Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3342
Registro N° 130 /2019
Fojas 878/895
En la ciudad de Pergamino, el 12 de Noviembre de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3342-18 caratulada "AGUILAR NANCY MARCELA C/ PERGAMINO AUTOMOTORES S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. N° 54.728 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffía y Roberto Manuel Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía dijo:
El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente rechazando la demanda por daños y perjuicios instaurada por Nancy Marcela Aguilar, aplicando las costas a la actora vencida. Regulando los honorarios a los letrados, peritos y mediadora intervinientes y limitando el derecho de los Dres. Alejandro Matías Actis, Carlos Gorordo Volpi y Matías Pretini para reclamar y ejecutar honorarios contra su propio cliente.
Mediante el escrito de fs. 132 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en la presentación de fs. 148/52, a fs 153 se ordenó el traslado respectivo, el que no fuera evacuado por la contraria, llamándose autos a fs. 154, providencia que firme a la fecha deja a la causa en condiciones de ser fallada.-
Los agravios de la quejosa discurren sobre distintos puntos. En primer término, el apelante se queja de la exclusión del marco normativo de la ley de defensa al consumidor decidida por el aquo en base al art. 2 quien entendiera que el rodado fue adquirido con fines exclusivamente comerciales en el emprendimiento familiar.-
Refuta aquí la interpretación dada señalando que si bien en el escrito postulatorio inicial se describió ese destino no se dijo allí que era exclusivo ese uso, afirmando que el rodado era un medio de transporte de la familia, y un medio de integración social atento la discapacidad del Sr Dante Nicola, la que fuera acreditada en autos.
Seguidamente se agravia también de que el a quo consideró cumplido el compromiso de reparación incluido en la venta de la unidad usada con el cambio de filtro y aceite del rodado presumiendo a partir del tiempo transcurrido entre tales actos y la carta documento que el problema había sido superado. Al respecto, el apelante sostuvo que los inconvenientes que acusó el vehículo con posterioridad a ello guardan relación causal con la reparación no satisfactoria del rodado y que la demostración del incumplimiento material de la obligación de reparación del motor genera el deber de reparar los daños y perjuicios sufridos, a menos que la demandada acredite la configuración de un eximente por caso fortuito o fuerza mayor.
Por razones de orden lógico, comenzaré por abocarme al tratamiento del primer agravio vinculado a la determinación de la ley aplicable al caso.
En este sentido, el Juez de grado encuadró la controversia dentro de la normativa del Código Civil y Comercial y excluyó la aplicación de la ley de defensa del consumidor, por entender que el utilitario adquirido se encontraba afectado a fines comerciales basándose para ello en la propias manifestaciones del accionante en el escrito de inicio como en las declaraciones testimoniales de la que da cuenta el DVD de fs. 107.
Expuesta la crítica en tales términos, me hallo en la tarea de revisar cuál ha sido el destino real de la utilización del vehículo adquirido por la accionante. En tal faena, he de precisar que no resulta un hecho controvertido que el rodado tuvo una afectación comercial, toda vez que ello trasunta una circunstancia reconocida por la actora en el escrito de demanda obrante a fs. 32/38. El interrogante estriba en determinar si esa ha sido la única afectación del automóvil adquirido y en su caso cómo ha de incidir la constatación de un destino mixto (uso personal o familiar y uso comercial) en el ámbito de aplicación de la legislación de consumo.
El primer punto encierra una cuestión de hecho que habrá de resolverse en base a la prueba producida en autos.
Sobre el punto, corresponde asignar relevancia indiciaria a las argumentaciones del apelante en cuanto pone de relieve que las características funcionales de la Renault Kangoo no responden a la configuración de un utilitario en sentido estricto, sino al modelo que tiene un asiento posterior y posee además ventanas laterales vidriadas sobre los mismos, lo que permite transportar hasta cinco pasajeros, a partir de lo cual infiere que no se trata de un vehículo de exclusiva aplicación laboral, sino que también cumple las prestaciones del transporte de personas. Sin perjuicio de que no obra en autos un detalle exacto de las características técnicas del vehículo, por tratarse de un automóvil de conocida y pública inserción en el mercado nacional, es dable presumir que sus posibilidades de uso son compatibles con un destino mixto y no exclusivamente comercial.
