Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 35282
Causa Nº MO-35282-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CORTINA HERNAN DARIO C/ EDENOR EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) Causa N º MO-35282-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 23 de Mayo de 2023 hizo lugar a la demanda entablada, en los términos que de allí surgen.
Apela la demandada, su recurso se concede en relación y es fundado con el memorial de fecha 13 de Julio de 2023, replicado con fecha 6 de Agosto de ese mismo año.
En esencia, y por los fundamentos que esgrime, la quejosa cuestiona la admisión de la demanda y los montos de condena fijados.
A los términos de su fundamentación cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 22 de Agosto de 2023 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada y desde que, en líneas generales, el memorial satisface las exigencias del art. 260 del CPCC, he de ingresar al análisis del fondo del asunto.
Ante un supuesto de daños derivados en deficiencias en la prestación energética, la Sala (causa nro. 56623 R.S. 223/09) consagró la responsabilidad de la prestadora, en la medida en que no se acreditó ninguna de las eximentes legales.
El caso, desde mi punto de vista, queda atrapado por la normativa protectoria de los consumidores y usuarios de servicios (art. 42 Const. Nac.) y, en lo inmediato, se ve regido por la ley 24.240, especialmente en su art. 40 el cual indica que " si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena ".
En este contexto, y con relación a lo indicado en la última parte de la norma, la quejosa viene insistiendo en su recurso con relación a la existencia de una situación de responsabilidad de la propia víctima en el acaecimiento del suceso y en la existencia de una conexión clandestina.
Esto es lo medular del recurso (art. 260, 266 y ccdtes. CPCC).
Pues bien, llegado este punto hay algo por señalar: la demostración de este extremo pesaba sobre quien lo había invocado, es decir, la parte demandada (art. 40 citado)
Yendo a su contestación de demanda, y sus agravios, vemos que el elemento fundamental en el que apoyó toda su defensa, es en el acta de comprobación que trajo (http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=1043bec7-37dc-42e1-a276-28fee98245fc&hash=54A434784A612C5C0FBBF63E0A1E0B7D&nombrepath=Acta%20Cortina%20Hernan%20pdfa.pdf).
El Sr. Juez de Grado le desconoció validez probatoria a la misma y gran parte del esfuerzo discursivo de la recurrente tiende a apuntalar su eficacia convictiva, por sobre la restante prueba que capitalizó el sentenciante.
En esencia, lo que la quejosa sostiene es que se trata de un instrumento público y que el mismo no fue redarguido de falso.
Aclaro, antes de empezar mi argumentación, que frente al aporte de este documento, el actor ejerció su defensa en los términos del art. 484 3ª párrafo del CPCC, expidiéndose respecto del mismo (ver presentación de fecha 24 de Junio de 2021).
Con esto aclarado, abordo el punto.
El art. 5 inc. d) apartado a) del Reglamento de Suministro habla, para el caso de verificarse hechos que hagan presumir irregularidades en la medición o apropiación de energía por parte del usuario, de la confección de un acta de comprobación, con intervención de escribano público, personal de ENRE o fuerza policial, de la que deberá dejarse copia al usuario si se lo hallare .
Pues bien, aquí se trajo un acta de este tipo.
Lo primero que destaco es que, en ese formulario, todos los datos relativos al titular del suministro han sido cerrados por una línea, no obrando ninguno de ellos.
Tampoco hay constancia de que no se hubiera podido ubicar al titular del servicio.
Leemos en su contestación de demanda que " En correlato, su apartado II, recepta que la distribuidora deberá labrar un acta de constatación de comprobarse hechos que hagan presumir irregularidades en la medición o apropiación de energía eléctrica no registrada por la intervención del usuario del servicio: (....) Levantará un Acta de Comprobación en presencia o no del USUARIO, con intervención de un Escribano Público y/o un funcionario del ENRE y/o Fuerza de Seguridad competente, de la que debe entregarse copia al USUARIO, si se lo hallare (...) , tal como sucedió en el presente" .
Esto no se condice, para nada, con la forma en que fue labrada el acta, sin contar con ninguna identificación del titular del servicio ni estar acreditado, en modo alguno, que se hubiera efectuado esta entrega.
