula CG-DA 1.1 de la póliza, esto es, la producción de los daños materiales al rodado asegurado con motivo de los diferentes eventos denunciados, pesaba sobre la aseguradora la obligación contractual de indemnizar al asegurado esos detrimentos patrimoniales, los que debían ser estimados conforme el procedimiento establecido en la disposición en la clausula CG-DA 4.2, lo que no ocurrió.
Por ende, esta última obligación ha de juzgarse incumplida en la especie a tenor de lo expuesto precedentemente, razón por la cual corresponde estarse al progreso de la demanda de cumplimiento contractual incoada por el asegurado.
Es que verificado el incumplimiento de la obligación contractual en cuestión, correspondía entonces que la aseguradora justificara los motivos por los cuales entendía que no debía dar cumplimiento con las prestaciones a las que se había obligado conforme la póliza de seguro emitida a favor de la parte accionante, carga que ha desatendido por completo a tenor de la falta de contestación en término de la demanda (arts. 354 inc. 1º y ccdtes. del C.P.C.C.)".
En este punto entiendo oportuno recordar lo sostenido por esta alzada al decidir el 19 de diciembre del 2019, en la causa 36.304.
Allí se ha expresado:
"La apuntada exigencia cobra especial vigor al momento en
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