En segundo término, no puedo soslayar la discapacidad que padece la pareja de la actora Sr. Dante Nicola. En sustento de tal condición, resulta pertinente la declaración del Sr. Juan Luis Paz que expresó que "esta lisiado... tiene problema en las piernas y anda con muletas", la deposición coincidente del Sr. Edgardo Raúl Esteche que dijo que "anda con muletas, que tuvo un accidente" y del Sr. Carlos Oscar Cesario quien también dio cuenta de la situación de discapacidad del nombrado. Esta circunstancia no deviene irrelevante en el caso concreto, por cuanto autoriza a presumir la mayor dependencia de los integrantes del grupo familiar respecto a la camioneta adquirida no sólo para la realización de su actividad comercial, sino también para su movilidad personal.
Como tercer punto, he de destacar que no surge de las presentes actuaciones que la actora o su grupo familiar contasen con otro vehículo de cuatro ruedas distinto del adquirido, lo cual refuerza la hipótesis del destino concurrente del automóvil, puesto que resulta improbable y contrario al curso natural de los hechos que la familia se abstuviera de utilizar el vehículo para el transporte familiar (por ejemplo, en días de lluvia) cuando no disponía de otro medio alternativo de similares características por la sola razón de que el mismo se encontraba afectado a la actividad comercial de la familia.
Un cuarto aspecto se relaciona con las dimensiones del emprendimiento comercial de la actora que se compadece más con las características de un negocio familiar para la subsistencia de su grupo que con una típica estructura empresaria en la que las diferencias entre los bienes de uso personal y los bienes afectados al uso empresario se encuentran claramente diferenciadas. No es casual que los testigos que declararon en la audiencia testimonial de fecha 23 de Noviembre de 2017 según consta en DVD obrante a fs. 107 hayan tomado conocimiento de la actividad comercial de la actora por comentarios o por contacto directo, más no mediante publicidad o por constituir el emprendimiento de la actora una marca de amplia proyección en el mercado.
Entiendo que este complejo presuncional deviene suficientemente indicativo del carácter mixto de la utilización del rodado adquirido.
En este sentido, advierto que: 1) la presunción se sustenta en hechos probados mediante prueba testimonial (art. 385 del CPCCBA) e invocación de circunstancias públicas y notorias (art. 384 del CPCCBA) 2) Que los indicios que operan como base lógica de la presunción judicial resultan suficientemente precisos en su consideración global en el sentido de que las circunstancias personales y familiares de la actora como las características del emprendimiento comercial llevado adelante por ésta, permiten presumir válidamente que la adquisición no ha tenido un destino exclusivamente comercial. 3) Que tales indicios resultan concordantes en el sentido de que se apoyan mutuamente y convergen en la misma dirección: la calidad de consumidora de la actora y el empleo del vehículo en beneficio de su grupo familiar al margen de la actividad comercial desarrollada.
En sustento de lo expuesto, el art. 163 del CPCCBA dispone que: “las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”. Sobre su gravitación probatoria en el proceso, la Sala I de la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial ha dicho que: “La prueba de presunciones es una de las reglamentadas expresamente por la ley y, en tanto cumpla con las exigencias que ella impone… no existen razones para relativizar su eficacia…” (CNFed.CC,sala I, 9-8-83, “Marcer, Ernesto A. c/ Compañía Arg. De Seguros La Estrella S.A.".
Establecido el destino mixto de la vehículo adquirido, corresponde dilucidar cómo impacta ello en la determinación del derecho aplicable al caso.
En tal labor, entiendo necesario destacar que según lo dispuesto por el artículo 1 de la L.D.C: "…Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…".
De la norma transcripta se desprende que para el ordenamiento jurídico argentino, la condición fundamental para perfilar el concepto de consumidor es la de ser "destinatario final" de un producto, actividad o servicio.
Cabe observar en este sentido que desde la modificación efectuada por el artículo 2° de la ley 26.361 se suprimió la exigencia que contenía el precepto de idéntica numeración de la ley 24.240, concerniente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Esta modificación legislativa, que se mantuvo incólume aún con la reforma realizada por la ley 26.994, es de suma trascendencia pues cabe estimar que la norma amplió de esta manera el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal.