Esto, desde mi punto de vista, es un factor importante: la intervención, en la constatación, de aquella persona contra la cual -luego- se hará valer lo que se constató. Y, en definitiva, si no se la ubica, correspondería la indicación en el acta de que no se la ubicó.
Al menos para que tenga alguna posibilidad mínima de fiscalización, contralor (o noticia siquiera) de lo que se está realizando.
El Reglamento es claro en este sentido: debe entregarse copia al usuario (es la regla) salvo que no fuera ubicado (es la excepción).
Pues bien, eso aquí no sucedió y dentro de sus objeciones a la documentación, el actor las introduce expresamente.
Bien podría suceder que esto se debiera a la situación pandémica que, como es de público conocimiento, estaba instalada en ese momento.
En realidad, si esto era así, se lo debía haber consagrado expresamente en el acta, cosa que -como vengo diciendo- no sucedió.
Entonces, se trae al proceso (y procura utilizarse como prueba esencial) un acta con tales irregularidades.
Pero todavía hay mas, y creo que en este punto radica el meollo del asunto.
En el carácter, o no, de instrumento público de dicha acta, insistentemente mencionado por la recurrente.
Entiendo que no le asiste razón.
Veamos.
El art. 289 del CCyCN indica que " son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión ".
Aquí estaríamos en el ámbito del inciso b).
Copio el mismo: los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes.
Pongo énfasis en este término (que extienden) porque eso es, a mi juicio, de la esencia de la fe pública que podrían dar estos instrumentos.
Básicamente: que el instrumento emane (tenga por autor) al funcionario público.
Y ese cuando esto sucede que el instrumento en cuestión hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él (art. 296 inc. a).
Pero sucede que, aquí, el instrumento no fue extendido por un funcionario público sino por un sujeto privado (personal de la empresa) y allí aparece estampada la firma de un agente policial (incluso, como bien lo dice el Sr. Juez de Grado, con otra lapicera) .
De este modo, no estamos ante hechos que el funcionario público enuncie como cumplidos por él, sino por otra persona, que es la que redacta y confecciona el acta.
Incluso, y mas aun, cuando allí se consigna que la supuesta conexión ilegal solo podría detectarse por un idóneo, y no surge que el agente policial lo sea.
Así, leemos que en dicha acta, de manera manuscrita, se indica que " el que suscribe en mi carácter de personal idóneo he comprobado ... ".
O sea, no es el funcionario público el que comprueba, sino el personal de Edenor el que afirma .
De este modo, no estamos ante un instrumento público, en las condiciones de los artículos citados, por la sencilla razón de que el mismo no emana de un oficial público, sino de una persona privada, y el funcionario policial solo ha estampado su firma al final.
Ni siquiera el tenor del acta emana del policía.
A ello sumamos las irregularidades antedichas (relativas a la no presencia del cliente), el detalle -bien señalado por el Sr. Juez de Grado- en cuanto a la firma con distintos bolígrafos.
En este contexto, y por tales razones, creo que no puede reconocérsele la fe del art. 296 del CCyCN a este instrumento.
Porque todavía hay mas: si en el trámite de un proceso tuviera que verificarse un hecho, que pudiera perjudicar o incidir en los derechos de una de las partes, debería dársele ocasión, suficiente y razonable, de intervenir en esta verificación (arts. 477 y 478 CPCC).
Y si no se lo hiciera, sería nulo.
Es una regla, convengamos, bastante básica y que tiene que ver con el art. 18 de la Const. Nacional.
Por ello, no creo que puedan avalarse temperamentos en los cuales las partes (en el caso, la prestadora del servicio) procure generar prueba unilateralmente (por sí y ante sí), sin ajustarse, muy estrictamente, a lo que indican las normas vigentes.
Mas aun cuando, supuestamente, la eventual conexión clandestina habría sido retirada por el personal, haciendo desaparecer -así- cualquier posibilidad de análisis, contralor o acreditación posterior acerca de lo acontecido.
El acto (retiro de la conexión) es instantáneo y fugaz, no surgiendo siquiera que se le hubiera dado intervención o noticia al usuario a quien, cuando reclama por los daños, se le endilga como poseedor de una conexión ilegal.
Incluso, la situación de asimetría entre la empresa y el cliente, debe actuar como guía en estas situaciones (art. 3 LDC).
Especialmente cuando la situación podría generar alguna responsabilidad en cabeza de la empresa.
Pues bien, en orden a seguir argumentando, agrego algo mas: la demandada bien pudo (y debió) haber traído a declarar a este proceso a la persona que había efectuado dicha constatación.
No lo hizo.
Antes, trajo a otra persona (Basavilbazo), que no fue quien estuvo presente en ese momento.
Lo lógico, incluso teniendo en cuenta el deber del art. 53 de la LDC, era que se trajera a declarar a la persona que había constatado la irregularidad, y no a otra.
Incluso para que se la pudiera interrogar libremente, y hasta confrontar sus dichos con los de los otros testigos ofrecidos en el proceso.
Pero no.
Se ofreció a otro testigo (también dependiente suyo), que nos habla desde lo general pero, en lo particular del caso y en los hechos primigenios debatidos, es muy poco lo que aporta.
Ahora bien el sentenciante capitaliza, adecuadamente a mi juicio, las declaraciones testimoniales de Elero y Arevalo, lo que también agravia a la quejosa.
Con relación a este medio de prueba, entra en juego lo que ha dado en llamarse "crítica del testimonio".
La valoración, apreciación o crítica (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 12/6/2001, "Navarro, Griselda v. Mederos, H ctor A. y otra s/daños y perjuicios", JUBA, sumario B101483) del testimonio constituye una operación mental cuya finalidad es conocer el valor de convicción que pueda deducirse de su contenido (C. Civ. Com. Trab. y Minas Catamarca, 1ª, 15/5/1997, "Díaz, Jorge E. v. Alpargatas SA", LLNOA 1998).
En tal sentido, dispone el art. 456 del CPCC que el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. Es que ni la circunstancia de que un testigo afirme un hecho bajo juramento ni la seguridad de un testigo en cuanto a sus declaraciones (Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, t. 2, p. 371.) ni las manifestaciones al responder por las generales de la ley obstan al ejercicio por el juzgador de la potestad de apreciarlas según estas reglas (C. Nac. Esp. Civ. y Com., sala 1º 28/3/1983-C-225; C. Nac. Civ., sala H, 4/10/1996, "Cosentino, José M. v. Cohn de Harari, Noemí S.", LL 1998-A-473 _ DJ1999-1-539, y 18711/1996, "R. de O., M. J. v. Rojas, Julio C. y otro", JA 1998-I-síntesis; C. Fed. mendoza, sala A, 20/9/2007, "Ortiz, Juan C. v. Empresa La Nueva Sarmiento SA", Lexis 1/140757).
Ahora bien, una vez que declararon estas testigos, la demandada efectuó la presentación de fecha 29 de Diciembre de 2022, e insiste en esta instancia con algunas contradicciones y discordancias que surgirían de su declaración.
Sentado ello, he de considerar que, aun cuando les comprendan las generales de la ley (art. 439 del CPCC) y aun cuando pudieran haberse visto parcialmente afectadas por los hechos sobre los cuales declaran, ello no obsta la recepción y análisis de su testimonio.
Pero dichos testimonios, en lo sustancial (el acaecimiento del hecho), son concordantes y las cuestiones sobre las cuales se extiende la quejosa, tangenciales o accesorias.
Luego del paso del tiempo, pueden darse divergencias y discordancias, fruto de la apreciación, de la edad, de la situación de los testigos (no perdamos de vista que la testigo Elero relata haber tenido un problema de salud, ACV) y especialmente la situación pandémica que, lógicamente, puede haber repercutido sobre ellas (arts. 384 y 456 del CPCC).
Encontrarnos con testigos sin imprecisiones, errores o contradicción es algo excepcional y siempre una dosis de flexibilidad es necesaria.
Aquí me detengo para señalar que el nivel de precisión y detalle que la demandada pretende de estas testigos para nada se condice con el poco esfuerzo probatorio (al no traerse a la persona que habría constatado la conexión clandestina) y las irregularidades que -como lo dije- rodearon al acta que se procuró confeccionar.
Lo cierto es que el análisis probatorio que efectuó el sentenciante, en cuanto a los testigos, ha sido meduloso, profundo y detenido (arts. 384 y 456 del CPCC) llegando a una conclusión sobre lo fundamental, en cuanto al incidente que se verificó el día 20 de Abril de 2020.