En este contexto la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata ha sostenido en un reciente fallo que: "si bien se reconoce que la ley no abandonó terminantemente el criterio finalista en punto a la calificación del consumidor (quien, reitero, sigue siendo el "destinatario final" de un producto o actividad), lo cierto es que la eliminación antedicha en el texto del art. 2° permite interpretar que, en determinados supuestos, aquellos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes, personas jurídicas o empresarios, puedan igualmente quedar protegidos por esta ley, siempre y cuando la adquisición tenga como propósito su consumo final y no la reventa, negociación o incorporación del producto en una cadena de comercialización (cf. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, "NAN, MARIA JULIANA C/ HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 15 de Agosto de 2019).
Desde esta perspectiva, la circunstancia de que la Sra. Aguilar utilizara el vehículo adquirido para realizar los repartos de comida no reviste entidad suficiente para que se la considere excluida del ámbito protectorio de la normativa consumeril ya que teniendo en cuenta los datos fácticos analizados y la propiciada adhesión al criterio doctrinario y jurisprudencial que propugna una visión amplia de la noción de consumidor, es dable presumir que adquirió la unidad en beneficio propio (para satisfacer una necesidad de subsistencia) y no con el propósito exclusivo de integrarla de modo directo a una cadena de comercialización (argto. arts. 163 inc. 5to., segundo párrafo, 384 y conds. del CPC; arts. 1, 2, 3, 65 y conds. de la ley 24.240; art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución Provincial).
A mayor abundamiento, es menester destacar que el carácter de consumidor final no debe ser analizado basándose en el elemento subjetivo, es decir el motivo personal que llevó al sujeto a consumir, sino objetivamente por la confrontación de la compra o uso con el destino del bien o servicio (JUNYENT BAS, Francisco, GARZINO, María Constancza y JUNYENT, Santiago Rodríguez, Cuestiones claves de derecho del consumidor a la luz del Código Civil y Comercial, Córdoba, Ed. Advocatus, 2017, pag. 50). Tal criterio nos conduce a concluir que, tratándose de un destino mixto, la intervención del elemento consumeril justifica la aplicación de la ley 24.240.
Otro elemento que inclina el sentido de la decisión es la ajenidad o falta de relación entre el objeto de la adquisición y la actividad específica de la actora. Esto queda reflejado no bien se constata que la empresa no adquirió el rodado bajo el amparo del conocimiento técnico que pudiera exhibir un comerciante habitual, sino que ingresó en la relación de consumo con la desnudez y debilidad jurídica, técnica, operativa que porta una persona usuaria, atento a su desconocimiento sobre un tema que no es su actividad habitual ni su medio usual de subsistencia.
En el caso "Artemis", se consideró aplicable la ley del consumidor a una empresa constructora que adquirió un vehículo para el transporte de sus obreros, no siendo su actividad habitual la comercialización de vehículos (Cámara de Apelaciones en lo Comercial: "Artemis, Construcciones S.A. c/ Diyon y otros, Ordinario, 21/11/00, El Dial). Más allá de la incidencia que corresponde asignarle a este elemento, no podemos soslayar que esta falta de vinculación del utilitario con el núcleo específico de la actividad ha de operar como una pauta adicional a valorar en la determinación de la presente cuestión.
Vinculado a ello, también es parámetro para determinar la aplicabilidad del régimen de protección al consumidor la circunstancia de que el adquirente se comporte habitualmente como consumidor o como un comerciante en relación al objeto de la adquisición. En tal sentido, la adquisición del utilitario se manifiesta como un acto aislado e infrecuente en la dinámica negocial de la actora, y no como una parte de su actividad habitual.
En fin, el carácter de consumidor no constituye un status subjetivo permanente, sino que dicha calificación es atribuida a quien actúa exclusivamente como tal, es decir la condición de consumidor debe analizarse en cada caso concreto. Y a tenor de ello, tengo para mí que el análisis de las diferentes pautas analizadas a la luz del más amplio sentido tuitivo de la nueva redacción del art. 2 de la ley 24.240 converge en el encuadramiento jurídico de la actora en la categoría de consumidor.