Ahora bien, en cuanto a la pericial de fecha 18 de Enero de 2022 y explicaciones del 18 de Marzo del mismo año, en la misma se afirma y se trabaja sobre la existencia del acta de comprobación.
Pero, respecto de esta acta de comprobación (sus defectos y su eficacia probatoria), ya he profundizado con anterioridad.
Y, entonces, la pericia que se apoya en esta acta para emitir el experto sus conclusiones (no por comprobación directa, sino por lo que lee de lo que actuó la empresa), no es elemento de convicción suficiente (arts. 384, 472 y 474 del CPCC).
Llegado a este punto, destaco algunas cuestiones que el Sr. Juez de Grado esgrime, y con las que coincido sustancialmente:
i.- Llama la atención la respuesta al reclamo del actor (inexistencia de anomalías) cuando, aquí, la empresa vino a sostener la existencia de una conexión clandestina; si esto último hubiera sido así, lo lógico es que el reclamo se hubiera rechazado por esta razón y no por la inexistencia de anomalías
ii.- Que también llama la atención (mas allá de las explicaciones) que no haya mediado denuncia penal alguna ni tampoco notificación, hasta que se recibió el reclamo judicial
iii.- la inexistencia de aporte de historial de consumo que pudiera apuntalar lo dicho en cuanto a la existencia de una conexión clandestina
Coincido, entonces, en cuanto a que las dudas que genera la actuación de la demandada, en contraste con el aporte testimonial rendido por la parte actora, deben resolverse en favor del consumidor (art. 3 LDC) y, de este modo, no podemos tener por demostrada la existencia de la alegada conexión clandestina.
Creo, entonces, que estos agravios han de rechazarse.
Prosigo, ahora, con los atinentes a los rubros.
En lo atinente a los daños materiales, vemos que se fija la suma de $173.940, apoyándose en los presupuestos traídos y el reclamo efectuado.
La demandada estima exhorbitante dicha suma y dice que el daño no estaría acreditado.
Pero, desde mi punto de vista, es necesario recordar que, según lo establece el art. 165 del CPCC, una vez que se prueba el daño, no es imprescindible que esté matemáticamente justificado su monto.
Aquí el actor trajo, al proceso judicial, presupuestos y constancias de reparación, que ya habían sido remitidas, con anterioridad, junto al reclamo que se efectuó a la empresa.
Por lo demás, las testigos ya mencionadas han declarado acerca de los desperfectos en electrodomésticos (arts. 384 y 456 del CPCC).
Además, dadas las características del hecho y la naturaleza de los bienes en juego, no cabe exigir del actor mayores acreditaciones, incluso, frente a la conducta procesal, y contractual, que aquí asumió la parte demandada.
Luego, la quejosa no nos demuestra, de manera concreta y razonada (art. 260 del CPCC), que la suma fijada resulte excesiva o irrazonable.
En cuanto al daño punitivo, la demandada apela su acogimiento y tarifación.
Respecto del tema, hemos dicho en la causa MO-42256-2016 (R.S. 40/2020) que
" el art. 52bis de la ley 24.240 establece que "al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan".-
Es la figura de los daños punitivos.-
Tratándose de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños experimentados, cuya teleología es la de sancionar la inconducta de los proveedores de bienes y servicios, como así también la de prevenir hechos similares en el futuro.
Precisamente, conviene puntualizar que, dada la funcionalidad que tiene el daño punitivo -como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor- su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen (esta Sala en causa MO 36.304 15 R.S. 326/2019).-
(...)
El tema de la cuantificación de los montos por daños punitivos es complejo y lo hemos abordado en esta Sala con anterioridad.-
Se decía en la Causa MO-7262-2015 R.S. 218/2017 cuando se pretendía la cuantificación del rubro mediante el uso de una fórmula matemática que "la tesis del apelante está siguiendo alguna jurisprudencia que se ha expedido sobre el particular (C. Civ. y Com. Bahia Blanca, sala 1°, 20/4/2017, "Peri, Daniel Alberto contra Banco Supervielle S.A. y otro sobre daños y perjuicios")
Allí el Dr. Peralta Mariscal (que quedó en minoría) sostuvo una posición como la que esboza el apelante, mientras que sus colegas -en tesis que comparto
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.