Definida la ley aplicable al caso, corresponde ahora analizar el segundo agravio expresado conforme a las reglas y principios que emanan de dicha fuente y en consecuencia determinar si el compromiso de reparación incluido en la venta de la unidad usada puede considerarse cumplido con el cambio de filtro y aceite del rodado.
Ante ello entiendo oportuno señalar que según lo dispone el art. 11 de la ley 24.240, en su primer párrafo: "…Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento…". La Ley de Defensa del Consumidor regula así la "garantía de saneamiento de vicios o defectos" en el marco de una compraventa de cosas muebles no consumibles.
El régimen de garantías legales, aplicable tanto en supuesto de venta de cosas nuevas y usadas, tiene la finalidad de establecer un marco mínimo e indisponible en materia de vicios o defectos de los productos o servicios, dentro del cual los responsables de su introducción y comercialización asumen por disposición de la ley la reparación en sentido amplio de los perjuicios ocasionados por la vulneración de los estándares mínimos de identidad y calidad.
Trasladando estas consideraciones generales al caso de referencia, advierto que el vehículo objeto de la venta, por tratarse de una cosa mueble no consumible, goza de esta garantía legal. Y además de ello, de una garantía convencional en virtud de la cual la compradora debía llevar el rodado a la vendedora para la revisión sin cargo de los item detallados en el instrumento de fs. 26.
En tal sentido resulta relevante considerar que tras haber retirado el vehículo con fecha 12 de Abril de 2012, el comprador lo ingresó en el taller de la demandada con fecha 16 de mayo y 5 de julio de 2012 (es decir, dentro del plazo de la garantía legal) tal como surge de las órdenes de reparación obrantes a fs. 56 y 57. En tales oportunidades se le realizó el cambio de filtro de aire, rectificación de frenos y reparación del motor de arranque (16/05/12) y un service de rutina que incluyó cambio de aceite y filtro (5/7/2012).
Entiendo en el mismo sentido que el Juez de Grado que el automóvil adquirido presentaba una pérdida de aceite al momento de la entrega, circunstancia que se desprende expresamente del documento de fs. 26. Sin embargo a diferencia del a quo, no comparto que la pérdida de referencia haya sido efectivamente solucionada con los servicios realizados en fecha 16/05/12 y 5/7/2012, toda vez que de la prueba producida en autos es posible colegir que la falla mencionada continuó afectando al vehículo con posterioridad a las mentadas intervenciones del proveedor.
Sobre este aspecto fáctico, deviene pertinente la declaración del testigo Juan Luis Paz que manifestó que "la camioneta perdía aceite", que "cuando me llevaba la comida ahí al taller, me dejaba aceite por todos lados", que eso fue "hace cuatro años", que no estuvo repartiendo mucho con la camioneta porque le perdía aceite, que le llevó comida con la camioneta "durante seis meses". Y en sentido concordante, discurre la declaración del Sr. Edgardo Raúl Esteche que puntualizó que la camioneta "perdía mucho aceite", que el ha visto la pérdida de aceite "en la casa y en la calle cuando paraba".
A partir de la interpretación de sendas declaraciones testimoniales puedo concluir que la pérdida de aceite de la camioneta se manifestó durante los seis meses posteriores a la adquisición en los que la misma fue utilizada para el reparto de comida, y no únicamente durante el período previo a los servicios de mantenimiento efectuados con fecha 16/05/12 y 5/7/2012.
En sustento de tal hipótesis, he de ponderar también el dictamen emitido por el perito Javier Ferreti de fecha 17 de Octubre de 2017 que, en respuesta al punto de pericia sobre "si las reparaciones presupuestadas se corresponden con el estado actual del rodado y con el compromiso asumido mediante la nota de la fecha 12/4/12 glosadas todas estas constancias en autos", respondió que si bien "no cuenta con elementos técnicos objetivos que demuestren que estas reparaciones fueron realizadas (fundamentalmente por la antigüedad de los presupuestos y facturas presentados), los mismos se correlacionan con los probables defectos y gastos para reparar los descriptos en fs. 26". A partir de ello, puede deducirse que existe una relación de correspondencia entre las reparaciones informadas y los probables defectos y gastos para reparar los descriptos en el instrumento de fs. 26 que menciona expresamente la falla consistente en la "pérdida de aceite".
En otro orden, no puedo hacer caso omiso a la escasa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.